CARLOS CLEMENTH CASTRO CHIHUAQUE y Otros.

Expediente 15/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
15/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
01/03/2018

Partes del expediente

  • CARLOS CLEMENTH CASTRO CHIHUAQUE y Otros.
  • Antonio Garcia Caro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), en relación con el 86, de la citada Ley de Amparo, contra el auto emitido el seis de febrero de dos mil dieciocho, en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación invocada, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en este juicio de amparo, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. DESTRUCCIÓN DEL ORIGINAL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Glósese al expediente el cuaderno original del incidente de suspensión, el que será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que del mismo se desprende que fue negada la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la organización de Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Asimismo, atendiendo al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Por último, al resultar innecesaria la retención de la documental que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda; con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial que antecede asentada por el actuario judicial de la adscripción, de la que se aprecia que no fue posible notificar a la parte quejosa el proveído de seis del mes y año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, toda vez que al constituirse en el domicilio que indica, y tocar en repetidas ocasiones fue atendido por una voz del sexo femenino, quien le informó que bajo protesta de decir verdad no conoce a los aquí promoventes. Por tanto, atento a la evidencia de cuenta notifíquese a los quejosos tanto el auto precitado, así como las subsecuentes aún de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece artículo 29 de la Ley de Amparo. Por este conducto se le notifica a la parte quejosa, el acuerdo del seis de febrero actual: Agréguese a sus autos para que obren como correspondan y surtan los efectos legales a que haya lugar, los oficios sin número signados por la Rectora, Director de la Escuela de Medicina, Representante del Comité de Disciplina de la Escuela de Medicina, Representante del Consejo Directivo de la Escuela de Medicina, Representante del Consejo Académico de la Escuela de Medicina y por el Representante del Comité de Honor y Justicia, todos de la Universidad de Celaya, con sede en esta ciudad; en relación a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación que a su parte corresponde; sin que sea necesario dar vista a las partes con su contenido ni se ordene relacionarlo con posterioridad, atento al sentido de la resolución que se dicta enseguida. Téngase a las responsables en cita adjuntando como justificación a su comunicado, originales de sendos oficios sin número signados por la Directora de Servicios Escolares, de la que se obtiene que los quejosos en el presente asunto Antonio García Caro y Carlos Clementh Castro Chihuaque, están inscritos y cursan en la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya, el Sexto Semestre de la Licenciatura de Médico, Cirujano y Partero; documentales que se tienen por admitidas y desahogadas atento a su especial naturaleza, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Agréguese a los autos de la misma forma, el escrito signado por los quejosos ***, a través del cual manifiestan y confirman lo referido por las autoridades responsables en su informe de ley, esto es, que están inscritos y cursan en la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya, el Sexto Semestre de la Licenciatura de Médico, Cirujano y Partero. Ahora bien, del estado de autos se advierte que mediante escrito presentado el miércoles diez de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad y turnada a este Juzgado Federal, ***, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamaron del Rector, Director de la Escuela de Medicina, Representante del Comité de Disciplina de la Escuela de Medicina, Representante del Consejo Directivo de la Escuela de Medicina, Representante del Consejo Académico de la Escuela de Medicina y por el Representante del Comité de Honor y Justicia, todos de la Universidad de Celaya, e hicieron consistir en esencia, en la BAJA DEFINITIVA como estudiantes de la Licenciatura de Médico, Cirujano y Partero; que cursaban al concluir el Quinto Semestre, entregándoles sus documentos e impidiéndoles cursar el Sexto Semestre de esa licenciatura. Actos que consideraron violatorios de los derechos establecidos por los artículos 1, 3, 14 y 16 de la Constitución Federal. Por auto pronunciado el doce de enero de dos mil dieciocho, se registró el expediente con el número 15/2018, que consecutivamente le correspondió, y se formuló requerimiento con apercibimiento inserto a los promoventes, el cuál una vez acatado, en proveído de veintidós de enero siguiente, se admitió la demanda de amparo a trámite, requiriéndose a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se dio la vista que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional. Ahora bien, como se expuso en parágrafos precedentes, en los oficios de cuenta a través de los cuales la autoridad señalada como responsable rinde su informe de ley, como se precisó ya, aducen que los quejosos ***, están inscritos y cursan en la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya, el Sexto Semestre de la Licenciatura de Médico, Cirujano y Partero; lo que acreditan con originales de sendos oficios sin número signados por la Directora de Servicios Escolares; circunstancia que se corrobora del escrito de cuenta signado por que los quejosos, en el que efectivamente aducen que ya cursan el Sexto Semestre de esa licenciatura. Precisado lo anterior, se destaca que, de las constancias que integran el Juicio de Amparo en que se actúa, se advierte que ***, están inscritos y cursan en la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya, el Sexto Semestre de la Licenciatura de Médico, Cirujano y Partero; de ahí que respecto del acto reclamado en el presente asunto, sobreviene un motivo manifiesto e indudable para sobreseerlo, incluso antes de que se celebre la Audiencia Constitucional programada para las nueve horas con seis minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Así, se precisa entonces que debe sobreseerse en el Juicio de Amparo en que se actúa, virtud de que sobre el acto que reclaman los quejosos ***, destacado en párrafos precedentes, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, acorde con las razones jurídicas siguientes: Debe asentarse en principio que el precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Pues bien, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca o desaparece para la vida jurídica el acto reclamado en la vía de Amparo, pero además, con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección Constitucional solicitada, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, toda vez que las autoridades señaladas como responsables, como se precisó con anterioridad, indican y acreditan que ***, están inscritos y cursan en la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya, el Sexto Semestre de la Licenciatura de Médico, Cirujano y Partero. En consecuencia, resulta incuestionable que con tal actuar, cesó en sus efectos el acto reclamado, que ante esta autoridad de Amparo, reclamaron Antonio García Caro y Carlos Clementh Castro Chihuaque, e hicieron consistir en la en el caso en la baja definitiva como estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya, donde estudiaban la Licenciatura de Médico, Cirujano y Partero; destruyéndose con ello los efectos de la violación reclamada en el presente Juicio de Amparo, lo que trae como consecuencia que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, y por ende debe decretarse el sobreseimiento del Juicio, acorde con lo dispuesto por el diverso ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Por su puntual aplicación, es de invocarse la tesis XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, correspondiente a la Novena Época, del siguiente tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También resulta aplicable la Jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, también de la Novena Época, del siguiente contenido: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la misma forma, es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, contenida en la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la Audiencia Constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con seis minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE el Juicio de Amparo promovido por ***, contra los actos que reclamaron del Rector, Director de la Escuela de Medicina, Representante del Comité de Disciplina de la Escuela de Medicina, Representante del Consejo Directivo de la Escuela de Medicina, Representante del Consejo Académico de la Escuela de Medicina y por el Representante del Comité de Honor y Justicia, todos de la Universidad de Celaya, de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos para que obren como correspondan y surtan los efectos legales a que haya lugar, los oficios sin número signados por la Rectora, Director de la Escuela de Medicina, Representante del Comité de Disciplina de la Escuela de Medicina, Representante del Consejo Directivo de la Escuela de Medicina, Representante del Consejo Académico de la Escuela de Medicina y por el Representante del Comité de Honor y Justicia, todos de la Universidad de Celaya, con sede en esta ciudad; en relación a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación que a su parte corresponde; sin que sea necesario dar vista a las partes con su contenido ni se ordene relacionarlo con posterioridad, atento al sentido de la resolución que se dicta enseguida. Téngase a las responsables en cita adjuntando como justificación a su comunicado, originales de sendos oficios sin número signados por la Directora de Servicios Escolares, de la que se obtiene que los quejosos en el presente asunto Antonio García Caro y Carlos Clementh Castro Chihuaque, están inscritos y cursan en la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya, el Sexto Semestre de la Licenciatura de Médico, Cirujano y Partero; documentales que se tienen por admitidas y desahogadas atento a su especial naturaleza, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Agréguese a los autos de la misma forma, el escrito signado por los quejosos ***, a través del cual manifiestan y confirman lo referido por las autoridades responsables en su informe de ley, esto es, que están inscritos y cursan en la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya, el Sexto Semestre de la Licenciatura de Médico, Cirujano y Partero. Ahora bien, del estado de autos se advierte que mediante escrito presentado el miércoles diez de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad y turnada a este Juzgado Federal, ***, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamaron del Rector, Director de la Escuela de Medicina, Representante del Comité de Disciplina de la Escuela de Medicina, Representante del Consejo Directivo de la Escuela de Medicina, Representante del Consejo Académico de la Escuela de Medicina y por el Representante del Comité de Honor y Justicia, todos de la Universidad de Celaya, e hicieron consistir en esencia, en la BAJA DEFINITIVA como estudiantes de la Licenciatura de Médico, Cirujano y Partero; que cursaban al concluir el Quinto Semestre, entregándoles sus documentos e impidiéndoles cursar el Sexto Semestre de esa licenciatura. Actos que consideraron violatorios de los derechos establecidos por los artículos 1, 3, 14 y 16 de la Constitución Federal. Por auto pronunciado el doce de enero de dos mil dieciocho, se registró el expediente con el número 15/2018, que consecutivamente le correspondió, y se formuló requerimiento con apercibimiento inserto a los promoventes, el cuál una vez acatado, en proveído de veintidós de enero siguiente, se admitió la demanda de amparo a trámite, requiriéndose a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se dio la vista que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional. Ahora bien, como se expuso en parágrafos precedentes, en los oficios de cuenta a través de los cuales la autoridad señalada como responsable rinde su informe de ley, como se precisó ya, aducen que los quejosos ***, están inscritos y cursan en la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya, el Sexto Semestre de la Licenciatura de Médico, Cirujano y Partero; lo que acreditan con originales de sendos oficios sin número signados por la Directora de Servicios Escolares; circunstancia que se corrobora del escrito de cuenta signado por que los quejosos, en el que efectivamente aducen que ya cursan el Sexto Semestre de esa licenciatura. Precisado lo anterior, se destaca que, de las constancias que integran el Juicio de Amparo en que se actúa, se advierte que ***, están inscritos y cursan en la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya, el Sexto Semestre de la Licenciatura de Médico, Cirujano y Partero; de ahí que respecto del acto reclamado en el presente asunto, sobreviene un motivo manifiesto e indudable para sobreseerlo, incluso antes de que se celebre la Audiencia Constitucional programada para las nueve horas con seis minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Así, se precisa entonces que debe sobreseerse en el Juicio de Amparo en que se actúa, virtud de que sobre el acto que reclaman los quejosos ***, destacado en párrafos precedentes, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, acorde con las razones jurídicas siguientes: Debe asentarse en principio que el precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Pues bien, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca o desaparece para la vida jurídica el acto reclamado en la vía de Amparo, pero además, con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección Constitucional solicitada, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, toda vez que las autoridades señaladas como responsables, como se precisó con anterioridad, indican y acreditan que ***, están inscritos y cursan en la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya, el Sexto Semestre de la Licenciatura de Médico, Cirujano y Partero. En consecuencia, resulta incuestionable que con tal actuar, cesó en sus efectos el acto reclamado, que ante esta autoridad de Amparo, reclamaron Antonio García Caro y Carlos Clementh Castro Chihuaque, e hicieron consistir en la en el caso en la baja definitiva como estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya, donde estudiaban la Licenciatura de Médico, Cirujano y Partero; destruyéndose con ello los efectos de la violación reclamada en el presente Juicio de Amparo, lo que trae como consecuencia que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, y por ende debe decretarse el sobreseimiento del Juicio, acorde con lo dispuesto por el diverso ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Por su puntual aplicación, es de invocarse la tesis XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, correspondiente a la Novena Época, del siguiente tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También resulta aplicable la Jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, también de la Novena Época, del siguiente contenido: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la misma forma, es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, contenida en la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la Audiencia Constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con seis minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE el Juicio de Amparo promovido por ***, contra los actos que reclamaron del Rector, Director de la Escuela de Medicina, Representante del Comité de Disciplina de la Escuela de Medicina, Representante del Consejo Directivo de la Escuela de Medicina, Representante del Consejo Académico de la Escuela de Medicina y por el Representante del Comité de Honor y Justicia, todos de la Universidad de Celaya, de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.

  4. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Vistos los presentes autos de los que se advierte que aún no obra el informe justificado solicitado a la totalidad de las autoridades responsables residentes en esta ciudad, no obstante que ya obra el acuse de recibo de los oficios con los cuales se les solicitó, según se advierte en autos, del cual se desprende que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de quince días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que lo rinda. DIFERIMIENTO. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO ACTUAL, para que la misma tenga verificativo.

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