Carlos David Carreño Maceda

Expediente 99/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
99/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla
  • Geovanni Ismael Guerrero Sabino
  • Carlos David Carreño Maceda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Jorge Joaquín Flores Tobón o Joaquín Flores Tobón y, visto su contenido, se provee: Téngase al quejoso señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: "Boulevard Los Pilares Número 2219, Colonia Los Pilares de la Ciudad de Puebla"; y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas que menciona, atento a que no proporciona datos que acrediten que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de febrero de dos mil diecinueve. En primer término, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 3837/2019 de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, por medio del cual informa que el ocho de febrero del presente año, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por esta autoridad del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, radicándolo con el número 149/2019-IV de su índice; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, remítanse a la autoridad oficiante las promociones con número de registro interno 2191, 2196, 2202, 2203 y 2224, documentales cuyo envío fue reservado hasta este momento procesal; solicitándose comedidamente, se sirva acusar el recibo correspondiente. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción; en consecuencia, al no existir documentos originales, transcurridos seis meses a partir de la fecha del presente proveído, procédase a su incineración, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo de referencia (1/2009).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos la razón asentada por la Actuaria judicial de la adscripción, de la que se advierte su imposibilidad para notificar al quejoso Jorge Joaquín Flores Tobón o Joaquín Flores Tobón en el Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, el auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, toda vez que al constituirse en el Centro Penitenciario de referencia, le fue informado por el Asesor Jurídico de Guardia, que el quejoso fue puesto en libertad en la madrugada del día siete de febrero del año que transcurre; de lo que esta autoridad Federal toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto y el proveído de siete de febrero del año en curso, por medio de lista de acuerdos. AUTO DE 7 DE FEBRERO DE 2019 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil diecinueve. INFORMES SOBRE SUSPENSIÓN DE PLANO. En primer término, agréguense a los autos los oficios signados por las autoridades responsables 1. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla y 2. Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por medio de los cuales, informan que acatan la suspensión de plano decretada por este juzgado de Distrito en auto de seis de febrero del año en curso, en favor de Jorge Joaquín Flores Tobón o Joaquín Flores Tobón; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. En el mismo sentido, téngase al 1. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla remitiendo copia certificada de diversas constancias con las que acredita las medidas tomadas para acatar la medida decretada. INCOMPETENCIA. Ahora bien, del informe rendido por el Director del centro penitenciario y de las constancias que envió en su apoyo, se advierte que el quejoso Jorge Joaquín Flores Tobón o Joaquín Flores Tobón fue privado de su libertad, en cumplimiento a la orden de arresto (por un lapso de treinta y seis horas), emitida por el Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1573/2009 de su índice, como correctivo por desobediencia a un mandato de carácter judicial (foja 39). En tales condiciones, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que quien debe conocer del presente juicio de amparo es el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, 33, fracción IV y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Punto Cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 03/2013, relativo a la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado mediante diverso acuerdo plenario 23/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de mayo de dos mil quince, inherente al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, a partir del uno de junio de dos mil quince, en razón de que los actos combatidos atañen a la materia civil, especialidad diversa a la de este órgano de control constitucional. Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la transcripción, se aprecia que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y, Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Por denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. Ahora bien, como ya se dijo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, se advierte que el quejoso Jorge Joaquín Flores Tobón o Joaquín Flores Tobón fue privado de su libertad (acto que por esta vía se combate), en cumplimiento a la orden de arresto (por un lapso de treinta y seis horas), emitida por el Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1573/2009 de su índice, como correctivo por desobediencia a un mandato de carácter judicial. Por tanto, el acto reclamado de referencia, no puede considerarse de naturaleza penal para efectos de determinar la competencia del Juez de Distrito que deba seguir en el conocimiento y resolución del juicio, dado que no encuadran en alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues en el caso, se combate el arresto ordenado por el Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, dentro de un juicio ejecutivo mercantil, por lo que, evidentemente la naturaleza del acto reclamado es civil, no penal. En ese contexto, al reclamarse un acto emitido por parte de una autoridad de naturaleza civil, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos corresponde ser analizada por un Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil, conforme a lo establecido por el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta ley; y, IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, remítase el original del presente juicio de amparo al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto lo turne al Juzgado de Distrito al que por razón de turno corresponda conocer del asunto. Solicítese atentamente a la autoridad receptora del asunto, acuse el recibo de estilo correspondiente e informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. MANIFESTACIONES DE LA PARTE QUEJOSA RESPECTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO DECRETADA. En diverso aspecto, agréguense a los presentes autos para que surtan los efectos legales procedentes, los escritos signados por el quejoso directo Jorge Joaquín Flores Tobón o Joaquín Flores Tobón y por el promovente Geovanni Ismael Guerrero Sabino, en representación del peticionario de amparo, a través de los cuales solicitan que esta autoridad haga cumplir la suspensión de plano decretada el seis de febrero de dos mil diecinueve y se verifique que las autoridades responsables dejen en inmediata libertad al directo quejoso. Al respecto, dígase a los ocursantes que no ha lugar acordar de conformidad su solicitud, pues como se ha dejado asentado en este auto, el quejoso fue privado de su libertad con motivo a una orden de arresto dictada dentro de un procedimiento judicial del orden civil, por lo que no se actualiza ninguna de las hipótesis por las que se le concedió la suspensión de plano, esto es: "Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público en relación con la comisión de un delito, la suspensión se concede, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. Si la detención o privación de la libertad de Jorge Joaquín Flores Tobón o Joaquín Flores Tobón, ya se efectuó por el Ministerio Público, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede en términos del artículo 165 de la ley de la materia para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo se contará a partir de que sea puesto a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente." A lo anterior, resulta aplicable la tesis aislada I.7o.C.152 C sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "ARRESTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO CIVIL, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO ENTRATÁNDOSE DEL. El artículo 123 de la Ley de Amparo determina la procedencia de la suspensión de oficio cuando se trate de actos que importen privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como cuando se trate de algún otro que de llegar a consumarse haría físicamente imposible la restitución al quejoso en el goce de la garantía violada, como sucedería en el caso de la privación de la vida o afectación a bienes fungibles; tal medida no cobra aplicación cuando el acto que se reclama consiste en un arresto decretado por un Juez civil en un procedimiento de orden jurisdiccional, habida cuenta de que tal hipótesis no encuadra dentro de los requisitos que al efecto contempla el referido artículo 123, puesto que la imposición de la pena restrictiva de la libertad deriva de un procedimiento seguido en forma de juicio en el que generalmente a quien se le apercibe con esa medida es parte en el mismo." DILIGENCIA PRACTICADA CON EL QUEJOSO DIRECTO. Por otra parte, agréguese a los autos la diligencia practicada el seis de febrero del presente año, con el quejoso directo Jorge Joaquín Flores Tobón o Joaquín Flores Tobón, de la que medularmente se advierte lo siguiente: "(.) a lo que manifiesta quedar enterado y en este acto ratifica la demanda de garantías. (.) A lo que manifiesta que sí ha podido ver a sus abogados, pero que no ha podido llamar a nadie de sus familiares, siendo todo lo que desea manifestar." En ese sentido, no ha lugar a realizar mayor proveído respecto a la suspensión de plano decretada por la incomunicación reclamada, pues como se advierte, el quejoso directo ya tuvo contacto con sus abogados; y, tampoco se acuerda lo atinente a la ratificación de la demanda, atendiendo al sentido del auto que hoy se provee, es decir, a la incompetencia legal planteada por este órgano jurisdiccional RAZON ACTUARIAL Y REQUERIMIENTO AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. Finalmente, glósese la razón asentada por la Actuaria judicial de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar de inmediato el oficio número dos dirigido a la autoridad responsable 2. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, toda vez que al constituirse a las cinco horas con diez minutos del seis de febrero del año en curso, en las oficinas que ocupa dentro del Complejo Metropolitano C-5 de la Fiscalía de Zona Metropolitana Centro Norte, no pudo entregar el respectivo oficio hasta las diez horas con treinta y dos minutos de esa fecha, por las razones siguientes: "(.) manifestándome que me darían acceso, pero que ellos tenían la información de que el horario establecido para la recepción de oficios era hasta las ocho de la noche, además de que, no había personal que me atendiera (.) Me atendió otro guardia de seguridad, el cual me informó la misma situación, que tenían órdenes directas por el Secretario de Seguridad Pública de no recibir nada después del horario establecido, que lo es de 09:00 am a 20:00 pm, que suponían que debía haber una persona de guardia para casos urgentes, pero que desconocía qué persona le correspondía. (.) El cual me manifestó que sí había una persona de guardia, pero que no recibían oficios después de las ocho de la noche, a menos de que fuera un caso urgente, por lo que me hizo esperar aproximadamente quince minutos, justificando que realizaría una llamada a su jefa para informarle dicha circunstancia, posteriormente me dijo el nombre de Alejandro Osorio Benítez, persona al que le correspondió la guardia en dicho horario, exponiéndome que no sabía los motivos del por qué no recibió y no se encontraba en el área correspondiente(.) ". De lo que esta autoridad Federal toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, signifíquese a la autoridad responsable 2. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla que en caso de que él, o alguno de sus subalternos, reincida en dicha conducta, esto es, se niegue a recibir de inmediato cualquier notificación ordenada dentro de este expediente, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con el articulo 123 apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de febrero de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos dos copias con conocimiento signadas por el 2. Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, de las que se advierte que el seis de febrero de la presente anualidad, la citada autoridad responsable giró los oficios SSP/07/001125/2019 y SSP/07/001124/2019 a las diversas Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla y Director General de la Policía Estatal Preventiva, respectivamente, para efecto de que cumplieran con la suspensión de oficio y de plano decretada e informaran de manera inmediata el citado cumplimiento a esta autoridad Federal. Pr otro lado, intégrese a los autos el informe (con anexo) rendido en original y vía electrónica por la autoridad Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento del 2. Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal, refiere cumplir con la suspensión de oficio y de plano decretada por este juzgado de Distrito en auto de seis de febrero del año en curso y, para sustentar su dicho, anexa el requerimiento que realizó al Director del Centro Penitenciario de Puebla, para que dé cabal cumplimiento a la suspensión de referencia. De todo lo anterior, queda enterado el suscrito Juez de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, en términos del auto de siete de febrero del actual, se reserva remitir las documentales originales de cuenta al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a quien por razón de turno corresponda el conocimiento del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, hasta que dicho órgano informe la determinación que haya adoptado respecto a la competencia planteada por este juzgado Federal.

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