Carlos Damián Camarillo Juárez

Expediente 586/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
586/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Carlos Damián Camarillo Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.586/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra la determinación de trece de junio del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido proveído. 2. Plazo de diversas autoridades. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento y esperar a que transcurra el plazo respectivo para la autoridad responsable y para la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la determinación emitida se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución respectiva estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Devolución de documento. Por otra parte, como se advierte de la certificación de cuenta, en este expediente obra un documento original exhibido por la parte quejosa, consistente en el acta de audiencia de pruebas y alegatos de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente laboral J.32/0337/2020 de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. Por tanto, se deja a disposición de la parte quejosa dicho documento, para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger la documental de referencia; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, será destruida en su momento junto con el expediente. Por ello, a efecto de que pueda presentarse a las oficinas de este Juzgado a recibir dicha documental, se le hace del conocimiento que de conformidad a lo establecido por el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micro-sitio de "Servicios jurisdiccionales", podrá generar cita a través del sistema "Agenda OJ". 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, toda vez que se dictó sentencia de sobreseimiento, sin que exista auto alguno por el que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.586/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese el oficio firmado por el presidente de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, por el que rinde informe justificado. 1.1. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la citada autoridad responsable ofreciendo como prueba documental, la copia certificada de: a) Resolución del incidente de incompetencia de trece de mayo de dos mil veintidós dictado en expediente laboral J.32/0337/2020. b) Constancia de notificación realizada el veintitrés de mayo de este año a la parte quejosa. c) Constancia de notificación realizada el veinte de mayo de este año a la parte quejosa. Mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. 1.2. Informa respecto a medios electrónicos. Por otro lado, la autoridad oficiante precisa la imposibilidad para proporcionar un correo electrónico para que se le envíen las comunicaciones respectivas, por las razones que refiere, por lo cual los oficios que se dirijan a dicha autoridad seguirán entregándose de manera física en su domicilio oficial. 2. Actualización de una causa de improcedencia. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: De la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca: La omisión de calificar las pruebas y resolver el incidente de incompetencia en el expediente laboral J.32/0337/2020. Por otro lado, la autoridad responsable, presidente de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir el informe justificado remitió copia certificada de la resolución de trece de mayo de dos mil veintidós, dictada en expediente laboral J.32/0337/2020, de la que se advierte que calificó las pruebas ofrecidas por las partes y resolvió el incidente de incompetencia promovido por la parte demandada en el referido expediente; circunstancia de la cual quedó notificada la parte quejosa el veintitrés de mayo de este año. Documentales a la que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documento público de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado; calidad que se demuestra por contener los sellos y firmas de los funcionarios que las expiden; de la cual se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; precepto que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, presidente de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, se advierte que: Mediante resolución de trece de mayo de dos mil veintidós se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes y se resolvió el incidente de incompetencia promovido por la parte demandada en el expediente J.32/0337/2020; determinación que se le notificó el veintitrés de mayo de este año. Actuaciones que patentizan la cesación de los actos reclamados, pues Carlos Damián Camarillo Juárez se quejaba de la omisión a) de dictar el auto en el que se calificaran las pruebas ofrecidas por las partes y b) de resolver el incidente de incompetencia promovido por la demandada en el juicio laboral J.32/0337/2020, de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; sin embargo, el mismo ya aconteció; circunstancia que le fue notificada el veintitrés de mayo de este año; lo que demuestra la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesados los efectos de los actos reclamados, en la medida de que desapareció la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos. En consecuencia, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a este órgano de control constitucional, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, a sobreseer, fuera de audiencia, en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con registro 197367, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Y la jurisprudencia número 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". 3. Se deja sin efecto fecha y hora de la audiencia. En virtud de lo anterior, al haberse actualizado, de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia invocada en párrafos anteriores, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas en proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, a saber, nueve horas con cuarenta y seis minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós, pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en este asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, ya que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.592/2021.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. Juzgado acepta competencia. Glósese el oficio firmado electrónicamente por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se remitió, por incompetencia, la demanda de amparo promovida por José Luis Bourget Pietra Santa, por propio derecho, e informa que, en cumplimiento al Acuerdo General 19/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto, radicándolo con el número de expediente 2618/2022. Archivo del cuaderno de antecedentes. Con motivo de lo anterior, y toda vez que en la caja de valores, en la secretaría y en este expediente no existen documentos originales relacionados con este asunto, como tampoco asunto pendiente por diligenciar, se provee: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, este expediente es destruible, por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase en su momento el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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