Carlos de Luna Villarreal

Expediente 366/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
366/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
15/07/2016

Partes del expediente

  • Carlos de Luna Villarreal

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el auto de auto de veintinueve de junio del año en curso (fojas 41 a 47), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    I. Cumple prevención. Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso ***, con el cual desahoga el requerimiento que se le realizo en proveído de seis de junio de este año (fojas 19 a 21). II. Desechamiento. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que la parte promovente reclama de las autoridades responsables denominadas Delegación Regional IV de INFONAVIT en Coahuila; Gerente Jurídico de INFONAVIT en Coahuila; y Gerente de Fiscalización de INFONAVIT en Coahuila; los actos consistentes en: *** Antes de entrar en materia, es conveniente destacar que el promovente, bajo protesta de decir verdad, señaló que las cuentas bancarias número 0602592453 y 4915662059551070, de la institución crediticia denominada Banorte, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; y la diversa 016962664, de la institución HSBC, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, se encuentran bloqueadas y/o congeladas, toda vez que el seis de mayo de dos mil dieciséis, fue informado en las oficinas de INFONAVIT de esta ciudad, que le habían fincado un crédito fiscal en su contra y por ese motivo le habían congelado las cuentas a su nombre, para que cumpliera con tal pago. Procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo (definitividad). Es pertinente precisar que el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone: *** El artículo 107 de la Constitución Federal establece los principios fundamentales y bases generales para la procedencia del juicio de amparo, consagrando entre otros, en su fracción III, inciso b), el principio de definitividad, el cual estriba en que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada, consistiendo su principal objetivo el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. De modo que aquellas resoluciones o determinaciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios ordinarios de defensa. La causa de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar y nulificar la resolución o acto que lo lesiona. Por otro lado, se destaca que el principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. La determinación en comento, que se consagra en forma específica en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, respecto de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos; con ello, se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos administrativos o de trabajo, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja el gobernado que se aduce agraviado. Uno de los axiomas que rigen la procedencia del juicio de amparo, lo constituye el reglamentado por el artículo antes trascrito, que es el que se denomina de definitividad; esto es, el juicio de amparo no puede promoverse si previamente no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto establece, y que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que quiere decir, que el acto reclamado debe ser definitivo, en el sentido de que mediante el sistema ordinario ya no se pueda anular. Así lo estableció la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVII, página dos mil seiscientos setenta y cinco, de la Quinta Época, materia común, Civil, registro número 345720, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no agotar los procedentes contra el acto que se requiere en el amparo, hace improcedente éste". En relación con lo anterior, importa mencionar que en materia administrativa, cuando los actos son emitidos por autoridades distintas a las judiciales -como sucede en el caso- en ocasiones existe la posibilidad de su impugnación en la propia sede administrativa, generalmente ante el superior jerárquico o autoridad designada por la norma para conocer del recurso relativo, o bien, a través del juicio de nulidad ante los tribunales contenciosos administrativos instituidos para tal efecto, siendo factible que, por su distinta naturaleza impugnativa, es posible que los recursos administrativos y los juicios de anulación no se encuentren regulados en un mismo ordenamiento legal. Ahora, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos que tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad y oportunidad de los recursos. El marco normativo que rige para el recurso ordinario conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo fue modificado a partir de la reforma de diez de diciembre de 2010, el cual debe ser interpretado en relación con lo dispuesto en los artículos 116, 117, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación. Al respecto, el artículo 116 del código tributario establece que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación, y el artículo 117 de la citada legislación prevé las diversas resoluciones y actos contra los que se puede interponer dicho medio de defensa en sede administrativa, tal como se verá a continuación: "** El precepto legal referido establece la regla general de procedencia del recurso de revocación, estableciendo supuestos que pueden dividirse en dos grupos, en el primero se encuentran las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que pueden impugnarse a través del citado medio de defensa; en tanto que en el segundo se precisan los actos de las referidas autoridades que pueden ser materia del recurso en comento, entre los que destacan aquellos que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, y que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución; así como los que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que éste no se ha ajustado a la ley. El artículo 121 del Código Fiscal de la Federación prevé el plazo en que debe interponerse el recurso de revocación. *** Es patente que el recurso de revocación debe interponerse ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado, por regla general, dentro del plazo de cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnado, salvo las excepciones previstas en los artículos 127 y 175 del Código Fiscal de la Federación. *** De los preceptos legales invocados se advierte que los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación, respecto del plazo para interponer el recurso de revocación, consisten en los casos en que se pretende recurrir actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, por no haberse ajustado a la ley (violaciones cometidas hasta antes del remate) así como cuando el embargado o terceros acreedores no estén conformes con la valuación practicada del bien embargado; en esta última hipótesis el recurso de revocación debe interponerse dentro del plazo de diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución relativa. El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación establece, como regla general, que cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria; empero, también prevé dos hipótesis de excepción a la mencionada regla general de procedencia, a saber, la primera se actualiza cuando se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables; en tanto que la segunda se surte cuando se esté en presencia de actos de imposible reparación material. Asimismo, el propio numeral establece que en los dos últimos supuestos excepcionales, el plazo para interponer el recurso de revocación se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. En relación con este tipo de actos, es pertinente puntualizar que la regla de excepción al plazo previsto en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, no opera respecto de cualquier tipo de embargo, sino únicamente para aquellos que han recaído sobre bienes inembargables y que, en los demás supuestos, rige el plazo genérico de impugnación hasta antes de la convocatoria de remate. Como se advierte del contenido de los numerales invocados, los actos que se reclaman a las autoridades responsables denominadas Delegación Regional IV de INFONAVIT en Coahuila; Gerente Jurídico de INFONAVIT en Coahuila; y Gerente de Fiscalización de INFONAVIT en Coahuila, consistentes en el embargo e inmovilización de las cuentas bancarias número 0602592453 y 4915662059551070, de la institución crediticia denominada Banorte, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; y la diversa 016962664, de la institución HSBC, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, todas a nombre de la parte quejosa ***, con motivo del cobro de un crédito fiscal, son actos susceptibles de ser impugnados a través del recurso de revocación, en las condiciones y plazos que ya han quedado precisados. En tales términos, ante la determinación de las autoridades administrativas de fincar un crédito fiscal y ordenar la inmovilización de las referidas cuentas bancarias, el gobernado afectado tiene a su alcance el recurso de revocación, el cual, puede agotarse previamente antes de acudir al juicio contencioso administrativo. Esto, en virtud de que este medio de impugnación es de naturaleza optativa, en términos del diverso artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, el cual a continuación se transcribe: *** De lo anterior se sigue que el medio ordinario de defensa carece de obligatoriedad y que su ejercicio es opcional y, en tal medida, no es exigible para el gobernado, de manera que si decide no agotarlo, tiene expedita la vía ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ambos casos, esto es, bien en el recurso de revocación, o bien, en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que la letra dice: *** En mérito de lo expuesto se advierte que el afectado con el acto reclamado puede encontrar reparabilidad haciendo valer el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto, o bien, a través del juicio contencioso administrativo y, en su caso, a través de la vía uniinstancial. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 18/2015 (10a.), en materia administrativa, visible en la página 1377 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Décima Época, Registro: 2008718, cuyo rubro y texto son: *** Cobra vigencia la jurisprudencia VI.3o.A.J/5, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1470 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XXIII, Agosto de dos mil trece, Tomo 3, Décima Época, Registro 2004254, cuyo rubro y texto establecen: *** Consecuentemente, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme al artículo 113 de la ley de la materia se desecha de plano, por notoriamente improcedencia, la demanda de que se trata.

  3. Principal

    Agréguense a los autos los oficios 33582/2016 y 34356/2016, signados por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, y anexo, mediante los cuales acusa recibo y devuelve el exhorto 1186/2016-DS, del índice de este Juzgado. Acúsese recibo del exhorto de cuenta y dése de baja en Libro de Gobierno correspondiente, para los efectos estadísticos y legales procedentes. Ahora bien, de la diligencia de dieciséis de junio del año en curso, practicada por la Actuaria adscrita al Juzgado exhortante, se advierte la imposibilidad de notificar al quejoso ***, el proveído de seis de junio del año en curso (fojas 19 a 21). En atención a ello, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación del proveído de referencia, la del presente auto y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto.

  4. Principal

    Se recibe juicio y se ordena notificación personal a promovente por exhorto. Notificación personal.

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