Carlos Cuitlahuac Salinas Reyes

Expediente 488/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
488/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
28/06/2018

Partes del expediente

  • Carlos Cuitlahuac Salinas Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase recibido el oficio y anexo signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite copia autorizada de la ejecutoria emitida dentro de los autos del recurso de queja 60/2018. En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y estese a lo resuelto por el superior, que a través de la ejecutoria de que se trata, declara infundado el recurso interpuesto, al tenor del siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ********, contra el auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictado por la Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en los autos del juicio de amparo indirecto 488/2018-III, de su índice." Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula....III

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta Ciudad; en relación a su contenido, téngase acusando recibo del oficio mediante el cual le fueron remitidos el escrito de agravios y las copias certificadas deducidas del juicio de amparo en que se actúa, para la substanciación de la queja interpuesta contra el auto que desechó la demanda. Asimismo, del oficio en mención se advierte que el superior admitió a trámite el citado recurso, el cual quedó registrado como Queja Civil 60/2018, del índice del citado Tribunal....III

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa; en atención al contenido del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 y relativos de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que este juzgado efectivamente emitió la resolución impugnada, en los términos que en el informe justificado se precisan, y con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de lo actuado en el presente expediente para apoyar el contenido de dicho informe, en términos del referido artículo. Dentro del término legal remítase testimonio certificado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del mencionado recurso, en la inteligencia de que la entrega recepción de los autos al Tribunal de Alzada, podrá realizarse incluso en horas inhábiles, dado de que sólo se trata de una cuestión administrativa con el objeto de observar la oportunidad en la remisión del recurso que nos ocupa...III

  4. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 488/2018-III, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional, comprendida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad; para ello conviene traer a la vista el contenido de dicho dispositivo legal: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". De la interpretación de la porción normativa del precepto legal transcrito, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y establece como excepciones a dicha regla, las que se enuncian: a) Tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado pueda afectar la libertad personal del quejoso; c) En caso de que quien acude al amparo sea una persona extraña al procedimiento; d) Además, prevé que es optativo para la parte quejosa interponer el medio ordinario de defensa, cuando su procedencia se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados esencialmente en: Los acuerdos de veintisiete de marzo y doce de abril de dos mil dieciocho, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 41/2016 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, por los cuales se niega acordar de conformidad lo que solicitó mediante escritos de dieciséis de marzo y cuatro de abril de dos mil dieciocho, relativo a tener por pagadas las cantidades líquidas a las que fue condenado en el resolutivo quinto de la sentencia dictada en dicho juicio. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión de asunto, conviene precisar los principales antecedentes del acto reclamado: 1. En el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, se encuentra radicado el juicio ejecutivo mercantil 41/2016, promovido por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, por conducto de su apoderado legal, en contra del aquí quejoso. 2. Una vez emplazado el demandado, aquí quejoso, y seguidos sus cauces legales el referido juicio, el ocho de mayo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia, en la cual se condenó al demandado al pago de: ********** -suerte principal-; ************-intereses ordinarios-; y,*************- intereses moratorios-; así como al pago de gastos y costas. 3. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso demanda de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al entonces Segundo Tribunal Colegiado de Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, bajo el número 554/2017, y mediante resolución de quince de noviembre de dos mil diecisiete, se negó el amparo solicitado. 4. Iniciada la etapa de ejecución de sentencia, el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la parte actora nombró perito valuador de su parte para iniciar el procedimiento de remate del bien embargado en autos. 5. Por escrito de siete de febrero de dos mil dieciocho, el quejoso a fin de dar cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia dictada en el juicio de origen, exhibió billete de depósito por las cantidades, de suerte principal, intereses ordinarios, e intereses moratorios a las que fue condenado. 6. En virtud de lo anterior, el quejoso solicitó al A quo por escrito de quince de marzo de dos mil dieciocho, tuviera por cumplido el resolutivo quinto de la sentencia definitiva; a lo cual, recayó el proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete -acto reclamado-, en el sentido de no acordar de conformidad lo solicitado por el ahora quejoso. 7. Disconforme con lo anterior, el quejoso nuevamente por escrito de cuatro de abril del presente año, solicitó al Juez de la causa acordara de conformidad tener por cumplido el resolutivo quinto de la sentencia a la que fue condenado; y por auto de doce de abril de dos mil dieciocho -acto reclamado-, le fue acordado dicho ocurso en el sentido de remitirlo a lo acordado en auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Expuesto lo anterior, la parte quejosa pudo interponer en contra de los autos reclamados, recurso de revocación, a través del cual pueden ser revocados, modificados, o nulificados, que se haga valer en términos del artículo 1334 del Código de Comercio (vigente en la época en que dio inicio el juicio), el cual dispone: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." De ahí que sea inconcuso que el impetrante del amparo, previo a acudir a esta vía extraordinaria, se encontraba obligado a agotar el referido medio ordinario de defensa que la legislación en consulta contempla y con el cual es dable lograr la modificación, revocación o anulación del acto reclamado, máxime que al ser parte formal en el procedimiento de donde deriva la materia de reclamo, estaba en la aptitud legal de hacerlo. Es así, porque del precepto legal transcrito se advierte que procede el recurso de revocación contra autos emitidos en procedimientos mercantiles que no sean apelables y contra los decretos. Luego, si del diverso artículo 1339 del mismo Código, se dispone que: CAPÍTULO XXV. De la apelación. "Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a *********** por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. [.]". Lo anterior es así, toda vez que la suerte principal de lo demandado en el juicio de origen se erige en cantidad de ********* monto que no rebasa el establecido en el citado artículo 1339 del Código de Comercio, para la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones o la sentencia dictadas en juicios cuya cuantía es superior a la ahí prevista, y por ende hace procedente por exclusión el de revocación. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), publicada en la página 401, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005047, de rubro y texto siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". Asimismo, es aplicable la diversa jurisprudencia del mismo órgano de justicia federal, identificada con el número 1a./J. 59/2010, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163734, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". Es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Asimismo, precisa destacar que si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante el recurso de revocación de que se ha hablado, no pueden ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. De esta suerte, si la parte promovente del amparo, según se revela de las constancias que anexó la parte quejosa a su demanda de amparo, instó el presente juicio constitucional no obstante encontrarse obligada a agotar el medio de defensa ordinario que la legislación mercantil le concede (recurso de revocación), es decir, le asistía la carga procesal de observar el principio de definitividad previamente al ejercicio de su acción constitucional, es inconcuso que al no haberlo hecho, deviene improcedente el presente juicio de derechos humanos. Corolario de lo anterior, es evidente que en el caso se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113. Ilustra lo anterior, la tesis número XXI.1o.45 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en página 307, tomo XIII, febrero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo." Así como la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página setecientos cincuenta y dos, tomo LXXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. Si contra la resolución reclamada en amparo procedía un recurso ordinario, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, conforme a lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la ley orgánica respectiva, sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el quejoso haya hecho valer ese recurso y el mismo le haya sido desechado, porque el consentimiento tácito de esta repulsa, no puede revestirla de legalidad". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de acuerdos de que publican en los estrados de este juzgado, y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a *********, y con fundamento en el citado artículo, en relación con el 24 de la misma ley, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a las diversas personas que se refieren. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Asimismo, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. CAPTURA DE PROVEÍDO Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro...III NP

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