Carlos Cornejo Ávila

Expediente 378/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
378/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Carlos Cornejo Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "8" Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos del cuaderno de antecedentes, el oficio de cuenta, en atención a su contenido se toma conocimiento de que el Juez ----------------------------------------------------------- en la Ciudad de México acepta la competencia planteada, se avoca al conocimiento del presente asunto y admite a trámite la demanda, quedando registrado con el número ---/2021 de su índice, así también acusa recibo de los autos del juicio de amparo. Expuesto lo anterior, al no existir diligencias pendientes por dictar, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso i), del numeral 21 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En consecuencia, una vez transcurridos tres años transfiérase el presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de archivo y documentación, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Notifíquese...."

  2. Principal

    MESA "8" En la Ciudad de México, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -------------------, contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número ---/2021-8 y fórmese el expediente electrónico e impreso. Ahora bien, de la lectura minuciosa realizada a la solicitud de amparo en comento, se aprecia que lo que la parte quejosa combate a través de esta vía es: - La omisión de dar respuesta al escrito presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno por el que el quejoso solicitó ser eliminado de la lista de personas bloqueadas en el sistema financiero. En tales circunstancias, previo a la admisión, desechamiento o prevención de la solicitud que hace valer el peticionario de amparo en su demanda y en su caso determinar la constitucionalidad de los actos de molestia reclamados, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ello en virtud que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Es importante destacar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a una autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Es tal su importancia en el orden jurídico mexicano, que se erige como una sub-garantía inserta en la garantía de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, únicamente pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencia establecida. Por tanto, la competencia obedece a razones de distribución de esa tarea del juzgamiento entre los diversos organismos judiciales, por lo que la misma se delimita no sólo por los aspectos de grado y territorio, sino también por la materia del asunto. De ahí que, visualizando el extremo relativo a la competencia por materia, en función de los juzgados de Distrito, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su Título Cuarto, Capítulo I, ha delimitado el marco competencial de los distintos órganos jurisdiccionales en función de su especialidad en asuntos del orden penal, civil, laboral y administrativo. En ese contexto, este órgano de control constitucional considera que carece de competencia legal para conocer del presente juicio de derechos fundamentales por razón de materia, de conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dicho esto, como se apuntó con antelación, tratándose del juicio constitucional la Ley de Amparo, en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha determinado diversos tipos de competencias para los jueces de Distrito, entre las que destacan: a. Competencia por territorio; b. Competencia por materia; c. Competencia por grado; y d. Competencia auxiliar. En esas condiciones, la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho; así, en el ámbito federal, esa competencia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales civiles, administrativos, penales y laborales, a cada uno de los cuales corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. En tal sentido, los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen, respectivamente, las atribuciones de los jueces de distrito de amparo en materia penal y de los jueces de distrito en materia administrativa, en los siguientes términos: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente, y V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio. VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así, del contenido de las fracciones III y IV, del artículo transcrito, se desprende claramente que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en esa materia y contra actos de autoridad distinta a la judicial. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio para resolver conflictos competenciales por razón de materia, al establecer que los que se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales en virtud de su especialización, deben ser resueltos de acuerdo con la naturaleza intrínseca de los actos combatidos; consideraciones que encuentran sustento en la jurisprudencia P.J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 195007, visible a página 28, del tomo VIII, correspondiente Diciembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente:... Anterior criterio que fue además complementado, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual agregó que también debía ponderarse la naturaleza de la autoridad responsable; tal y como se desprende de la jurisprudencia 2ª/J. 24/2009, con registro 167761, visible a página 412, del tomo XXIX, correspondiente marzo de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente:.... Así, el derecho administrativo constituye el género relativo a la regulación del conjunto de normas jurídicas relacionadas con la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, la parte quejosa señala como autoridad responsable ordenadora y ejecutora, a la siguiente: - ------------------------------------------------------------------. Asimismo, señala como acto reclamado el siguiente: - La omisión de dar respuesta al escrito presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno por el que el quejoso solicitó ser eliminado de la lista de personas bloqueadas en el sistema financiero. Bajo ese contexto, se aprecia que el acto reclamado lo atribuye a una autoridad administrativa, y por tanto no se ubica en alguno de los supuestos que determinan la competencia de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, siendo así que la litis es ajena a la materia penal, dado que no constituye un acto emitido en un procedimiento penal. Además, es importante precisar que en el escrito presentado por el quejoso el doce de marzo de dos mil veintiuno, solicitó ser eliminado de la lista de personas bloqueadas en el sistema financiero, por ello, tomando en consideración que dicho procedimiento deriva del artículo 115 de la Ley General de Instituciones de Crédito, se estima que su naturaleza y consecuencias son materia administrativa, las cuales también se encuentran ajenas a la materia penal. Entonces, el criterio que sirve para decidir la competencia se encuentra contenido en la fracción IV del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que indica que corresponde conocer a un Juez de Distrito en materia administrativa, de los juicios de amparo que se promuevan contra una autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y amparo contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal, a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo 51, porque incluso el acto que pudiera derivar de la carpeta de investigación no incide en la libertad del quejoso. Esto es, no se reclama alguna actuación derivada de la carpeta de investigación ni señala como responsable a una autoridad de carácter penal, por lo tanto, es evidente que se cuestiona un acto administrativo emanado de una autoridad de la misma naturaleza, por lo que corresponde conocer de la demanda relativa al órgano jurisdiccional especializado en materia administrativa. Domicilio para oír y recibir notificaciones Se tiene como domicilio físico (alternativo) para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en la demanda de amparo. Autorizados y solicitud de notificaciones personales por medios electrónicos Preventivamente, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tienen por autorizados a ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, toda vez que de una búsqueda del usuario ----- en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte su registro el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, y a dicho usuario se encuentra vinculado el correo electrónico a.mtz1@hotmail.com el cual fue señalado para oír y recibir notificaciones electrónicas. En consecuencia, se autoriza la consulta electrónica del presente asunto; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Por tanto, infórmese a la parte interesada que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario autorizado. Habilitación al personal del Juzgado Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos, para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales...." Notifíquese electrónicamente...."

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