Carlos David González Pérez
Expediente 200/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/03/2023
Partes del expediente
- Carlos David González Pérez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra la sentencia constitucional de nueve de marzo de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposiciones expresa de su artículo 2, se declara que la sentencia dictada en el presente asunto ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a los que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las demás partes, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los libros electrónicos. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentales susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
La suscrita Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, certifico: Que el presente juicio de amparo 200/2023-III, promovido por********************, por propio derecho, se encuentra debidamente integrado y en condiciones de emitir resolución, ya que se cuentan con las siguientes constancias: Constancia de emplazamiento a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la autoridad responsable. Informe Justificado rendido por la autoridad responsable. Se cuentan con las constancias visibles y necesarias para resolver. No hay pruebas ni diligencias pendientes por desahogar en este juicio. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a nueve de marzo de dos mil veintitrés. Doy fe. Audiencia y Sentencia Constitucional En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 200/2023-III, promovido por********************, por propio derecho; se levanta la presente acta ante la presencia de Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria que autoriza y da fe. Sin la comparecencia de las partes o de quien legalmente los represente. La Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia, y el Secretario da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda. 2 Auto admisorio. 3 Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. 4 Emplazamiento a la autoridad responsable. 5 Informe Justificado rendido por la autoridad responsable. Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de sus informes: No. Autoridad responsable Sentido Auto 1 Juez Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno, con residencia en esta ciudad No es cierto Ocho de marzo de dos mil veintitrés. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte Pruebas Auto 1 Juez Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno, con residencia en esta ciudad. Copias certificadas del expediente laboral 933/2022. Ocho de marzo de dos mil veintitrés. Parte quejosa. Diversas documentales relacionadas al acto reclamado, instrumental de actuaciones presuncional, legal y humana. Nueve de febrero de dos mil veintitrés. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, la Secretaria del juzgado hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Al no haber promoción pendiente por acordar, tomando en cuenta todo lo actuado, se da por terminada la presente audiencia constitucional, procediéndose al dictado de la siguiente resolución. VISTO; los autos, para resolver el presente juicio de amparo número 200/2023-III y; R E S U L T A N D O: Admisión y trámite.********************, por propio derecho, presentó su escrito de demanda el tres de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, advirtiendo que la parte quejosa demando el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado que se precisarán más adelante en los puntos considerativos. II. Mediante acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés, Se admitió la demanda de amparo con el número 200/2023, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por tanto, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo; en relación con el diverso 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 03/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, amén de que la emisión de los actos reclamados, se atribuye a autoridades circunscritas en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de la autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto la autoridad señalada como responsable y el acto reclamado, advertidos del análisis integral de la demanda: Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señaló como autoridad responsable al Juez Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno, con residencia en esta ciudad, de quien reclama lo siguiente: La omisión de la autoridad responsable de proveer lo relativo a la demanda presentada el siete de octubre de dos mil veintidós, a la cual se le asignó el expediente laboral 933/2022. TERCERO: Certeza del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo. Apoya la anterior consideración la siguiente jurisprudencia: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En consecuencia, según constancias de autos, se advierte lo siguiente: No obstante que lo niega, es cierto el acto reclamado al Juez Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno, con residencia en esta ciudad, toda vez que de las constancias que remitió se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda persistía el acto reclamado que se le atribuye. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las documentales que remitió la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio laboral 933/2022, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, por tratarse de documentales públicas emitidas por un funcionario en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO", con registro 394182. Lo expuesto con anterioridad, permite tener la certeza de los actos reclamados. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia de la acción de amparo intentada, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, que de oficio se advierta, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, e impida el análisis de fondo de la cuestión debatida. Lo anterior, en aplicación de la tesis de jurisprudencia número II.1°.J./5, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente juicio se advierte que se actualiza la causa prevista en el diverso 61, fracción XXI, del mismo cuerpo reglamentario que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se arriba a la convicción de que cesó los efectos del acto reclamado, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En efecto, de las pruebas documentales que obran en el sumario, se advierte que el uno de febrero del año en curso, la autoridad responsable dictó un acuerdo en el que admitió la demanda laboral, mismo que fue notificada a las partes el dos de marzo de dos mil veintitrés; por ende, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (tres de febrero de dos mil veintitrés), aún existía dicho acto que reclamaba la promovente. En las relatadas condiciones, tal como se advierte, el acto reclamado descrito ha cesado en sus efectos, en mérito que la omisión de referencia, fue subsanada. Por ello, resulta inconcuso que dicho acto reclamado en esta vía por la parte quejosa, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejaron de producirlos, restituyéndose a dicha inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto del acto reclamado en esta instancia atribuido a la autoridad responsable en comento. Sin que obste a lo anterior, que no haya transcurrido la vista a las partes otorgada en auto de ocho de marzo del año en curso, ya que de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la justicia debe ser pronta, completa e imparcial, y a ningún fin práctico conduciría esperar que dicha vista transcurra, dado que la causal de improcedencia invocada no podría desvirtuarse. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en la presente sentencia no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra de los actos reclamados, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó el juicio, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, y 217, de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por********************, por propio derecho, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto; el oficio de cuenta suscrito por la Jueza Especializada en Materia Laboral Región Uno, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado y anexa copias certificada de diversas constancias relativas al expediente laboral ******************** en apoyo al mismo, además señala domicilio para oír y recibir notificaciones y correo electrónico. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos el oficio de cuenta y sus anexos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de cuenta, en donde la autoridad responsable manifiesta que no es cierto el acto reclamado por la parte quejosa. Por su parte, con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tienen por admitidas las documentales que remite la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, las cuales se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno, lo anterior, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional, las cuales se agregan al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico. Con el contenido del informe y anexos, dese vista a la parte quejosa, y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que manifiesten lo que a sus intereses convengan. Relaciónense en la audiencia constitucional. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Por otra parte, la responsable proporciona correo electrónico, para mantener contacto en relación con el presente juicio; en ese sentido, tomando en consideración que se trata de un correo electrónico oficial, se deberá tomar nota de dicho dato; para que, en el caso de ser necesario, se pueda entablar comunicación a través de dicho medio, en términos del ordinal 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de febrero de dos mil veintitrés. VISTO; I.- El estado de autos, en donde se advierte que la tramitación del presente juicio, aun no se encuentra regulado conforme lo dispuesto en los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós. II.- El escrito que firma Servando Cruz Solís, autorizado en términos amplios de los quejosos, por medio del cual solicita que se remita el presente juicio al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente para la substanciación del recurso de revisión que hizo valer en este asunto contra la sentencia constitucional emitida con fecha once de noviembre de dos mil veintidós. Al efecto, se acuerda: INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. Atendiendo a lo descrito en el punto I y tomando en consideración que en términos de los invocados numerales 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, la formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes, que para dar cumplimiento a dicha disposición, toda documentación recibida en el presente juicio vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), a partir del presente proveído, constarán únicamente en el expediente electrónico, no así en el expediente impreso. Así, en términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. Tocante al punto II, concatenado con el diverso I, intégrese física y electrónicamente el expediente en que se actúa y remítase de inmediato para la substanciación del referido medio de impugnación. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes
- Carlos Daniel Vázquez Pérez1739/2016
- Carlos David del Carpio López1403/2022
- Carlos David González Pérez1526/2023
- Carlos David González Pérez967/2023
- Carlos David González Pérez288/2022
- Carlos David González Pérez1685/2023
- Carlos de Jesus Navarro Melgar1491/2018
- Carlos de Jesus Navarro Melgar677/2019
- Carlos del Mazo Cancino1589/2022
- Carlos del Mazo Cancino594/2016
- Carlos del Mazo Cancino2044/2016
- Carlos del Mazo Cancino833/2023