Carlos del Moral Simanek

Expediente 421/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
421/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Carlos del Moral Simanek

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, el auto de veintinueve de septiembre actual, que dice: "...Ensenada, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Carlos del Moral Simanek, sin que lo hubiera realizado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, háganse las Fecha de notificación a la parte quejosa: Surtió efectos: Plazo de cinco días hábiles para interponer recurso: Fecha en que feneció plazo: 20 de septiembre de 2021. 21 de septiembre de 2021 Del 22 al 28 de septiembre de 2021.(Sin contar los días 25 y 26 de septiembre de 2021, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo). 28 de septiembre de 2021 16/02/23 23:20:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.fa Yarheli Ayadeth Figueroa Alcaraz anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículos Vigésimo Primero inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del propio acuerdo. Por tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se destruirá el presente asunto, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, el auto de diecisiete de septiembre actual, que dice: "...Ensenada, Baja California, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que en proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se previno a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al que surtiera efectos la notificación del ese proveído, realizara lo siguiente: ? "Realice el bajo protesta de decir verdad respecto a los antecedentes del acto reclamado, requisito indispensable previsto por el artículo 108 de la Ley de Amparo. ? Manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al actuario de la Junta Especial Número Cuarenta de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California." En ese tenor, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por el promovente Carlos Del Moral Simanek, mediante el cual señala que sí es su deseo señalar como autoridad responsable al actuario de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad. Ahora, en el caso conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, el juez debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "[.] El Juez de distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado [.]" En el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que promueve Carlos Del Moral Simanek, en atención a las siguientes consideraciones: De conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, a fin de estar en aptitud de establecer el motivo de improcedencia de la demanda de amparo; por tanto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente reclama lo siguiente: ? El laudo de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, en el expediente laboral 657/2011 de su índice; así como el auto de doce de abril de de dos mil veintiuno dictado en el mencionado juicio, en el cual se ordenó la ejecución del laudo de referencia y en vía de consecuencia, el acto de molestia consistente en el cobro de las cantidades a que se le condenó. De lo anterior, se observa que la parte promovente pretende impugnar en amparo indirecto el laudo de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, en el expediente laboral 657/2011 de su índice; así como el auto de doce de abril de de dos mil veintiuno dictado en el mencionado juicio, en el cual se ordenó la ejecución del laudo de referencia. En ese contexto, procede desechar la demanda de amparo, por su notoria improcedencia, al surtirse la causa prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la citada legislación, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]. Conforme al artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición legal. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone que los juicios de amparo en los que se reclamen actos de ejecución de sentencia, sólo podrán promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por ésta, aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o bien, ordene el archivo definitivo del expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inserta en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 190035 de la literalidad siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." -Subrayado y negritas añadidoEn este sentido, es necesario indicar que el hecho de que sea hasta la última resolución cuando puedan reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución, tiene como finalidad que no se entorpezca la ejecución de una sentencia, pues de lo contrario se obstaculizaría el cumplimiento de una ejecutoria, y ello desequilibraría el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia; sin que ello implique transgredir el derecho fundamental de impartición de justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, se han establecido algunas excepciones al criterio general señalado. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Además, debe señalarse que en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se prevén como procedentes los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales. En el caso particular, la parte promovente reclama el acto de molestia consistente en el cobro de las cantidades a que se le condenó en el laudo de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, en el expediente laboral 657/2011 de su índice; así como el auto de doce de abril de dos mil veintiuno dictado en el mencionado juicio, en el cual se ordenó la ejecución del laudo de referencia. De lo que se advierte con claridad, que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución del laudo; por tanto, al no tratarse el acto reclamado de la última resolución emitida en esa fase, pues no es el que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, las que ordenan el archivo definitivo del expediente, la demanda de amparo es improcedente. Tampoco afecta derecho sustantivo alguno a la parte promovente, ya que la única consecuencia es que se continúe con la etapa de ejecución del laudo. Por lo que deberán esperar a que se emita la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución del laudo, a fin de promover el juicio biinstancial, en el cual podrá reclamarse las demás infracciones cometidas en dicho procedimiento. Ahora bien, el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, permite considerar que actuaciones dictadas dentro del procedimiento de ejecución, como en el caso se trata, no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, toda vez que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, pudiendo reclamarse en la demanda de derecho fundamentales las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, pues si bien fue emitida después de concluido el juicio laboral, dentro del procedimiento de ejecución de laudo, sólo se trata de actos intermedios dictados dentro del periodo de ejecución de laudo que no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. VIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 230, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." También es aplicable la jurisprudencia I.13o.T. J/10, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, libro 29, tomo III, Décima Época, abril de 2016, página 1941, registro 2011342, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución". Por último, no pasa inadvertido que la parte promovente aduce ser tercero extraño al juicio de origen, argumentando que fue hasta el primero de julio de dos mil veintiuno, en que tuvo conocimiento del laudo emitido en el expediente laboral 657/2011 del índice de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad. Sin embargo, como se advierte de la certificación de cuenta, en este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio de amparo 439/2017, promovido por Carlos del Moral Simanek, - aquí quejoso- por propio derecho y en representación de Procesadora Coral, sociedad anónima de capital variable, en el cual, señaló como acto reclamado la omisión de emitir el laudo respectivo, en el juicio laboral 657/2011, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que se ordena agregar al presente asunto, copia certificada, de la demanda de amparo, auto admisorio, informe justificado y proveído en el que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, respecto del juicio de amparo 439/2017 de índice de este juzgado. De lo anteriormente expuesto, resulta evidente que el promovente Carlos del Moral Simanek, tenía conocimiento del juicio laboral de origen -al menos- desde el trece de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en que presentó la demanda que dio origen al juicio de amparo 439/2017, en el cual, señaló como acto reclamado la omisión de emitir el laudo respectivo, en el juicio laboral 657/2011, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; de ahí que quede evidenciado que no tiene el carácter de tercero extraño al juicio de origen, como se ostenta. En tales condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, porque de manera notoria y manifiesta se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 del citado ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Así como la diversa jurisprudencia VII.1o.C. J/1, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, tomo VI, septiembre de 1997, página 579, cuyo texto y rubro exponen: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA. En el supuesto de que el Juez de Distrito deseche una demanda de garantías, tomando en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, de los cuales se desprenda la posible existencia de una causa de improcedencia, tal desechamiento, así decretado, contraviene lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo, que exige no sólo un motivo que impida la procedencia de la acción constitucional, sino que dicho motivo sea manifiesto y también indudable; entendiéndose que lo manifiesto es lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. En consecuencia, no basta la convicción que se forme el juzgador de los hechos y circunstancias descritos en la demanda para ordenar su desechamiento, pues en tal hipótesis es necesario que la causa de improcedencia surja de otros elementos distintos a la demanda, como podrían ser las constancias relativas al expediente en donde se dictó el acto reclamado, pero si éstas no fueron exhibidas, es necesario entonces admitir la demanda a fin de no dejar a la promovente en estado de indefensión, al no darle oportunidad de allegar ante el Juez los elementos de convicción que justifiquen, en su caso, la procedencia del juicio." Finalmente, se le tiene proporcionando el correo electrónico que indica, únicamente con el objeto de que este órgano jurisdiccional pueda tener una comunicación con la misma, en los casos que se estime necesario; ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno de la Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; lo anterior, en razón de que las notificaciones electrónicas deben sujetarse a las reglas establecidas en el artículo 30 de la Ley de Amparo.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 4,552 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano