Carlos Daniel Cumi Chale
Expediente 284/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Daniel Cumi Chale
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios signados por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y por el Actuario adscrito a dicha Junta, mediante los cuales remiten su respectivo informe justificado, expresando la inexistencia del acto, así como la primera remite copia certificada de las constancias conducentes del juicio laboral 644/2020, manifestando que fue promovido por Genoveva del Rosario Arguelles Potenciano y Lourdes Valeria Lara Arguelles contra el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. Atento a lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se aprecia que el acto que reclamó el quejoso Carlos Daniel Cumí Chale, consistió en la omisión de la Junta responsable de emplazar a la parte demandada del juicio laboral 644/2020, que afirmó se trata de la persona moral "Soluciones Integrales Alf", Sociedad Anónima de Capital Variable, y la persona física Alfonso León Flota. Ahora bien, debido a lo anterior, así como a los informes justificados y constancias que se anexaron, se estima que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.]" Lo anterior se afirma, toda vez que de la lectura de las constancias recibidas en esta data del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, las cuales al tratarse de documentales públicas, tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que la omisión reclamada aparece claramente demostrado que no existe, pues dichas constancias revelan que la parte actora y demandada del aludido juicio laboral no son las que afirmó el quejoso, toda vez que el procedimiento laboral 644/2010 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, fue promovido por Genoveva del Rosario Arguelles Potenciano y Lourdes Valeria Lara Arguelles, contra del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. No así, por Carlos Daniel Cumí Chale, contra "Soluciones Integrales Alf", Sociedad Anónima de Capital Variable, y la persona física Alfonso León Flota, como afirmó el quejoso. Además, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, señaló que con el nombre del quejoso no obra expediente alguno promovido ante dicha autoridad. En tal virtud, como no obra en autos constancias alguna que acredite lo contrario; por ende, es evidente la inexistencia del acto y debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto u omisión reclamada en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto u omisión reclamada, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable. Por tanto, si apareciere demostrada la inexistencia del acto o bien que la existencia del acto u omisión no se acreditare durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la parte solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violado. En el caso, apareciere demostrada la inexistencia del acto, pues de las constancias recibidas en contraste con los datos que proporcionó la parte quejosa en su demanda, se demuestra que no existe la omisión reclamada, pues tanto el actor, aquí quejoso, como los demandados no son parte del procedimiento laboral 644/2020; de ahí que ello impide que esta Juzgadora pueda analizarlo, pues es inexistente la omisión reclamada de la autoridades responsables; máxime que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, señaló que con el nombre del quejoso no obra expediente alguno. En consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Tiene aplicación a lo anterior por analogía, la tesis II. 1o. C. T. 217 K, con número de registro 210237, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, página: 313, que en su rubro y texto dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, como Superior Jerárquico del Director de Catastro Rural de dicha dependencia, ingeniero José Gregorio Arellano Molina, no ha dado respuesta al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, el veintiocho de enero pasado, en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por lo tanto, para evitar mayores dilaciones en el procedimiento requiérase, mediante oficio que al efecto se libre, al Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, como Superior Jerárquico del Director de Catastro Rural de dicha dependencia, ingeniero José Gregorio Arellano Molina, para que en el ámbito de sus atribuciones, dentro del término de tres días, legalmente computado, haga realizar al Director de Catastro Rural, las gestiones pertinentes a fin de estar en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia de amparo y remita a la Delegación del Registro Agrario en Yucatán, las constancias que amparen dicha rectificación; apercibidas ambas autoridades, que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, bajo el epígrafe: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, AUTORIDADES QUE DEBEN INTERVENIR EN LA". Hágase del conocimiento a las autoridades arriba señaladas, que dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, la información requerida podrán rendirla vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión, a fin de evitar, como ya se dijo, mayores dilaciones en el proceso. Finalmente, se ordena a los Actuarios de la adscripción, que el oficio dirigido a la citada autoridad foránea, se procure su envío a través de los correos electrónicos que se tengan y que sean oficiales y que se puedan indagar y en caso de no contar con ellos, se manden los mismos por estafeta, a fin de agilizar el presente procedimiento y evitar dilaciones procesales innecesarias.
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