Carlos Daniel Romero Giron

Expediente 477/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
477/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
25/10/2021

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Treinta Y Uno de la Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Morelos
  • Carlos Daniel Romero Giron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. En mérito de lo anterior y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que precluyó la vista concedida a la parte quejosa mediante auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento dado al fallo protector por la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, lo anterior, toda vez que del expediente se aprecia que dichas partes están debidamente notificadas del auto de mérito, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Al respecto, cabe destacar lo siguiente: Por sentencia dictada el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a CARLOS DANIEL ROMERO GIRÓN, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para los efectos siguientes: "Ordene el emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio proporcionado por la parte actora, al juicio laboral 1033/2020. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se funda principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).". En consecuencia, mediante oficio en este Juzgado Federal el veintiséis de agosto del año en curso, la junta responsable remitió la constancia de emplazamiento de once de agosto de dos mil veintiuno, practicada a la parte demandada. Posteriormente, por auto de siete de septiembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de referencia y se dejó a la vista de la parte quejosa el referido oficio y constancias allegadas al mismo, relativas al cumplimiento de la autoridad responsable. Documental a la que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en el artículo 2°. Consecuentemente, al advertirse de lo anterior, que la responsable emplazó a la parte demandada, en el domicilio proporcionado por el actor en el juicio laboral 1033/2020; de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en su único punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, toda vez que el fallo protector se concedió para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos realizara lo siguiente: "Ordene el emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio proporcionado por la parte actora, al juicio laboral 1033/2020." Sin embargo, mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el veintiséis de agosto del año en curso, la junta responsable remitió la constancia de emplazamiento de once de agosto de dos mil veintiuno, practicada a la parte demandada. En ese sentido, con el contenido del oficio de veintiséis de agosto del año en curso, registrado bajo folio 12935, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 477/2021-I-B promovido por CARLOS DANIEL ROMERO GIRÓN, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el siete de mayo de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el once de mayo siguiente, CARLOS DANIEL ROMERO GIRÓN, por su propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Actuario adscrito. SEGUNDO. Trámite. Por auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados, y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, atento a los conceptos de violación formulados, así como a las constancias que integran este asunto, privilegiando la tutela de derechos humanos formulados por la parte impetrante, accediendo al acto de autoridad que efectivamente le agravia y no a lo que aparentemente le duele, se concluye que el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Actuario adscrito de emplazar a la parte demandada al juicio laboral 1033/2020, lo que conlleva a no desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado. Al respecto, la Junta responsable exhibió como prueba, entre otras, copia certificada del auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, que obra en el expediente laboral 1033/2020; del que se advierte la existencia del acto reclamado; constancia que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. Suplidos en su deficiencia, con fundamento en el artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo, los conceptos de violación son fundados y suficientes para otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal por los motivos que se explicarán más adelante. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, Novena Época, de la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Así se aborda el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En ese sentido, la parte quejosa refiere que la junta responsable dentro del juicio laboral 1033/2020, ha sido omisa en emplazar a juicio a la parte demandada, sin poder lograr el cierre de las etapas continuas. Ahora bien, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, exhibió copia certificada del auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 1033/2020, del que se desprende que difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen. De lo anterior se advierte que la responsable ha sido omisa en emplazar a la mencionada parte demandada y por tanto, no se ha podido desahogar la audiencia bifásica y en su caso continuar con el trámite del asunto, lo que denota una abierta dilación en la integración del juicio laboral 1033/2020. Ha de precisarse que el emplazamiento de la demandada es requisito sine qua non para el desahogo de la audiencia bifásica, sin perjuicio desde luego, que aun cuando una de las partes no esté emplazada acuda a la audiencia. Al respecto, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, impone a la Junta la obligación de emplazar al demandado. Esto guarda relación con la garantía de certeza jurídica, en la medida que de nada sirve que la autoridad fije fecha para celebrar la audiencia de ley, si no notifica su determinación a quien corresponda, pues la ausencia de tal acto conlleva que no pueda celebrarse la audiencia y motiva su diferimiento, hecho que indudablemente repercute en la pronta impartición de justicia, pues impide la prosecución del juicio y alarga su substanciación, sin perjuicio desde luego, que operen los casos previstos por el artículo 874 de la legislación laboral, a saber, que las partes concurran a la audiencia o que el actor desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados; empero, tales supuestos son excepcionales y no pueden servir de fundamento para obviar la notificación a las partes. En estricto sentido, para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; lo que supondría que la autoridad laboral tendría que efectuar los actos procesales correspondientes al procedimiento del derecho del trabajo, forzosamente dentro de los plazos de ley. En contrapartida, la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", sustentó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total. En consecuencia, con base en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), en atención a la carga de trabajo, la autoridad pudiera efectuar un acto procesal, como es el emplazamiento de la parte demandada, no necesariamente dentro del plazo que la ley prevea para ello; pero no puede postergar la realización del acto de forma tal que obstaculice el derecho a la impartición de justicia, lo que ocurrirá al provocar una abierta dilación del procedimiento, o bien, su paralización total. En el caso concreto, desde la fecha en la que la junta responsable ordenó el emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio que se haya señalado en autos para tal efecto en el juicio de origen, a la data en que ahora se resuelve el presente asunto, no se ha efectuado tal acto procesal, ya que a la fecha se encuentra pendiente su llamamiento a juicio, como se advierte de la constancia que la junta allegó como complemento a su informe justificado y por ende no se ha proseguido con el desahogo de la audiencia bifásica, por consecuente tampoco ha desahogado las etapas subsecuentes como el cierre de instrucción hasta su conclusión. Es de concluirse que la junta responsable no ha cumplido con el imperativo constitucional que en el particular se analiza, pues no se ha desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por la falta de emplazamiento de la parte demandada, actualizándose una abierta dilación en el juicio laboral 1033/2020. En efecto, la omisión de la autoridad responsable de actuar efectivamente para realizar el emplazamiento de la parte demandada antes descrita, deviene violatoria del derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Carta Magna, porque ha impedido el desahogo de la audiencia de ley y por tanto la continuación de las etapas subsecuentes; máxime que el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, impone a los presidentes de las Juntas y los auxiliares, la facultad y obligación de dictar las medidas necesarias para que los juicios en instrucción no queden inactivos, salvo disposición en contrario. Para resarcir la violación, la autoridad laboral debe ordenar que se efectúe el emplazamiento de la parte demandada, en el o los domicilios que le hayan sido proporcionados para ello, para que estén en aptitud de acudir a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el conflicto de origen, como lo exige el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dictando las medidas pertinentes, sin perjuicio desde luego, que las circunstancias ameriten el despliegue de las facultades que le confieren los artículos 17, 685, 735 y 874 de la propia ley, para los casos en que el emplazamiento no se logre en el domicilio proporcionado por la parte actora, las cuales, esta sentencia en modo alguno le prohíbe ejercer. Sobre lo argumentado en el párrafo que antecede, en torno a la imposibilidad de emplazar a la parte demandada en el domicilio proporcionado por la parte actora y el consecuente actuar de la Junta ante ello, son aplicables las jurisprudencias 2a./J.98/2013 (10a.) y 2a./J.126/2016 (10a.), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO SE SEÑALA MÁS DE UN DEMANDADO Y ALGUNO O ALGUNOS DE ELLOS NO PUDIERON SER EMPLAZADOS." y "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO NO LO LOGRA REALIZAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO POR EL ACTOR TRATÁNDOSE DE UN SOLO DEMANDADO." y registros 2004225 y 2013079, respectivamente. En las citadas tesis jurisprudenciales, la Segunda Sala determinó cómo debe actuar la autoridad laboral en el caso en que el emplazamiento de la parte demandada, no pueda practicarse en el domicilio proporcionado para tal efecto, ya sea que se trate de un único o de varios demandados. EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DEL AMPARO. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede otorgarle la protección de la justicia federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, realice lo siguiente: Ordene el emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio proporcionado por la parte actora, al juicio laboral 1033/2020. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se funda principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).". Ante la falta de emplazamiento de la parte demandada descrita, la Junta cuenta con las facultades legales que le confieren los artículos 17, 685, 735 y 874 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales no veda esta sentencia, de ahí que no es dable que este fallo le imponga la obligación de desahogar la audiencia bifásica y los actos subsecuentes, pues sería tanto como impedirle ejercer esas atribuciones si se le presenta el caso, a la vez que implicaría declarar que incurrirá en una nueva omisión o dilación procesal que debe prevenirse desde ahora, lo que sin duda se traduciría en prejuzgar sobre una situación futura, soslayando que, dada su sujeción a las leyes, actuará puntualmente con apego a éstas, obviando incluso, la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. Se hacen extensivos los efectos del amparo al acto de ejecución reclamado al Actuario adscrito a la junta responsable, toda vez que no se impugnó por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo depender del acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada al juicio laboral 1033/2020. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a CARLOS DANIEL ROMERO GIRÓN, contra el acto reclamado precisado en el considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos y para los efectos ahí señalados. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 477/2021-I-B promovido por CARLOS DANIEL ROMERO GIRÓN, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el siete de mayo de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el once de mayo siguiente, CARLOS DANIEL ROMERO GIRÓN, por su propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Actuario adscrito. SEGUNDO. Trámite. Por auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados, y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, atento a los conceptos de violación formulados, así como a las constancias que integran este asunto, privilegiando la tutela de derechos humanos formulados por la parte impetrante, accediendo al acto de autoridad que efectivamente le agravia y no a lo que aparentemente le duele, se concluye que el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Actuario adscrito de emplazar a la parte demandada al juicio laboral 1033/2020, lo que conlleva a no desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado. Al respecto, la Junta responsable exhibió como prueba, entre otras, copia certificada del auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, que obra en el expediente laboral 1033/2020; del que se advierte la existencia del acto reclamado; constancia que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. Suplidos en su deficiencia, con fundamento en el artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo, los conceptos de violación son fundados y suficientes para otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal por los motivos que se explicarán más adelante. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, Novena Época, de la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Así se aborda el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En ese sentido, la parte quejosa refiere que la junta responsable dentro del juicio laboral 1033/2020, ha sido omisa en emplazar a juicio a la parte demandada, sin poder lograr el cierre de las etapas continuas. Ahora bien, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, exhibió copia certificada del auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 1033/2020, del que se desprende que difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen. De lo anterior se advierte que la responsable ha sido omisa en emplazar a la mencionada parte demandada y por tanto, no se ha podido desahogar la audiencia bifásica y en su caso continuar con el trámite del asunto, lo que denota una abierta dilación en la integración del juicio laboral 1033/2020. Ha de precisarse que el emplazamiento de la demandada es requisito sine qua non para el desahogo de la audiencia bifásica, sin perjuicio desde luego, que aun cuando una de las partes no esté emplazada acuda a la audiencia. Al respecto, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, impone a la Junta la obligación de emplazar al demandado. Esto guarda relación con la garantía de certeza jurídica, en la medida que de nada sirve que la autoridad fije fecha para celebrar la audiencia de ley, si no notifica su determinación a quien corresponda, pues la ausencia de tal acto conlleva que no pueda celebrarse la audiencia y motiva su diferimiento, hecho que indudablemente repercute en la pronta impartición de justicia, pues impide la prosecución del juicio y alarga su substanciación, sin perjuicio desde luego, que operen los casos previstos por el artículo 874 de la legislación laboral, a saber, que las partes concurran a la audiencia o que el actor desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados; empero, tales supuestos son excepcionales y no pueden servir de fundamento para obviar la notificación a las partes. En estricto sentido, para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; lo que supondría que la autoridad laboral tendría que efectuar los actos procesales correspondientes al procedimiento del derecho del trabajo, forzosamente dentro de los plazos de ley. En contrapartida, la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", sustentó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total. En consecuencia, con base en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), en atención a la carga de trabajo, la autoridad pudiera efectuar un acto procesal, como es el emplazamiento de la parte demandada, no necesariamente dentro del plazo que la ley prevea para ello; pero no puede postergar la realización del acto de forma tal que obstaculice el derecho a la impartición de justicia, lo que ocurrirá al provocar una abierta dilación del procedimiento, o bien, su paralización total. En el caso concreto, desde la fecha en la que la junta responsable ordenó el emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio que se haya señalado en autos para tal efecto en el juicio de origen, a la data en que ahora se resuelve el presente asunto, no se ha efectuado tal acto procesal, ya que a la fecha se encuentra pendiente su llamamiento a juicio, como se advierte de la constancia que la junta allegó como complemento a su informe justificado y por ende no se ha proseguido con el desahogo de la audiencia bifásica, por consecuente tampoco ha desahogado las etapas subsecuentes como el cierre de instrucción hasta su conclusión. Es de concluirse que la junta responsable no ha cumplido con el imperativo constitucional que en el particular se analiza, pues no se ha desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por la falta de emplazamiento de la parte demandada, actualizándose una abierta dilación en el juicio laboral 1033/2020. En efecto, la omisión de la autoridad responsable de actuar efectivamente para realizar el emplazamiento de la parte demandada antes descrita, deviene violatoria del derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Carta Magna, porque ha impedido el desahogo de la audiencia de ley y por tanto la continuación de las etapas subsecuentes; máxime que el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, impone a los presidentes de las Juntas y los auxiliares, la facultad y obligación de dictar las medidas necesarias para que los juicios en instrucción no queden inactivos, salvo disposición en contrario. Para resarcir la violación, la autoridad laboral debe ordenar que se efectúe el emplazamiento de la parte demandada, en el o los domicilios que le hayan sido proporcionados para ello, para que estén en aptitud de acudir a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el conflicto de origen, como lo exige el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dictando las medidas pertinentes, sin perjuicio desde luego, que las circunstancias ameriten el despliegue de las facultades que le confieren los artículos 17, 685, 735 y 874 de la propia ley, para los casos en que el emplazamiento no se logre en el domicilio proporcionado por la parte actora, las cuales, esta sentencia en modo alguno le prohíbe ejercer. Sobre lo argumentado en el párrafo que antecede, en torno a la imposibilidad de emplazar a la parte demandada en el domicilio proporcionado por la parte actora y el consecuente actuar de la Junta ante ello, son aplicables las jurisprudencias 2a./J.98/2013 (10a.) y 2a./J.126/2016 (10a.), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO SE SEÑALA MÁS DE UN DEMANDADO Y ALGUNO O ALGUNOS DE ELLOS NO PUDIERON SER EMPLAZADOS." y "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO NO LO LOGRA REALIZAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO POR EL ACTOR TRATÁNDOSE DE UN SOLO DEMANDADO." y registros 2004225 y 2013079, respectivamente. En las citadas tesis jurisprudenciales, la Segunda Sala determinó cómo debe actuar la autoridad laboral en el caso en que el emplazamiento de la parte demandada, no pueda practicarse en el domicilio proporcionado para tal efecto, ya sea que se trate de un único o de varios demandados. EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DEL AMPARO. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede otorgarle la protección de la justicia federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, realice lo siguiente: Ordene el emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio proporcionado por la parte actora, al juicio laboral 1033/2020. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se funda principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).". Ante la falta de emplazamiento de la parte demandada descrita, la Junta cuenta con las facultades legales que le confieren los artículos 17, 685, 735 y 874 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales no veda esta sentencia, de ahí que no es dable que este fallo le imponga la obligación de desahogar la audiencia bifásica y los actos subsecuentes, pues sería tanto como impedirle ejercer esas atribuciones si se le presenta el caso, a la vez que implicaría declarar que incurrirá en una nueva omisión o dilación procesal que debe prevenirse desde ahora, lo que sin duda se traduciría en prejuzgar sobre una situación futura, soslayando que, dada su sujeción a las leyes, actuará puntualmente con apego a éstas, obviando incluso, la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. Se hacen extensivos los efectos del amparo al acto de ejecución reclamado al Actuario adscrito a la junta responsable, toda vez que no se impugnó por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo depender del acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada al juicio laboral 1033/2020. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a CARLOS DANIEL ROMERO GIRÓN, contra el acto reclamado precisado en el considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos y para los efectos ahí señalados. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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