Carlos David Martínez Guzmán

Expediente 691/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
691/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Carlos David Martínez Guzmán
  • Juez de Control del Circuito Judicial del Centro, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Sentencia causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I (Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este órgano jurisdiccional así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, dentro de los treinta días siguientes, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Del estado de autos se advierte que ya se dictó la interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en consecuencia, al advertirse que se negó la medida cautelar definitiva a la parte quejosa, archívese el presente asunto como concluido. Archivo y valoración. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción III (El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; d) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Documentos originales. Téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población y, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, Carlos David Martínez Guzmán, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos, que a continuación se precisarán y que estimó violatorios de los artículos 1, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reclamados a: 1) Juez de Control del Circuito Judicial del Centro, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; 2) Fiscal General del Estado de Oaxaca; 3) Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca; 4) Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca -denominación correcta-; 5) Comisionado de la Policía Estatal del Estado de Oaxaca. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. En proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus respectivos informes justificados, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; toda vez que, se trata de un asunto en materia penal, atribuido a autoridades que residen en el territorio donde este juzgado tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Juez de Control del Circuito Judicial del Centro, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, la orden de aprehensión librada en contra del quejoso. Del Fiscal General del Estado de Oaxaca, del Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca -denominación correcta-, del Comisionado de la Policía Estatal del Estado de Oaxaca, la ejecución material de la referida orden de aprehensión. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables 1) Juez de Control del Circuito Judicial del Centro, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; 2) Fiscal General del Estado de Oaxaca; 3) Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca; 4) Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca -denominación correcta-; 5) Comisionado de la Policía Estatal del Estado de Oaxaca, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les atribuyó; sin que la parte quejosa hubiere desvirtuado tal negativa. Ante esas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sin pasar desapercibido que de una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que, las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el órgano jurisdiccional. Toda vez que, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o falsedad del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, y de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni obran constancias en el expediente de amparo, con evidencia alguna, de la existencia de los actos reclamados antes indicados, como se indicó, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Apéndice 2000, Sexta Época, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, toda vez que, el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación propuestos, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Carlos David Martínez Guzmán, en los términos y por las razones expuestas en esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    R E S U L T A N D O : ÚNICO. En proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, se mandó aperturar el presente incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo promovido por Carlos David Martínez Guzmán, contra del 1) Juez de Control del Circuito Judicial del Centro, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; 2) Fiscal General del Estado de Oaxaca; 3) Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca; 4) Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; y 5) Comisionado de la Policía Estatal del Estado de Oaxaca, por los actos que en el considerando primero se precisarán y que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. Por consiguiente, se pidió a las autoridades responsables su informe previo, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados en el presente incidente de suspensión son: La orden de aprehensión o reaprehensión librada en contra del quejoso, y Su ejecución material. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, 1) Juez de Control del Circuito Judicial del Centro, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; 2) Fiscal General del Estado de Oaxaca; 3) Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca; 4) Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; y 5) Comisionado de la Policía Estatal del Estado de Oaxaca, al rendir su informe previo, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado con prueba alguna tal negativa, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procede negar la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia sobre la cual deba recaer dicha medida cautelar. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 286, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 237, intitulada: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rinda prueba en contrario" . Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Carlos David Martínez Guzmán, en términos de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

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