Carlos de los Santos de la Cruz

Expediente 138/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
138/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Carlos de los Santos de la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; cinco de junio de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que en proveído de veintitrés de mayo del año en curso, se ordenó el archivo de este sumario como asunto totalmente concluido; por tanto, dado que resulta innecesario que este órgano jurisdiccional siga conservando el tomo de pruebas que se formó por separado con la copia certificada del juicio especial de alimentos 1024/2005-3, que remitió la autoridad responsable Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, como complemento de su informe justificado; en consecuencia devuélvasele para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vista; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veintisiete de abril del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal correspondiente al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Por otra parte, se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en la carátula del incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe".

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a las diez horas con veinte minutos del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 138/2023, promovido por *****, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza, con sustento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta sin la asistencia personal de alguna de las partes o sus autorizados. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda; auto de prevención de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés; escrito registrado con el número de folio 2625, mediante el cual, el quejoso desahogó la prevención; proveído de uno de marzo del año que transcurre, que admitió la demanda de amparo; constancias de notificación a las partes; informe justificado y proveído que acordaron su recepción y vista a las partes; proveído de veintinueve de marzo último, mediante el cual, se requirió a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de emitir sentencia definitiva en el juicio especial de alimentos 737/2021-3 de ese índice, sin que lo hubiera hecho, ya que le fue notificado ese auto de manera personal, el treinta de marzo del año en cita, y las constancias de notificación respectivas. Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede y por rendido el informes justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para los efectos legales que en derecho corresponda. Asimismo, ante la omisión de la parte quejosa de desahogar la vista formulada en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, por tanto, se tiene como acto reclamado y autoridad responsable a los señalados en los capítulos relativos del escrito inicial de demanda y aclaratorio (fojas 3 a 13), al haber precluido el plazo concedido de quince días para tal efecto. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas: El Secretario da cuenta a la Jueza con las documentales que remitió la autoridad responsable como complemento de su informe justificado. La Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitida y desahogada la probanza de referencia, en razón de su propia y especial naturaleza, medio de convicción que será tomado en consideración al momento de resolver este sumario constitucional. Con lo anterior se da por concluido este periodo. Abierto el período de alegatos: Se hace constar que las partes no formularon alegatos, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, formuló alegato ministerial alguno. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlos valer con posterioridad. En consecuencia, al no existir pruebas pendientes que desahogar, promociones por acordar, alegatos que reproducir ni diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta procediéndose a emitir la resolución correspondiente. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 138/2023, promovido por Carlos de los Santos de la Cruz, en contra del acto que reclama de la Jueza Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, el catorce de febrero de dos mil veintitrés, remitido al día hábil siguiente, por razón de turno a este órgano de justicia federal, Carlos de los Santos de la Cruz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: A).- C. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares con domicilio en (.)." IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de la responsable la OMISIÓN DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PROPNTA Y EXPEDITA Y LA EVIDENTE VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO, consistente en la falta de la emisión de una sentencia definitiva en el expediente número 737-3/2021 ventilado en el Juzgado a cargo de la autoridad que se señala como responsable, tratándose de un juicio de pensión alimenticia promovido en contra del suscrito. SEGUNDO. Prevención y trámite del juicio. En proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional registró la demanda con el número 138/2023-VI, y previno a la parte quejosa para que precisara el acto reclamado. Mediante escrito, registrado, con número de folio 2625, la parte quejosa señaló que el acto reclamado, que hizo consistir en ".la falta de la emisión de una sentencia definitiva en el expediente número 737-3/2021 ventilado en el juzgado a cargo de la autoridad que se señala como responsable, tratándose de un juicio de pensión alimenticia en contra del suscrito.", en consecuencia, por auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; asimismo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento de ley, tuvo verificativo en esta fecha, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud que se reclaman actos de una autoridad judicial que tiene su residencia dentro del límite territorial sobre el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.2 TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. En esa tesitura, de acuerdo con la lectura integral del escrito inicial de demanda, escrito aclaratorio y de las constancias que integran el juicio civil de origen, la parte quejosa, reclama de la Jueza Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: ? La inactividad procesal consistente en la falta substanciar el procedimiento y dictar la sentencia correspondiente en el juicio de pensión alimenticia 737-2/2021, de su índice. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Esta situación es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, 2 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente, tal como se advierte de la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Núm. 76, Abril de 1994, página sesenta y ocho. En esta tesitura, la autoridad responsable, Jueza Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye, bajo el argumento de que las partes que integran el juicio 737/2021-3, de su índice, no corresponde a las partes que se mencionan en el escrito inicial de demanda de amparo, que dio origen al presente sumario. Ahora bien, contra la negativa que de los actos reclamados hizo la autoridad responsable, la parte quejosa de la protección constitucional no aportó prueba alguna tendente a acreditar la existencia de dicho acto; de suerte que en autos no existe dato alguno al respecto que evidencie su certeza. Debe recordarse que de acuerdo con la técnica del juicio de amparo, ante la negativa de las autoridades responsables, el impetrante debió aportar pruebas tendentes a demostrar los actos combatidos; lo que en la especie no aconteció, pues la quejoso del amparo omitió rendir probanza al respecto, a pesar de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se encontraba en aptitud de aportar medios convictivos a su favor. Lo anterior, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en la tesis aislada VI.2o.A.4 K, de rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Administrativa, Febrero de 2002, Tomo XV, página novecientos tres. Así, lo ha definido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia registrada con el número 284 en el Apéndice 1917-2000, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registrada con el número 284 en el Apéndice 1917-2000, Tomo VI, página doscientos treinta y seis. Por otra parte, no se desatiende, que mediante escrito registrado con número de folio 4242, la autorizada de la parte quejosa precisó que, por un error involuntario señaló como autoridad responsable al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, cuando la autoridad correcta, era el Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad (foja 29). Con motivo de esa manifestación y de lo expuesto por la responsable en el informe justificado, en proveído de veintinueve de marzo último (fojas 30 a 31), se dio vista al directo quejoso, para que dentro del término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, en relación con la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, sin que lo hubiera hecho. Consecuentemente, si no señaló a la autoridad responsable del acto reclamado, no es posible, jurídicamente, examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída, lo que denota el incumplimiento de la impetrante con lo previsto por el dispositivo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. De este modo, al no señalarse a la autoridad que se atribuye la inactividad procesal consistente en la falta substanciar el procedimiento y dictar la sentencia correspondiente en el juicio de pensión alimenticia 737-2/2021, parte toral del juicio de amparo, es inconcuso que también se incumple con el presupuesto del artículo 5, fracción II, de la ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/205, localizable en la página 468, Tomo II, Octubre de 1995, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 208065, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS." Lo anterior es así, porque en el juicio de amparo las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que este órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si han violado los derechos fundamentales de la parte quejosa, puesto que de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no es dable resolver sobre su constitucionalidad; por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento de la autoridad responsable, no existe materia de estudio en el juicio, dado que no se pueden analizar los actos reclamados; pues inclusive la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendentes a demostrar la violación de derechos fundamentales, así como los preceptos violados con los actos reclamados. En esas condiciones, al no obrar dato alguno que demuestre la existencia del acto reclamado a la autoridad responsable antes precisada, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. La decisión que ahora se adopta, no implica desatender el derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; sin embargo, la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo 2014, Tomo II, página mil novecientos cuarenta y siete. También es aplicable a lo considerado, el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito plasmó en la tesis aislada XVII.1o.C.T.15 K (10a.), de rubro: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO.", consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Constitucional, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página dos mil doscientos setenta y cuatro. Es oportuno indicar que dado el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados, al no ser factible en ese tenor, el estudio del fondo del asunto. Es aplicable al caso concreto, la tesis V.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Enero de 1992, página ciento quince. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L VE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******, en contra del acto que reclama de la Jueza Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando último del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio escrito firmado por *****, por propio derecho, por medio del cual, desahoga la prevención formulada en auto de dieciséis de febrero de año en curso y al efecto manifiesta que el acto reclamado en el presente juicio es la falta de emisión de una sentencia definitiva en el expediente número 737- 3/2021, ventilado en el juzgado a cargo de la autoridad que se señala como responsable. Ahora bien, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este órgano jurisdiccional conocer del presente amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la misma. Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, ni tratarse de aquéllos supuestos en los que deba proveerse de manera oficiosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. En términos del artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere su correspondiente informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir respecto de los actos que en específico se le atribuyen, en el plazo de quince días, computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Se apercibe que ante la omisión sobre el particular, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 117, párrafo cuarto de la ley de la materia. Conforme al artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere para que en el mismo plazo, exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad de los actos atribuidos y remita copia certificada de la totalidad de las constancias que acrediten la veracidad de su dicho, las que deberán ser legibles. En la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 231455, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, página 351, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." En la inteligencia de que ese informe deberá remitirlo a este juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento por las partes con por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la consecuente dilación en la impartición de justicia. Indíquese a la autoridad responsable que en términos de los numerales 260 y 238, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. Comuníquese que se sancionará de igual forma, en caso de negativa a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, tal como lo establece el diverso numeral 245 de la ley de la materia; habida cuenta la obligación de recibir los oficios que se les dirijan, pues en caso de negarse bajo cualquier excusa que no resulte trascedente, se tendrán por hechas las notificaciones. Se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro 2002576, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o del fallecimiento del quejoso o alguno de los terceros interesados, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informen a este juzgado federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. En caso que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese; y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,905 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano