Carlos Daniel Ayala Medina
Expediente 1364/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1364/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Daniel Ayala Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En resolución de doce de enero del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Carlos Daniel Ayala Medina para los efectos siguientes: QUINTO. Efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En consideración la omisión reclamada y la etapa procedimental en que ésta se ubica en el juicio laboral de origen 8-923/2020, la concesión de amparo se otorga para efectos de que la Junta responsable dicte el acuerdo que provea en relación a las pruebas ofrecidas por las partes. En cumplimiento a lo anterior, la responsable remitió el oficio 413-A al que anexó copia con firmas autógrafas del veintidós de enero del año en curso, en donde proveyó en relación a las pruebas ofrecidas por las partes y ordenó su notificación. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración. Consecuentemente, una vez que trascurra el término de tres años, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, uno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial que refiere la razón de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otra parte, agréguese a los autos para que surta los efectos que legalmente corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto de dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, este Tribunal dictará resolución sobre si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, uno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial que refiere la razón de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otra parte, agréguese a los autos para que surta los efectos que legalmente corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto de dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, este Tribunal dictará resolución sobre si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Audiencia constitucional En Culiacán Rosales, Sinaloa, a las diez horas con nueve minutos del doce de enero de dos mil veintitrés, señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 1364/2022, asistido del Secretario Ramón Gustavo Grajeda Tello y sin presencia de las partes, el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, procede a celebrar la audiencia, para lo cual solicita al secretario dé cuenta y relación de las constancias del expediente. El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto admisorio, informe justificado y notificación a las partes. El Juez acuerda: Ténganse rendido el informe justificado y hecha la anterior relación de constancias; apertúrese la siguiente etapa. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace constar las documentales allegadas por la Junta responsable al rendir informe justificado. El Juez acuerda: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1364/2022. TRÁMITE PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, Carlos Daniel Ayala Medina solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. SEGUNDO. Trámite. En proveído de trece de diciembre siguiente se admitió la demanda, se ordenó solicitar informe justificado a la autoridad responsable, dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó hora y día para la audiencia constitucional la cual inició en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente, virtud que se reclama omisión de autoridad. SEGUNDO. Autoridad responsable y actos reclamados. Antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo y las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejos reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa: Omisión de pronunciarse respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 8-923/2020. TERCERO. Actos ciertos. Es cierto el acto reclamado a la Junta responsable, pues así lo manifestaron sus integrantes al rendir informe justificado, lo que se corrobora con las constancias remitidas, de las que se advierte que no ha realizado manifestación alguna respecto de las pruebas que las partes ofrecieron en el juicio laboral de origen desde el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. CUARTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en torno a la omisión de pronunciarse respecto de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 8-923/2020. En ellos, la parte quejosa aduce que la responsable viola en su perjuicio la garantía establecida en el artículo 17 constitucional, ya que se ha incurrido en dilación en el trámite del juicio laboral que se encuentra radicado ante su potestad, toda vez que no ha emitido el acuerdo que provea en relación a las pruebas. Como se anticipó, son fundados los motivos de disenso esgrimidos porque la Junta responsable está obligada a observar los plazos legales para la substanciación de los juicios de que conoce, contenidos en la Ley Federal del Trabajo, sin que en la especie se hubiese ajustado a ellos. Del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial; este precepto consagra el llamado derecho a la jurisdicción, cuya finalidad es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias que se les presenten. Del artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que en los juicios laborales, una vez ofrecidas las pruebas por las partes, la Junta dictará inmediatamente auto en el que resolverá sobre las que admita o deseche; en caso contrario, el Tribunal Obrero se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. Conforme a lo expuesto, la responsable vulnera en perjuicio de la quejosa, la garantía individual consagrada en el artículo 17 constitucional, en atención a que ha incumplido con su obligación y ha incurrido en una dilación injustificada del proceso. En efecto, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno la autoridad responsable recibió los escritos de pruebas ofrecidos por las partes en el juicio laboral 8-923/2020 y se reservó proveer sobre su admisión o desechamiento. Sin embargo, a pesar de que transcurrió más de un año siete meses desde el acuerdo en que las partes ofrecieron las pruebas hasta la presentación de la demanda de amparo, no ha dictado el auto en el que se pronuncie sobre las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen, con lo que trasgrede los derechos fundamentales de la parte quejosa, toda vez que para el dictado del acuerdo correspondiente no ha observado el término que establece la ley de la materia para emitir el proveído correspondiente. No se desatiende las excesivas cargas de trabajo de los Tribunales Laborales y que, por ello, es difícil el dictado de los acuerdos de manera inmediata; empero, también es excesivo el plazo de más de un año siete meses que ha trascurrido desde que la autoridad responsable estaba en posibilidad de hacerlo; lo cual no tiene razonable explicación, lo que hace evidente que la responsable no ha acatado los términos legales para la prosecución del juicio de origen, lo que implica que no han cumplido con las obligaciones que les impone la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. QUINTO. Efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En consideración la omisión reclamada y la etapa procedimental en que ésta se ubica en el juicio laboral de origen 8-923/2020, la concesión de amparo se otorga para efectos de que la Junta responsable dicte el acuerdo que provea en relación a las pruebas ofrecidas por las partes. Por lo antes expuesto, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Carlos Daniel Ayala Medina, por vicios de fondo. Notifíquese. Así lo resolvió el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario que autoriza y da fe.
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