Carlos Cruz Cruz

Expediente 511/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
511/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
29/06/2017

Partes del expediente

  • Carlos Cruz Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista; la certificación anterior y apareciendo que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia de doce de junio de dos mil diecisiete, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales conducentes; en consecuencia, dese de baja en el libro de gobierno y en la estadística. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Así entonces, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó el presente juicio, además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. DEVOLUCIÓN DE TOMOS Por otra parte, toda vez que no se existen tomos de pruebas exhibidas en el presente juicio, por lo tanto se deja de proveer sobre su devolución. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo, a las autoridades responsables, toda vez que ya existe constancia de su notificación en el presente juicio, por ende este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL: PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO... SEGUNDO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN SERÁ PUBLICABLE EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL CONSIDERANDO ÚLTIMO DE ESTE FALLO.

  3. Principal

    Visto; el oficio de cuenta, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en oficio 1100/2017, y remite la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral J/O/596/2013, de su índice. Al efecto, se acuerda: A).- Con apoyo en el precepto 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de la Materia, se tiene por exhibida la documental que anexa, la que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica; misma que se relacionará en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    Visto; el ocurso de cuenta suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado, y exhibe constancias adjuntas a dicho informe. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo y con su contenido, dése vista a las partes. Relaciónese en la audiencia constitucional. Asimismo, con apoyo en el precepto 119, párrafo primero y segundo de la Ley de la Materia, se tienen por exhibidas las documentales que anexa, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica; mismas que se relacionarán en el momento procesal oportuno. Ahora bien, toda vez que se advierte que la autoridad responsable no remitió la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral J/O/596/2013, con fundamento en los artículos 75 párrafo III, de la Ley de Amparo; requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio condigno, remita copia certificada de todas las constancias que integran el expediente laboral mencionado, toda vez que son necesarias para el dictado de la resolución correspondiente. Con el apercibimiento que de no remitir las mismas o de no manifestar el impedimento legal que tenga para hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación al 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación a lo acordado la tesis sustentada por el H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Febrero de 1997, Tomo V, Clave P/J. 17/97, página 108, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 75 fracción III, de la Ley de amparo, el Juez de distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio a todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto.. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconocer en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas que se haya fundado el propio acto.-"

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