Carlos Dávila Garcia

Expediente 869/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
869/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Carlos Dávila Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Regularización de procedimiento. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó dar destino al presente juicio ordenando su depuración, por ende, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena regularizar el procedimiento, toda vez que el destino correcto del presente juicio, debe ser destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a trece de diciembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila, a las diez horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Francisco Javier Ibarra Rivera, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación de la Agente del Ministerio Público del Federación adscrita y su pedimento mediante el cual ofrece como pruebas de su intención la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno; sin haber lugar a tenerlo por ofreciendo la copia certificada del instrumento notarial a que hace referencia en su escrito de demanda, ya que no fue exhibida la misma; mientras que en lo relativo a la documental vía informe que refiere deberá rendir la Tesorería Municipal de esta ciudad, lo procedente es desechar la misma, ya que no acreditó en autos haber formulado la solicitud a la autoridad responsable en mención, ello en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, con lo que concluye esta etapa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el seis de junio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, ********************, por propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por auto de siete de junio de dos mil veintidós, se admitió la demanda a trámite, registrándose con el número 869/2022-I-A, por lo que se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación que tuvo lugar en la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. Se invoca, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVIII, enero de 2003, página 324, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE." SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Del Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza: i. La aprobación, expedición y promulgación de los artículos 2, 6-A y 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022. De la Tesorería Municipal de Torreón: ii. La aplicación de las normas reclamadas, mediante el cobro contenido en los recibos de pago con números de folio ******************** y ********************, ambos de trece de mayo de dos mil veintidós. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos. La autoridad responsable Tesorero Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aplicación de las normas impugnadas mediante el cobro de derechos. En el caso, aunque dicha autoridad reconoció los actos en cuestión, tal afirmación se desvirtúa con la propia naturaleza de dichos actos, ya que estos estriban sobre el cobro del impuesto predial, lo que, desde luego, no derivó de las facultades de la autoridad sino de la voluntad del quejoso al momento de realizar el pago. En efecto, deben tenerse por inexistentes ante la circunstancia de que los actos que se reclaman a dicha autoridad responsable estriban sobre la aplicación de los numerales reclamados por el quejoso, lo que es de indicarse que no derivó del ejercicio de sus facultades sino de la expresión de voluntad espontánea del solicitante del amparo de cumplir con las leyes fiscales, como lo es, el pago del impuesto correspondiente. Se dice esto, pues la erogación realizada por la parte quejosa fue espontánea, sin que ello implicara la participación de la mencionada autoridad responsable, en uso de sus facultades de verificación, inspección y requerimiento en materia de contribuciones o de la exigibilidad de un crédito fiscal en forma coactiva, ya que el pago realizado obedece a las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente derivada de la propia ley, y no de algún requerimiento formulado por la autoridad en comento, de ahí que, el quejoso simplemente se autoaplicó los dispositivos cuestionados, pues su reclamo es de naturaleza heteroaplicativa. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, materia común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Es aplicable la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, página 433, tomo VI, julio de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Bajo esa perspectiva, deben tenerse como inexistentes los actos reclamados a la citada autoridad responsable Tesorero Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, sin que deba desestimarse ese hecho para acreditar la aplicación de las leyes impugnadas, ante la salvedad precisada, debe decretarse el sobreseimiento del juicio respecto de ella, de conformidad con lo previsto en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso por sí y en representación de la Comisión de Hacienda de la Legislatura del Congreso, y Gobernador Constitucional, todos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, pues así se advierte del contenido de sus respectivos informes justificados. La certeza de los actos que en el ámbito de su competencia se atribuye a las autoridades antes señaladas, se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del decreto que contiene la norma reclamada, pues forma parte de un ordenamiento jurídico general, abstracto e impersonal; de modo que constituyen presupuesto y materia propia del conocimiento del juzgador. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Máxime, que la norma impugnada se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de cuya divulgación se desprende su existencia; lo que constituye un hecho notorio, y como tal, no se encuentra sujeto a prueba, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo XV, febrero de 1995, página 205, de rubro siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, este juzgador advierte oficiosamente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso ********************, no demostró el acto de aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales, no obstante que los mismos son de índole heteroaplicativo. Para demostrar el anterior aserto, conviene realizar un breve estudio sobre la distinción de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas, a efecto de tener una mejor perspectiva sobre la naturaleza de la causal de improcedencia invocada. Así, se tiene que existen normas cuya sola promulgación implica obligatoriedad inmediata a cargo de los ciudadanos o categorías de ciudadanos por ellas previstas, obligatoriedad que es efectiva y actual por tratarse de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenidas, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, es decir, no requieren de un acto posterior para crear, transformar, extinguir y en general, producir efectos en las situaciones concretas de derecho a las que están destinadas a regir. Estas disposiciones legales que son jurídicamente efectivas sin depender de ningún acto de aplicación concreto y ulterior, engendran, por el solo hecho de su expedición, la afectación de las esferas o hipótesis en ellas comprendidas y se denominan autoaplicativas o de individualización incondicionada. En cambio, hay otras normas cuyos efectos se producen de manera paulatina, por cuanto que su sola expedición no trae consigo la afectación de las situaciones prácticas en que operan, sino que es indispensable la comisión de una conducta aplicativa posterior que imponga y obligue a obedecer los mandatos en el propio ordenamiento, acto que está a cargo de una autoridad distinta a la decisoria; su observancia, pues, está supeditada a la realización de un hecho posterior de autoridad, por lo que su mera existencia o su sola promulgación, no causa perjuicio a la esfera jurídica de derechos de los gobernados en forma inmediata; a estas normas se les llama heteroaplicativas o de individualización condicionada. Al respecto, cobra aplicación la tesis jurisprudencial P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 198200, de texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Dicho lo anterior, es de recordarse que el acto reclamado por el quejoso ********************, lo constituye el proceso legislativo de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, en particular los artículos 2, 6-A y 27, por los que se establece el pago del impuesto predial. Ello, con motivo del que considera su primer acto de aplicación, materializado en los recibos con números de folio ******************** y ********************, los que afirma corresponden a los pagos por el impuesto predial, por las cantidades de $******************** (********************/100 moneda nacional) y $********************/100 moneda nacional). De este modo, es claro las normas cuestionadas son de naturaleza heteroaplicativa, pues la parte quejosa las impugna en razón de un acto concreto de aplicación, por virtud de que tuvo que enterar el pago del impuesto predial, al señalar ser propietario de los inmuebles con claves catastrales ******************** y ********************. Sin embargo, es de puntualizarse que no justifica el acto de aplicación que refiere de las normas cuestionadas, pues al examinar las constancias que obran en este sumario constitucional, se advierte que omitió allegar las constancias pertinentes que demostraran la aplicación de los artículos 2, 6-A y 27, toda vez de los recibos de pago con números de folio ******************** y ********************, deriva que los mismos están a nombre de "********************" y "********************", sin que la parte quejosa exhibiera el instrumento notarial correspondiente, con el cual acreditará su calidad de propietario de los inmuebles materia del impuesto, ello no obstante que en su escrito de demanda mencionó haberlo allegado. En esa virtud, los recibos por si solos son ineficaces para demostrar el acto de aplicación reclamado por el peticionario de amparo, por lo que la sola vigencia de los preceptos cuestionados en modo alguno le irroga perjuicios en su esfera jurídica. Ello es así, ya que el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo tratándose del amparo contra leyes de carácter heteroaplicativo (como en el caso) debe probarse fehacientemente, pues no es suficiente que la parte quejosa se queje de la afectación que le causa la legislación reclamada, sino que debe probar el menoscabo jurídico que le causa el acto reclamado en lo particular, lo que implica al mismo tiempo la oportunidad y obligación de allegar los medios de convicción eficaces y suficientes para demostrar tal extremo. Lo anterior, pues la demostración del interés jurídico del amparo contra leyes, no puede presumirse ni suponerse, sino que requiere de una demostración objetiva para estar en aptitud de abordar el estudio de las violaciones alegadas habida cuenta que ello constituye un presupuesto indispensable para que proceda la acción constitucional intentada. Ello es así, ya que el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo tratándose del amparo contra leyes de carácter heteroaplicativo (como en el caso) debe probarse fehacientemente, pues no es suficiente que el quejoso se queje de la afectación que le causa la legislación reclamada, sino que debe probar el menoscabo jurídico que le causa el acto reclamado en lo particular, lo que implica al mismo tiempo la oportunidad y obligación de allegar los medios de convicción eficaces y suficientes para demostrar tal extremo. Dicha argumentación se robustece, ya que de ser posible suponer el interés jurídico del quejoso, se llegaría al extremo que el peticionario pudiera encuadrarse en cualquiera de las disposiciones que comprende el ordenamiento impugnado y otorgar la protección constitucional, obligando al estado a resarcirle una afectación, por lo que lo hasta aquí estudiado pone en evidencia y evita tal acto irremediablemente separado de la finalidad del juicio de amparo. Sirve a lo expuesto, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 193-198, primera parte, página 180, de la literalidad siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4º. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico". Bajo el anterior panorama, como se ha venido mencionando, al no haberse exhibido los medios de convicción eficaces y suficientes para demostrar el acto de aplicación de las normas impugnadas, resulta procedente sobreseer el juicio en que se actúa por lo que respecta a dicho quejoso. Máxime, aún si la norma constriñe al gobernado a una sola forma de pago, para efecto de comprobar el acto de aplicación concreto, pues en ese supuesto la parte quejosa pudo allegar diversos medios probatorios, o en su caso exigir de la autoridad recaudadora la comprobación de dicho pago, ya que si las leyes reclamadas tienen el carácter de heteroaplicativas, resulta evidente que aquella estuvo obligado en todo momento a demostrar que existió un acto de aplicación posterior a su entrada en vigor, a fin de revelar una afectación a su esfera jurídica. Apoya a lo expuesto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 112, tomo XI, mayo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece lo siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado, que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. En tal virtud, a través del formato de declaración de pago de uno o varios impuestos, es factible acreditar la aplicación de las disposiciones jurídicas que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en él, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en el mismo, lo que no acontece si los datos reportados no generan convicción al órgano de control constitucional sobre la norma que sirvió de base al cálculo de un determinado concepto, situación que puede suceder cuando la ley correspondiente establece diversos sistemas y, por ende, diferentes hipótesis o porciones normativas, que regulan disímiles procedimientos para obtener el mismo concepto, por lo que, en tales casos, para acreditar el respectivo acto de aplicación no bastará, por sí solo, el formato de declaración de pago, ya que será necesario el desahogo de la prueba idónea para acreditar el sistema utilizado y, por ende, la norma jurídica efectivamente aplicada." Consecuentemente, al no acreditarse la aplicación de los preceptos 2, 6-A y 27, de Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, claro es que dicho numeral no causa perjuicio al quejoso al ser de naturaleza heteroaplicativa, de manera que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, con base en la cual procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto de esos preceptos impugnados. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 71/200, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 235, que señala: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada" (lo subrayado es del juzgado). Finalmente, no será el caso atender las diversas causales de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables, pues ningún caso tiene el análisis de diversa causal hecha valer sobre ésta, ya que basta el estudio de una sola causal para sustentar la improcedencia del amparo, máxime que se trató de una causal preferente por referirse a la temporalidad en la presentación de la demanda de amparo, según así fue razonado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, publicada con el número 414, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, página 356, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe con justificación rendido por la autoridad responsable, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de que se trata; con el mismo, se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la prueba documental que allegó, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva, con lo cual también se da vista a las partes para los efectos legales conducentes. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto. Delegados. No designó. Notifíquese.

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