Carlos David Herrera González
Expediente 607/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos David Herrera González
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, a), y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente, contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil quince, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por **********, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otro lado, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como legalmente le corresponda, el escrito signado por ***************, en el que se desiste de la demanda de amparo y solicitó la devolución de las copias certificadas que acompaño a la demanda de amparo, así como el archivo del presente asunto. En atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en auto de treinta y uno de agosto de dos mil quince, respecto del desistimiento de la demanda. Como lo solicita, devuélvase a dicha parte las copias certificadas; asimismo, se tiene como autorizado para tal efecto a ***************. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yara Isabel Gómez Briseño. Doy fe.*dmjv
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de agosto de dos mil quince. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y otra autoridad. Fórmese el expediente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotarlo en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el juicio de amparo 607/2015-III. Ahora, para estar en condiciones de proveer respecto a la presentación de la demanda de amparo, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar el escrito de demanda para que, en caso de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, aquél se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cuestión explica, esencialmente, que para desechar de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Sobre el tópico que se analiza, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de acuerdo con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, los actos procesales causan un perjuicio de imposible reparación siempre que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente algún derecho fundamental del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; pues los efectos negativos que pudieran causar esos actos no se destruirán con el solo hecho de obtener sentencia definitiva favorable. Para evidenciar las razones por las que se actualiza la causa de improcedencia mencionada, es necesario considerar que al momento de proveer sobre la procedencia de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, se toman en consideración los hechos expuestos por la parte promovente en su demanda de cuenta, los cuales fueron vertidos bajo protesta de decir verdad y cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; asimismo, del capítulo denominado por el quejoso como ANTECEDENTES, se desprende lo siguiente: Marco Antonio Zavala y Delia Navarro Ramírez de Zavala, demandaron al quejoso ante el Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, la acción reivindicatoria. Seguido el juicio en sus etapas, el peticionario del amparo interpuso recurso de apelación en su carácter devolutivo, contra el acuerdo de doce de junio de dos mil catorce, en el que el Juez de lo Civil admitió la prueba pericial caligráfica y grafoscópica, no obstante que la parte actora sólo la ofreció en materia grafoscópica. El hoy inconforme exhibió las constancias para integrar el testimonio de apelación; sin embargo, mediante resolución de diez de agosto de dos mil quince, dictada por la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Civil Regional, con sede en Ciudad Juárez Chihuahua del Tribunal Superior de Justicia determinó que transcurrió el término para que el apelante formulara los motivos de inconformidad, declaró desierto el recurso y firme el auto apelado. Esta narrativa de antecedentes revela que el acto reclamado no actualiza una afectación de imposible reparación en la parte quejosa, pues se trata de la resolución de diez de agosto de dos mil quince, dictada en el toca 322/2015, por la Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por ministerio de ley de la Segunda Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, en la que se declaró desierto el recurso de apelación y firme el auto apelado de doce de junio de dos mil catorce, por el que el Juez Séptimo de lo Civil admitió la prueba pericial en caligrafía y grafoscopía, cuando los actores sólo la ofrecieron en grafoscopía, es decir, fue más allá de lo solicitado en el expediente 1163/2013; por tanto, contra ese proveído resulta improcedente la acción constitucional, dado que sus efectos son meramente procesales y que por esa naturaleza no afectan en forma directa e inmediata los derechos humanos del impetrante de garantías, pues sólo se traducen en dejar válidas las actuaciones dentro del procedimiento al que aún se encuentra sometido jurídicamente y en el que se encuentra pendiente de dictar la sentencia que lo defina. En efecto, la violación procesal invocada consiste en que la responsable declaró desierto el recurso de apelación y firme el auto en el que el Juez Séptimo de lo Civil admitió la prueba pericial en caligrafía, lo que es reclamable únicamente al promoverse amparo contra la sentencia definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de Amparo, pues al poder o no trascender al resultado del fallo, sólo produce efectos intraprocesales, que si bien no pueden ser reparados durante la emisión del fallo sí pueden serlo en el amparo directo, dado que tal violación no es de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquélla cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos humanos del gobernado que reconoce la Constitución, que no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Desde esta perspectiva, la resolución dictada dentro del toca 322/2015, en la que se declaró desierto el recurso de apelación y firme el auto apelado de doce de junio de dos mil catorce, por el que el Juez Séptimo de lo Civil admitió la prueba pericial en caligrafía y grafoscopía, cuando los actores sólo la ofrecieron en grafoscopía, en el expediente 1163/2013, constituye un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo con su contenido y alcances legales, no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, al validar las actuaciones previamente realizadas por funcionarios del Juzgado natural. Además, el acto reclamado se ubica en la hipótesis legal establecida en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, que estatuye que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo cuando, entre otros supuestos, se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley, lo que en su caso es materia del juicio de amparo directo. En tales condiciones, la resolución reclamada no es de imposible reparación, que pudiera hacer procedente el juicio de amparo, sin que esa calidad pueda quedar desvirtuada con cualquier elemento que pudiera aportarse al juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo, al quedar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación de los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Con fundamento en el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró inscrito a Pedro Díaz Luna Espinoza, por lo que se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. De igual forma, en términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. De conformidad, con los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. Finalmente, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yara Isabel Gómez Briseño. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Carlos Cervantes González444/2021
- Carlos Chacon Hernandez681/2023
- Carlos Chacón Hernández437/2019
- Carlos Cobos Delgadillo224/2021
- Carlos Damián Luis Mirón349/2021
- Carlos Darío Castillo López685/2022
- Carlos David Herrera González631/2015
- Carlos de la Cruz Moreno1137/2022
- Carlos Dorantes Rodríguez y Otros.489/2018
- Carlos Dorantes Rodríguez398/2018
- Carlos Eduardo Colombo Rodríguez758/2023
- Carlos Eduardo Montano Durán979/2016