Carlos Daniel Garcia Aguilar

Expediente 687/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
687/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/02/2021

Partes del expediente

  • Carlos Daniel Garcia Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco; nueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió el término concedida a la parte quejosa, en relación al cumplimiento realizado por la responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto, por lo que se procede al análisis respectivo. Antecedente en relación al cumplimiento. El once de septiembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Carlos Daniel García Aguilar, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada en el párrafo inmediato anterior, para los efectos que en seguida se sintetizan: ? Con plenitud de jurisdicción provea de inmediato lo conducente en relación al escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diecinueve, relacionado con el juicio laboral 3711/2016 de su índice. Firmeza de la Sentencia La resolución constitucional que se analiza, causó ejecutoria el trece de octubre de dos mil veinte por lo que se le requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Acto de la Autoridad en relación con el Cumplimiento En cumplimiento a la ejecutoria en comento y previos requerimientos, la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, remitió copia certificada del proveído de seis de febrero de dos mil veinte, relacionado con el juicio 3711/2016 de su índice; la cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral. Vista con el Cumplimiento. Por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos dicha notificación, manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la responsable, apercibida que de no hacer manifestación alguna este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; transcurrido el término concedido a dicha parte sin que hubiera desahogado la vista en comento; por lo que este Juzgador procede a pronunciarse sobre el cumplimiento a que se refiere la autoridad responsable, en términos de las constancias que obran en el presente sumario. Robustece lo anterior, la Tesis 2a./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Análisis Evaluativo Así, del análisis de las constancias remitidas por la responsable y que obran glosadas a los presentes autos, se advierte lo siguiente: ?El seis de febrero de dos mil veinte, proveyó en relación al escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diecinueve, en el expediente 3711/2016 de su índice; con lo que, se tiene por cumplido el efecto de la ejecutoria precisados en líneas anteriores. Las razones expuestas, conllevan a este juzgador declarar que la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, sin decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Anotaciones Al tratarse de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO, previa las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo negado. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Publicación de datos personales Finalmente, atento a que las partes no realizaron manifestación alguna, respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto, la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo pidan conforme al procedimiento de acceso a la información; siendo facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar cuándo se presente una solicitud sobre dicha publicación de datos personales, así como también si las pruebas o constancias del juicio, deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados; lo anterior, de conformidad con el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    "*********Villahermosa, Tabasco, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, y en cumplimiento a lo establecido en la circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda la tramitación del presente juicio a partir del estado procesal que guardaba. Precisado lo anterior, del esto de autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, no ha informado las actuaciones realizadas con motivo de la sentencia dictada en autos, misma que se concedió para los efectos siguientes: ? Con plenitud de jurisdicción provea de inmediato lo conducente en relación al escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diecinueve, relacionado con el juicio laboral 3711/2016 de su índice; restituyendo así al parte quejosa en el goce de la garantía tutelada por el artículo 17 Constitucional tomando en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, y en consideración a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. En tales circunstancias, como la obligatoriedad para acatar una sentencia de amparo se funda en el principio que establece que el cumplimiento del fallo constitucional es una cuestión de orden público; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que sea notificado del presente proveído remita copia certificada de las constancias relativas que acredite el cumplimiento de la sentencia protectora. Lo anterior, en virtud de que el cumplimiento a las sentencias de amparo en de orden público y su incumplimiento puede configurar la comisión de un delito en términos de los artículos 262 fracción V y 267 fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Se apercibe a la autoridad que en caso de omisión, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($86.88 ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veinte, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase para que remita el RFC de la autoridad citada; esto, para efecto de en caso de inobediencia al presente requerimiento, se remita el oficio respectivo al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Tabasco 1, con residencia en esta ciudad, para hacer efectivo el apercibimiento decretado. Es aplicable la tesis aislada XVII.1o.C.T.42 C sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, página 883, de la Novena Época, que a continuación se transcribe: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO. BASTA EL MANDATO JUDICIAL QUE LA IMPONE, PREVIO REQUERIMIENTO Y CONMINACIÓN AL CONTUMAZ, PARA QUE EL JUEZ ESTÉ EN POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO TENDENTE A LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE SU DETERMINACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)." Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se le destituya del cargo que desempeña y sea consignado al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Finalmente, intégrense a los autos las piezas postales devueltas por correos de México, sin hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que la autoridad a la que fueron dirigidas no guarda relación con el cumplimiento en el presente juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, siete de octubre de dos mil veinte. Visto la certificación que antecede, se colige que, dada la Declaratoria de Emergencia para el Territorio del Estado de Tabasco, emitida por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, publicada el dos de octubre del año en curso, en el periódico oficial del Estado; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, fracciones XIII y XIV y, 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, los Órganos Jurisdiccionales Federales, suspendieron labores a partir de las diecisiete horas del dos de octubre, hasta el martes seis del mismo mes y año y, por ende, los términos legales de los juicios a su cargo. Por tanto, se reanudan los términos de ley. Precisado lo anterior, se advierte que no se interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito, el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, en el término establecido en el diverso numeral 86 del citado ordenamiento contra la sentencia de once de septiembre de la presente anualidad, en la que se concedió la protección constitucional al quejoso *********Por, tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en la estadística. Requerimiento de cumplimiento. En ese tenor, es menester precisar que el fallo protector se concedió para los siguientes efectos: Con plenitud de jurisdicción provea de inmediato lo conducente en relación al escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diecinueve, relacionado con el juicio laboral 3711/2016 de su índice; restituyendo así al parte quejosa en el goce de la garantía tutelada por el artículo 17 Constitucional tomando en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, y en consideración a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 192 de la legislación de la materia, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, remitan copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento de la sentencia protectora, misma que se concedió para el efecto mencionado en párrafos que anteceden. Apercibimiento Bajo el apercibimiento que de incurrir en omisión a este mandamiento, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá de manera individual una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional) acorde con lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, actualizado en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veinte. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO."

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