Carlos Chavez Tames
Expediente 459/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Carlos Chavez Tames
- Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, tres de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que en proveído de siete de noviembre de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio; empero, se omitió ordenar que al expediente principal se agregaran los cuadernos incidentales de suspensión; por tanto, se subsana tal omisión y se dispone que se agregan dichos cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva; además, se hace la precisión de que no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, tomando en consideración que la parte quejosa, allegó al presente sumario diversas documentales; de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General 1/2009, se dejan a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos, previa identificación con credencial de validez oficial que contenga su fotografía, apercibida que de no hacerlo así dentro del término indicado, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente en los términos precisados con antelación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma el licenciado César Israel Santes Quevedo, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil dieciséis, conforme al oficio número CCJ/ST/8589/2016, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistido de la licenciada Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria del propio Juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, once de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por Azucena De Jesús Brito Solis, Delegada del Director Comercial y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo anexando la constancia con lo que lo acredita; por tanto, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no manifestar algo al respecto dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, con lo informado por dicha autoridad y demás constancias que integren este expediente este juzgado federal resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a siete de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha sentencia que por una parte se sobresee y por la otra ampara a la parte quejosa ha causado ejecutoria.Ahora, tomando en consideración que los efectos del fallo protector consisten en:" a).- El Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, deje sin efectos el oficio número CAP/GCM/NOT/0021/2016, de catorce de abril de dos mil dieciséis; y, b).- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, deje sin efectos la diligencia de suspensión de corte del servicio de agua potable efectuado el veintinueve de abril pasado sobre la cuenta 009-027-0018-5, a nombre de Carlos Chávez Tames, que se suministra en el inmueble identificado como calle Francia, lote 1, manzana 10, fraccionamiento Club Deportivo, en esta ciudad; sin que sea necesario ordenar la reconexión de dicho servicio, toda vez que ello ya aconteció en cumplimiento a la medida suspensional, al tenor de la actuación de quince de mayo del año en curso. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de esta ciudad y al Director Comercial de dicha dependencia, para que dentro del plazo de tres días informen el cumplimiento que hayan dado a la sentencia de amparo, sin que en ejercicio de la facultad contenida en el último párrafo del numeral en cita, se estime necesario ampliar dicho término para ese efecto. En la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá al Titular, una multa de cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
SECCIÓN AMPARO JUICIO DE AMPARO 459/2016 CEIS VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 459/2016; y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito recibido el tres de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, CARLOS CHAVEZ TAMES, por su propio derecho, presentó demanda de garantías contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORA: 1).- Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. EJECUTORAS: 2).- Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA). 3).- Javier Calderón, en su carácter de Notificador Ejecutor adscrito a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA). Todos con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS. "(.) Se reclama la ilegal suspensión y/o corte del servicio de Agua Potable realizado por un adeudo inexistente hecho por el consumo de agua potable por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) (.)". SEGUNDO.- Por acuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo radicada con el número 459/2016; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que les compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO.- Por acuerdo de siete de junio de dos mil dieciséis, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda por lo que ve a las autoridades señaladas en primer término, así como respecto al Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), por lo que ve a los siguientes: ACTOS RECLAMADOS. "1.1).- El ilegal e inconstitucional oficio número CAP/GCM/NOT/0021/2016, de fecha 14 de abril de 2016, (.). 1.2).- El ilegal apercibimiento decretado en el oficio número CAP/GCM/NOT/0021/2016, de fecha 14 de abril de 2016, (.). 1.3).- Por falta de emplazamiento y/o notificación personal, todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución seguido a mis espaldas, originado por el ilegal oficio número CAP/GCM/NOT/0021/2016, de fecha 14 de abril de 2016, (.). 1.4).- Por ser ilegales e inconstitucionales, se reclaman las inspecciones domiciliarias de fecha 31 de julio del 2009, 29 de octubre del 2010, 11 de septiembre del 2012, 05 de febrero del 2015, 07 de abril del 2015, 24 de agosto del 2015 y 03 de noviembre de 2015 (.). 2.1).- La ejecución del ilegal oficio CAP/GCM/NOT/0021/2016, de fecha 14 de abril de 2016, (.). 2.1).- La ilegal notificación de fecha 14 de abril del 2016 (.)." Consecuentemente, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado en relación con la aludida ampliación, y en la fecha y hora señalada, se verificó la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclaman actos atribuidos a autoridades municipales con sede en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO.- Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que Carlos Chávez Tames, como usuario del servicio de agua potable identificado con el número de cuenta 009-027-0018-5, respecto del inmueble sito en calle Francia, lote 1, manzana 10, fraccionamiento Club Deportivo, en esta ciudad, con razón social "Autolavado The Harppy Carr III", reclama lo siguiente: a).- Del Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA): a.1).- El oficio número CAP/GCM/NOT/0021/2016, de catorce de abril de dos mil dieciséis, dirigido al quejoso, por el que se le requiere para que compareciera a las oficinas del organismo operador a efecto de que acreditara el pago por concepto de factibilidad a que se refiere el artículo 149 la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero. b).- Del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez; y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco: b.1).- La orden de corte del servicio de agua potable relativo a la cuenta 009-027-0018-5, a nombre de Carlos Chávez Tames, que se suministra en el indicado inmueble identificado como calle Francia, lote 1, manzana 10, fraccionamiento Club Deportivo, en esta ciudad. c).- De la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco: c.1).- Todo lo actuado dentro de un procedimiento de ejecución. c.2).- Las inspecciones domiciliarias efectuadas en el inmueble identificado como calle Francia, lote 1, manzana 10, fraccionamiento Club Deportivo, en esta ciudad, de treinta y uno de julio de dos mil nueve, veintinueve de octubre de dos mil diez, once de septiembre de dos mil doce; cinco de febrero; siete de abril, veinticuatro de agosto y tres de noviembre de dos mil quince. d).- De Javier Calderón, en su carácter de Notificador Ejecutor adscrito a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco: d.1).- El emplazamiento al procedimiento de ejecución incoado al quejoso. d.2).- La realización de las inspecciones domiciliarias efectuadas en el inmueble identificado como calle Francia, lote 1, manzana 10, fraccionamiento Club Deportivo, en esta ciudad, de treinta y uno de julio de dos mil nueve, veintinueve de octubre de dos mil diez, once de septiembre de dos mil doce; cinco de febrero; siete de abril, veinticuatro de agosto y tres de noviembre de dos mil quince. d.3).- La notificación del oficio CAP/GCM/NOT/0021/2016. d.4).- La ejecución de la orden de suspensión descrita en el inciso b.1). TERCERO.- Establecido lo anterior, procede ahora verificar la certeza del acto reclamado; en ese sentido, la Síndica Procuradora Administrativa, Contable, Financiera y Patrimonial, en representación del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; negó categóricamente la existencia del acto reclamado precisado en el inciso b.1), del considerando que antecede; mientras que la representante legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, al rendir su respectivo informe con justificación, negó la existencia de la conducta descrita en el inciso c.1), en tanto que el Notificador Ejecutor adscrito a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco hizo lo propio respecto de los actos descritos en los incisos d.1) y d.2), del considerando que antecede. En ese orden de ideas, la negativa informada debe aceptarse en sus términos, ya que de las actuaciones que obran en los presentes autos no se obtiene que la autoridad municipal señalada en primer término haya ordenado el corte del suministro de agua potable que abastece el inmueble a que se refiere la cuenta registrada a nombre del quejoso; ni que el organismo operador haya instaurado en contra del usuario de ese servicio de algún procedimiento económico coactivo a efecto de hacer efectivo algún crédito fiscal y por ende, el notificador responsable tampoco estaba en aptitud de realizar su citación o emplazamiento a dicho procedimiento; sin que obste a lo anterior el hecho de que el corte o suspensión del servicio de agua potable que se reclama (inciso b.1), derive de la omisión de atender el requerimiento de acreditar el pago de factibilidad a que se refiere el oficio CAP/GCM/NOT/0021/2016, ya que de la lectura a dicha comunicación no se obtiene que se le haya fincado un crédito fiscal a cargo de Carlos Chávez Tames. Aunado a lo anterior, de la lectura a las documentales que exhibió la representante legal del organismo operador del agua potable, atinentes a las visitas domiciliarias, no se aprecia que en su elaboración o resultado haya intervenido el notificador ejecutor responsable; de ahí que también se tenga por inexistente dicho acto en lo que corresponde a aquel funcionario. Consecuentemente, lo que procede con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la ley de la materia, es sobreseer el presente juicio de garantías por lo que ve a los aludidos actos y autoridades precisados en el presente considerando. CUARTO.- SON CIERTOS los actos reclamados a las autoridades responsables Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco y Javier Calderón, en su carácter de Notificador Ejecutor adscrito a la aludida entidad paramunicipal, los cuales fueron precisados en los incisos b.1) y d.4), del considerando segundo de esta resolución, respectivamente; pues al rendir su respectivo informe con justificación -la primera por conducto de su representante legal y el segundo por sí mismo-, así lo señalaron expresamente; manifestación que constituye una confesión de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º, y que se corrobora con la copia certificada relativa a la documental denominada "ACTA DE SUSPENSIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y/O CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES", de veintinueve de abril pasado, la cual adquiere pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la legislación adjetiva en cita. Similar conclusión debe arribarse en lo que respecta al acto precisado en el inciso c.2), que se reclama a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, pues si bien al rendir su informe con justificación relacionado con la ampliación de la demanda, negó la existencia de las inspecciones domiciliarias efectuadas en el inmueble identificado como calle Francia, lote 1, manzana 10, fraccionamiento Club Deportivo, en esta ciudad, los días treinta y uno de julio de dos mil nueve, veintinueve de octubre de dos mil diez, once de septiembre de dos mil doce; cinco de febrero; siete de abril, veinticuatro de agosto y tres de noviembre de dos mil quince; no puede soslayarse que al rendir dicho informe con motivo del acto originalmente reclamado, fue la aludida responsable -por conducto de su representante legal-, la que allegó tales documentales. Mas aun, tampoco puede pasarse por alto que las documentales en las que se asentó el resultado de dichas inspecciones domiciliarias, corresponden a las impresiones del sistema AS-400, con el que cuenta dicho organismo operador; motivo por el cual tal acto debe atribuirse a dicha autoridad, habida cuenta que de su lectura no se aprecia qué funcionario las práctico, de modo que lo procedente es tener por cierto el acto de que se trata. Igual determinación debe efectuarse en torno al acto reclamado al Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, consistente en la emisión del oficio número CAP/GCM/NOT/0021/2016, de catorce de abril de dos mil dieciséis, pues no obstante que al rendir su informe con justificación negó su existencia, ello lo sustentó en el argumento de que se observaron los requisitos legales para su emisión; de ahí que tal negativa en realidad está encaminada a revelar la legalidad de dicha determinación, no así su inexistencia; máxime que tal comunicación obra en copia certificada en el presente sumario; documental a la que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con los ordinales invocados en el párrafo que antecede. Por tanto, lo procedente es tener por cierto el acto que al aludido funcionario se le reprocha. De igual modo, se tiene por cierto el acto atribuido al Notificador Ejecutor adscrito a la entidad paramunicipal responsable descrito en el inciso d.3), del considerando que antecede, habida cuenta que así lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado respecto del acto reclamado inicialmente, aunado a que de la lectura del mencionado oficio número CAP/GCM/NOT/0021/2016, se deriva el nombre y firma que asentó el señalado funcionario responsable cuando refirió haberse constituido en el domicilio donde se presta el servicio de agua potable al quejoso para notificarle dicho documento. QUINTO.- Una vez verificada la certeza del acto reclamado atribuido a la autoridad registral, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, primero se procede al análisis de las causas de improcedencia invocadas por las partes. Así, se advierte que la representante legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, señaló que en el caso se actualizan las siguientes hipótesis de improcedencia: a).- La prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo, al afirmar que el acto descrito en el inciso b.1), no proviene de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. b).- La prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa estaba obligada a agotar el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 574 (principio de definitividad). c).- La prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso ordinal 17, ambos de la Ley de Amparo; lo anterior, al considerar que la demanda de amparo respecto del acto precisado en el inciso a.1), fue presentada de manera extemporánea. Luego, se procede a verificar si las causas de improcedencia invocadas efectivamente se actualizan en el presente asunto; en ese sentido, respecto de la primera de las hipótesis de improcedencia, se tiene presente que como sustento de su afirmación, la autoridad responsable invocó la jurisprudencia P./J. 92/2001, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 693, del Tomo XIV, julio de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto." Ahora bien, de la lectura a la aludida tesis de jurisprudencia, se puede advertir que la razón en la que se sostiene dicho criterio parte de la base de que el suministro de agua potable se lleva a cabo mediante un contrato administrativo de adhesión en el que se pactan derechos y obligaciones entre el prestador y el usuario, por lo que la prestación del mencionado servicio público se realiza a cambio de una contraprestación, de modo que cuando no se cubre esta última (pago), el prestador puede ejercer la facultad legal de suspenderlo como consecuencia de ese incumplimiento; por lo que se estimó que la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resultaba del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato, por lo que la relación establecida entre el prestador del servicio y el usuario era de coordinación. Sin embargo, se estima infundada la causal de improcedencia invocada. Para arribar a dicha conclusión debe señalarse que en diversas tesis y jurisprudencias, el Máximo Tribunal de la Nación construyó con el devenir histórico la definición del concepto de autoridad para los efectos del amparo, abandonándose el primigenio concepto de fuerza pública para distinguir los actos de autoridad del de los particulares, para arribar a una nueva concepción definida acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego de que la indicada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó abrogada con motivo de la entrada en vigor de Ley de Amparo a partir del dos de abril de dos mil trece, en la última de las codificaciones en cita se retomó el criterio antes descrito para definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que sobre el particular el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente prevé que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigor de la llamada Nueva Ley de Amparo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de garantías, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, el invocado artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La anterior porción normativa revela entonces que en tratándose de actos provenientes de entidades estaduales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, para ser considerados como procedentes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. A partir de lo anterior, adquiere relevancia el hecho de que el criterio jurisprudencial invocado por la autoridad responsable como sustento de su afirmación, se integró con antelación a la reforma constitucional al artículo 4º, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de dos mil doce, por virtud de lo cual se incorporó al texto constitucional el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como la obligación del Estado de garantizarlo. De ese modo, si el servicio de agua potable se reglamenta conforme a la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574, cuya prestación se deposita entre otros, en un organismo público descentralizado municipal como lo es la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA); de esto último se sigue que son dichas disposiciones las que deben prevalecer, y no lo que pudiera fijarse en el contrato de adhesión por voluntad de las partes, como si se tratara de un acto de comercio; de ahí que los actos realizados por dicha entidad paramunicipal con motivo de la prestación del servicio de agua para consumo personal y doméstico, relacionados con la suspensión del suministro, gozan de unilateralidad y obligatoriedad, al estar investidos de potestad pública cuyo ejercicio es irrenunciable, en la medida en que con las condiciones y funcionamiento de la prestación del servicio, se crean, modifican o extinguen derechos de los usuarios y, por ende, se consideran emitidos en un plano de supra a subordinación, toda vez que el derecho humano de acceso al agua está fuera del alcance de la voluntad contractual, pues está no puede prevalecer sobre lo que señalan la Constitución y la legislación mencionada. Es aplicable la jurisprudencia PC.XXX. J/15 A (10a.) que sustentó el Pleno del Trigésimo Circuito, consultable en la página 2190, del Libro 33, agosto de 2016, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE. LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE EL CONCESIONARIO Y LOS USUARIOS DOMÉSTICOS, SE UBICA EN UN PLANO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN, RESPECTO DE LOS ACTOS REALIZADOS POR AQUÉL RELACIONADOS CON EL COBRO Y SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). El artículo 4º., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, reconoce el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como la obligación del Estado de garantizarlo, el cual, en el ámbito local del Estado de Aguascalientes, se reglamenta en la Ley de Agua para esta entidad; de ahí que los actos emitidos por la concesionaria, que se subrogó en las obligaciones del ente del Estado para prestar el servicio y cumplir con ese derecho fundamental a favor de los particulares, se rigen por la normativa referida, que es la que debe prevalecer, y no por lo que pudiera fijarse en el contrato de adhesión por voluntad de las partes, como si se tratara de un acto de comercio. Por tanto, como los actos realizados por la concesionaria con motivo de la prestación del servicio de agua para consumo personal y doméstico, relacionados con el cobro y suspensión del suministro, se rigen por la legislación local, en particular, por sus artículos 20, 46, fracción I, 47, 96, 102 y 104, que regulan su actividad y fijan sus límites, es claro que gozan de unilateralidad y obligatoriedad, al estar investidos de potestad pública cuyo ejercicio es irrenunciable, en la medida en que con las condiciones y funcionamiento de la prestación del servicio, se crean, modifican o extinguen derechos de los usuarios y, por ende, se consideran emitidos en un plano de supra a subordinación, toda vez que el derecho humano de acceso al agua, garantizado para todas las personas mediante la prestación del servicio público de agua potable, está fuera del alcance de la voluntad contractual y, por tanto, se encuentra excluido del régimen del derecho privado, por lo que con independencia de que exista un contrato administrativo de adhesión, éste no puede prevalecer sobre lo que señalan la Constitución y la legislación mencionada; sin que resulte aplicable la jurisprudencia P./J. 92/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 693, con el rubro: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.", toda vez que ésta surgió antes de la mencionada adición constitucional y tomando como base que el suministro de agua sólo dependía del acuerdo de voluntades expresadas en el contrato administrativo de adhesión, sin considerar que la prestación de ese servicio obedece a un derecho humano que el Estado debe garantizar a los particulares." Por otro lado, en lo que atañe a la segunda de las causas de improcedencia invocadas, tampoco se advierte que se hayan actualizado los extremos para su materialización, partiendo del hecho de que basta imponerse de la redacción del artículo 188 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574, para advertir que el citado medio de defensa es de carácter optativo, no obligatorio. Aunado a lo anterior, de la lectura a los informes justificados rendidos por la representante legal de la entidad paramunicipal, se advierte que la suspensión del servicio de agua potable se realizó como sanción a la omisión del quejoso de acreditar el pago por concepto de factibilidad a que se refiere el artículo 149 de la legislación en cita, en tanto que el quejoso precisamente impugnó la notificación del oficio CAP/GCM/NOT/0021/2016 que contiene dicho requerimiento, de lo que se sigue que Carlos Chávez Tames acude a la presente instancia como tercero extraño al procedimiento administrativo que se le instauró con motivo de las facultades de comprobación de la paramunicipal responsable, tan es así que dicha comunicación pende estrechamente del resultado de las inspecciones que adjuntó como apoyo a su informe con justificación; por tanto, aquella circunstancia se erige como una hipótesis de excepción al aludido principio de definitividad. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 18/2011 (10a.) que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 170, del Libro VI, marzo de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Al ser una formalidad esencial en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias cuando el quejoso no es emplazado al mismo o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley, -lo que le ocasiona el desconocimiento total del procedimiento-, debe equiparársele a un tercero extraño, debido a que esa situación constituye una violación manifiesta a la ley que le produce indefensión, siendo obligatorio para los tribunales de amparo suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, con fundamento en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. En esta circunstancia es factible que promueva el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima inconstitucional, en razón de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente y, en ningún caso, a los terceros extraños por equiparación, pues en relación con ellos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del juicio de amparo." Finalmente, en torno a la última de las causas de improcedencia invocadas, la razón en la que la autoridad responsable sustenta su actualización en realidad corresponde a una cuestión de fondo, pues como se dijo, la parte quejosa controvierte la notificación del oficio CAP/GCM/NOT/0021/2016, por virtud del cual, ante la omisión de atender el requerimiento ahí contenido, se procedió a la suspensión del servicio de agua potable que se le suministra a Carlos Chávez Tames, como sanción prevista en lo dispuesto por el artículo 171, fracción III, de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574, al tenor del acta de veintinueve de abril de dos mil dieciséis. Sustenta la anterior determinación la jurisprudencia número P./J. 135/2001, integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XV, enero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." SEXTO.- Por otro lado, con independencia de lo alegado por las autoridades responsables, oficiosamente se advierte que en lo que corresponde al acto descrito en el inciso c.2) del considerando segundo de esta resolución, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones. Conforme a la porción normativa en cita, el juicio de amparo es procedente contra actos provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, contra actos u omisiones de la autoridad administrativa, siempre que dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio sean de imposible reparación, definiéndose como tales, aquellos que afecten materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, a efecto de estar en aptitud de verificar el significado de aquella expresión, conviene tener como referencia, lo que al efecto establecía el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, en el sentido de que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Esa ley no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. La tesis temática sobre los actos que dentro del juicio tenían una ejecución de imposible reparación es la número P.L.VII/2004, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 9, tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Sin embargo, en la Ley de Amparo vigente sí se establece lo que debe entenderse por un acto que es de imposible reparación tanto dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio como dentro de juicio, pues en las fracciones III, inciso b), y V, del artículo 107, se dispone lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". De esta manera, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. En torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia ya mencionada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En el caso, debe tenerse presente que las inspecciones domiciliarias reclamadas, cuyas actas allegó el organismo operador como sustento a su informe justificado; sólo constituyen actuaciones ilustrativas a efecto de justificar una decisión definitiva, lo que se deriva de la propia redacción de los artículos 151 y 152 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero; a partir de lo cual dicho organismo operador puede fincar un crédito fiscal o imponer una sanción con motivo del incumplimiento de las disposiciones legales aplicables, habida cuenta que en términos de lo dispuesto por el artículo 150 de la legislación en cita, las cuotas y tarifas por consumo de agua potable tienen el carácter de créditos fiscales y que dicha legislación en sus ordinales 169 a 184 regula las hipótesis atinentes a las infracciones y sus respectivas sanciones; siendo estas últimas las decisiones definitivas que objetivamente pueden incidir en los derechos sustantivos de los gobernados. De ese modo, el efecto de dichas actuaciones sólo es de carácter instrumental con miras a obtener elementos a partir de los cuales sea factible determinar un crédito fiscal o una sanción administrativa, por lo que sus efectos son meramente formales, pues no producen una afectación material y por ende, su reclamación en la vía constitucional no es procedente de forma aislada o autónoma, habida cuenta que sólo materializarán sus efectos en perjuicio del gobernado cuando la autoridad responsable emita una decisión definitiva con apoyo en su resultado, de lo que en el caso no existe evidencia porque como se dijo, no se advierte que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco haya requerido al usuario -aquí quejoso- el pago de alguna cantidad líquida determinada (crédito fiscal), ni mucho menos se observa que el requerimiento contenido en el oficio CAP/GCM/NOT/0021/2016, derive del resultado de aquellas diligencias pues no se indicó así expresamente. Por ende, el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal, pues -se insiste-, no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, sino que ello se verificará cuando se emita una decisión definitiva apoyada en el resultado de tales actuaciones instrumentales; momento en el que podrá dilucidarse sobre la legalidad de las mismas, como por ejemplo, si preceden de una orden de inspección debidamente fundada y motivada con firma autógrafa del funcionario competente que la ordenó; si en su inicio, desarrollo y cierre se colmaron los extremos previstos en la legislación aplicable, etcétera. Es aplicable la tesis aislada 2a. CXLIII/98 que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 421, del Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN SU CONTRA, PORQUE NO CONSTITUYEN RESOLUCIONES FISCALES DEFINITIVAS. Las actas de inspección o auditoría fiscal encuadran dentro de la categoría de actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía administrativa, sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su caso, se manifestará con la forma de liquidación (acto administrativo definitivo o resolutorio), de ahí que, por regla general, dichas actas no sean impugnables. Sin embargo, la irrecurribilidad de tales actas es una regla de orden y no una regla material absoluta, pues no se puede afirmar que los actos de trámite no son impugnables o inmunes a los medios de defensa. Lo que quiere decirse, simplemente, es que los actos de trámite, no son impugnables aisladamente, sino en su caso, hasta que se produzca la resolución final del procedimiento, oportunidad en la cual podrán plantearse todas las irregularidades que el visitado aprecie sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, así como sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos que lo originaron, como falta de identificación de los visitadores, entre otros." En esa circunstancia, sí los actos reclamados de que se trata, no satisfacen las condiciones para que sean considerados como un acto -dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, como el procedimiento administrativo de verificación- que tengan una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto incoado debe considerarse improcedente, aplicando los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario. Consecuentemente, al actualizarse una causal de improcedencia, lo que procede es sobreseer en el juicio respecto del acto descrito en el inciso c.2), del considerando segundo de esta resolución, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al integrar la jurisprudencia P./J. 2/2012 (10a.), sostuvo que las órdenes de visita domiciliaria constituyen actos de autoridad cuyo inicio y desarrollo puede infringir continuamente derechos fundamentales del visitado durante su práctica, ya sea que se verifique exclusivamente en una diligencia o a través de distintos actos vinculados entre sí, por lo que reconoció la procedencia del juicio de amparo en su contra, para constatar su apego a lo previsto en la Constitución General de la República y en las leyes secundarias, con el objeto de que el particular sea restituido, antes de la consumación irreparable de aquellos actos, en el goce pleno de los derechos transgredidos por la autoridad administrativa; a partir de lo cual señaló que la orden de visita se puede impugnar de inmediato y hasta que cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, lo que no excluye la posibilidad de plantear posteriormente en el juicio de amparo, promovido contra la liquidación respectiva o la resolución que ponga fin a los medios ordinarios de defensa procedentes; sin embargo, aquella hipótesis no se actualiza en el caso, partiendo del hecho de que no se allegó evidencia de la que se pudiera advertir que las aludidas visitas domiciliarias derivan de alguna orden de visita, tan es así que, como se expondrá más adelante, las mismas ni siquiera sirvieron de sustento para justificar la emisión del oficio CAP/GCM/NOT/0021/2016 y la diligencia de suspensión del servicio de agua potable. SÉPTIMO.- Ya que en la especie no existe diversa causal de improcedencia del juicio de garantías invocada por las partes que las reseñadas en el considerando que antecede, ni se advierte que opere alguna otra que deba ser examinada de oficio, tal y como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada por Carlos Chávez Tames respecto de los actos descritos en los incisos a.1), b.1), d.3) y d.4), del considerando segundo de esta resolución, para lo cual se tienen por reproducidos los conceptos de violación que hace valer en su demanda y en su escrito de ampliación, a fin de evitar repeticiones estériles. Ahora bien, a efecto de verificar si dichos motivos de disenso resultan fundados o no, se procede al análisis de las documentales que fueron allegadas por la autoridad responsable como sustento a su informe justificado, cuyo valor probatorio pleno quedó reseñado en el considerando cuarto que antecede, en concatenación con las documentales que adjuntó la parte quejosa, a las cuales -dos de ellas- se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse del recio de pago por consumo de agua potable expedido a nombre del quejoso por el propio organismo operador responsable y la copia al carbón de la diligencia de veintiocho de septiembre pasado que se remitió en copia certificada; mientras que a las impresiones fotográficas sólo se les otorga valor probatorio indiciario de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 de la legislación adjetiva en cita; así de tales constancias se obtiene lo siguiente: 1).- Carlos Chávez Tames se encuentra dado de alta como usuario del servicio de agua potable con el número de cuenta 009-027-0018-5, con medidor número 15036597; con una toma con diámetro de 0.500, con tipo de servicio comercial; respecto del domicilio identificado como calle Francia, lote 1, manzana 10, fraccionamiento Club Deportivo, en esta ciudad; y según la facturación relativa al mes de abril de dos mil dieciséis, al corriente en el pago respectivo, en la inteligencia de que en dicho documento se hace referencia a que en el citado domicilio se ubica un giro comercial con razón social "Autolavado The Harppy Carr III". 2).- Que según el sistema AS-400 que el organismo operador del agua potable emplea respecto de los usuarios que tiene registrados, los días treinta y uno de julio de dos mil nueve, veintinueve de octubre de dos mil diez, once de septiembre de dos mil doce; cinco de febrero; siete de abril, veinticuatro de agosto y tres de noviembre de dos mil quince, se efectuaron inspecciones domiciliarias a la aludida cuenta, advirtiéndose que en cada una de ellas se asentó lo siguiente: 2.1).- Que el negocio de autolavado se encuentra cerrado y cuenta con dos baños; sólo se encontró a una persona que refirió ser el vigilante; que la toma es directa sin medidor, no obstante que se pagó aún no lo han colocado, aunado a que nunca hay agua. 2.2).- Que se trata de un predio habilitado como autolavado que cuenta con una oficina, dos baños y un contenedor de agua (Rotoplas), de dos mil doscientos litros de capacidad, donde laboran siete personas; que la toma está cortada, refiriendo el usuario que tiene meses así; que los abastece un pozo que está en el mismo terreno; que el medidor lo tiene guardado el usuario y que la toma se encuentra adentro del predio. 2.3).- Que en el terreno se encontró una oficina, la cual estaba cerrada y se apreciaba sola, mientras que la otra parte del terreno estaba vacía, cercado con un portón negro y herrería cerrada con candado, sin localizarse anomalías ni condiciones del medidor por encontrarse en el interior del terreno, advirtiéndose que ya no funciona sin persona alguna que proporcionara información. 2.4).- Que se trataba de una propiedad completamente vacía; que el autolavado ya no existe, y que en su interior sólo tiene una llave de paso y nariz; sin consumo, y que el medidor se encontró en posición correcta sin anomalías con llave de paso cerrada. 2.5).- Que se trata de un domicilio donde se encontró una excavación donde se hallan ocho columnas; que encontraron albañiles trabajando en dicho predio, y que el medidor estaba obstruido con material de la obra, pero con lectura visible de 0072; que los trabajadores indicaron que se abastecían de agua de un predio de enfrente, sin permitir el paso para verificar dicha toma. 2.6).- Que el domicilio corresponde a un edificio en construcción de planta baja y tres niveles que está al cincuenta por ciento en obra negra; que el medidor no sirve por estar destruido, pero la toma sí cuenta con servicio; que no se encontró ninguna derivación al escarbar dicha toma; y que se informó que el usuario compra pipas de agua para abastecer a la obra de ese servicio. 2.7).- Que el inmueble corresponde a un edificio en construcción de cinco niveles y planta baja con avance del cincuenta por ciento; que el medidor está destruido afuera del inmueble. 2.8).- Que de lo anterior se deriva que el establecimiento comercial con giro de autolavado ya no funciona en el domicilio que corresponde a la cuenta del usuario quejoso; lo que no está en controversia pues al efecto el propio Carlos Chávez Tames así lo reconoce en el apartado identificado con el número III, de su tercero concepto de violación del escrito de ampliación de demanda. 3).- Que el catorce de abril de dos mil dieciséis, el Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco giró el oficio CAP/GCM/NOT/0021/2016, dirigido al usuario Carlos Chávez Tames, en el que se le indicó lo siguiente: 3.1).- Que para estar en posibilidad de verificar si dicho usuario cumplió con lo dispuesto por los artículos 104, 107, 108, 109, 119, 121, fracción I; 122 y 149 de la Ley de Aguas Para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, en correlación con lo señalado en los ordinales 92, 93, 95, 96, 97, 98 y 109, fracción I, de la Sección Décimo Quinta de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, vigente, el usuario debía acreditar el pago por concepto de factibilidad a que se refiere el artículo 149 mencionado (sic); y que para ello debía exhibir el recibo de pago sellado por la caja recaudadora, en el plazo de tres días hábiles a las oficinas del organismo operador. 3.2).- Que en dicho documento se asentó una rúbrica ilegible, seguida de la leyenda: "14-04-16. Javier Calderón. Se deja en mano". 3.3).- Que en el citado documento se señaló como emisor al licenciado Casimiro Vega Galeana, como Director Comercial de la CAPAMA, seguido de una rúbrica ilegible y las siglas "P.A." 4).- Que el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, el ejecutor responsable se constituyó en el domicilio identificado como calle Francia, lote 1, manzana 10, fraccionamiento Club Deportivo, en esta ciudad; en dicha actuación: 4.1).- El ejecutor asentó que entendió la diligencia con quien dijo llamarse Heriberto López, y ser encargado de mantenimiento, quien le corroboró la identidad del domicilio del usuario Carlos Chávez Tames, con número de cuenta 009-027-0018-5. 4.2).- Que dicho predio reportaba una adeudo por los servicios prestados por el organismo operador del agua, dejando en blanco el espacio que corresponde para asentar la cantidad a la que asciende dicho adeudo aún no pagado a pesar de haber sido notificado y requerido de pago el "14-04-16". 4.3).- Que por tal motivo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 120, 169, 171, fracciones II y III, y 178 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, se procedía a suspender el servicio de agua, fijándose "CINTA CAPAMA" (sic) en cuadro de medición; y que se informó a la persona con la que se entendió la diligencia, que para la reconexión del servicio debía pagarse el adeudo ante el organismo operador así como el pago por concepto de reconexión, apercibiéndole del delito en que se incurre por violación al sello de suspensión o por reconexión, asentándose haber dejado en mano de Heriberto López, copia del acta relativa, recabándose su firma y la del notificador Javier Calderón, apreciándose además otro nombre (Carlos Montiel) y lo que al parecer es un número telefónico (4-81-1534). Una vez establecidos los antecedentes directos de los actos reclamados, procede ahora verificar si los conceptos de violación esgrimidos resultan fundados o no. Para estar en aptitud de dilucidar sobre el particular, en primer término es necesario tener presente el contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.) En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. (.) Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. (.) La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. (.)" Y en los que se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que la disposición constitucional reproducida en segundo término establece que todo acto de molestia debe estar contenido en un mandamiento escrito, expedido por autoridad competente, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento; que las órdenes de cateo sólo podrán ser expedidas por la autoridad judicial en forma escrita, las cuales deben consignar el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que deban aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo cual debe limitarse la diligencia, levantándose acta circunstanciada al concluirla en presencia de dos testigos designados por el ocupante del lugar o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique dicha diligencia; y que la autoridad administrativa puede practicar visitas domiciliarias solamente para cerciorarse que se cumplieron con los reglamentos sanitarios y de policía, así como para exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, con sujeción a las leyes respectivas y a las formalidades relativas a los cateos. Así, dicha disposición constitucional protege, entre otros derechos fundamentales, los de legalidad y seguridad jurídica, lo cual implica en principio, que ningún gobernado puede ser molestado sino a través de un mandamiento escrito de autoridad competente, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose el carácter en que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley o a la Constitución, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la ley fundamental. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En este punto, es importante señalar que para colmar los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación en torno a la competencia de las autoridades responsables de carácter administrativo cuando se realiza por ausencia, debe expresarse el cargo del servidor público suplido, así como la cita exacta de los preceptos legales que, en su caso, faculten al funcionario suplente para emitir el acto de autoridad; la denominación de este último que firma en ausencia de aquel que originalmente debió suscribir el acto, asentando claramente las normas legales que le permitan actuar en suplencia de este último; y el señalamiento claro de que la actuación se hace "en ausencia", "por suplencia" o alguna frase similar, como suele entenderse cuando se asientan las siglas P.A. (por ausencia). Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia I.7o.A. J/35, que integró el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1171, del Tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIRSE PARA FUNDAR Y MOTIVAR LA ACTUACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO EN AUSENCIA DE OTRO. A efecto de cumplir con los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, previstos por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en los casos en que una autoridad firme un acto de autoridad en ausencia de otra, es necesario cumplir con lo siguiente: a) Que se exprese el cargo del servidor público suplido, así como la cita exacta de los preceptos legales que, en su caso, lo hubiesen facultado para emitir el acto de autoridad; b) La denominación del funcionario que firma en ausencia de aquel que originalmente debió suscribir el acto, asentando claramente las normas legales que le permitan actuar en suplencia de este último; y c) Finalmente, deberá señalarse claramente que la actuación se hace "en ausencia", "por suplencia" o alguna frase similar. El último de los requisitos no puede considerarse una mera formalidad, sino un requisito indispensable de motivación, ya que en caso contrario se generaría una ambigüedad innecesaria, en perjuicio de la garantía de seguridad jurídica, al no dar a conocer al gobernado, de manera contundente, que el suscriptor del acto de autoridad no está actuando directamente o atribuyéndose competencias que no le corresponden, sino en ausencia de otro." En ese sentido, del contraste de lo anterior con el oficio CAP/GCM/NOT/0021/2016, de catorce de abril de dos mil dieciséis, signado por el Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, se estima que asiste razón a la parte quejosa cuando sostiene como concepto de violación, que la citada comunicación transgrede en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque no se encuentra debidamente fundada ni motivada, ya que como efectivamente lo sostiene, al tener las responsables el carácter de autoridades administrativas, para considerar sus actos como correctamente fundados es necesario que, entre otras cosas, expresen "b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado", invocando a su vez la jurisprudencia VI. 2o. J/248; lo que en el caso no acontece ya que fue la citada responsable la que suscribió el aludido oficio, sino que lo hizo otro funcionario en su ausencia, tan es así que basta comparar las firmas que aparece en el mencionado oficio CAP/GCM/NOT/0021/2016 y en el informe justificado que rindió el Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, para advertir que son notoriamente distintas. Mas aun, tampoco se advierte -como lo sustenta la parte quejosa-, que se hayan expuesto los motivos, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que dicho funcionario -suplido o suplente-, para requerir al usuario el comprobante del pago por concepto de factibilidad, pues tal extremo no se colma mediante la mera invocación del artículo 149 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, sino mediante la explicación de los motivos por los cuales se considera que el usuario se ubica en la hipótesis normativa que prevé tal obligación a cargo del usuario (apartados I, del segundo concepto de violación y III, del tercero concepto de violación, ambos de su escrito de ampliación de demanda), así como el monto al que asciende aquella obligación en función de esas circunstancias, a partir de lo cual el gobernado tendrá certeza del porqué tiene el carácter de sujeto obligado y el monto al que asciende tal obligación. Por otro lado, se estima que también asiste razón al quejoso cuando sostiene que el ejecutor notificador responsable no observó los lineamientos legales que establecen las formalidades que deben colmarse para notificar el indicado oficio CAP/GCM/NOT/0021/2016. En efecto, al tener el carácter la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, el carácter de organismo fiscal autónomo, pues de la intelección de lo dispuesto por el invocado artículo 150 en relación con el diverso ordinal 6, fracción XL, ambos de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, se obtiene que los cobros por conceptos de cuotas y tarifas atinentes a la prestación del servicio de agua potable, tienen el carácter de créditos fiscales, y que entre sus atribuciones se encuentra precisamente la de realizar dichos cobros, por lo que debe acudirse para realizar la notificación de los actos que emita con miras a establecer una obligación económica a cargo de los usuarios como un crédito fiscal o una sanción administrativa, a lo que establezca el Código Fiscal del Estado o la legislación aplicable, como la codificación fiscal municipal que en sus artículos 136, fracción II, inciso a); y 107, fracción II, inciso a), respectivamente, disponen: "Artículo 136.- Las notificaciones se harán: (.) II.- A los particulares: a).- Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo cuando se trate de: citatorios, requerimientos, solicitudes de informe y resoluciones o acuerdos administrativos que puedan ser recurridos. Las notificaciones se harán en el último domicilio que la persona a quien se debe notificar haya señalado ante las autoridades fiscales, en el procedimiento administrativo de que se trate, a falta de señalamientos, se estará a lo establecido en el inciso b) fracción II de este artículo y los demás relativos del propio Código. La diligencia de notificación se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que se le espere a una hora fija del día siguiente, si el domicilio se encuentra cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato o con un agente de la policía. En el momento de la notificación se entregará al notificado o, a la persona con quien se entienda la diligencia, copia del documento a que se refiere la notificación, asentándose razón por el notificador. Las notificaciones practicadas en los términos de los párrafos anteriores se tendrán por hechas en forma legal." "Artículo 107.- Las notificaciones se harán: (.) II. A los particulares; a).- Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo cuando se trate de: citatorios, requerimientos, solicitudes de informe y resoluciones o acuerdos administrativos que puedan ser recurridos. Las notificaciones se harán en el último domicilio que la persona a quien se debe notificar haya señalado ante las autoridades fiscales, en el procedimiento administrativo de que se trate, a falta de señalamientos, se estará a lo establecido en el inciso b) fracción II de este artículo y los demás relativos del propio Código. La diligencia de notificación se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que se le espere a una hora fija del día siguiente, si el domicilio se encuentra cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato o con un agente de la policía. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla, se realizará por instructivo que se fijará en la puerta del domicilio, asentando razón de tal circunstancia. En el momento de la notificación se entregará al notificado o, a la persona con quien se entienda la diligencia, copia del documento a que se refiere la notificación, asentándose razón por el notificador. Las notificaciones practicadas en los términos de los párrafos anteriores se tendrán por hechas en forma legal." De la intelección de tales ordinales, se obtiene con meridiana claridad que es obligación del Notificador asentar razón por escrito de la diligencia de notificación, y en el caso, no se justificó tal extremo, pues como se expuso en el inciso 3.2), sólo se puede obtener una fecha, una firma ilegible y el nombre del notificador ejecutor responsable, así como la expresión de que se deja en mano el oficio de mérito, no así la pormenorización de la diligencia de notificación, como por ejemplo, la identidad de la persona con la que se entendió; los medios que empleó para asegurarse de que se ubicó en el domicilio de la persona buscada; si medió citatorio previamente, así como cualquier otra circunstancia de la que pueda objetivamente ponderarse que el destinatario del requerimiento tuvo conocimiento de tal requerimiento. En concatenación con lo anterior, en lo que atañe a la orden de suspensión del servicio de agua potable, se observa que en la diligencia relativa se invocó como sustento de ese proceder, la existencia de un adeudo del que se afirmó haber sido notificado el catorce de abril de dos mil dieciséis y que no fue cubierto; sin embargo, a los presentes autos no se allegó constancia alguna de la que se adviertan tales extremos, pues aun y cuando podría estimarse por la fecha aducida, que el Notificador Ejecutor se refirió al mencionado oficio CAP/GCM/NOT/0021/2016; con independencia de la irregularidad apuntada en el párrafo que antecede en torno a su notificación, del contenido de dicho requerimiento no se aprecia siquiera la formulación del apercibimiento en el sentido de que el desacato a dicho requerimiento produjera aquella suspensión. Mas aun, tampoco se soslaya la circunstancia de que la apoderada legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco señaló que la suspensión del servicio reclamada constituya una sanción en términos de lo dispuesto por el artículo 171, fracción III, de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574, por haberse actualizado la hipótesis prevista en el diverso ordinal 169, fracción VIII, de la legislación en cita; pues se insiste, dicha circunstancia no fue expresada en el oficio CAP/GCM/NOT/0021/2016, en forma fundada y motivada, por no haberse expuesto detalladamente los motivos por los cuales el usuario se ubicó en la hipótesis contenida en el diverso ordinal 149 de la ley en comento, a partir de lo cual estaba obligado a erogar una cantidad de dinero determinada, y al no haberlo hecho así, incurrió en aquella infracción a la que debía corresponderle esa sanción y no otra. Por ende, asiste razón a la parte quejosa cuando afirma que el oficio CAP/GCM/NOT/0021/2016 carece de la debida fundamentación y motivación; que la notificación de dicha comunicación fue irregular y que la suspensión del servicio de agua potable realizada bajo las circunstancias ya reseñadas, infringió en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales; extremos que por tratarse de una cuestión esencial que en todo acto de molestia las responsables deben colmar a fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los usuarios del servicio de agua potable, cuando pretende fincárseles un crédito fiscal o realizarles algún requerimiento cuya desobediencia traiga aparejada la imposición de la sanción administrativa consistente en la suspensión provisional o definitiva de dicho servicio; lo anterior, sin perjuicio de que, si lo consideran procedente las responsables de referencia, puedan fincar algún crédito fiscal a cargo de la parte quejosa derivado de las circunstancias reseñadas en el punto 2.8), de este considerando; o bien, formular el requerimiento de pago por concepto de factibilidad; pero para ello, deberán fundar y motivar adecuadamente tal decisión; y observar los lineamientos previstos en ley para su notificación y ejecución. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar la protección de la justicia federal que solicita Carlos Chávez Tames, para el efecto de que: a).- El Director Comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, deje sin efectos el oficio número CAP/GCM/NOT/0021/2016, de catorce de abril de dos mil dieciséis; y, b).- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, deje sin efectos la diligencia de suspensión de corte del servicio de agua potable efectuado el veintinueve de abril pasado sobre la cuenta 009-027-0018-5, a nombre de Carlos Chávez Tames, que se suministra en el inmueble identificado como calle Francia, lote 1, manzana 10, fraccionamiento Club Deportivo, en esta ciudad; sin que sea necesario ordenar la reconexión de dicho servicio, toda vez que ello ya aconteció en cumplimiento a la medida suspensional, al tenor de la actuación de quince de mayo del año en curso. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO.- Se SOBRESEE el juicio de amparo número 459/2016, promovido por Carlos Chávez Tames, respecto de las autoridades, por los actos y los motivos precisados en los considerandos tercero y sexto de esta resolución. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Carlos Chávez Tames, contra los actos, las autoridades responsables, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- Carlos César Berrut Bustos339/2019
- Carlos César Berrut Bustos328/2020
- Carlos César Berrut Bustos154/2016
- Carlos César Nava Ríos1069/2021
- Carlos Chávez González174/2021
- Carlos Chávez Silva214/2018
- Carlos Chávez Vélez596/2016
- Carlos Cuauhtémoc Lacunza Magaña491/2015
- Carlos David Pinelo Hernández458/2015
- Carlos de Jesús Arroyo Mendoza964/2019
- Carlos de Jesús Salas Larumbe220/2023
- Carlos de Jesús Salas Larumbe197/2018