Carlos Chávez García
Expediente 715/2017 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/09/2018
Partes del expediente
- Carlos Chávez García
- Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal ... archívese este expediente.
- Juicio de Amparo Directo
En la misma fecha, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, el licenciado Ernesto González González, Secretario de Tribunal, da cuenta al Magistrado Presidente de este Tribunal Colegiado, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. CIUDAD DE MÉXICO, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa desahogó la vista que se le concedió en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; en consecuencia, este órgano de control constitucional, se pronuncia al respecto, de conformidad con el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En la ejecutoria de mérito se consideró fundado el único concepto de violación, conforme a lo siguiente: ". En efecto, la sala responsable al emitir el fallo reclamado omitió examinar, en atención al principio de mayor beneficio, el argumento hecho valer por el actor en su demanda, en el sentido, esencialmente, de que al haber realizado un pago indebido, con motivo de la multa impuesta en la boleta de infracción impugnada, que adolece de indebida fundamentación y motivación, procede que se condene a su devolución, conforme a lo dispuesto por el artículo 358 del Código Fiscal del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), con sus respectivas actualizaciones y recargos, no obstante que los artículos 41, 42 y 49 del mismo ordenamiento no lo prevean así, pues son inconvencionales.--- Lo anterior se colige de la lectura de la sentencia reclamada, pues la sala examinó la legalidad del acto impugnado, consistente en la boleta de infracción con número de folio 09030768249, atendiendo a la primera parte del concepto de anulación, en el que se planteó su indebida motivación; e incluso determinó que procedía la devolución de la cantidad pagada pero omitió analizar la segunda parte de aquél, en la que formuló el referido argumento, dirigido a sostener la inconvencionalidad de preceptos, en los términos precisados en el párrafo anterior.--- Ciertamente, la responsable precisó, que con la nulidad decretada se satisfacía la pretensión del accionante, por lo que resultaba innecesario el estudio del resto de los conceptos de nulidad planteados en el escrito inicial de demanda, no obstante ello es inexacto pues la juzgadora examinó la resolución impugnada, sin verificar si la devolución de la cantidad pagada indebidamente, procede con su actualización y recargos, conforme a lo argumentado por el actor, ahora quejoso.--- En ese orden, es evidente que la declaratoria de nulidad lisa y llana decretada por la sala responsable no colma de forma total la pretensión del actor, consistente en que se determine la devolución del pago de lo indebido, actualizado y con recargos..." Por lo tanto, se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: ". se deje insubsistente la sentencia reclamada, se ocupe la sala en su integridad de los conceptos de impugnación relacionados anteriormente, y resuelva lo conducente con libertad de jurisdicción.". Ahora bien, mediante oficio sin número, de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, el magistrado instructor del juicio contencioso administrativo, integrante de la Ponencia Cuatro de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, informó que en la fecha indicada se dictó nuevo fallo que dejó insubsistente la sentencia reclamada en el presente juicio de amparo, el cual concluyó con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO.- No se sobresee el presente juicio, por los motivos y fundamentos expuestos en el Considerando II de esta sentencia.--- SEGUNDO.- La actora acreditó los extremos de su acción.--- TERCERO.- Se declara la nulidad con todas sus consecuencias legales del acto impugnado precisado en el resultando primero de este fallo, quedando obligadas las autoridades demandadas a dar cumplimiento al mismo, en el término indicado en el penúltimo párrafo del considerando IV.--- CUARTO.- Se hace saber a las partes, que en contra de la presente sentencia, NO PROCEDE el recurso de apelación previsto en el artículo 137 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica que norma a este Tribunal.--- Por lo tanto, acorde a lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley Orgánica que rige a este Tribunal, esta sentencia, dictada en un juicio tramitado en la vía sumaria, causa estado por ministerio de ley, lo que no requiere de declaración expresa alguna.--- QUINTO.- Asimismo, se hace saber a las partes que en tanto el expediente se encuentre en el ámbito de esta Sala Ordinaria, estará a su disposición para las consultas y comentarios que consideren pertinentes.--- SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y, en su oportunidad archívese el presente como asunto concluido". La sala responsable, en las consideraciones que fueron materia de cumplimiento de la ejecutoria, se pronunció en los términos siguientes: ". En mérito de lo expuesto, resulta incuestionable que las autoridades demandadas en el juicio citado al rubro, violaron lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, al emitir la boleta de sanción impugnada sin la adecuada fundamentación y motivación, por lo que, en la especie se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción II del artículo 127 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y, por ende procede declarar su nulidad de la boleta de sanción combatida.--- En esas condiciones, al resultar fundado y suficiente el agravio en estudio para declarar la nulidad del acto impugnado, resulta innecesario analizar los demás conceptos de nulidad, de conformidad con la jurisprudencia número trece de la Tercera Época, establecida por la Sala Superior de este Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, misma que al a letra expresa lo siguiente:--- 'CAUSALES DE NULIDAD. SI RESULTA FUNDADO UNO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD NO ES NECESARIO EL ANÁLISIS DE TODOS LOS DEMÁS... (se transcribe texto)'.--- En virtud de los anteriores razonamientos y, con fundamento en lo dispuesto en la fracción (sic) II y IV del artículo 127 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, procede declarar, con apoyo en lo dispuesto en la fracción III del numeral 128 de la ley en cita, la nulidad de los actos combatidos en este asunto, a saber, la boleta de sanción impugnada con número de folio 09030768249, de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, quedando obligadas las autoridades demandadas, a restituir al actor en el goce de los derechos que indebidamente le fueron afectados, por lo que, las enjuiciadas de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, deben dejar sin efectos el acto impugnado, asimismo deberán realizar los trámites respectivos, tanto para que se retiren las referidas boletas del Sistema de Infracciones del Gobierno del Distrito Federal, como para que sean descontados los puntos de penalización, acumulados con motivo de la infracción señalada en la boleta de sanción cuya nulidad se declara en el presente asunto.--- Por lo que respecta al Tesorero de la Ciudad de México, deberá devolver a la parte actora la cantidad de $151.00 (CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), indebidamente pagada, que consta en el recibo de pago con número de línea de captura 4909030768249Y7PECC6, visible a foja treinta y uno del expediente en que se actúa; y, dado que de la lectura que se analiza al escrito integral de demanda, se advierte que entre las pretensiones del actor y en el concepto de nulidad que plantea, está lo siguiente:--- '2) La devolución por parte de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México de la cantidad de $151.00 (ciento cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) pagada por CARLOS CHÁVEZ GARCÍA, por concepto de infracción al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y realizado con base en la Boleta de Infracción con folio 09030768249 con sus actualizaciones y recargos hasta el día en que efectivamente me sea pagada esta cantidad por parte de la autoridad fiscal.'--- El Tesorero de la Ciudad de México queda obligado a devolver la cantidad referida, con las actualizaciones correspondientes, lo que sucederá únicamente si la autoridad fiscal no le devuelve la cantidad de referencia dentro del término de quince días que tiene para cumplir la sentencia de nulidad conforme al artículo 128 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal." De acuerdo a lo narrado, se concluye que la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues en un primer aspecto dejó insubsistente la sentencia reclamada; enseguida, reiteró las consideraciones de la diversa sentencia de doce de junio de dos mil diecisiete, que llevaron a declarar la nulidad de la resolución impugnada, por encontrarse firmes; y, finalmente, se ocupó del argumento formulado por el actor, en el sentido de que la cantidad a que tiene derecho como consecuencia de la referida declaratoria de nulidad, se le devuelva actualizada, lo que consideró procedente, conforme a lo siguiente: ". El Tesorero de la Ciudad de México queda obligado a devolver la cantidad referida, con las actualizaciones correspondientes lo que sucederá únicamente si la autoridad fiscal no le devuelve la cantidad de referencia dentro del término de quince días que tiene para cumplir la sentencia de nulidad conforme al artículo 128 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal." En el entendido que para resolver en tales términos, la sala responsable contó con libertad de jurisdicción. No pasan desapercibidas para este tribunal colegiado las manifestaciones realizadas por el quejoso en su escrito de cuenta, en el sentido de que la sala responsable realizó un defectuoso cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en tanto que: ". no se desprende que haya analizado de manera congruente y exhaustiva, atendiendo al principio de mayor beneficio a la agraviada, el tema relativo a las actuaciones (sic) y recargos." Pues al respecto es de decirse que la sentencia sí se ocupó del tópico relativo al derecho del actor a que se le devuelva la cantidad actualizada, como antes se vio, y si bien no se pronunció en relación con el diverso derecho aducido por éste a que se le cubran también recargos, se estima inconducente devolver los autos a la sala para el sólo efecto de que emita el pronunciamiento correspondiente, en tanto que el accionante no tiene derecho a los mismos, por lo siguiente. El artículo 42 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en la parte que interesa, establece: "Artículo 42. La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo a que se refiere el artículo 39 de este Código, dará lugar a que el crédito sea exigible, y deberán pagarse recargos en concepto de indemnización a la Hacienda Pública del Distrito Federal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán conforme a una tasa que será 30% mayor de a que establezca la Asamblea en la Ley de Ingresos, para el caso de pago diferido o en parcialidades." Como se observa, los recargos se encuentran previstos a cargo de los contribuyentes como una indemnización a la hacienda pública local, por la falta de pago oportuno del crédito fiscal determinado en su contra; motivo por el cual, dicha figura no resulta aplicable, aun bajo el principio de igualdad, en favor de aquéllos, en la medida que las disposiciones fiscales, en cuanto establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, son de aplicación estricta; luego, si el Código Fiscal de la Ciudad de México no establece la figura de recargos derivada de la obligación de la autoridad fiscal de devolver cantidades, por haber resultado indebido su pago, es claro que la pretensión del quejoso no encuentra justificación. Es aplicable a lo anterior, por identidad de razón y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 85/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Octubre de 2003, página 46, de texto: "INTERESES MORATORIOS Y RECARGOS FISCALES POR MORA. EL TRATO DIFERENTE EN CUANTO AL MOMENTO DE SU CÓMPUTO, PREVISTO EN EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 22, EN RELACIÓN CON EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1999, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA [TESIS HISTÓRICA]. Aun cuando el principio de equidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que el legislador dé un trato similar a los intereses y recargos, al participar de la misma naturaleza indemnizatoria, determinando mecanismos semejantes para su reparación económica no se propone poner en igualdad de circunstancias a los contribuyentes frente al fisco federal, de manera que los intereses moratorios que prevé el párrafo séptimo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación tuvieran que computarse igual que los recargos, conforme lo dispone el artículo 21, párrafo quinto, del citado ordenamiento, esto es, a partir del día en que se efectuó el pago indebido. Lo anterior es así en virtud de que el mencionado principio constitucional se cumple en relación con ambas figuras, pues el legislador previó los mismos elementos para determinar la indemnización respectiva, a saber: a) el monto de la cantidad, b) un lapso para computar la mora, c) el tipo de tasa de interés y d) el deber de pago de una indemnización por omitir el pago de lo debido. Esto es, el principio de equidad tributaria se actualiza tanto por lo que se refiere a los intereses moratorios, al exigir al Estado que indemnice al contribuyente cuando no haga la devolución dentro de los plazos que marca el párrafo tercero del referido artículo 22, a partir del día siguiente al del vencimiento de dichos plazos y hasta que realice el pago de dichos intereses, conforme a la misma tasa prevista para los recargos por mora, en los términos del artículo 21, como en lo referente a los recargos que se causarán del monto de lo no pagado, en el sentido de que el contribuyente indemnice al fisco federal por la falta de pago oportuno, por cada mes o fracción que transcurra a partir del día que debió hacerse el pago hasta que se efectúe, aplicando la tasa que prevé el último precepto citado. Por tanto, se trata de dos conductas semejantes, sancionadas igual por el legislador: con el pago de la indemnización respectiva, a la misma tasa y según el lapso de la mora. Además, al corresponder dichos intereses y recargos a sistemas diferentes de indemnización, se justifica que el momento a partir del cual deban cubrirse sea distinto, pues tales conceptos tienen su génesis en el cumplimiento oportuno del deber de pago de contribuciones, por exceso o por error, conforme al sistema de autodeterminación regido por el artículo 6o., párrafo tercero, del código tributario federal, por lo que la autoridad hacendaria no está en posibilidad de verificar la situación del pago, ya que la revisión se hará una vez que el interesado solicite la devolución respectiva, condición en la que no puede atribuirse al fisco federal negligencia o mala fe; mientras que los recargos surgen cuando los contribuyentes no pagan sus contribuciones en la fecha o dentro de los plazos fijados por las disposiciones fiscales, es decir, son consecuencia del pago extemporáneo de lo debido, conducta que implica negligencia o mala fe, y resulta atentatoria del interés público, por lo que es razonable que el legislador atienda a esas situaciones objetivas para establecer que el pago de intereses moratorios sea a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos legales, y no a partir del día siguiente en que se realizó el pago indebido." Similar criterio sostuvo este órgano colegiado al resolver, en sesión de catorce de abril de dos mil dieciséis, el expediente D.A. 637/2015, promovido por Oscar García Bernal; fue ponente el magistrado Jesús Antonio Nazar Sevilla. En consecuencia, de acuerdo a lo narrado, se concluye que la Segunda Sala Ordinaria Ponencia Cuatro del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, atendió lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin que este tribunal considere que la sala responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector; sin embargo, las partes pueden impugnar la nueva sentencia a través del medio de defensa que consideren idóneo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el magistrado Jean Claude Tron Petit, presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ante el secretario de tribunal que da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguense a sus autos para que obren como correspondan el oficio de cuenta y su anexo, suscrito por la secretaria de acuerdos de la Ponencia Cuatro de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de la sentencia dictada en el presente asunto y del juicio de nulidad J.N. II-44704/2017. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
se acusa recibo... ténganse por señalada su inconformidad con la resolución dictada por la sala responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto y por formuladas sus manifestaciones en relación a la vista formulada en proveído de tres de mayo de dos mil dieciocho, asimismo, téngase por autorizada en términos amplios a la persona que indica...".
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