Carlos de Dios Domínguez
Expediente 1728/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1728/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos de Dios Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de Oficio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la Magistrada Titular de la Segunda Ponencia de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual acusa recibo del oficio 4101/2023. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el uno de febrero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Tomos de pruebas. Devuélvase a la autoridad responsable Presidenta de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el tomo de pruebas que remitió en vía de justificación al juicio en que se actúa. Archivo. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de uno de febrero de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista, por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, respecto de la resolución dictada con fecha doce de diciembre de dos mil veintidós, en el incidente innominado para determinar si existe imposibilidad o no por parte de la autoridad responsable, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, como está ordenado en auto de veintiocho de octubre del citado año, se reanuda la tramitación del incidente de cumplimiento sustituto ordenado de oficio en el diverso de veintiuno de octubre del mismo año. En tal tenor, atendiendo a la naturaleza del asunto y con fundamento en el artículo 67 de la referida ley, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, ofrezca pruebas de su parte y manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibida que transcurrido dicho término, con el escrito a través del cual, en su caso, desahogue dicha vista o sin éste, se ordenará notificar a la autoridad responsable, por el mismo término y para los efectos ya precisados. Transcurridos los plazos citados, se procederá a determinar si ha lugar o no a dicho cumplimiento sustituto y en caso de estimarlo procedente, se emitirá la opinión correspondiente y se remitirán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva al respecto. Sostienen lo anterior lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis VI/2016 (10a.) y III/2016 (10a.), de la Décima Época, consultables en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, página 554 y Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, página 556, de la literalidad siguiente: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. CASO EN EL QUE EL ÓRGANO DE AMPARO EXCEDE SUS ATRIBUCIONES EN LA SUBSTANCIACIÓN DE DICHO INCIDENTE. En el caso de que el Juez de Distrito, al tramitar el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, no sólo se concrete a emitir su opinión en relación con su procedencia, sino que vaya más allá y se pronuncie incluso respecto del monto del pago de los daños y perjuicios a favor de la quejosa, aun cuando este último trámite debe efectuarse una vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie en definitiva a favor de la procedencia de dicho cumplimiento, por economía procesal y en aras de lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta innecesario, en su caso, ordenar la reposición del procedimiento para de nueva cuenta substanciar el incidente en mención y volver a demostrar los mismos extremos ya acreditados ante el Juzgado de Distrito, relacionados con el pago de daños y perjuicios, por lo que esta Suprema Corte debe tener por realizado el estudio correspondiente, máxime si en su substanciación se aportaron diversas pruebas tendentes a demostrar la viabilidad de la solución alterna, así como el monto de la indemnización, sin que las partes hubiesen objetado el monto resultante; lo anterior, sin menoscabo de que la indemnización que corresponda se actualice hasta la fecha de su total liquidación." "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. REGLAS A SEGUIR CUANDO LO SOLICITE CUALQUIERA DE LAS PARTES. De la interpretación armónica de lo previsto en los artículos 107, fracción XVI, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 204 y 205 de la Ley de Amparo, así como del considerando séptimo y del punto segundo, fracción VI, inciso D), del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se advierte que el incidente de cumplimiento sustituto procede a petición de cualquiera de las partes ante el órgano jurisdiccional que conoció de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, y que será precisamente esa instancia la que deberá sustanciar dicho procedimiento, la cual, previo análisis de la naturaleza del acto reclamado y de los requisitos constitucionales previstos, en caso de estimar procedente el cumplimiento sustituto, emitirá la opinión correspondiente y la enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva al respecto; en cambio, si estima que el referido cumplimiento es improcedente, emitirá resolución impugnable mediante queja, en términos del artículo 97, fracción I, inciso h), de la Ley de Amparo. En caso de que este Alto Tribunal se pronuncie a favor de la procedencia del cumplimiento sustituto, entonces devolverá los autos al órgano de amparo del conocimiento, a efecto de que substancie el incidente innominado en el que las partes contarán con la oportunidad de aportar diversas pruebas tendentes a precisar el monto de la indemnización que deba pagarse a la parte quejosa por concepto de daños y perjuicios, así como, en su caso, el factor de actualización correspondiente. Una vez determinado lo anterior, el órgano de amparo requerirá a la autoridad responsable para que, sin excusa ni dilación alguna, inmediatamente haga el pago correspondiente a la quejosa, pues el cumplimiento sustituto facilita el acatamiento de la sentencia a las autoridades responsables." Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista; y mediante oficios que se remitan a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de febrero de dos mil veintitrés. Agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Magistrada Presidente de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado por este juzgado en proveído de veintitrés de enero del presente año. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remitió en vía de justificación, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que respecto de la omisión reclamada se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinar con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: - La omisión de emitir las determinaciones respectivas a efecto de que la autoridad demandada dé cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 2197/21-25-01-5-OT de su índice. Cabe destacar que en relación con dicho acto reclamado, de los antecedentes que vierte el quejoso bajo protesta de decir verdad, y de los anexos que se allegaron al sumario, se advierte lo siguiente: a) Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, presentó ante la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, demanda de nulidad en contra de la Delegación Estatal en San Luis Potosí del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reclamando la nulidad de la resolución contenida en el oficio DPSH 024.300.302.6.2371/2021, de quince de septiembre de dos mil veintiuno. b) Dicha demanda fue admitida el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, y radicada bajo el número de expediente 2197/21-25-01-5-OT. c) Seguido el juicio por sus etapas legales, con fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia respectiva, a través de la cual se declaró la nulidad de la determinación impugnada, ordenando a la autoridad demandada emitir una nueva resolución en los términos precisados en la misma. d) El quince de agosto de dos mil veintidós, la parte actora (aquí inconforme) interpuso ante la responsable, recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia, la cual se resolvió fundada el veintiséis de septiembre siguiente, y se requirió a la autoridad demandada el debido cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. e) Mediante oficio presentado ante la responsable el doce de enero de dos mil veintitrés, la autoridad demandada acompañó el diverso oficio 24.5.4.J/0017/2023, para acreditar que dio cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el controvertido de origen. f) En atención a lo anterior, mediante proveído de la propia data (doce de enero del año en curso), la responsable ordenó dar vista a la parte actora con dicho oficio y anexo, para los efectos legales a que haya lugar. Precisado lo anterior, cabe señalar que a efecto de que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Debe decirse que las razones que fundamentan las causas de improcedencia obedecen, en general, a evitar un cúmulo de asuntos innecesarios, que no tendría objeto resolver sobre la violación alegada, pues a nada llevaría su estudio ya que no se podría arribar a la restitución que el quejoso pretende. Así, por las razones expuestas a continuación, la suscrita considera que en relación con el acto reclamado, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [...]." De conformidad con dicho dispositivo legal, el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Debe destacarse que en torno a esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia, y en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El criterio a que se hace alusión por su contenido, es la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así como la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, página 241, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Ahora bien, en primer término, es menester precisar que la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar de la autoridad responsable, la omisión de emitir las determinaciones respectivas a efecto de que la autoridad demandada Subdelegado de Prestaciones Económicas, de la Delegación Estatal San Luis Potosí, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dé cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 2197/21-25-01-5-OT de su índice. Por otro lado, de los anexos que se acompañaron al oficio de cuenta registrado con el número de correspondencia interna 2401, se advierte que mediante comunicado presentado ante la responsable el doce de enero de dos mil veintitrés, la autoridad demandada en el juicio de origen acompañó el diverso oficio 24.5.4.J/0017/2023, a efecto de acreditar el cumplimiento a la sentencia definitiva. Así, mediante proveído de la propia fecha -doce de enero del año en curso-, la responsable ordenó dar vista a la parte actora con el aludido oficio y anexo de referencia para los efectos legales a que haya lugar. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo expuesto resulta inconcuso que se ha modificado el entorno del acto reclamado, consistente en la omisión de emitir las determinaciones respectivas a efecto de que la autoridad demandada Subdelegado de Prestaciones Económicas, de la Delegación Estatal San Luis Potosí, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dé cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 2197/21-25-01-5-OT. Lo anterior, pues como se señaló, mediante proveído de doce de enero del año en curso, la Magistrada Instructora de la Segunda Ponencia de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ordenó dar vista a la parte actora con el oficio y anexo emitidos por la autoridad demandada en cumplimiento de la sentencia definitiva, para los efectos legales a que haya lugar. Motivo por el cual, en el eventual caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues lo cierto es que ya se encuentra surtiendo efectos la nueva determinación emitida el doce de enero de la anualidad en curso, a través de la cual la responsable ordenó dar vista a la parte actora con el oficio y anexo emitidos por la autoridad demandada en cumplimiento de la sentencia definitiva. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista; y mediante oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no es cierto el acto que se le reclama a la referida autoridad. Vista. Con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que remitió en vía de justificación, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Apertura de tomo de pruebas. Debido a la voluminosidad del anexo que se adjunta, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo, debidamente identificado como tomo I de pruebas -respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Requerimiento. A efecto de dictar una sentencia apegada a los hechos fácticos que actualmente imperan en el procedimiento génesis de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir de la notificación de este proveído, informe si en el expediente 2197/21-25-01-5-OT, de su índice, se ha dictado el auto que tenga por cumplida la sentencia emitida en dicho juicio, y de ser afirmativa su respuesta, remitan copias certificadas de las documentales que lo acrediten. Apercibimiento. En caso de no atender el requerimiento que antecede, dentro del plazo concedido, el omiso se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo Diferimiento de audiencia. En tal virtud, a efecto de emitir una resolución conforme a derecho, e integrar este asunto y no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y, en su lugar se señalan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración, incluso atendiendo a la saturación en la agenda de este juzgado. Notifíquese por medio de lista y por oficio a la autoridad responsable.
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