Carlos Daniel Sigala Ramírez

Expediente 499/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
499/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • Carlos Daniel Sigala Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte que causó ejecutoria la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el juicio de amparo 499/2020; que se negó la suspensión provisional y definitiva; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c) del artículo 21 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó el amparo y protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las catorce horas con cincuenta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veinte, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con la secretaria Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. La secretaria hace relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 499/2020, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo; (ii) acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinte, donde se admitió a trámite la demanda de amparo; y (iii informe justificado rendido por la autoridad responsable. El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede y ordena pasar a la siguiente etapa. Etapa probatoria. En esta etapa se hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsables allegaron diversas pruebas documentales. El Juez acuerda: con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas referidas. Etapa de alegatos: En esta etapa de la audiencia se hace Constar que el Agente del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado hizo diversas manifestaciones a través del escrito presentado el uno de octubre de dos mil veinte. El juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos del Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado. Consecuentemente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se ordena dictar la sentencia correspondiente. S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 499/2020, promovido por Carlos Daniel Sigala Ramírez, en contra del acto y autoridad que más adelante se precisarán. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en evaluar la posibilidad de que se otorgue al quejoso la intervención en el legajo de investigación 21520(FMUJ/UDVF)2020, que afirma el quejoso se instruye en su contra y en el que se le negó la intervención que solicitóante la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de otorgar la protección federal por lo que respecta al segundo y ulteriores actos de aplicación de los artículos declarados inconstitucionales que menciona el quejoso de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veinte, Carlos Daniel Sigala Ramírez, presentó un escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisará. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los numerales 1, 8, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó en esa misma data a este juzgado, donde quedó registrada con el número 499/2020 y fue admitida el dos de septiembre siguiente; en ese propio auto, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos los trámites del juicio, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque el acto reclamado se dictó por una autoridad que reside dentro de la demarcación donde este órgano jurisdiccional tiene jurisdicción SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que señala como autoridad responsable y actos reclamados, los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la atención de delitos contra la mujer por razón de género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La determinación de catorce de agosto de dos mil veinte dictada posibilidad de que se otorgue al quejoso la intervención en el legajo de investigación 21520(FMUJ/UDVF)2020, que afirma el quejoso se instruye en su contra y en la que se le negó la intervención que solicitó. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su respectivo informe justificado, la autoridad responsable procedió como sigue: AUTORIDAD SENTIDO Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la atención de delitos contra la mujer por razón de género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Convino en la existencia del acto reclamado. Además, la citada autoridad acompañó copia certificada de las constancias deducidas del legajo de investigación 21520(FMUJ/UDVF)2020, a las que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Las partes procesales no hicieron valer alguna causa de improcedencia del juicio, ni este juzgado advierte de oficio la actualización de alguna; por ende, procede abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa formuló conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO.- ESTUDIO. Previo al análisis de fondo de la controversia planteada, se considera pertinente hacer una reseña de los antecedentes de origen, para mejor comprensión, que derivan del legajo de investigación 21520/FMUJ/UVDF/2020, y que son los siguientes: El catorce de julio de dos mil veinte, se inició la carpeta de investigación21520/FMUJ/UVDF/2020, contra Carlos Daniel Sigala Ramírez, por el delito de violencia intrafamiliar en agravio de Melissa Zárate Luna, la cual se encuentra en la etapa de investigación preliminar. Mediante escrito de cinco de agosto de dos mil veinte, el ahora quejoso Carlos Daniel Sigala Ramírez, presentó un escrito ante la oficialía de partes de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado, en el que solicitó lo siguiente: En respuesta a la citada petición, se emitió el acuerdo que enseguida se inserta: Determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia y que se notificó al hoy quejoso mediante instructivo de notificación, el diecisiete de agosto de dos mil veinte, misma que estima violatoria de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 19 y 20 Constitucionales, en síntesis, por lo siguiente: Refiere que la misma deviene incongruente y contraria a los artículos 16 y 17 Constitucionales, debido a que no encuentra respaldo en algún fundamento legal aplicable, ni plasma justificación razonable y congruente para sustentar el acto, pues se le deja en completo estado de indefensión por la responsable, ignorando su derecho a una defensa adecuada, que la Carta Magna en su precepto 20 y las fracciones V y VIII del numeral 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consagran a su favor, pues en éstos se establece que tanto el imputado como su defensor, tendrán acceso a los actos de investigación realizados, cuando sea sujeto a un acto de molestia, tal y como lo señala el artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual, estima que el acto de molestia ya se materializó, al admitir la representante social que existe una carpeta de investigación en su contra y al negar la intervención solicitada. Refiere que resulta importante tener presente el concepto de garantismo penal y derecho penal mínimo que describe como sinónimos que designan un modelo teórico y normativo de derecho penal capaz de minimizar la violencia de la punitiva -tanto en la previsión legal de los delitos como en la comprobación judicial- sometiéndola a estrictos límites impuestos para tutelar los derechos de la persona; que se trata de garantías sustantivas que incluyen los principios de taxatividad, lesividad y materialidad, que deben hacerse efectivos como una extensión del poder punitivo estatal y que para incorporar los derechos humanos al tener acceso a la Carpeta de Investigación, es necesaria la interpretación pro homine, de forma amplia; y que por el contrario la responsable, realiza una mala interpretación de dichos preceptos, ya que en ningún momento reconoce los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales y que favorecen en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Alega que si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando el imputado se encuentra en algunos de los supuestos que establece el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales se le debe dar intervención, esto es, que se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; también, que se dispone en el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa; y que dichas disposiciones no deben interpretarse como una regla restrictiva de que solo a partir de ese momento procesal puedan obtener copias, pues es obligación del Ministerio Público, respetar el derecho a una defensa adecuada e igualdad entre las partes, de manera que no prohíbe que esa copia se obtenga con anterioridad, porque lo que se privilegia es que durante la etapa de investigación inicial, quien habrá de ser imputado en la audiencia inicial, cuente ya con los datos y registros necesarios para su adecuada defensa. Los sintetizados motivos de disenso devienen jurídicamente ineficaces. Se explica. En contra de lo que sostiene el quejoso, la simple lectura del acto reclamado, refleja que, para su emisión, el representante social citó como fundamento de su actuar los artículos 1º y 20 apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicables al caso concreto porque en éstos se describe la forma y términos en que puede tener acceso al legajo de investigación el imputado; además, explicó claramente al quejoso por qué no se encontraba en los supuestos que describe la norma, haciendo con tales motivos, razones y circunstancias una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, en el caso concreto se configuraron las hipótesis normativas mediante la adecuación de los hechos a éstas. De ahí, que el acto reclamado se encuentre debidamente fundado y motivado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia que enseguida se inserta: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 238212 117 de 129 Segunda Sala Volumen 97-102, Tercera Parte Pag. 143 Jurisprudencia(Común) FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Ahora bien, el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal, que citó la autoridad responsable como fundamento de su actuar, reconoce como derecho del imputado que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Al respecto, establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;" [.] Esta disposición constitucional guarda estrecha relación con el artículo 8, punto 2, inciso "c", de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece: ".la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa.", derecho respecto del cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que incluye -entre otros aspectos-, la obligación del Estado de permitir el acceso de la persona inculpada al conocimiento del expediente llevado en su contra. En el Código Nacional de Procedimientos Penales (legislación que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado), el acceso al expediente está regulado en el artículo 113, que dice: "Artículo 113. Derechos del imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: .. VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código." Del artículo transcrito, se colige que el imputado y su defensa cuentan con derecho a tener acceso a los registros de investigación, salvo las excepciones previstas en la ley, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de dicho Código. Por su parte, los dispositivos 218 y 219 cuya remisión realiza el citado precepto del código adjetivo, establecen lo siguiente: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicia. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente". De las disposiciones legales transcritas se observan las siguientes reglas: a). Los registros de la investigación son estrictamente reservados, por lo que solamente las partes pueden tener acceso a ellos. b). La víctima u ofendido y su asesor jurídico pueden tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. c). El imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando: (1) Aquél se encuentre detenido; (2) Sea citado para comparecer como imputado; o, (3) Sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor. d). Convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener una copia, con la oportunidad debida, para preparar la defensa. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 72/2019, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 71, octubre de 2019, tomo I, página 994, Décima Época, con número de registro 2020891, lo siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido." Como puede advertirse, las primeras tres reglas de los numerales transcritos se refieren al acceso a los registros de la investigación; sólo la última regla, que tiene lugar después de que se cita al imputado y a su defensor a la audiencia inicial, se menciona la posibilidad de consultar dichos registros y de obtener una copia. Sin embargo, del criterio jurisprudencial transcrito se obtiene que debe permitirse al indiciado y su defensor, que puedan obtener una reproducción de los registros de la carpeta de investigación, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del código aludido. Esto, evidencia que el propósito que se persigue es garantizar el ejercicio del derecho a una defensa adecuada, así como proteger el derecho a la no autoincriminación pues, con ello, el imputado puede tener conocimiento de los hechos que se le imputan; los datos de prueba obtenidos hasta el momento en que se actualiza alguna de esas hipótesis; y, con base en ello, manifestar lo que a su interés convenga o, eventualmente, reservarse su derecho a declarar. En ese tenor, la interpretación sistemática de los artículos 113 y 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir que el imputado y su defensor sólo podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia -entendidos éstos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva-, y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, en la especie no se surte alguna de las hipótesis descritas, pues de las constancias que integran la carpeta de investigación 21520/FMUJ/UVDF/2020, del índice de la responsable, no se advierte que se haya restringido algún derecho fundamental del quejoso de los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 inciso B, de la Constitución Federal, relativos a la tutela de los derechos a su favor, de brindar seguridad jurídica al inculpado y permitirle ejercer su derecho de defensa. Ello, porque en contra de lo que éste estima, el solo hecho de que se inicie una carpeta de investigación en su contra, de forma alguna puede considerarse como un acto de molestia, dado que con ello no se causa un daño o un perjuicio al gobernado, pues no se obtiene que se le esté privando total o parcialmente de su libertad, posesiones o derechos, por lo que con dicha determinación, no se afectan sus intereses jurídicos o legítimos. Por tanto, si el quejoso aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, él o su defensa no pueden tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Es aplicable al caso, por su contenido la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con los datos de identificación siguientes: Tesis: I.9o.P.172 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2015566 49 de 69 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III Pag. 1958 Tesis Aislada(Penal) CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO. Determinar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, haría considerar letra muerta los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación, cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo. Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Por ende, aquella integración de la carpeta de investigación por la autoridad responsable, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley. Aunado a ello, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Federal, al Ministerio Público le corresponde investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales correspondientes. Por lo que, evidentemente el representante social está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, y, en su caso integrar la correspondiente carpeta de investigación; de ahí que, tampoco el desahogo de diligencias tendientes a la integración de la citada carpeta, por sí mismas tampoco generan afectación a los derechos del quejoso, pues no se están transgrediendo sus derechos fundamentales. Así es, en la investigación el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. Bajo esa tesitura, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho fundamental del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos; lo que no sucede en la especie. De esa manera, si bien es cierto que aunque dentro de la indagatoria de origen se solicitó el acceso a la misma, y por su parte la autoridad responsable emitió un acuerdo que constituye una negativa por parte de la representación social a dar tal acceso, empero, lo cierto es que esa circunstancia por sí sola es insuficiente para sostener que la ministerio público está obligada a darle acceso a los registros de la carpeta de investigación, pues como se mencionó, no se ubica en los supuestos del artículo 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni tampoco se le ha citado para la audiencia inicial. Por ende, es claro que con la emisión del acto reclamado, la autoridad ministerial tampoco se aparta de la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de ahí lo ineficaz de lo argumentado al respecto. En ese orden de ideas, ante lo jurídicamente ineficaz de los conceptos de violación y al no existir materia para suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Carlos Daniel Sigala Ramírez, contra el acto que reclamó consistente en la negativa a darle intervención posibilidad de que se otorgue al quejoso la intervención en el legajo de investigación 21520(FMUJ/UDVF)2020. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)

  4. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veinte. Agréguese, el escrito señalado en la cuenta al juicio de amparo en que se actúa y téngase al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado de distrito formulando sus alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, expídase, en su oportunidad, copia certificada de la resolución que se dicte en este juicio. Notifíquese."

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