Carlos Contreras Camacho
Expediente 111/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 111/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 06/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carlos Contreras Camacho
- Juez de Control de Tlalnepantla, Estado de México.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que este expediente se encuentra concluido, y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. El original del incidente de suspensión es depurable de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. El duplicado del incidente de suspensión es destruible con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a su destrucción conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese; mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia con engrose al catorce de junio pasado, en la que se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitado, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Glósense a este expediente los relativos al incidente de suspensión y realícense las anotaciones respectivas. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que mediante oficio SEADS/365/2021, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó a este órgano federal que el Pleno del propio Consejo, en sesión del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, acordó la adscripción del Juez Juan Manuel Villanueva Gómez a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en sustitución del Juez José Álvaro Vargas Ornelas, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, circunstancia que se informa para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente al quejoso y mediante lista a la tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 111/2021-II promovido por *****************************; y R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este Juzgado el día siguiente hábil, *************************, por derecho propio, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. II. Previo desahogo, mediante acuerdo del once de marzo del presente año, se admitió a trámite el presente juicio, el cual quedó registrado con el número 111/2021-II; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; III. En acuerdo del dieciséis de abril de dos mil dieciocho se reconoció el carácter de tercero interesado a *************************, así como al agente del ministerio público que intervino en la integración de la carpeta de investigación, por lo que se les emplazó a juicio; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013; en virtud de que el acto reclamado fue dictado y ejecutado por una autoridad residente dentro de la demarcación territorial en la que decide el derecho este Órgano Jurisdiccional. SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: El auto de vinculación a proceso emitido el ************************* de dos mil ***************, por el Juez de Control en el Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la causa de control ********, por el delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia, en contra de *************************, en agravio de *************************, y su ejecución. TERCERO. El Juez de Control en el Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó los actos que se les atribuyen. Certeza que se robustecen con las documentales que acompañaron al oficio con registro 4366, así como con las videograbaciones contenidas en disco versátil digital (DVD), que adjuntó a su informe con justificación. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, al no existir prueba en contrario, resultan ciertos los actos reclamados. CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera que las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni tampoco de oficio se advierte la existencia de alguna, por lo que se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. QUINTO. El quejoso no hizo valer conceptos de violación, no obstante ello , en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado con base en las constancias que la autoridad responsable acompaño a su informe con justificación y a su oficio con registro 4366, cabe destacar que dicho análisis se realizará de conformidad con el nuevo sistema penal instaurado con motivo de las reformas y adiciones publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Con motivo de las citadas reformas, ahora el proceso penal comprende las fases siguientes: Etapa preliminar, la cual a su vez se subdivide en tres fases: de investigación cerrada (a cargo del agente de Ministerio Público con auxilio de la policía y peritos quienes deberán llevar a cabo la investigación de los hechos y obtener elementos para la formulación de la imputación); de audiencia ante juez de control (el Juez de Control deberá velar por la legalidad del proceso y dictar el auto de vinculación a proceso) y la del periodo de cierre de investigación (donde se debe perfeccionar la investigación para estar en posibilidades de generar la acusación). Etapa intermedia, el objetivo de esta etapa es ofrecer y depurar la prueba que será desahogada y valorada por el Tribunal de Juicio Oral. Inicia con el escrito de acusación y concluye con el auto de apertura a juicio oral. Etapa de juicio, donde se desahogan pruebas, se escuchan alegatos y se dicta sentencia definitiva. De lo anterior podemos advertir que el auto de vinculación a proceso, surge dentro de la etapa preliminar. Esta etapa inicia con la denuncia o querella, se trata entre otras cosas, lo relativo al ejercicio y excepciones de la acción penal, los supuestos para abstenerse de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción, el principio y criterios de oportunidad, así como el control judicial de estas decisiones, pues, aunque el Ministerio Público es el director de la investigación, su labor se debe desarrollar con respeto a la garantía de defensa del imputado. En el nuevo esquema de juicios orales, el objeto de la investigación es determinar si existe fundamento para iniciar un proceso penal, lo cual se pretende lograr a través de la obtención de elementos de prueba por parte del agente del Ministerio Público, que de forma eventual le permitan sustentar, en su orden, la imputación y acusación. En efecto, ahora ya no tiene lugar ante el Ministerio Público, un "mini proceso" en el que se recibían y desahogaban pruebas, sino que en esta fase la policía y el fiscal recaban datos de prueba que luego pueden ser expuestos para su desahogo o incorporación en el juicio oral, ante el director del proceso como lo es el Juez de Control. Por tanto, lo que se integra ahora es una carpeta de investigación en la que se registran los datos de prueba obtenidos por el Ministerio Público; para su recopilación, se configura una nueva concepción de la policía, en cuanto a que les corresponde a todos los cuerpos policíacos, ser auxiliares del fiscal en la investigación de los hechos delictuosos. En el nuevo sistema penal acusatorio, para emitir el auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base a los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales no tiene el juez en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino únicamente la mención que realiza el Agente del Ministerio Público al hacer la imputación. Al respecto, el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: "ARTÍCULO 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso --- (.) El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. (.)". Sobre esa premisa, para emitir un auto de vinculación a proceso únicamente se tomarán en consideración los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, entendiendo como tales aquellos elementos de convicción recabados en la fase indagatoria que resulten idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado. En ese contexto, el juez instructor -al emitir el auto de vinculación a proceso- o bien, el tribunal de apelación -al pronunciar la resolución de segunda instancia- no valoran las pruebas legalmente aportadas a la causa, sino únicamente se basan en los datos de prueba aportados que establezcan que se ha cometido un hecho delictuoso sancionado con pena privativa de libertad y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, por lo que de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional se encuentra jurídicamente imposibilitado para justipreciar los medios de convicción que no fueron tomados en consideración ni valorados, ya sea por el juzgador natural, o bien por el tribunal de alzada, al emitir la resolución judicial en su respectivo ámbito de competencia. Por tanto, el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado debe hacerse también con base en los datos de prueba que fueron aportados por el ministerio público en la audiencia de formulación de imputación. Asimismo, conviene acotar que el auto de vinculación a proceso que prevé el nuevo sistema acusatorio, conforme a lo previsto en el artículo 19 constitucional reformado, no se puede analizar a la luz de las reglas y consideraciones legales que rigen el auto de formal prisión a que aludía ese precepto en su anterior redacción. Al respecto, se destaca que son claras las diferencias entre ambas instituciones, tanto de fondo como de forma; y en ese sentido, la fundamentación y la motivación deben tener correspondencia con dicha naturaleza, particularmente por cuanto hace a la intensidad probatoria que amerita el dictado del auto de vinculación a proceso como el que originó la determinación que aquí se reclama. Para clarificar lo anterior, conviene señalar que una resolución judicial de esa naturaleza tiene como antecedente básico la etapa preliminar o de investigación, durante la cual el Ministerio Público realiza acciones de investigación con los cuerpos de policía, bajo la vigilancia garantizada por el juez de control cuyo objeto es verificar si existen elementos para decretar la vinculación a proceso del inculpado, lo que no es seguro, sino que ello depende del resultado de la investigación. En esta línea de pensamiento, se tiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, además de los requisitos que establece el artículo 19 de la Constitución Federal, debe tomarse en consideración lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 16 de esa propia legislación, que establece: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los requisitos rectores que han de observarse para vincular a proceso, los cuales se encuentran previstos en su artículo 316, que establece: "Artículo 316. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". Como se ve, el artículo 16 constitucional, así como el diverso numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los requisitos formales y materiales que debe satisfacer el auto de vinculación a proceso, destacando los atinentes a que dicha resolución debe estar debidamente fundada y motivada, en la cual se precise el hecho delictuoso que se imputa. Al respecto, resulta conveniente dejar establecido lo que debe entenderse por fundamentación y motivación, conforme al artículo 16 de la Constitución Federal, transcrito en párrafos precedentes, el cual impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar las resoluciones que emitan, como en la especie lo es la que emitió la Sala responsable que aquí se reclama. Así, fundar, en tratándose de actos provenientes de la autoridad, significa expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y, motivar, consiste en señalar con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. Además, es indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas. En apoyo de lo anterior se invoca la Jurisprudencia 204, visible en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que expone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". También es ilustrativa del tema la diversa Jurisprudencia VI. 2o.J/63-2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 372, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, Materia Administrativa- Común, que expresa: "MOTIVACIÓN. Cuando en una resolución de la autoridad administrativa se expresan con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión del acto, se estima cumplido el requisito que exige el artículo 16 constitucional, siendo para ello suficiente que el razonamiento substancial que al efecto se produzca quede claro. Por ende, sólo la omisión total de motivación o que, la que se exprese, sea tan imprecisa que no de elementos al afectado para defender sus derechos o para impugnar el razonamiento aducido por la autoridad responsable, puede motivar la concesión del amparo por la falta de dicho requisito; pero no cuando el afectado reconozca la esencia de los argumentos legales y las consideraciones en que se apoyó la responsable, pues en tal hipótesis está en aptitud de alegar y defenderse en contra de lo considerado por la autoridad". En ese contexto, cuando determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto contemplado por la norma jurídica, el acto de autoridad violará la exigencia de la motivación legal, aun cuando esté previsto en una ley, es decir, aunque esté fundado. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, Novena Época, Diciembre de 2005, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Las apuntadas premisas no pueden soslayarse por los juzgadores cuando emiten un auto de vinculación a proceso, o lo analizan en segunda instancia en vía de apelación, pues aun cuando, atento a la regla general, los jueces de control no tienen acceso a la carpeta de investigación y se imponen de su contenido de primer momento, en la audiencia para la formulación de la imputación, permanece incólume su obligación de fundar y motivar sus determinaciones, inclusive en forma oral, en ese propio escenario procesal ante las partes ahí presentes. Efectivamente, en acatamiento al mandato que consigna el primer párrafo del artículo 16 constitucional, el juez debe justificar argumentativamente si procede o no vincular a proceso al inculpado; al igual que el tribunal de apelación al analizar la determinación que emita el juzgador de primer grado. Es decir, las citadas autoridades judiciales cumplirán la exigencia de fundar y motivar sus actos, en la medida en que en sus determinaciones, en principio, citen los preceptos legales que los faculten para emitirlas, así como aquéllos que les sirvan de apoyo al caso particular; además, expresen los razonamientos lógicos y jurídicos que les conduzcan a determinar que el asunto sometido a su potestad, encuadra en los supuestos de las normas invocadas. En ese contexto, no puede pretenderse por parte de los juzgadores, atendiendo al principio de oralidad y de la ausencia de forma escrita de algunas actuaciones dentro del proceso una "relajación" en el deber de fundar y motivar las decisiones que asuman, pues, una motivación adecuada y suficiente se torna más necesaria que nunca, para evitar no solamente arbitrariedades reales, sino incluso irregularidades imaginadas por las partes en el juicio. De lo anterior se obtiene que en el dictado del auto de vinculación a proceso, basta que se desprendan datos de que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos". Del precepto trascrito se desprende que los datos de prueba son los medios de convicción aún no desahogados ante el juez, los cuales deben ser suficientes para que se evidencie la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así las cosas, el juzgador debe examinar el grado de razonabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando como normas rectoras, entre otras, la legalidad (la imputación de hechos que la ley señale como delitos, e información que constituya datos de su comisión), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Precisado lo anterior, de las constancias que remitió el juez responsable a su oficio con registro 4366, misma que fueron previamente valoradas, se advierte que el catorce de febrero de dos mil veintiuno, se decretó contra ********************************, auto de vinculación a proceso, dentro de la causa de control *********, por considerarlo probable responsable en la comisión del hecho delictuoso de robo con modificativa de agravante, de haberse cometido con violencia, previsto, sancionado y agravado por los artículos 287, 289, fracción I, y 290 fracción I inciso b), en relación con los preceptos 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso d), todos del Código Penal del Estado de México, cometido en agravio de *****************************. Además, el juez, estimó que la fiscalía acreditó el hecho delictuoso y la probable participación, bajo el hecho circunstanciado de que el siete de febrero de dos mil veintiuno, al ser aproximadamente las cero horas, la víctima *****************************, se encontraba circulando por Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en la Colonia Benito Juárez, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a bordo del vehículo de la marca Nissan, tipo Tsuru, color blanco, con cromáticas naranjas, placas de circulación 6481JER, del servicio público del Estado de México, propiedad de ************************, del cual llevaba el vidrio abajo, momento en el cual el investigado *****************************, le hizo la parada y metió medio cuerpo diciéndole llévame a Nicolás Romero, sin embargo, la víctima al considerar la hora y que el lugar donde le pedía que lo llevará era peligroso, así como que el aquí quejoso, tenía aliento alcohólico, le dijo que hasta allá no iba, por lo que el imputado le insiste y al haberse negado nuevamente, este saca de la manga izquierda de su chamarra un cuchillo de un solo filo con mango de plástico con la leyenda "ECKO", diciéndole "pues ya chingaste a tu madre, dame tu celular y el dinero", por lo que la víctima le hace entrega de un teléfono celular color negro con la leyenda INCO NICE IMPLICIT MATE y un billete de doscientos pesos que traía en la bolsa de su chamarra, acto seguido, el imputado ***************************** se echa a correr hacia el periférico sobre la misma avenida Sor Juan Inés de la Cruz y avenida Primero de mayo, sobre la misma Colonia citada, como los hechos ocurrieron a unos metros del Centro de Justicia de Torre Tlalnepantla, al ver a unos policías la víctima inmediatamente solicitó el apoyo, teniendo conocimiento de los hechos ***************************** y *****************************, a las cero horas con tres minutos, a quienes les señalo a la persona que iba corriendo sobre el lugar referido, es por ello que dichos policías van en persecución de la persona señalada, dándole alcance a quince metros más delante de lo ocurrido en Sor Juana, y es donde la víctima refiere que es la misma persona que le había robado su celular y el dinero y que traía un cuchillo, motivo por el cual, dichos policías realizan una revisión y le encuentran al aquí quejoso un celular y un billete de doscientos pesos en la bolsa derecha de su chamarra, mismos que la víctima reconoció como los que le robaron, y en el lado izquierdo de la chamarra encontraron un cuchillo, el cual es reconocido por la víctima como el mismo que utilizará para robarlo, realizándose la detención del aquí quejoso a las doce horas con cinco minutos, efectuando el reporte de éste en el registro nacional donde les proporcionaron el folio *****************************, con número de referencia *****************************, y una vez que se realiza la cadena de custodia de los indicios, son puestos a disposición junto con el imputado ante el Ministerio Público a las cero horas con dieciséis minutos. Surte aplicación al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), registro 160330, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, página 1942, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación". Dicho hecho circunstanciado se basó en los siguientes datos de prueba, para así acreditar el hecho delictivo, siendo los siguientes: ? Entrevista de los primeros respondientes ***************************** y *****************************. ? Informe policial homologado. ? Certificado de lesiones a favor del imputado *****************************, firmado por la Dra. Magdalena Sabino Rafael. ? Entrevista de la víctima *****************************. ? Entrevista de *****************************, testigo de propiedad. ? Inspecciones realizadas del policía de investigación *****************************. Del dato de prueba consistente en la entrevista a la víctima que ciertamente consideró atendible y eficiente para acreditar la conducta desplegada por el imputado por ser lógico en el mundo fáctico y estar adminiculado con los demás datos de prueba, pues del mismo se desprende la mecánica de los hechos al tenor de la cual se llevó a cabo el acto de apoderamiento indebido, además de que las entrevistas fueron emitidas por persona que por su edad, capacidad e instrucción, tiene el criterio necesario para juzgar el acto respecto del cual depuso, mismo que percibió de manera personal y directa a través de sus sentidos, aunado a que no se advierte que haya sido obligada a declarar en la forma en que lo hizo, por fuerza o miedo, ni impulsada por engaño, error o soborno, asimismo tampoco se advierte animadversión personal en contra de los sujetos asegurados, odio, venganza o revanchismo que pudieran justificar una afirmación falaz. De los informes de los oficiales ***************************** y ***************************** e inspecciones realizadas por el policía de investigación *****************************, se acredita la existencia del lugar en que ocurrieron los hechos, así como los elementos del delito. Además, que los datos de prueba, como lo refiere la responsable, fueron valorados en forma lógica, libre y conjunta, en términos de lo previsto por el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que son idóneos y pertinentes para acreditar el hecho delictuoso, pues se acredita la existencia del lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Datos de prueba que ciertamente consideró idóneos para establecer la existencia del hecho delictuoso, ya que se trata de actuaciones que fueron practicadas por autoridad en ejercicio de sus funciones y atribuciones, lo que da seguridad jurídica a dicha diligencia procesal. Por ende, únicamente se requiere verificar la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, ello a partir de la racionalidad de los argumentos que el órgano acusador exponga en la audiencia preliminar, conforme a los antecedentes de la investigación que logró reunir. Además, no existe necesidad de que en esa etapa se aporten y, en su caso, valoren pruebas que cumplan con determinado estándar, las cuales están reservadas para ofrecerse durante la etapa intermedia y desahogarse en el periodo correspondiente al juicio oral para ser valoradas en la sentencia. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2, visible en la página 757, libro XXVI, tomo 1, noviembre 2013, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)". Finalmente, el Juez responsable únicamente consideró los datos aportados por el agente investigador y los argumentos presentados por la defensa, para dictar el auto constitucional. Ahora bien, con relación a las modificativas agravantes, como bien menciona la responsable, queda comprobado de conformidad con los artículos 287, 289 fracción I y 290 fracciones I inciso b) del Código Penal del Estado de México, en atención a que de los datos de prueba que fueron mencionados anteriormente arrojan que existe un indicio materia, consistente en el resultado material de cometerse con violencia. Respecto a la probable intervención del imputado (aquí quejoso), la autoridad responsable correctamente la tuvo por acreditada con los datos de pruebas enunciados en líneas precedentes, así como autor con dominio del hecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/93, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 341, Tomo VU, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Materia Penal, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS". Efectivamente, precisó en el acto reclamado que la probable responsabilidad del imputado se tenía por acreditada en términos del artículo 11, fracción I, inciso c), del Código Penal del Estado de México, dado que ejecuto directamente el hecho delictivo. Pues al efecto, el ahora quejoso realizó un aporte conductual eficiente de actos tendientes a la consumación, controlando el desarrollo y ejecución del acto delincuencial, acreditándose así con los datos de prueba previamente señalados que el imputado probablemente fue el sujeto que ejecutó el ilícito de robo, ya que fue la persona física a la que la víctima le realizará el señalamiento firme, directo, lineal y contundente de ser la persona que el día de los hechos lo desapoderara del objeto material y el numerario referidos en el auto de vinculación que se analiza, lo que se corrobora con el señalamiento contundente por parte de los oficiales captores ***************************** y *****************************, a quienes si bien no les consta el instante preciso del robo, intervinieron al momento de realizar el aseguramiento del imputado, además que es claro que dada la mecánica en que se verificó el acontecimiento, el imputado tenía el dominio del mismo y actúo para apoderarse de los objetos afectos a la causa para realizar el citado robro. De igual forma, debe señalarse que el juez responsable citó los fundamentos legales ajustables al caso, así los motivos por lo que resultaban aplicables. Asimismo, los datos de pruebas precisados anteriormente, resultan idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para evidenciar como probable participante a *****************************, en la comisión del delito de robo con modificativa de agravante, de haberse cometido con violencia. Por ende, el juez responsable precisó los elementos que componen al hecho delictuoso en cuestión y señaló las probanzas con las que se acreditaba cada uno de los elementos, expresando las circunstancias que lo llevaron a darle el debido valor a los datos que enunció, y las razones para acreditar la probable responsabilidad de los imputados y, con ello, cubrió los requisitos contenidos en el artículo 19 de la Constitución General de la República. Además, conviene reiterar que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de la Décima Época, con número de registro 2004857, Libro XXVI, de fecha Noviembre de 2013, Tomo 1, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos". Así como la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2377, Tomo lll, Octubre de 2014, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRAARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor". No pasa inadvertido que en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, el quejoso establece que la autoridad responsable emitió el acto de vinculación a proceso, sin que se haya acreditado fehacientemente su participación, en virtud de que si bien la Fiscalía de Tlalnepantla, sustenta su imputación en la declaración de la víctima y de los primeros respondientes, de los videos, que ofertó no se advierte su participación en el hecho delictivo que se le imputa. Que de dichos videos, se desprende que el aquí quejoso si bien tuvo contacto con la víctima, también lo es, que no hubo ninguna agresión, dado que no coinciden el lado que ésta señala se acercó al vehículo donde él se encontraba (izquierdo) y el lado en el que el imputado se acercó a pedir el servicio (derecho), máxime que el sentido en que circulaba el automotor es contrario al sentido de la avenida en la que supuestamente sucedieron los hechos. Asimismo, que la autoridad responsable, no valoró las impresiones de pantalla que exhibió respecto del teléfono de su esposa y que le negó la admisión de la prueba pericial en Cibernética, medios de convicción, con las que pretendía acreditar que el teléfono utilizado fue para realizar diversas llamadas a su esposa. Contrario a lo afirmado por el quejoso, la responsable en la resolución reclamada, acertadamente citó y valoró cada dato de prueba ofertado, observando los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, señaló los datos de pruebas y motivó su resolución e indicó las circunstancias que tomó en consideración para llegar al dictado del acto reclamado. Incluso conminó a la defensa a manifestar si era su deseo ofertar diversas pruebas a las ya desahogadas, quien manifestó que bastaba con los dos videos desahogados en la audiencia inicial e incluso que se desistía de los diversos videos anteriormente ofertados. Por tanto, no asiste razón a la parte quejosa porque el juez le dijo que con los medios que se habían desahogado, se demostraba el hecho delictivo y la probable participación del ahora quejoso, pues quedó acreditado con el dicho del denunciante que fue el solicitante de amparo el que lo despojo de sus bienes, los cuales le fueron encontrados en su poder al momento de su detención, así como que los videos eran insuficientes para demostrar que al momento de la detención del quejoso éste se encontraba en otro lugar, pues de los videos si bien se advierte una persona, en un lugar distinto al de los hechos de estos no se demuestra que esa persona fuera el quejoso. Y en cuanto a la prueba pericial en cibernética, como ya se mencionó la defensa de la parte quejosa manifestó en la audiencia que con las pruebas desahogadas eran suficientes. En ese orden de ideas, al no estar demostrado que el acto reclamado transgreda prerrogativa constitucional alguna, en perjuicio del quejoso, aun supliendo la deficiencia por ausencia de conceptos de violación, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Finalmente, no se formula mayor pronunciamiento respecto de los alegatos expuestos por el quejoso, pues los mismos no forman parte de la litis en este juicio; esto con fundamento en la jurisprudencia P./J. 27/94, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, página 14, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****************************, por los motivos contenidos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese, personalmente al quejoso. Lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien da fe hasta el día de hoy catorce de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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II. aviso. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso, la sentencia del catorce de junio de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****************************, por los motivos contenidos en el considerando último de la presente resolución. Doy fe.
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