Carlos Cruz Pérez

Expediente 97/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 27 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
97/2018
Año
2018
Actuaciones
27
Última actuación
18/10/2018

Partes del expediente

  • Carlos Cruz Pérez
  • 1.- Juez Tercero de lo Penal Y Narcomenudeo del Estado de Nuevo León.
  • Cuauhtémoc Javier Trejo Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Tomando en consideración que de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que la autoridad responsable JUEZ TERCERO DE LO PENAL y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO, con sede en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, allegó a su informe con justificación copias certificadas de la causa penal 74/2014-III y sus acumulados 50/2013, 478/2014, 80/2015, 13/2015, 537/2014, 547/2014, 568/2014, 28/2015, 37/2015, 105/2015 y 527/2014, las que con el objeto de facilitar su manejo y no alterar sus datos característicos (sello, folio y rúbrica), se ordenó fueran identificados como "ANEXOS I al XVII"; dado lo anterior, y que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, se ordena devolver dichos anexos a la referida autoridad.

  2. Principal

    Tomando en consideración, que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido el proveído de veintiséis de julio del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO.

  3. Principal

    Se notifica por lista a los terceros interesados Ludivina Alvarado Mata y Agustín García Mendoza, el auto que dice: Advirtiéndose de la certificación que antecede, que en el juicio de amparo 97/2018, la audiencia constitucional ésta señalada para el ocho de agosto del presente año; sin embargo, no se han llamado a juicio la tercera interesada IRMA BERMÚDEZ PORRAS, a quien por auto de diecinueve de junio del año en curso, se ordenó emplazar por medio de edictos, a costa de la parte quejosa, los que deberían publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, razón por la que se dejaron a disposición del quejoso y los edictos correspondientes; siendo el caso que el veintidós siguiente, le fueron entregados en el Centro de Reinserción Social "Topo Chico", con sede en esta ciudad, lugar donde se encuentra recluido, por parte del fedatario de la adscripción; debiendo acreditar en los veinte días siguientes, haberlos entregado para su publicación; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se decretaría el sobreseimiento en el juicio de amparo; lo que se notificó al peticionario de amparo de manera personal, el veintidós de junio del año en curso; sin que a la fecha, haya acreditado haber realizado la publicación del edicto respectivo; plazo que transcurrió, del veintiséis de junio al veintitrés de julio del presente año; sin contar, el treinta de junio, uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de julio todos del año en curso, por ser sábados y domingos, esto es, días inhábiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo; de manera, que no se contaron esos días para efectos del cómputo de plazos procesales. En ese contexto, cuenta habida que el plazo que se otorgó al quejoso en el proveído ya mencionado transcurrió, sin que hubiera dado cumplimiento a lo requerido, pues el quejoso no acreditó haber hecho gestiones o realizado actos para la publicación de los edictos de trato en los veinte días posteriores a que se le entregaron, evidenciando su falta de interés con la continuación del juicio y lograr la integración de la relación jurídico procesal en el mismo, lo que constituye una formalidad esencial del procedimiento que impide que el suscrito pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio de derechos humanos; en concepto del suscrito, se actualiza una causa de improcedencia, ya que, ante la falta de demostración de la publicación de los edictos ordenados, queda paralizado el juicio de amparo, al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, causa que no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón a que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, del quejoso; máxime que no demostró ser persona de escasos recursos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en proveído de diecinueve de junio del año en curso; y se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de derechos humanos, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso b), en relación con el 61 fracción XXIII y 108 fracción II de la Ley de Amparo; sin que el quejoso hubiera demostrado ser persona de escasos recursos en términos del numeral 27 invocado de la ley de la materia que le impida sufragar los gastos de los edictos que se ordenaron publicar, a fin de lograr el emplazamiento de la tercera interesada IRMA BERMÚDEZ PORRAS; lo que pone en evidencia su desinterés en la continuación del trámite del presente juicio. Es aplicable, por identidad de razón jurídica, el criterio inmerso en la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, Materia Común, página 211, con el rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." SEGUNDO. Se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables el presente proveído, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    se notifica por lista de acuerdos al quejoso, el proveído de veintiséis del actual en el que Advirtiéndose de la certificación que antecede, que en el juicio de amparo 97/2018, la audiencia constitucional ésta señalada para el ocho de agosto del presente año; sin embargo, no se han llamado a juicio la tercera interesada IRMA BERMÚDEZ PORRAS, a quien por auto de diecinueve de junio del año en curso, se ordenó emplazar por medio de edictos, a costa de la parte quejosa, los que deberían publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, razón por la que se dejaron a disposición del quejoso y los edictos correspondientes; siendo el caso que el veintidós siguiente, le fueron entregados en el Centro de Reinserción Social "Topo Chico", con sede en esta ciudad, lugar donde se encuentra recluido, por parte del fedatario de la adscripción; debiendo acreditar en los veinte días siguientes, haberlos entregado para su publicación; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se decretaría el sobreseimiento en el juicio de amparo; lo que se notificó al peticionario de amparo de manera personal, el veintidós de junio del año en curso; sin que a la fecha, haya acreditado haber realizado la publicación del edicto respectivo; plazo que transcurrió, del veintiséis de junio al veintitrés de julio del presente año; sin contar, el treinta de junio, uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de julio todos del año en curso, por ser sábados y domingos, esto es, días inhábiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo; de manera, que no se contaron esos días para efectos del cómputo de plazos procesales. En ese contexto, cuenta habida que el plazo que se otorgó al quejoso en el proveído ya mencionado transcurrió, sin que hubiera dado cumplimiento a lo requerido, pues el quejoso no acreditó haber hecho gestiones o realizado actos para la publicación de los edictos de trato en los veinte días posteriores a que se le entregaron, evidenciando su falta de interés con la continuación del juicio y lograr la integración de la relación jurídico procesal en el mismo, lo que constituye una formalidad esencial del procedimiento que impide que el suscrito pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio de derechos humanos; en concepto del suscrito, se actualiza una causa de improcedencia, ya que, ante la falta de demostración de la publicación de los edictos ordenados, queda paralizado el juicio de amparo, al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, causa que no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón a que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, del quejoso; máxime que no demostró ser persona de escasos recursos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en proveído de diecinueve de junio del año en curso; y se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de derechos humanos, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso b), en relación con el 61 fracción XXIII y 108 fracción II de la Ley de Amparo; sin que el quejoso hubiera demostrado ser persona de escasos recursos en términos del numeral 27 invocado de la ley de la materia que le impida sufragar los gastos de los edictos que se ordenaron publicar, a fin de lograr el emplazamiento de la tercera interesada IRMA BERMÚDEZ PORRAS; lo que pone en evidencia su desinterés en la continuación del trámite del presente juicio. Es aplicable, por identidad de razón jurídica, el criterio inmerso en la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, Materia Común, página 211, con el rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." SEGUNDO. Se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables el presente proveído, para los efectos legales a que haya lugar.

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