Carlos de Jesús Iglesias Gómez

Expediente 124/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
124/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
17/07/2023

Partes del expediente

  • Carlos de Jesús Iglesias Gómez
  • Claudia Selene Zaragoza Rodríguez en Calidad de Adjudicataria de los bienes de Celso Arturo Corona Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el cual cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Atento a su contenido, se tiene a la Superioridad acusando recibo del oficio por el cual se remitieron los autos originales del juicio 124/2023 de este índice e informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por ********************, en su carácter de tercera interesada en el presente asunto, en contra de la sentencia dictada en autos, radicándolo con el número de toca ********************; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese el escrito signado por ********************, en su carácter de tercera interesada en el presente asunto; en atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda.********************Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con tal extremo, remítanse los autos, el original y copia del escrito de agravios que se provee, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común.********************Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente.********************Finalmente, se instruye al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto al medio de impugnación que nos ocupa.********************Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el catorce de junio de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 124/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, recepcionado el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, CLAUDIA SELENE ZARAGOZA RODRÍGUEZ y CARLOS JESÚS IGLESIAS GÓMEZ, la primera en mención en calidad de adjudicataria de los bienes de Celso Arturo Corona Montes; y el segundo por propio derecho, promovieron juicio de amparo. SEGUNDO. Mediante acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; requirió de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 22 a 26). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables (fojas 47 y 34); fue emplazado al presente juicio la tercero interesada María Teresa Fuentes Atilano, por medio del actuario adscrito a este Juzgado (foja 31); y tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto dictado dentro de un proceso jurisdiccional, susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, tales como la legalidad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado, con motivo de la emisión de la resolución reclamada. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso los siguientes: La orden de embargo y bloqueo de veintiocho de junio de dos mil veintidós, y auto de veintinueve de agosto del propio año, emitidos en el juicio ordinario civil de alimentos número 1016/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, que ordena no se permita movimiento alguno sobre el inmueble propiedad de los quejosos, no obstante que no son parte dentro del citado juicio civil. La inscripción de embargo y bloqueo judicial ordenados por el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, en los autos del juicio ordinario civil de alimentos número 1016/2022, identificado bajo la nota número 11, nomenclatura P:31756, f29 junio del 2022, y que anotó en la partida registral 4110 (cuatro mil ciento diez); volumen 206 (doscientos seis); sección primera, de fecha quince de abril de dos mil nueve. Respecto del cual la parte quejosa adujo haber tenido conocimiento el siete de febrero de dos mil veintitrés. (foja 5) Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar; y 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral, ambos con sede en Veracruz, Veracruz; como se aprecia del contenido de su correspondiente informe justificado (fojas 47 y 34, respectivamente) lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil de alimentos número 1016/2022, así como de la copia certificada de la inscripción 4110, volumen 206 de quince de abril de dos mil nueve; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de los actos que se reclaman. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis de la causal de improcedencia invocada. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos de lo preceptuado en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que de oficio se pudieran advertir en la especie y la que hace valer la tercero interesada Eliodora Atilano Mejía, en el escrito recepcionado por este Juzgado el veinticuatro de abril del año en curso, en el que solicita se sobresea en el juicio en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues sostiene que la parte quejosa debió promover el juicio de amparo en los plazos que señala la Ley de la materia, sin embargo, con argumentos y documentos fabricados promovió el presente juicio de amparo con base en un certificado de libertad de gravamen de fecha siete de febrero del año en curso; cuando lo que a su consideración, lo que debió hacer el Notario Público que dio fe de la escritura de adjudicación a protocolizar es efectuar el aviso preventivo ante la autoridad registral, pues existe un bloqueo judicial que garantiza su subsistencia alimentaria. (fojas 99 y 100) Al respecto, se desestima la causa de improcedencia invocada ya que involucra diversas manifestaciones enderezadas a desvirtuar los conceptos de violación del peticionario de amparo, que evidentemente involucran cuestiones relativas al fondo del asunto; de ahí que resulte inatendible dicha causa de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. En esas condiciones, al resultar inatendible la causa de improcedencia que pretende hacer valer la tercero interesada Eliodora Atilano Mejía, y no advertirse la actualización de una causa de improcedencia que deba estudiarse oficiosamente, se declara procedente la demanda de garantías, y por lo tanto se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de garantías, los que se tienen por reproducidos íntegramente como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados, los conceptos de violación en los que esencialmente aduce la parte quejosa que la orden de embargo y bloqueo ordenada dentro del juicio ordinario civil número 1016/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, respecto de la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A. setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, bajo el número 4110, fojas 1, tomo 206, sección primera, de quince de abril de dos mil nueve, no se ajusta a los parámetros constitucionales que contemplan los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que sin ser oídos y vencidos en juicio se transgredió su derecho de propiedad que les asiste sobre el citado bien inmueble el cual les fue adjudicado judicialmente el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 577/2011 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz. MARCO NORMATIVO Al respecto, cabe precisar que el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, dispone: "Artículo 14. (...) Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." De la interpretación literal del numeral transcrito, se advierte que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Es decir, de entre los derechos fundamentales de seguridad jurídica que contiene el párrafo segundo del artículo 14 Constitucional destaca, por su primordial importancia, el de audiencia previa, cuya esencia se traduce en un derecho fundamental de seguridad jurídica para los gobernados, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J.47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. En ese contexto, tratándose de un procedimiento judicial donde se decreta un embargo, éste será legal sólo en cuanto recaiga en bienes propiedad de quien figure como demandado; por el contrario, si alguno de esos bienes son propiedad de un tercero desde una fecha anterior a la práctica del embargo ordenado, en tal supuesto los derechos fundamentales del propietario se verán afectados y, si es el caso, estará facultado para promover de inmediato el juicio de amparo indirecto, como en el caso acontece. SUBSUNCIÓN A fin de demostrar la afirmación inicial, resulta necesario destacar que en el caso, los impetrantes de amparo se ostentan como terceros extraños al juicio ordinario civil número 1016/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, aduciendo que se transgrede su derecho de propiedad sobre la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A. setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, bajo el número 4110, fojas 1, tomo 206, sección primera, de quince de abril de dos mil nueve, cuya titularidad emana de la adjudicación judicial autorizada por el Juez Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, en la audiencia de remate celebrada el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 577/2011 promovido por Oscar Alberto Morales Ruiz, en su carácter de endosatario en procuración de Carlos Iglesias Gómez, en contra de María Teresa Fuentes Atilano. A efecto, de acreditar lo anterior, la parte quejosa acompañó a su libelo de demanda de amparo: I) Copia certificada de la citada audiencia de remate celebrada el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 577/2011 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, de la que se colige que la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A. setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, bajo el número 4110, fojas 1, tomo 206, sección primera, de quince de abril de dos mil nueve, fue adjudicada a favor de Carlos Jesús Iglesias Gómez y Celso Arturo Corona Montes, y por ende, se ordenó requerir a María Teresa Fuentes Atilano, para que compareciera a otorgar la escritura correspondiente. (fojas 14 a 19) II. Copia certificada del certificado de libertad de gravamen de siete de febrero de dos mil veintitrés, expedido por el Encargado del Registro Público de la Propiedad de la Decimaséptima Zona Registral, en Veracruz, Veracruz, de la que se advierten los gravámenes que reporta la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A. setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, bajo el número 4110, fojas 1, tomo 206, sección primera, de quince de abril de dos mil nueve (foja 20); mismo que se inserta a través de la imagen escaneada de la documental pública correspondiente: III. Primer testimonio del instrumento público número cuatro mil doscientos cinco, pasado ante la fe del Notario Público Número Cincuenta y Dos de la Décima Séptima Demarcación Notarial, en Veracruz, Veracruz, relativa a la adjudicación por rebeldía que otorgó el Juez Sexto de Primera Instancia de Veracruz, ante la rebeldía de María Teresa Fuentes Atilano, en favor de Carlos Jesús Iglesias Gómez y Claudia Selene Zaragoza Rodríguez, como albacea a bienes de Celso Arturo Corona Montes, respecto de la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A, setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, ello en cumplimiento a la audiencia de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, así como de los autos de doce de diciembre del mismo año, quince de enero de dos mil dieciocho, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictados en la sección de ejecución del juicio ejecutivo mercantil 577/2011. Del punto E).- de dicho instrumento público se colige que Claudia Selene Zaragoza Rodríguez, justificó el carácter de albacea a bienes de Celso Arturo Corona Montes, con las copias certificadas del expediente 829/2007/II pasadas ante la fe de la Titular de la Notaría Pública Número 26 en Veracruz, Veracruz. (fojas 21) En ese orden de ideas, es patente que los impetrantes de amparo, no son parte formal en el juicio que afecta el bien inmueble de su propiedad, pues dicho controvertido fue promovido por Eliodora Atilano Mejía, quien demandó a su hija María Teresa Fuentes Atilano, el pago de alimentos, y como medida cautelar para garantizar el pago de dicha prestación, solicitó el aseguramiento de la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A. setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, bajo el número 4110, fojas 1, tomo 206, sección primera, de quince de abril de dos mil nueve. ANTECEDENTES Ahora bien, a efecto de dar mayor claridad a esta resolución, es necesario destacar los antecedentes del juicio ordinario civil de alimentos número 1016/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, que se coligen de las copias certificadas que envió el Juez responsable como justificación de los actos reclamados: Por escrito fechado el veintiuno de junio de dos mil veintidós, Eliodora Atilano Mejía, por propio derecho, demandó de su hija María Teresa Fuentes Atilano, entre otras prestaciones el pago de una pensión alimenticia provisional y, en su momento, definitiva, ofreciendo diversas pruebas con dicho escrito; solicitando, además el aseguramiento de la pensión alimenticia y garantizarla, el bien inmueble propiedad de la demandada, consistente en la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A. setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, bajo el número 4110, fojas 1, tomo 206, sección primera, de quince de abril de dos mil nueve. (fojas 50 a 56) Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, el juez responsable radicó el expediente 1016/2022, admitió la demanda y, entre otras cosas, fijó una pensión alimenticia provisional en un salario mínimo diario el cual se dijo en aquella fecha ascendía a la cantidad de $172.87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 M.N.). Asimismo, ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Veracruz, a fin de que hiciera anotación preventiva para que las partes no causaran perjuicio en sus bienes patrimoniales y no patrimoniales; y tampoco se permitiera movimiento alguno respecto de los inmuebles descritos en el escrito inicial de demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 144, fracción IV, del Código Civil del Estado. (fojas 58 a 62) A efecto, de concretar el mandamiento de inmovilización registral sobre el inmueble propiedad de la demandada María Teresa Fuentes Atilano, consistente en la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A. setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, inscrito bajo el número 4110, fojas 1, tomo 206, sección primera, de quince de abril de dos mil nueve, el Juez responsable emitió el oficio 3783 dirigido al Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, fechado el veintiocho de junio de dos mil veintidós. (foja 63) El seis de enero de dos mil veintitrés, la demandada María Teresa Fuentes Atilano, compareció ante el recinto oficial del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, a efecto de emplazarse personalmente. (foja 73) Por auto de catorce de febrero de dos mil catorce, se tuvo por precluido el derecho de la demandada María Teresa Fuentes Atilano, para contestar la demanda instaurada en su contra, por lo que se acusó su rebeldía, y se señaló día y hora para celebrar la audiencia prevista por el artículo 219 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz. (foja 77) Hasta aquí la relación de antecedentes que dieron origen a los actos reclamados en esta vía constitucional. En ese sentido, es patente que los impetrantes de amparo sí podía promover el juicio de amparo indirecto, sin antes agotar los medios ordinarios de defensa, dado que los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimiento a que son ajenos, como ocurre en el presente asunto, no están obligados a agotar los recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción VI de la Ley de Amparo, no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, lo que sí hace con las partes del juicio en que se producen los actos reclamados, como lo disponen los incisos a) y b) de la fracción y precepto constitucional citados. Lo que tiene sustento en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: AMPARO. PROCEDE EL JUICIO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO NATURAL, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS. Los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimiento a que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, lo que sí hace con las partes del juicio en que se producen los actos reclamados, como lo disponen los incisos a) y b) de la fracción y precepto constitucional citados. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe interpretarse como una limitación para el tercero extraño, sino como una posibilidad adicional de que, ante una determinación judicial dictada en un procedimiento en que es tercero, pueda interponer los recursos ordinarios o medios legales de defensa, si ello conviene a sus intereses y resulta, a su juicio, mejor medio para obtener respeto a sus derechos, caso en el cual dispondrá de la acción constitucional contra la resolución que se dicte en el recurso ordinario o medio de defensa intentado, y ello sin perjuicio de su derecho de acudir directamente al juicio de garantías, interpretación que es congruente con el espíritu y texto del artículo 107 constitucional. Bajo esas consideraciones, es inconcuso que al menos, para efectos del presente juicio de amparo, el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, los impetrantes de amparo incorporaron a su patrimonio mediante adjudicación judicial dentro del juicio ejecutivo mercantil 577/2011 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, el inmueble que ordenó inmovilizar registralmente el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Veracruz, a efecto de garantizar los alimentos que demandó Eliodora Atilano Mejía a su hija María Teresa Fuentes Atilano en los autos del juicio ordinario civil número 1016/2022 ?en el cual no son parte los solicitantes del amparo? no obstante ello, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, el 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral, en Veracruz, Veracruz, en cumplimiento a lo ordenado por el Juez familiar en auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, inscribió la orden de inmovilización bajo la nota registral número 11. No escapa para quien esto resuelve, que la escritura de adjudicación judicial a favor de la parte quejosa no se encuentre inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, pues para efectos del presente juicio de amparo, ello no constituye un obstáculo para que su derecho de propiedad sea oponible a las partes en el juicio de alimentos donde se ordenó la inmovilización registral del inmueble que salió del patrimonio de la deudora alimentaria, y que desde el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se incorporó al patrimonio de los quejosos por adjudicación judicial; dado que la inscripción en el citado Registro solo produce efectos declarativos y no constitutivos de derechos; por tanto, la falta de inscripción registral del bien inmueble solo produce como sanción que el derecho respectivo no pueda ser oponible frente a terceros con derechos reales, ya que la preferencia en materia registral, se refiere a actos o derechos de la misma naturaleza; pero si oponible a terceros con derechos meramente personales. Bajo estas consideraciones, es que resulta fundada la causa de pedir de la parte quejosa, ya que el acto de autoridad que afecta el inmueble, que a partir del treinta de noviembre de dos mil dieciséis ingresó a su patrimonio por adjudicación judicial decretada en el juicio ejecutivo mercantil 577/2011 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, sin que se haya respetado su derecho fundamental de seguridad jurídica en su vertiente de garantía de audiencia previa y legalidad en el diverso controvertido de alimentos 1016/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, conculca los derechos fundamentales tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; lo que conlleva a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal. CONCLUSIÓN Ahora, a fin de fijar los efectos de la concesión de amparo, es importante resaltar que en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo y tomando en consideración que el aquí impetrante es tercero extraño en sentido estricto al juicio de origen, es decir, se trata de una persona distinta de los sujetos procesales que forman parte de dicha controversia y por tanto, ajena a la litis ventilada en ese juicio: por ende, en restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación resaltada en esta sentencia, el efecto natural de la salvaguarda constitucional se constriñe en reintegrarlo en el goce de sus derechos fundamentales involucrados en el litigio al que es ajeno y que le fueron afectados; esto es, restituirlo, en el disfrute de su derecho de propiedad sobre el bien que le ha sido afectado en un juicio en el que no es parte. En tal virtud, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efectos de que el 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz, realice lo siguiente: Deje insubsistente la orden de inmovilización respecto de la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A, setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, inscrito bajo el número 4110, fojas 1, tomo 206, sección primera, de quince de abril de dos mil nueve, propiedad de la parte quejosa, así como todas aquellas actuaciones que involucren al bien raíz de referencia, entre ellas la inscripción de inmovilización en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral. Sin que ello implique que los impetrantes de amparo sean llamados a la controversia de origen, pues al no ser partícipes de esa relación procesal, es claro que no pueden verse favorecidos ni perjudicados por los actos que se lleven a cabo en la contienda. Pronunciamiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución que se atribuyen a la autoridad responsable ejecutora 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral, en Veracruz, Veracruz; en virtud de que no se les reclaman actos por vicios propios y de las constancias de autos no se desprenden que hubiesen efectuado algún acto concreto de autoridad que deba ser objeto independiente de estudio. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia siguiente: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuídos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a CLAUDIA SELENE ZARAGOZA RODRÍGUEZ y CARLOS JESÚS IGLESIAS GÓMEZ, la primera en mención en calidad de adjudicataria de los bienes de Celso Arturo Corona Montes; contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia.Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESDA LA SIGINETE RESOLUCIÓN: Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el catorce de junio de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 124/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, recepcionado el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, CLAUDIA SELENE ZARAGOZA RODRÍGUEZ y CARLOS JESÚS IGLESIAS GÓMEZ, la primera en mención en calidad de adjudicataria de los bienes de Celso Arturo Corona Montes; y el segundo por propio derecho, promovieron juicio de amparo. SEGUNDO. Mediante acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; requirió de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 22 a 26). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables (fojas 47 y 34); fue emplazado al presente juicio la tercero interesada María Teresa Fuentes Atilano, por medio del actuario adscrito a este Juzgado (foja 31); y tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto dictado dentro de un proceso jurisdiccional, susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, tales como la legalidad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado, con motivo de la emisión de la resolución reclamada. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso los siguientes: La orden de embargo y bloqueo de veintiocho de junio de dos mil veintidós, y auto de veintinueve de agosto del propio año, emitidos en el juicio ordinario civil de alimentos número 1016/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, que ordena no se permita movimiento alguno sobre el inmueble propiedad de los quejosos, no obstante que no son parte dentro del citado juicio civil. La inscripción de embargo y bloqueo judicial ordenados por el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, en los autos del juicio ordinario civil de alimentos número 1016/2022, identificado bajo la nota número 11, nomenclatura P:31756, f29 junio del 2022, y que anotó en la partida registral 4110 (cuatro mil ciento diez); volumen 206 (doscientos seis); sección primera, de fecha quince de abril de dos mil nueve. Respecto del cual la parte quejosa adujo haber tenido conocimiento el siete de febrero de dos mil veintitrés. (foja 5) Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar; y 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral, ambos con sede en Veracruz, Veracruz; como se aprecia del contenido de su correspondiente informe justificado (fojas 47 y 34, respectivamente) lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil de alimentos número 1016/2022, así como de la copia certificada de la inscripción 4110, volumen 206 de quince de abril de dos mil nueve; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de los actos que se reclaman. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis de la causal de improcedencia invocada. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos de lo preceptuado en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que de oficio se pudieran advertir en la especie y la que hace valer la tercero interesada Eliodora Atilano Mejía, en el escrito recepcionado por este Juzgado el veinticuatro de abril del año en curso, en el que solicita se sobresea en el juicio en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues sostiene que la parte quejosa debió promover el juicio de amparo en los plazos que señala la Ley de la materia, sin embargo, con argumentos y documentos fabricados promovió el presente juicio de amparo con base en un certificado de libertad de gravamen de fecha siete de febrero del año en curso; cuando lo que a su consideración, lo que debió hacer el Notario Público que dio fe de la escritura de adjudicación a protocolizar es efectuar el aviso preventivo ante la autoridad registral, pues existe un bloqueo judicial que garantiza su subsistencia alimentaria. (fojas 99 y 100) Al respecto, se desestima la causa de improcedencia invocada ya que involucra diversas manifestaciones enderezadas a desvirtuar los conceptos de violación del peticionario de amparo, que evidentemente involucran cuestiones relativas al fondo del asunto; de ahí que resulte inatendible dicha causa de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. En esas condiciones, al resultar inatendible la causa de improcedencia que pretende hacer valer la tercero interesada Eliodora Atilano Mejía, y no advertirse la actualización de una causa de improcedencia que deba estudiarse oficiosamente, se declara procedente la demanda de garantías, y por lo tanto se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de garantías, los que se tienen por reproducidos íntegramente como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados, los conceptos de violación en los que esencialmente aduce la parte quejosa que la orden de embargo y bloqueo ordenada dentro del juicio ordinario civil número 1016/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, respecto de la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A. setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, bajo el número 4110, fojas 1, tomo 206, sección primera, de quince de abril de dos mil nueve, no se ajusta a los parámetros constitucionales que contemplan los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que sin ser oídos y vencidos en juicio se transgredió su derecho de propiedad que les asiste sobre el citado bien inmueble el cual les fue adjudicado judicialmente el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 577/2011 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz. MARCO NORMATIVO Al respecto, cabe precisar que el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, dispone: "Artículo 14. (...) Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." De la interpretación literal del numeral transcrito, se advierte que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Es decir, de entre los derechos fundamentales de seguridad jurídica que contiene el párrafo segundo del artículo 14 Constitucional destaca, por su primordial importancia, el de audiencia previa, cuya esencia se traduce en un derecho fundamental de seguridad jurídica para los gobernados, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J.47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. En ese contexto, tratándose de un procedimiento judicial donde se decreta un embargo, éste será legal sólo en cuanto recaiga en bienes propiedad de quien figure como demandado; por el contrario, si alguno de esos bienes son propiedad de un tercero desde una fecha anterior a la práctica del embargo ordenado, en tal supuesto los derechos fundamentales del propietario se verán afectados y, si es el caso, estará facultado para promover de inmediato el juicio de amparo indirecto, como en el caso acontece. SUBSUNCIÓN A fin de demostrar la afirmación inicial, resulta necesario destacar que en el caso, los impetrantes de amparo se ostentan como terceros extraños al juicio ordinario civil número 1016/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, aduciendo que se transgrede su derecho de propiedad sobre la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A. setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, bajo el número 4110, fojas 1, tomo 206, sección primera, de quince de abril de dos mil nueve, cuya titularidad emana de la adjudicación judicial autorizada por el Juez Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, en la audiencia de remate celebrada el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 577/2011 promovido por Oscar Alberto Morales Ruiz, en su carácter de endosatario en procuración de Carlos Iglesias Gómez, en contra de María Teresa Fuentes Atilano. A efecto, de acreditar lo anterior, la parte quejosa acompañó a su libelo de demanda de amparo: I) Copia certificada de la citada audiencia de remate celebrada el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 577/2011 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, de la que se colige que la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A. setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, bajo el número 4110, fojas 1, tomo 206, sección primera, de quince de abril de dos mil nueve, fue adjudicada a favor de Carlos Jesús Iglesias Gómez y Celso Arturo Corona Montes, y por ende, se ordenó requerir a María Teresa Fuentes Atilano, para que compareciera a otorgar la escritura correspondiente. (fojas 14 a 19) II. Copia certificada del certificado de libertad de gravamen de siete de febrero de dos mil veintitrés, expedido por el Encargado del Registro Público de la Propiedad de la Decimaséptima Zona Registral, en Veracruz, Veracruz, de la que se advierten los gravámenes que reporta la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A. setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, bajo el número 4110, fojas 1, tomo 206, sección primera, de quince de abril de dos mil nueve (foja 20); mismo que se inserta a través de la imagen escaneada de la documental pública correspondiente: III. Primer testimonio del instrumento público número cuatro mil doscientos cinco, pasado ante la fe del Notario Público Número Cincuenta y Dos de la Décima Séptima Demarcación Notarial, en Veracruz, Veracruz, relativa a la adjudicación por rebeldía que otorgó el Juez Sexto de Primera Instancia de Veracruz, ante la rebeldía de María Teresa Fuentes Atilano, en favor de Carlos Jesús Iglesias Gómez y Claudia Selene Zaragoza Rodríguez, como albacea a bienes de Celso Arturo Corona Montes, respecto de la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A, setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, ello en cumplimiento a la audiencia de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, así como de los autos de doce de diciembre del mismo año, quince de enero de dos mil dieciocho, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictados en la sección de ejecución del juicio ejecutivo mercantil 577/2011. Del punto E).- de dicho instrumento público se colige que Claudia Selene Zaragoza Rodríguez, justificó el carácter de albacea a bienes de Celso Arturo Corona Montes, con las copias certificadas del expediente 829/2007/II pasadas ante la fe de la Titular de la Notaría Pública Número 26 en Veracruz, Veracruz. (fojas 21) En ese orden de ideas, es patente que los impetrantes de amparo, no son parte formal en el juicio que afecta el bien inmueble de su propiedad, pues dicho controvertido fue promovido por Eliodora Atilano Mejía, quien demandó a su hija María Teresa Fuentes Atilano, el pago de alimentos, y como medida cautelar para garantizar el pago de dicha prestación, solicitó el aseguramiento de la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A. setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, bajo el número 4110, fojas 1, tomo 206, sección primera, de quince de abril de dos mil nueve. ANTECEDENTES Ahora bien, a efecto de dar mayor claridad a esta resolución, es necesario destacar los antecedentes del juicio ordinario civil de alimentos número 1016/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, que se coligen de las copias certificadas que envió el Juez responsable como justificación de los actos reclamados: Por escrito fechado el veintiuno de junio de dos mil veintidós, Eliodora Atilano Mejía, por propio derecho, demandó de su hija María Teresa Fuentes Atilano, entre otras prestaciones el pago de una pensión alimenticia provisional y, en su momento, definitiva, ofreciendo diversas pruebas con dicho escrito; solicitando, además el aseguramiento de la pensión alimenticia y garantizarla, el bien inmueble propiedad de la demandada, consistente en la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A. setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, bajo el número 4110, fojas 1, tomo 206, sección primera, de quince de abril de dos mil nueve. (fojas 50 a 56) Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, el juez responsable radicó el expediente 1016/2022, admitió la demanda y, entre otras cosas, fijó una pensión alimenticia provisional en un salario mínimo diario el cual se dijo en aquella fecha ascendía a la cantidad de $172.87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 M.N.). Asimismo, ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Veracruz, a fin de que hiciera anotación preventiva para que las partes no causaran perjuicio en sus bienes patrimoniales y no patrimoniales; y tampoco se permitiera movimiento alguno respecto de los inmuebles descritos en el escrito inicial de demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 144, fracción IV, del Código Civil del Estado. (fojas 58 a 62) A efecto, de concretar el mandamiento de inmovilización registral sobre el inmueble propiedad de la demandada María Teresa Fuentes Atilano, consistente en la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A. setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, inscrito bajo el número 4110, fojas 1, tomo 206, sección primera, de quince de abril de dos mil nueve, el Juez responsable emitió el oficio 3783 dirigido al Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, fechado el veintiocho de junio de dos mil veintidós. (foja 63) El seis de enero de dos mil veintitrés, la demandada María Teresa Fuentes Atilano, compareció ante el recinto oficial del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, a efecto de emplazarse personalmente. (foja 73) Por auto de catorce de febrero de dos mil catorce, se tuvo por precluido el derecho de la demandada María Teresa Fuentes Atilano, para contestar la demanda instaurada en su contra, por lo que se acusó su rebeldía, y se señaló día y hora para celebrar la audiencia prevista por el artículo 219 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz. (foja 77) Hasta aquí la relación de antecedentes que dieron origen a los actos reclamados en esta vía constitucional. En ese sentido, es patente que los impetrantes de amparo sí podía promover el juicio de amparo indirecto, sin antes agotar los medios ordinarios de defensa, dado que los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimiento a que son ajenos, como ocurre en el presente asunto, no están obligados a agotar los recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción VI de la Ley de Amparo, no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, lo que sí hace con las partes del juicio en que se producen los actos reclamados, como lo disponen los incisos a) y b) de la fracción y precepto constitucional citados. Lo que tiene sustento en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: AMPARO. PROCEDE EL JUICIO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO NATURAL, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS. Los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimiento a que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, lo que sí hace con las partes del juicio en que se producen los actos reclamados, como lo disponen los incisos a) y b) de la fracción y precepto constitucional citados. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe interpretarse como una limitación para el tercero extraño, sino como una posibilidad adicional de que, ante una determinación judicial dictada en un procedimiento en que es tercero, pueda interponer los recursos ordinarios o medios legales de defensa, si ello conviene a sus intereses y resulta, a su juicio, mejor medio para obtener respeto a sus derechos, caso en el cual dispondrá de la acción constitucional contra la resolución que se dicte en el recurso ordinario o medio de defensa intentado, y ello sin perjuicio de su derecho de acudir directamente al juicio de garantías, interpretación que es congruente con el espíritu y texto del artículo 107 constitucional. Bajo esas consideraciones, es inconcuso que al menos, para efectos del presente juicio de amparo, el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, los impetrantes de amparo incorporaron a su patrimonio mediante adjudicación judicial dentro del juicio ejecutivo mercantil 577/2011 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, el inmueble que ordenó inmovilizar registralmente el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Veracruz, a efecto de garantizar los alimentos que demandó Eliodora Atilano Mejía a su hija María Teresa Fuentes Atilano en los autos del juicio ordinario civil número 1016/2022 ?en el cual no son parte los solicitantes del amparo? no obstante ello, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, el 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral, en Veracruz, Veracruz, en cumplimiento a lo ordenado por el Juez familiar en auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, inscribió la orden de inmovilización bajo la nota registral número 11. No escapa para quien esto resuelve, que la escritura de adjudicación judicial a favor de la parte quejosa no se encuentre inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, pues para efectos del presente juicio de amparo, ello no constituye un obstáculo para que su derecho de propiedad sea oponible a las partes en el juicio de alimentos donde se ordenó la inmovilización registral del inmueble que salió del patrimonio de la deudora alimentaria, y que desde el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se incorporó al patrimonio de los quejosos por adjudicación judicial; dado que la inscripción en el citado Registro solo produce efectos declarativos y no constitutivos de derechos; por tanto, la falta de inscripción registral del bien inmueble solo produce como sanción que el derecho respectivo no pueda ser oponible frente a terceros con derechos reales, ya que la preferencia en materia registral, se refiere a actos o derechos de la misma naturaleza; pero si oponible a terceros con derechos meramente personales. Bajo estas consideraciones, es que resulta fundada la causa de pedir de la parte quejosa, ya que el acto de autoridad que afecta el inmueble, que a partir del treinta de noviembre de dos mil dieciséis ingresó a su patrimonio por adjudicación judicial decretada en el juicio ejecutivo mercantil 577/2011 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, sin que se haya respetado su derecho fundamental de seguridad jurídica en su vertiente de garantía de audiencia previa y legalidad en el diverso controvertido de alimentos 1016/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, conculca los derechos fundamentales tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; lo que conlleva a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal. CONCLUSIÓN Ahora, a fin de fijar los efectos de la concesión de amparo, es importante resaltar que en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo y tomando en consideración que el aquí impetrante es tercero extraño en sentido estricto al juicio de origen, es decir, se trata de una persona distinta de los sujetos procesales que forman parte de dicha controversia y por tanto, ajena a la litis ventilada en ese juicio: por ende, en restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación resaltada en esta sentencia, el efecto natural de la salvaguarda constitucional se constriñe en reintegrarlo en el goce de sus derechos fundamentales involucrados en el litigio al que es ajeno y que le fueron afectados; esto es, restituirlo, en el disfrute de su derecho de propiedad sobre el bien que le ha sido afectado en un juicio en el que no es parte. En tal virtud, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efectos de que el 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz, realice lo siguiente: Deje insubsistente la orden de inmovilización respecto de la parcela número 26 Z-10 P1/1 del Ejido Las Bajadas, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, con una superficie de 0-70-77.59H.A, setenta áreas, setenta y siete punto cincuenta y nueve centiáreas, inscrito bajo el número 4110, fojas 1, tomo 206, sección primera, de quince de abril de dos mil nueve, propiedad de la parte quejosa, así como todas aquellas actuaciones que involucren al bien raíz de referencia, entre ellas la inscripción de inmovilización en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral. Sin que ello implique que los impetrantes de amparo sean llamados a la controversia de origen, pues al no ser partícipes de esa relación procesal, es claro que no pueden verse favorecidos ni perjudicados por los actos que se lleven a cabo en la contienda. Pronunciamiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución que se atribuyen a la autoridad responsable ejecutora 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral, en Veracruz, Veracruz; en virtud de que no se les reclaman actos por vicios propios y de las constancias de autos no se desprenden que hubiesen efectuado algún acto concreto de autoridad que deba ser objeto independiente de estudio. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia siguiente: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuídos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a CLAUDIA SELENE ZARAGOZA RODRÍGUEZ y CARLOS JESÚS IGLESIAS GÓMEZ, la primera en mención en calidad de adjudicataria de los bienes de Celso Arturo Corona Montes; contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia.Notifíquese en términos de ley.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano