Carlos Cruz Portugal
Expediente 746/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Cruz Portugal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA VI.- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de siete de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Cruz Portugal, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace del conocimiento que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para ser considerado de relevancia documental. En ese sentido, de conformidad a lo señalado en los artículos 21 y 35 del referido Acuerdo, hechas las anotaciones relativas en la carátula del expediente, el mismo permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el término de tres años y una vez transcurrido ese lapso se procederá a su destrucción, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, dado que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo antes referido, requiérase a la citada parte, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger las constancias en mención, previa copia certificada de los mismos, identificación y razón de recibo que se deje en autos para debida constancia legal, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. MAA
- Principal
CITATORIO.MESA VI.-SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN SINTESIS DICE: "...Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de siete de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Cruz Portugal, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace del conocimiento que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para ser considerado de relevancia documental. En ese sentido, de conformidad a lo señalado en los artículos 21 y 35 del referido Acuerdo, hechas las anotaciones relativas en la carátula del expediente, el mismo permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el término de tres años y una vez transcurrido ese lapso se procederá a su destrucción, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, dado que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo antes referido, requiérase a la citada parte, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger las constancias en mención, previa copia certificada de los mismos, identificación y razón de recibo que se deje en autos para debida constancia legal, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos."
- Principal
MESA VI.- Cuernavaca, Morelos, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito de ********, parte quejosa, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que adjunto a su escrito de demanda y autoriza a diversas personas para recibirlos. En atención a su contenido, dígase al promovente que una vez que quede firme al auto de siete de octubre de dos mil veinte, en que se desechó la demanda de amparo, se proveerá lo conducente respecto a su solicitud. Notifíquese.
- Principal
MESA IV.- Visto lo de cuenta; se tiene por recibido el escrito de ************************, directo quejoso, por medio del cual da cumplimiento a la prevención de veintitrés de septiembre de dos mil veinte y aclara el acto que por esta vía reclama. Ahora bien, de acuerdo al artículo 112, en relación con el 113, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas desde que la dem anda fue presentada o en su caso turnada, deberá resolver si desecha, previene o admite. Por su parte el diverso numeral antes citado refiere que se deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17, de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, los numerales en comento disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Los citados artículos imponen la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora, la parte quejosa, señala como acto reclamado: La omisión de llevar a cabo la ejecución de la resolución dictada en el procedimiento administrativo **************. Ahora, del escrito inicial de demanda, así como de las constancias que adjunto a dicho escrito, se desprende que el acto que precisó el quejoso, deriva del procedimiento administrativo registrado con el número de folio********** del índice de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, relativo a la queja o denuncia ciudadana en contra de la terminal y oficinas del trasporte público denominado la ruta siete, presentada por el aquí justiciable el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en el que mediante el acta de inspección de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho determinó colocar sellos de suspensión en las instalaciones de dicha ruta siete, al no contar con la documentación que acreditara el uso de suelo y planos autorizados, con el apercibimiento que de no acreditar que contaba con la documentación al corriente se procedería a la clausura de las instalaciones, sin que a la fecha se haya ejecutado dicha determinación, misma de la que se duele el quejoso en la presente instancia constitucional. De lo expuesto, se advierte que contra los actos reclamados antes precisados; el quejoso debe acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos el cual es competente para conocer de cualquier actuación administrativa, en los términos previstos en los artículos 1 y 3, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 18, inciso b) fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, medio de defensa que procede contra los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados. Por tanto, la omisión de ejecutar la determinación dictada en el procedimiento administrativo 1046/2018 -acto reclamado- puede ser controvertida en el procedimiento correspondiente ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de conformidad con lo establecido por los artículos mencionados en el párrafo que antecede, en virtud de que dicha omisión emana de una dependencia del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dentro de un procedimiento administrativo relativo a la queja o denuncia interpuesta por el aquí quejoso contra la terminal del trasporte público denominado ruta siete. Por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; considerado así en atención a las siguientes razones: El artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. ) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Del precepto reproducido, se obtiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama; y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. El precepto transcrito establece la causa de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Así, el proceso de amparo es un medio extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe de agotarse previamente. El propio precepto establece como excepciones a la regla contenida en el citado numeral, que se exijan más requisitos en el recurso ordinario para otorgar la suspensión del acto reclamado que en la Ley de Amparo, y que no es necesario agotar los recursos ordinarios cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Pues, no se aprecia que en el caso la parte quejosa se encuentre en algún supuesto de excepción al principio de definitividad, para considerar que el juicio de amparo es procedente, dado que primeramente no se está en la presencia de que la parte quejosa únicamente aduzca violaciones directas a la constitución, puesto que los conceptos de violación a pesar de citar derechos constitucionales reconocidos, los hace depender del cumplimiento de la normatividad aplicable al juicio administrativo que se encuentra en trámite, lo cual se advierte así de su escrito de demanda, por ello se está frente a un problema de legalidad, que rige el principio de definitividad; además de que no reclama la inconstitucionalidad de alguna norma general con motivo de su primer acto de aplicación. Máxime que el quejoso en su escrito aclaratorio puntualizó que reclama la omisión de llevar a cabo la ejecución de la resolución dictada en el procedimiento administrativo ***** que se tramita ante las autoridades Municipales responsables, no así la falta de contestación a los escritos presentados el dieciocho de febrero y veinticuatro de junio de dos mil veinte, antes las responsables. En tal virtud, toda vez que dicho medio de defensa ordinario debe agotarse antes de acudir a los tribunales constitucionales puesto que en el caso no actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley de Amparo, relativos a los terceros extraños, actos carentes de fundamentación y motivación, violaciones directas a la constitución y actos proscritos por el artículo 22 de la Norma Fundamental. Ahora, la existencia de medios defensivos establecidos en la ley para impugnar ordinariamente el acto reclamado, provoca la improcedencia del juicio de amparo, derivado del incumplimiento al principio de definitividad que rige la materia que nos ocupa, siendo preciso señalar que la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", es la de considerar aquéllos ordenamientos legales que guardan relación con dichos actos, sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación. Lo anterior, habida cuenta que, no se exigen para la concesión de la suspensión del acto impugnado, mayores requisitos que los previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, como se advierte de la lectura de los artículos 109, 110, 111 y 112 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues de su comparación se advierte que en ambas regulaciones se establecen como requisitos de procedencia, de manera expresa, que sea solicitado por el interesado o inconforme, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 155/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, página 576, con número de registro 185065, que a la letra dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad." Apoya a la anterior determinación, la Jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Tomo I, página 783, abril de 2015, bajo el registro 2008807, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." De tal suerte, los particulares que pretendan obtener la modificación, anulación o revocación de los actos emitidos por autoridades administrativas federales, en términos de lo dispuesto en el artículo 1 y 3, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 18, inciso b) fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se encuentran obligados a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando previamente al amparo los medios ordinarios de defensa, dado que en la ley que regula actualmente no se exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo; con la salvedad de que no se actualice alguna otra excepción al principio de mérito, lo que no acontece en la especie aún y cuando la parte quejosa lo alegue en ese sentido. Acorde a lo expuesto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Carlos Cruz Portugal, por propio derecho. Finalmente, dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad la solicitud de que se tenga número telefónico que indica para oír y recibir notificaciones, en virtud de que dicho medio de notificación especial no se encuentra previsto por la ley de la materia; sin embargo, se tiene como forma especial y expedita de contacto, a través de la cual se podrá entablar comunicaciones no procesales con la misma. MAA
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