Carlos Cortés García

Expediente 741/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
741/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Carlos Cortés García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de cuenta suscrito por la tercera interesada **********************; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Amparo y como lo solicita el promovente, expídase a su costa copia certificada de las constancias que refiere, previa toma de razón que por su recibo obre en autos y por conducto de las personas autorizadas para ello. A efecto de que se realice la gestión de las copias certificada solicitadas, dígase a la parte quejosa que deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea, en el micro sitio sobre "*************" para agendar dos citas a fin de acudir a éste órgano jurisdiccional. La primera para gestionar las copias (bajar el expediente al fotocopiado). La segunda en fecha posterior para que se realice su entrega y dar oportunidad de certificar las copias. Lo anterior, deberá de realizar en los días y horarios disponibles, y obtener su código QR, a fin de tener acceso al inmueble y llevar a cabo dicho trámite; de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid - 19. Finalmente, se tiene por autorizada a la persona que indica, para el efecto de gestionar y recibir las copias certificadas previamente solicitadas. Notifíquese por medio de lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos los oficios de cuenta suscritos por el Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México y Actuario de su adscripción, por medio de los cuales, el Juez responsable, acusa recibido de las constancias que le fueron devueltas en cumplimiento a lo ordenado mediante auto de seis de octubre del año en curso. Por otra parte, se tiene al Actuario responsable, acusando recibo únicamente del oficio por el cual se hizo de su conocimiento el auto de seis de octubre del presente año, a través del cual se le informó que causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese por medio de lista a las partes, con excepción de las autoridades responsable

  3. Principal

    PRAL. 741/2020-I En la Ciudad de México, a seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia que resolvió sobreseer en el presente juicio de garantías promovido por ***** por derecho propio. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo el cual es depurable, ya que le fueron concedidas la suspensión provisional y definitiva a la quejosa, de conformidad con el artículo, al Capítulo Séptimo, artículo 18, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; respecto del duplicado del incidente de suspensión se hace la observación que es susceptible de destrucción, ya que se encuentra dentro de los supuestos a que alude el Capítulo Octavo, en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que, conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. De igual manera, se ordena devolver al Juez responsable, las constancias que acompañó al momento de rendir su respectivo informe justificado, requiriéndole para que a la brevedad posible se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, dado que el promovente exhibió los siguientes documentos: contrato de arrendamiento de cuatro de enero de dos mil doce, celebrado con *****; cuatro recibos de pago de luz de dos mil trece, dos de dos mil catorce, y uno de dos mil quince; dos recibos de pago de renta de dos mil doce; boleta de derechos por servicio de agua para todo el edificio con número de cuenta *****, a nombre de ******, de veinte de marzo de dos mil nueve, veintiuno de mayo de dos mil trece y quince de julio de dos mil trece; requerimiento de pago de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, con acta de visita; y, la nota de mostrador 6510 por el recibo de compra de una bomba, notifíquese por medio de lista el presente proveído, asimismo hágasele de su conocimiento que tiene el plazo de noventa días para recoger tales documentos, apercibido de que, en caso de no hacerlo, serán destruidos por el Centro de Documentación y Análisis. En mérito de lo anterior, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, téngase por recibido el escrito de cuenta suscrito por la tercera interesada ******, por medio del cual, se apersona a la presente instancia constitucional; en atención a su contenido, se provee: En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio de la parte tercera interesada, para oír y recibir notificaciones, el que indica. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, tal como se advierte de la certificación de cuenta. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Amparo y como lo solicita la promovente, expídase a su costa copia certificada de las constancias que refiere, previa toma de razón que por su recibo obre en autos y por conducto de las personas autorizadas para ello. A efecto de que se realice la gestión de las copias certificada solicitadas, dígase a dicha tercera interesada que deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea, en el micro sitio sobre "Agenda OJ" para agendar dos citas a fin de acudir a éste órgano jurisdiccional. La primera para gestionar las copias (bajar el expediente al fotocopiado). La segunda en fecha posterior para que se realice su entrega y dar oportunidad de certificar las copias. Lo anterior, deberá de realizar en los días y horarios disponibles, y obtener su código QR, a fin de tener acceso al inmueble y llevar a cabo dicho trámite; de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid - 19. REUBICACIÓN DE NUEVO TITULAR. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis del mes y año en curso. Notifíquese por medio de oficio a las autoridades responsables y por medio de lista a las partes.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y RESOLUCIÓN En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinticinco minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, día y hora señalados en autos para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 741/2020-I...Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no hay ocursos por proveer, que las partes no solicitaron la videoconferencia a que se refiere el acuerdo mencionado y sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se da por terminada la presente audiencia, y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponde. V I S T O S ...R E S U L T A N D O: ...C O N S I D E R A N D O: ...QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se actualiza la CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no acreditó su interés jurídico. En efecto, los preceptos legales aludidos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". De la intelección de ambos preceptos se desprende que, cuando se reclaman actos provenientes de autoridades jurisdiccionales, el juicio de amparo es improcedente cuando no se acredite la afectación del interés jurídico del quejoso. Por interés jurídico se entiende el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en particular, que se concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1854, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente" (el subrayado es añadido). Ahora, en los casos en que se reclama la posesión de un inmueble, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene tal derecho; entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Así lo determinó el Pleno de nuestro máximo tribunal, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, publicada en la página 5, Tomo XV, febrero de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común" (lo subrayado es añadido). En resumen, existe interés jurídico cuando la parte peticionaria del amparo tiene un derecho tutelado por la ley (vida, libertad, propiedad o posesión) que, cuando es transgredido por un acto de autoridad, la faculta a acudir al juicio de amparo a fin de que se le restituya en el goce de la garantía individual violada. En la especie, el quejoso señala como acto reclamado la sentencia definitiva dictada por el Juez responsable en el juicio ordinario civil 545/2015, promovido por *******************, contra **************, así como su ejecución y la orden de lanzamiento que se pretenda practicar respecto del inmueble identificado como: ************; lo anterior, derivado de su falta de emplazamiento. Asimismo, el quejoso se ostenta tercero extraño a tal procedimiento, pues refiere que las autoridades responsables debieron respetar su derecho de audiencia, así como la posesión que tiene sobre el inmueble que refiere, con motivo de la propiedad que aduce tiene respecto de él. Para acreditar lo anterior ofreció como pruebas: 1. Original de un contrato de arrendamiento de cuatro de enero de dos mil doce, celebrado entre ********** y la parte quejosa. 2. Original de dos recibos de pago de renta del año dos mil doce. 3. Original de cuatro recibos por concepto de servicio de luz, uno de dos mil trece, dos de dos mil catorce y uno de dos mil quince. 4. Copia simple de la boleta de derechos por servicio de agua para todo el edificio... 5. Copia simple del requerimiento de pago de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, con acta de visita. 6. Copia simple de la nota de mostrador 6510 por el recibo de compra de una bomba. 7. Copia simple de un escrito inicial de averiguación previa en contra de los ocupantes del inmueble ubicado en ************. 8. Copia simple del instrumento notarial 10,328, de veintiséis de febrero de dos mil trece. 9. Copia simple de diversas constancias de la indagatoria... Ahora bien, respecto a la prueba marcada con el numeral 1, valorada en términos de los artículos 129, 133, 202, 203 y 215 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, RESULTA INEFICAZ para acreditar el INTERÉS JURÍDICO de la parte quejosa, presupuesto indispensable para promover el juicio de amparo respecto del inmueble objeto de la controversia del juicio natural, porque el contrato de arrendamiento descrito, es de fecha incierta y, por ello, surte efectos únicamente entre las partes contractuales más no frente a terceros; pero no se justifica que sea propietario del inmueble cuya afectación reclama. En efecto, para que un documento adquiera fecha cierta, es necesario que se presente para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad o se exhiba ante un funcionario público que, por razón de su oficio, haga constar públicamente la voluntad o consentimiento otorgado por las partes contratantes para la celebración del acto jurídico o que alguna de las partes que intervinieron en la celebración haya fallecido. Así se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 18/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que derivó de la contradicción de tesis 374/2014, que dice: "DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.",¹ determinó que los documentos privados, no objetados, en los que constan actos traslativos de dominio de bienes inmuebles, surten plenos efectos probatorios cuando sean de fecha cierta, lo que ocurre: 1) a partir del día en que se celebran ante fedatario o funcionario público autorizado; 2) desde que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad; y, 3) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ahora bien, esta última expresión no debe interpretarse en sentido restrictivo, esto es, como referente sólo a las partes que con su firma manifestaron su voluntad de transmitir y adquirir la propiedad de un bien raíz, sino que también abarca a quienes lo suscribieron exclusivamente en su calidad de testigos, pues el concepto de "fecha cierta" de un documento privado por fallecimiento de quien lo suscribió, deriva de la imposibilidad física de que puedan suscribirlo en fecha posterior a su deceso y anterior al acto de autoridad reclamado en amparo; por lo que dada la mayor certeza que ese aspecto aporta sobre la fecha de celebración del acto traslativo del inmueble que obre en un documento privado, este último es apto para acreditar el interés jurídico de quien se ostente como su propietario en un juicio de amparo" (el subrayado es añadido). En el caso, no se acredita ninguno de los supuestos para que el contrato de arrendamiento se pueda considerar de fecha cierta, pues no se advierte que haya sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o se hubieren presentado ante una autoridad o fedatario público, ni que alguno de los contratantes haya fallecido, lo que conlleva a considerarlo como de fecha incierta, por ende, insuficiente para acreditar el interés jurídico. Lo anterior, porque la circunstancia de que la legislación no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público, o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. Lo anterior, se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo XXVII, Abril de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito". Por lo que hace a las pruebas indicadas en los numerales 2 y 3, solo se acreditaría, en el mejor de los casos, que la quejosa, al parecer, pagó renta por el inmueble que defiende y que tiene contratado el servicio de suministro de luz; pero no se justifica que sea arrendataria del inmueble cuya afectación reclama, ni le otorga fecha cierta al contrato de arrendamiento que exhibió. Con relación a las diversas documentales reseñadas en los numerales del 4 al 9, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, SON INSUFICIENTES para demostrar el INTERÉS JURÍDICO de la parte quejosa, en tanto que sólo tienen valor indiciario que no está corroborado o apoyado por otras pruebas. Sirve de apoyo, tesis de jurisprudencia 2ª/J 21/1998, visible en el Tomo VII, Abril de1998, Novena Época, página 213, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Por lo anterior, sobreviene la CAUSA DE IMPROCEDENCIA a que se refiere la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el interés jurídico constituye un presupuesto que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, para lo cual es necesario que se acredite el menoscabo en los derechos que se dicen afectados por el acto de autoridad. Al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que hace a los actos reclamados de la autoridad ordenadora, igual pronunciamiento debe hacerse respecto del Actuario adscrito al juzgado responsable, pues no se reclaman por vicios propios. Sirve de apoyo a dicha consideración la jurisprudencia número 647, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y que se puede consultar en la página 434, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común que a la letra dice: "AUTORIDAD EJECUTORA, SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ****************, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, por las razones apuntadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y por lista a las demás partes.

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