Carlos Cruz Vega
Expediente 1604/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1604/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/09/2018
Partes del expediente
- Carlos Cruz Vega
- Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla
Actuaciones
- Principal
... Vista la razón secretarial, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas 20 a 22), dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...
- Principal
... téngase por recibido el oficio y anexo suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el cual en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de las actas de quince y veinte de agosto de dos mil dieciocho, así como del acuerdo de veinte de agosto del presente año, en el que: Señaló las CATORCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la emisión del dictamen pericial en caligrafía por el perito *****, de lo que este Juzgado Federal toma conocimiento. Informó que la parte actora de desistió de la prueba testimonial ofrecida. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que una vez llegada la fecha para que tenga verificativo la emisión del dictamen pericial en caligrafía -veintisiete de agosto de dos mil dieciocho- remita a este juzgado inmediatamente copia certificada del desahogo de la misma y del desahogo de las pruebas testimoniales ofrecidas por la parte demandada, mismas que señaló para su desahogo el veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que informa la jurisprudencia número VI.2o.T. J/2 (10a.), visible en la página 2579 del Tomo IV, Noviembre de 2014 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto, siguientes: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO. El artículo 192 de la Ley de Amparo prevé el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria en la que se otorga la protección de la Justicia Federal. Inicialmente, establece que una vez que la sentencia protectora haya adquirido firmeza, la autoridad federal la notificará a la autoridad responsable y le requerirá que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibiéndola que, de no hacerlo sin causa justificada, le impondrá a su titular una multa de cien a mil días de salario, de acuerdo con el artículo 258 de la ley de la materia, y remitirá el expediente a la superioridad (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación) para seguir el trámite de inejecución. Conforme a esta disposición, cuando la autoridad responsable es un órgano integrado por más de un titular, el apercibimiento de multa no debe hacerse a dicho órgano en abstracto, sino a cada una de las personas físicas que lo integran, especificando el nombre y apellidos de cada una de ellas, en el entendido de que, en términos de la última parte del primer párrafo del artículo 193 de la citada ley, los titulares a quienes se les imponga la multa seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo y las personas físicas que los sustituyan tendrán responsabilidad, si durante el ejercicio de sus funciones debe darse cumplimiento a la ejecutoria.". Igualmente, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable, por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que la Junta responsable es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.36/2011(10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil once, publicada en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.". ...
- Principal
téngase por recibido el oficio con anexo de cuenta del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegados a las personas que menciona en el oficio de cuenta. De igual manera, se tiene por recibida la copia certificada que acompaña a su oficio de mérito. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho dictó el acuerdo correspondiente a las copias certificadas que solicitó **********, el trece de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral ******************; lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, documentales que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso Carlos Cruz Vega hizo consistir el acto reclamado en la omisión de dictar el acuerdo correspondiente, respecto a la expedición de copias certificadas, solicitadas dentro del expediente laboral ***************** del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; y, la autoridad responsable el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho dictó el acuerdo relativo a las copias solicitadas por el referido quejoso. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse dictado el referido acuerdo, relativo a las copias certificadas, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto a los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la ampliación de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de agosto de dos mil dieiocho. Háganse las anotaciones correspondientes ...
- Principal
... téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, al tenor de las constancias que adjunta a su comunicación oficial. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se imponga de su contenido y, en su caso, manifieste lo que a su interés convenga respecto del aludido cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. ..
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