Carlos Cuitlahuac Gutiérrez Sánchez
Expediente 348/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 10/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Cuitlahuac Gutiérrez Sánchez
- Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Agréguese el escrito del tercero interesado; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada por duplicado de las constancias que refiere, y entréguense previa comparecencia, identificación y razón que de su recibo se deje en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que por un lado se sobreseyó en el juicio y por otro se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, ..., el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que por un lado se sobreseyó en el juicio y por otra se negó la protección constitucional. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Por último, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/-BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese sin mayor pronunciamiento el escrito de los terceros interesados ..., ambos de apellidos ..., en razón de que el dieciocho de julio pasado, tuvo lugar la audiencia constitucional y el veinte del mes y año en curso se dictó sentencia en la que se determinó sobreseer y negar el amparo solicitado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguense las razones que anteceden de la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a los terceros interesados la sentencia engrosada el veinte de julio de este año. Ahora bien, respecto a ..., se ordena NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA la resolución aludida. Finalmente, en relación a ..., de la diligencia referida, se advierte que el número del domicilio asentado no corresponde al que proporcionó, en consecuencia, túrnense nuevamente los autos al Actuario del juzgado para que se constituya en Calle ... en la Ciudad de México, a fin de notificarle la sentencia definitiva y el presente proveído. NOTIFÍQUESE. LA SENTNCIA DEFINITIVA SEÑALA: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 348/2022, promovido por ., contra actos de la Cuarta Sala y Juez, Actuario y Conciliador adscritos al Juzgado Octavo, todos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades responsables mencionadas, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Este juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, señaló parte tercera interesada, así como hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra un acto derivado de un juicio de naturaleza familiar, radicado en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Además, siendo una sentencia cuya audiencia celebró el Secretario Encargado del Despacho, es posible que se resuelva para mantener la actividad ordinaria del órgano jurisdiccional. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 26/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 183700, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, página 25, que señala: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DEL JUEZ DE DISTRITO. NO REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS CASOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUES LA PROPIA LEY LO FACULTA EXPRESAMENTE PARA HACERLO. ..." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado es la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, emitida por la Cuarta Sala Familiar de esta ciudad, en el toca 40/2022, donde revocó el proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, emitido en la controversia del orden familiar 46/2021 del índice del Juzgado Octavo Familiar de la Ciudad de México, para en su lugar, ordenar la entrega de las pertenencias listadas por los actores y la mascota canina el día y hora que agende el Actuario de la adscripción, quien verificará tal actuación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así impondrá una multa de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) a quien incumpla con lo anterior. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables lo aceptaron, lo que se corrobora con las copias certificadas del toca de apelación que remitió en su apoyo; las cuales por tener el carácter de actuaciones judiciales, gozan de valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De tales constancias, se advierte que el acto reclamado fue emitido por la Cuarta Sala Familiar de esta ciudad, sin que se advierta participación alguna de la Conciliadora adscrita al Juzgado Octavo Familiar de la Ciudad de México. Por su parte la Conciliadora responsable aceptó la existencia del acto, pero indicó que es propio de la autoridad superior; de modo que se tiene por inexistente. Ello es así, porque uno de los presupuestos de la acción de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del reclamo, habida cuenta que no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y en su caso la constitucionalidad de la conducta u omisión autoritaria, si no existe tal proceder que de la responsable se acusa. Así, siguiendo el principio general del proceso de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existe. La Ley de la Materia, según indica una interpretación sistemática de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para determinar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y la última, aunque más usual es mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. Al respecto, es de citarse la tesis jurisprudencial J/308, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 80 agosto de 1994, página 77, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL CORRESPONDE AL QUEJOSO. ..." En el particular, no es dable tener por cierto el acto reclamado a la Conciliadora adscrita al Juzgado Octavo Familiar de la Ciudad de México, en razón de que consta en las copias certificadas remitidas que el acto reclamado fue emitido por la Cuarta Sala Familiar de esta ciudad, sin su intervención y sin que el quejoso probara lo contrario. Por tanto, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías promovido por ., dada la inexistencia de los actos reclamados a la Conciliadora adscrita al Juzgado Octavo Familiar de la Ciudad de México. CUARTO. Causal de improcedencia. Antes del estudio del fondo de la litis, se analiza la procedencia del asunto, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, la Juez responsable señaló que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley citada1, debido a que el auto de siete de octubre de dos mil veintiuno que emitió en el juicio de origen fue revocado por la Sala responsable, por lo que dicho acto es propio de ésta, dado lugar a la cesación de efectos por sustitución procesal. Sin embargo, el proveído aludido dictado por la Juez Octavo Familiar de la Ciudad de México, no fue señalado como acto reclamado, pues el quejoso en su demanda únicamente señaló como al emitido en la resolución del toca 40/2022, de la Cuarta Sala Familiar de esta ciudad con motivo de la revocación decretada; por lo que, contrario a lo invocado no se actualiza dicha causal de improcedencia. En ese tenor, toda vez que la causa de improcedencia resultó infundada y este Juzgador no advierte de oficio la actualización de una diversa, procede entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. QUINTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer las siguientes precisiones que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable como sustento de su informe justificado: 1. El diecinueve de febrero de dos mil veintiuno se tuvo a ., ambos de apellidos .., demandado alimentos por comparecencia de ., por lo que se decretó como pensión provisional mensual el 40% (cuarenta por ciento) del total de las percepciones del incoado, reservando proveer sobre la admisión de la demanda. 2. El cinco de marzo de marzo siguiente, el Juez Octavo Familiar de la Ciudad de México, admitió la demanda y ordenó el emplazamiento del demandado, bajo el expediente 46/2021. 3. El veintiocho de abril de ese año, . dio contestación a la demanda en su contra, oponiendo las excepciones y defensas que consideró pertinentes. 4. ., ambos de apellidos .solicitaron se requiriera a . la entrega de diversas pertenecías muebles, así como una mascota canina de nombre "max"; con lo que se dio vista al demandado para que se manifestara al respecto en auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno. 5. Desahogada que fue la vista, el siete de octubre de dos mil veintiuno, la juez natural dejó a salvo los derechos de los promoventes para que los hicieran valer en la vía y forma correspondiente. 6. Inconformes los accionantes, interpusieron recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Cuarta Sala Familiar de esta ciudad, en el en el toca 40/2022, quien el veintiuno de febrero posterior, revocó el proveído impugnado, para quedar en los siguientes términos: "Agréguese a sus autos el escrito de cuenta y anexos que al mismo se acompañan que suscribe . a quien se le tiene por presentado haciendo las manifestaciones de referencia. Se tiene al mismo desahogando la vista que se le mandó dar por auto de fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno en los siguientes términos: Atento a las constancias de autos, se ordena la entrega de las pertenencias relativas al listado que presentaron los actores en su escrito recibido el diecinueve de septiembre de dos mil veintiuno y mascota consistente en un perro que obedece al nombre de "Max" de . y .ambos de apellidos ..., que se encuentran en posesión de ., entrega que deberá verificar el C. Actuario de la adscripción, debiéndose fijar fecha y hora para la citada diligencia de acuerdo a la agenda del Actuario, bajo el apercibimiento que de no realizarlo, se impondrá a quien incumpla una multa de CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. por desacato a una orden judicial en términos de lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el 73 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, lo anterior con el objeto de vencer la conducta que ha mostrado el demandado en oponerse a entregar los bienes y mascota de sus vástagos, así como atendiendo a la protección emocional de los mismos." Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. Conceptos de violación. El quejoso expone diversos conceptos de violación en los que esencialmente aduce lo siguiente. 1) Sostiene que el acto reclamado contraviene los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues dejó de considerar que tiene la posesión de los bienes que reclaman los terceros interesados, ordenando la entrega de los bienes sin mediar prueba que justifique dicho requerimiento, considerando únicamente las manifestaciones de sus hijos, obviando los conceptos de propiedad y posesión, al tratarse de derechos reales. Respecto del perro señala que se ha hecho cargo desde aproximadamente seis años, de su manutención y cuidados, por lo que goza de la presunción de ser propietario y la única forma de acreditar ello es con su "pedigree" y su factura de compra, sin que sus hijos lo hayan demostrado. De ahí que la autoridad responsable se excede en sus facultades, pues sus hijos no acreditaron haber adquirido a su mascota y él si justificó tener su posesión, y la de los demás bienes. Con relación a los objetos solicitados, señala que éstos se encuentran en el domicilio que abandonaron sus hijos, sin que sean de su propiedad, pues él los adquirió cuando sus descendientes tenían aproximadamente nueve y diez años, por lo que no es dable considerar que fueron comprados con recursos propios de éstos. 2) Se pide dicha entrega sin fundar ni motivar su actuación, ya que no se tiene un justo título de lo requerido, soslayando la presunción legal que tiene a su favor de que al tener la posesión de un inmueble, presume la de los bienes que se hallen en él, conforme al artículo, pues al tener la posesión también se presume su propiedad, conforme a los artículos 798 y 802 Código Civil para la ahora Ciudad de México. 3) Incorrectamente se valoró el "Registro Único de Animales de Compañía", pues no constituye un título de propiedad, sino que solo es un registro que parte de la simple afirmación de su contrario; aunado a que, no se debió desestimar sus comprobantes de gastos veterinarios, porque si bien son posteriores, es porque su mascota enfermó después. Se omitió considerar que la Ley para la Protección de los Animales de la Ciudad de México si establece el concepto de posesión, lo que tiene a su favor al tener a la mascota en su domicilio, por lo que se presume su propiedad; máxime que en ningún apartado de dicha legislación se señala que con el simple registro se otorga la calidad de propietario. No es acertado considerar que el perro estaría mejor con ellos, al ser una afirmación de la responsable meramente subjetiva, resultando ilógico su conclusión en el sentido de que los padres adquieren las mascotas para sus hijos, excluyendo de esa posibilidad a un adulto. 4) El acto reclamado no se encuentra fundado ni motivado porque no se establecieron los motivos por los cuales se consideró que las pertenencias eran de sus hijos, además de que es incongruente porque los razonamientos vertidos por la Sala responsable únicamente atendieron a la mascota pero no al resto de los bienes, de los que no se justificó que sus descendientes tuvieran la propiedad. 5) El artículo 308 del Código Civil para hoy Ciudad de México, se refiere a la guarda y custodia, por lo que no guarda relación con el asunto sin que sea dable que se justifique con el sano esparcimiento de los niños y niñas, cuando sus hijos tienen veinte y veintiún años y él provee los alimentos mediante el descuento que se realiza a sus percepciones, por lo que tampoco es correcto invocar el interés superior del menor. Así, el citado precepto no regula el sano esparcimiento, sino conceptos inaplicables al caso, determinando la entrega de la mascota y bienes, por lo que el acto reclamado se encuentra indebidamente fundado y motivado. 6) El requerimiento implica la desposesión de sus bienes, sin haber sido oído y vencido en juicio en el que se respeten las formalidades de ley. Ahora, en el acto reclamado se estableció esencialmente lo siguiente. - Son fundados los agravios de los recurrentes, porque tienen el derecho de obtener sus pertenencias que se encuentran en el domicilio de su progenitor al serles útiles para satisfacer sus necesidades alimentarias, además de que aún y cuando el artículo 308 del Código Civil para la ahora Ciudad de México no establece el rubro de diversión o esparcimiento, lo cierto es que esto es indispensable para el sano desarrollo físico y mental de todas las personas, entrando en ello la tenencia de una mascota, conforme al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - De las constancias se advierte el comprobante de Registro Único de Animales de Compañía del que se observa que el tutor responsable del perro raza maltés, macho, de nombre "Max" es ., que conforme al artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad tiene valor probatorio pleno y si bien su elaboración fue el nueve de octubre de dos mil veintiuno (posterior al inicio de la controversia). No menos cierto es que las documentales exhibidas por . son insuficientes para demostrar la propiedad de la mascota, pues igualmente fueron expedidas con posterioridad. Por tanto, se estima que la mascota pertenece a ., debiendo serle devuelta por ser su propietario y en aras del esparcimiento que representa una mascota, máxime que fue registrada como de compañía, constituyendo una necesidad imperante de tenerlo a su lado, para gozar de una estabilidad emocional. - Sin que sea desapercibida la tendencia del derecho de proteger no solo a las personas sino velar por el derecho de los animales, como se observa de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en su artículo 1 relacionado con los 2, 4, 5 y 20, que aluden a las características de la mascota como un perro doméstico, siendo aplicable dicha legislación. - Se colige que el citado can se encontraría mejor en compañía de ., ambos de apellidos ., por ser un hecho notorio que los padres adquieren mascotas con el objeto de servirles de compañía a sus hijos, como se advierte de la relación de los promoventes y dicha mascota, según las fotografías exhibidas, donde se observa una buena relación emocional entre ellos, además del interés que mostraron para recuperar a su mascota, con lo que se desprende el cariño y apego emocional del perro; por lo que su alejamiento implica sufrimiento, miedo, angustia para el animal, debiendo permanecer al cuidado de los recurrentes en aras del bienestar del can. Los conceptos de violación son infundados e inoperantes como se verá enseguida. Aquellos conceptos de violación marcados con el número 1, en los que esencialmente se invoca la justificación de la propiedad de la mascota y bienes requeridos, resultan inoperantes e infundados porque con independencia de lo señalado por la autoridad responsable, lo cierto es que el impetrante prescindió de demostrar la propiedad de lo aludido. Por lo que, ante la inexistencia de medios de convicción que acrediten la propiedad de lo requerido, es que tales argumentos se tornan inoperantes. Es aplicable la Tesis: XXI.2o.15 K del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Registro digital: 190776, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 1419, que señala: "RECLAMACIÓN, RECURSO DE. AGRAVIO INOPERANTE ANTE LA INEXISTENCIA DE PRUEBAS QUE ACREDITEN LO AFIRMADO POR EL RECURRENTE. ..." Lo anterior obedece a que para acoger los señalamientos que descansan en la afirmación de que el quejoso es el dueño del perro, es indispensable que esto se hubiere acreditado plenamente y al no haberse hecho así, ni indicarse qué prueba del proceso le da a él esa calidad (factura o pedigree que él mismo impetrante menciona), entonces los conceptos de violación se hacen inoperantes. Además no asiste razón al quejoso en torno a que la decisión de la Sala no goza de un soporte probatorio en su determinación, pues valoró con alcance pleno en términos del artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles para la hoy Ciudad de México, el Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México. Lo anterior, es útil para desvirtuar sus asertos, ya que en el Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México constan los datos de identificación las personas físicas o morales que posean un animal de compañía, el que se apoyará de todas las instancias de Gobierno que manejen datos de animales de compañía, aplicándose la legislación en materia de protección de datos personales. De ahí que el registro del animal de compañía a nombre de su hijo, sirva como elemento en lo tocante a la prerrogativa a disfrutar de su acompañamiento, y tenerlo bajo sus cuidados. Igualmente, aquellos argumentos identificados en el numeral 3, en los que el impetrante señala la valoración de diversos medios de convicción para justificar que los terceros interesados carecen de la propiedad de la mascota, devienen inoperantes al depender de otros argumentos que fueron desestimados, como que el impetrante justificara tal propiedad y que los contrarios no lo demostraran. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, visible en la página 1154, del Tomo XIX, Abril de 2005, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON NOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. ..." Por otro lado, son infundados los conceptos de violación señalados en el punto 4, en los que señala la falta de congruencia e indebida fundamentación y motivación en el acto reclamado, en razón de que sí se cumple con la fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es así, pues la Sala responsable fundó su determinación en los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2, 327 del Código de Procedimientos Civiles3 para la hoy Ciudad de México, 1, 2, 4, 5 y 20 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México4, así como en diverso criterio5 aplicable al problema jurídico a resolver. En el caso, la autoridad responsable tomó como base para revocar el auto impugnado que los hijos del impetrante tienen el derecho de obtener sus pertenencias que se encuentran en el domicilio de su progenitor al serles útiles para satisfacer sus necesidades alimentarias, mismas que provisionalmente se han decretado, por lo que hay una norma jurídica individualizada en la que se impone aun transitoriamente, el deber de ser satisfechos los alimentos; además de que la responsable lo adminiculó con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que, no asiste la razón al quejoso, en virtud de que sí hay fundamentos al caso y razones para sostener el sentido de la decisión. De igual modo, debe decirse que son infundados los demás argumentos identificados en el número 4 en torno a la violación al principio de congruencia, al citar que la autoridad responsable únicamente vertió señalamientos para la mascota, pero no para el resto de los bienes solicitados. Al respecto, debe decirse que todas las sentencias, además de ser congruentes en sí mismas, en el sentido de no contener resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí, a lo que se le denomina congruencia interna, también deben de ser congruentes en el sentido de resolver la litis tal y como quedó formulada, a lo que se le denomina congruencia externa; lo anterior, refleja en el compromiso de atender de manera congruente e integral lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué les asiste la razón o no, estableciendo los motivos lógico-jurídicos de su decisión, siendo acorde y constante con el curso legal que va adoptando el proceso durante su tramitación. Este deber se contempla en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la hoy Ciudad de México6; lo anterior busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. Así se ha expresado en la jurisprudencia7 de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. .". En el particular, de la resolución impugnada se advierte que la Sala responsable se pronunció de manera clara, precisa y puntual, respecto de la mascota y otros bienes que se solicitaron, pues si bien es cierto enfatizó en cuanto a la mascota, no menos cierto es, que sí señaló que las pertenencias de los terceros interesados les eran útiles para atender una necesidad alimentaria, resaltando su derecho a obtenerlas del domicilio de su progenitor. En ese contexto, se evidencia que la Sala responsable analizó y resolvió la totalidad de la litis expuesta a su jurisdicción, emitiendo los argumentos necesarios para motivar su decisión, por lo que no se vulneraron los principios de congruencia y exhaustividad que alega el quejoso. Así, el concepto de violación marcado con el número 5 relativo a la indebida aplicación del ordinal 308 del Código Civil para la ahora Ciudad de México8, así como del interés superior del menor, es fundado pero inoperante, pues aun prescindiendo de ese numeral y pronunciamiento, prevalecen las razones de derecho para sustentar el fallo, como son los examinados con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 108, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 85 y 86, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.- ..." Tampoco asiste razón al quejoso al señalar en los conceptos de violación marcados con el número 2, que se obvió la presunción legal que tiene con relación a lo que se le ordenó entregar, pues manifiesta que conforme al artículo 798 del Código Civil del entonces Distrito Federal, se presume que al tener su posesión, también tiene la propiedad. Se afirma lo anterior, pues esa es una presunción iuris tantum por lo que es susceptible de desvirtuarse a través de los medios de prueba que obren en autos; lo que en el caso ocurre con sus propias manifestaciones en torno a la edad de sus hijos y la época en la que compró los bienes y al perro, pues revelan que la adquisición fue durante la niñez de éstos. En el caso, el quejoso parte de la premisa de que tiene en su domicilio a la mascota y bienes requeridos y por ello él tiene la presunta propiedad; sin embargo, tal cuestión deviene de la dinámica familiar sostenida previo a la desincorporación de sus hijos; esto es, la posesión no es una circunstancia que se actualizara de manera unilateral e unívoca para detentar la tenencia material y ejercer sobre las cosas el poder de facto que ésta implica, sino más bien para cubrir deberes frente a sus hijos cuando eran menores, lo que puede sostenerse a la luz de una sana crítica y máximas de la experiencia. Se cita la tesis de jurisprudencia I.4o.C. J/22, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, en Materia(s): Común, Página: 2095, que dispone: "SANA CRÍTICA. SU CONCEPTO. ..." Así, de las constancias de autos este órgano jurisdiccional considera que tanto el can como los bienes y objetos respecto de los que se pidió su entrega serían parte del acervo integrado por la situación familiar que tenía, misma que posteriormente, se vio modificada y que dio lugar a la controversia de origen. De ahí que, acoger el planteamiento del impetrante implicaría aceptar que sólo por el hecho de poseer los bienes y tener a la mascota canina, es inviable solicitar su devolución (por la presunta posesión), limitando toda posibilidad de que las personas con interés en lo mismo pudieran acceder a una solución judicial por una disputa sobre dichos bienes, o bien, a un resultado favorable. En efecto, partir de tal premisa conllevaría al absurdo de señalar que los hijos de las partes carecen de los derechos generados con motivo de lo cubierto por sus padres respecto a sus alimentos, pues ello iría en desconocimiento de las prácticas ordinarias que se tienen en las familias, como es la adquisición de bienes para los hijos; máxime que el perro, verbigracia, fue adquirido (según la confesión del propio quejoso) hace seis años, esto es, cuando los aquí terceros interesados eran menores de edad. A lo que se suma que la indisposición de bienes y del animal, obedece a los conflictos que orillaron a la salida de sus hijos del domicilio; de ahí que hay elementos para no hacer presumible la presunción que invoca el quejoso; máxime que el acto reclamado sí se apoyó en una pieza documental que se valoró plenamente, lo cual también merma el efecto de su presunción. Es aplicable a contrario sensu la Tesis: I.3o.C.456 C (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Registro digital: 2024089, Undécima Época, Materias(s): Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 3040, que señala: "PRESUNCIÓN LEGAL. NO PUEDE DESVIRTUARSE CON UNA PRESUNCIÓN HUMANA, A MENOS QUE ÉSTA SEA ROBUSTECIDA CON OTRO MEDIO DE PRUEBA CUYA SOLIDEZ SEA IGUAL A AQUÉLLA. ..." Finalmente, resulta infundado lo expresado en el concepto de violación identificado con el número 6, pues refiere que dicho requerimiento implica la desposesión de sus bienes sin haber sido oído y vencido en juicio. Es así, pues de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable se advierte que su garantía de audiencia fue respetada en el juicio de origen, toda vez que con la solicitud planteada por ., ambos de apellidos . en cuanto a la entrega de su mascota y diversos bienes muebles y objetos, se otorgó al impetrante vista para que manifestara lo que a su derecho conviniere. Situación que así realizó, pues desahogó la vista otorgada señalando su oposición a dicha entrega en el que incluso ofreció pruebas de su parte, lo que se acordó el siete de octubre de dos mil veintiuno. De ahí que, contrario a lo señalado por el impetrante en el procedimiento natural se siguieron las formalidades esenciales del mismo. Es ilustrativa la Tesis: 1a. CXII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2017887, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 839, que señala: "DERECHO A PROBAR. CONSTITUYE UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO INTEGRANTE DEL DERECHO DE AUDIENCIA. ..." Además, siendo un asunto familiar se considera como de orden público e interés social; y opera el principio de litis abierta para flexibilizar los procesos10, con miras a impartir justicia completa dando oportunidad a que se amplíen tanto las defensas como las oposiciones de los contendientes, para la protección de las personas y las relaciones sociales desde su núcleo básico. Desde la Ley Suprema, esto es un reflejo del contenido de los artículos 4 y 17 de la Constitución Federal; y tiene asidero legal en la ley procesal aplicable en esta ciudad, por lo que es una función judicial revestida de las facultades de su diverso numeral 16. Así, el proceso familiar cataloga procesalmente como uno de tipo inquisitorio, donde el órgano judicial está facultado para en ciertos casos proceder de oficio, aun sin ser requerido por los justiciables, con la finalidad de esclarecer la verdad; y en los mismos términos recabar pruebas y suplir la deficiencia de la queja de la parte desprotegida, o de aquella cuya situación esté más vulnerable. Orienta lo anterior, la jurisprudencia I.5o.C. J/11 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, en Materias(s): Civil. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2133, que establece: "DERECHO DE FAMILIA. SU CONCEPTO. ..." De ahí que si el quejoso es parte, conoce del proceso, tuvo conocimiento de la intención de sus hijos, se le dio vista, se manifestó al respecto y tuvo acceso a un recurso, no existe una violación a su derecho de seguridad jurídica o audiencia. En las relatadas condiciones, al ser infundados e inoperantes los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR el amparo solicitado por ... Negativa que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras, por no impugnarse por vicios propios el acto que se le reclama. Es aplicable, la jurisprudencia12 que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. ..." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 348/2022, promovido por ., contra actos de la Conciliadora adscrita al Juzgado Octavo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el considerando tercero. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ., contra actos de la Cuarta Sala y Juez y Actuario adscritos al Juzgado Octavo, todos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el considerando último.".
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