Carlos Chávez Gaeta
Expediente 1037/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1037/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Chávez Gaeta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el diez de noviembre de dos mil veintidós, por la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. Por lo que, transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno que corresponda. Téngase por hecha la certificación secretarial, relativa a que en el presente asunto no se aportaron documentos originales. Finalmente, devuélvase a la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, las copias certificadas deducidas del juicio ejecutivo mercantil 484/2018 de su índice, que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término concedido al tercero interesado Juan Francisco Santiago Hernández -como endosatario en procuración de Cooperativa Invercrea, Sociedad Civil-, a fin de que señalara domicilio en la ciudad de Oaxaca para oír y recibir notificaciones, como se indicó en proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, sin que lo haya hecho; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena notificarle la sentencia de diez de noviembre de dos mil veintidós, así como los subsecuentes que surjan en este juicio de amparo, aun los de carácter personal, por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto designe domicilio para ello. NOTIFÍQUESE. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO QUE ANTECEDE, NOTIFICO A LA PARTE TERCERA INTERESADA, LA SENTENCIA QUE ENSEGUIDA SE INSERTA: - - - V I S T O S, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1037/2022, promovido por Carlos Chávez Gaeta, contra actos de la Jueza Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Carlos Chávez Gaeta promovió demanda de amparo directo contra los actos y autoridades siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE (sic): Les resulta tal carácter a las siguientes autoridades: a).- Jueza Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro [.] b).- Secretaria de Acuerdos llevadora del expediente número 0484/2018, segunda secretaría, adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro [.] c).- El Actuario llevador del expediente número 0484/2018, segunda secretaría, adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro [.] IV.- ACTO RECLAMADO: Lo constituye la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veintidós, dictada en autos del expediente número 0484/2018, segunda secretaría, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro [.] Y por el cual resolvió el incidente de liquidación de sentencia promovido por Juan Francisco Santiago Hernández, con el carácter de endosatario en procuración de Cooperativa Invercrea S.C. de R.L. (sic) en contra del suscrito en mi carácter de deudor principal, dentro del expediente número 0484/2018, segunda secretaría, del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro. Asimismo, formuló conceptos de violación y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Previos los trámites correspondientes para la integración del expediente, la Jueza Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitió las constancias correspondientes a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, cuyo presidente lo registró como juicio de amparo directo 344/2022 de su índice y, mediante resolución de uno de septiembre de esta anualidad, declinó competencia para conocer de la demanda al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común, la cual fue turnada a este juzgado federal. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído ocho de septiembre de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional ordenó formar el expediente de amparo con el número 1037/2022, se avocó al conocimiento del asunto. Asimismo, se previno a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días legalmente computados, precisara el acto reclamado a las autoridades responsables Secretaria de Acuerdos y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que señaló en su escrito inicial de demanda, ya que el acto reclamado únicamente lo constituía la resolución interlocutoria de tres de junio de dos mil veintidós, dictada en autos del expediente número 484/2018 del índice del referido juzgado, apercibida dicha parte que se dejaría de tener como autoridades responsables a los referidos Secretaria de Acuerdos y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y únicamente se admitiría la demanda respecto de la jueza a quo. En proveído de veintiséis de septiembre de esta anualidad, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, ante la falta de cumplimiento y se admitió la demanda de amparo únicamente por la jueza de origen, se solicitó su informe justificado y se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, párrafo primero, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; los diversos numerales 49 y 60, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 46/2016 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil once; y en el diverso Acuerdo General 3/2013 emitido por dicho Pleno, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los distrito y circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; aunado a que el domicilio de la autoridad responsable tiene lugar dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado y la autoridad responsable, en atención al contenido integral de la demanda de amparo, los cuales son los siguientes: A la Jueza Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. * La resolución interlocutoria de tres de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente mercantil número 484/2018 de su índice, relativa al incidente de liquidación de sentencia, promovido por Juan Francisco Santiago Hernández, con el carácter de endosatario en procuración de Cooperativa INVERCREA, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Jueza Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con la documental que exhibió con su informe justificado, relativa al juicio ejecutivo mercantil 484/2018 de su índice, la cual merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°., por haber sido expedida por la referida autoridad responsable en ejercicio de sus facultades. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que refiere: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto precisado en el considerando segundo, este juzgado federal no advierte de oficio, ni por manifestación expresa de las partes, la actualización de alguna causa de improcedencia del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo cual procede el análisis de fondo de este expediente. QUINTO. Estudio de fondo. En este punto, es pertinente señalar que es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a lo establecido en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados en una parte e inoperantes en lo demás, y no se advierte deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que los conceptos de violación expresados por la parte quejosa serán estudiados en diverso orden al que fueron planteados, en razón de su naturaleza, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, los cuales se constriñen a tres temas esenciales a saber: I. Que no se le llamó a procedimiento de ejecución siguiendo las reglas para emplazamiento -concepto de violación segundo-. II. Que, a su decir, la responsable transgrede su derecho humano convencional, previsto en el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues en la resolución interlocutoria reclamada se le condena al pago de intereses ordinarios y moratorios de manera simultánea -concepto de violación primero en una parte-. III. Que la condena en ejecución de los intereses actualiza la figura jurídica de la usura, lo que a su consideración vulnera sus derechos humanos -concepto de violación tercero y parte restante del primero-. De manera que en primer término se analizará el punto identificado con el número romano I, pues en él se aduce un tópico vinculado con cuestiones de carácter procesal, el cual de resultar fundado generaría la reposición del procedimiento en el incidente de origen; máxime que no se advierte que se actualice el principio de mayor beneficio en los argumentos propuestos por el solicitante del amparo y que han quedado identificados con los puntos II y III que anteceden. Igualmente, es necesario puntualizar algunos antecedentes del acto reclamado -que se toman del anexo en copia certificada remitido por la autoridad responsable, identificado como Tomo I de prueba-, que son necesarios para proporcionar información que trasciende a la solución de este asunto, entre los que destacan los siguientes: 1. El seis de abril de dos mil dieciocho, Juan Francisco Santiago Hernández, en su carácter de endosatario en procuración de Cooperativa Invercrea, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, presentó escrito en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, por el cual demandó a Carlos Chávez Gaeta, las prestaciones siguientes: "PRESTACIONES a).- El pago de $253,440.00 (doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, que ampara el documento base de acción. b).- El pago de los intereses ordinarios a razón del 2% mensual vencidos, pactados en el documento base de la acción hasta su total liquidación, y que se comenzó a cobrar a partir del día 12 de junio del año dos mil quince, que es precisamente el día siguiente en que se firmó el documento base de la acción, intereses que al día de hoy suman la cantidad de $171,832.32 (ciento setenta y un mil ochocientos treinta y dos pesos, 32/100 M.N.). c).- El pago de los intereses moratorios vencidos, más los que se sigan venciendo hasta la total culminación del presente juicio a razón del 8% mensual sobre la cantidad vencida adeudada y no pagada tal como fue estipulado en el documento base de la acción el cual al día de hoy es la cantidad de $555,540.48 (quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta pesos 48/100 M.N.). Mismos que se cobran a partir del día 12 de julio del año dos mil quince, día en que el deudo incurrió en mora. Importes que al día de hoy suman la cantidad de $980,812.80 (novecientos ochenta mil ochocientos doce pesos 80/100 M.N.). [.]" (fojas 2 a 6). 2. El nueve de abril de dos mil dieciocho, el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, a quien correspondió conocer del asunto, admitió a trámite la demanda presentada y la radicó bajo el registro de expediente 484/2018 de su índice. En el que se ordenó el emplazamiento del demandado Carlos Chávez Gaeta, lo que no se pudo realizar en diligencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (fojas 1, 15 y vuelta, así como 19). Sin embargo, por escrito presentado el veintinueve de mayo siguiente, el demandado en el juicio de origen Carlos Chávez Gaeta, promovió juicio de amparo del cual correspondió conocer a este juzgado federal, quien lo registró con el número 535/2018, contra el acto reclamado consistente en el auto de exeqüendo y su ejecución, dictados el nueve de abril de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 484/2018 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; el cual mediante sentencia emitida el dieciséis de julio de esa anualidad, sobreseyó en el juicio (fojas 24 a 27); determinación que causó ejecutoria el dos de agosto de dos mil dieciocho (foja 29). Posteriormente, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho fue emplazado el multicitado demandado (foja 36). 3. Seguida la secuela procesal correspondiente, el seis de diciembre de dos mil diecinueve, el juez natural dictó sentencia definitiva (fojas 90 a 99), en la que condenó a Carlos Chávez Gaeta, al pago de la cantidad de doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos y al pago de intereses ordinarios, a razón del dos por ciento mensual, a partir del doce de junio de dos mil quince, día siguiente en que se firmó el documento base de la acción, hasta el pago total del adeudo; igualmente, al pago de intereses moratorios -se precisa que aun cuando se solicitó la condena de este concepto por el ocho por ciento, la autoridad responsable hizo análisis oficioso y concluyó que correspondía la condena a razón del dos por ciento mensual- como se advierte de la transcripción siguiente: "[.] Bajo ese contexto, se advierte que el interés moratorio pactado en el título ejecutivo basal es notoriamente desproporcional y excesivo, por lo que constituye usura; por ende, se trata de intereses usurarios y contrarios a derecho, especialmente al artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege la propiedad privada de las personas contra la usura proscrita como una forma de explotación del hombre por el hombre. Así, en términos de lo que dispone el multicitado artículo 174 de la ley General de Títulos y operaciones de Crédito, párrafo segundo, se reduce prudencialmente la tasa de interés moratorio pactada en el título de crédito. Por lo que, este órgano jurisdiccional considera justo y equitativo fijar una tasa de interés moratorio del dos por ciento (2%) mensual, lo que equivale a veinticuatro (24%) por ciento anual. [.]" (foja 97 vuelta). 4. En acuerdo de doce de febrero de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia precisada en el punto que antecede, ante la falta de impugnación de las partes (fojas 102 vuelta y 104). 5. Seguido el procedimiento de ejecución y previa solicitud fallida de liquidación de sentencia, por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintidós, la parte actora exhibió planilla de liquidación de sentencia (fojas 143 y 144), la cual fue admitida en proveído de veintidós de marzo siguiente, en el cual se ordenó correr traslado al demandado incidentista y se ordenó notificarle en su domicilio procesal, dado que compareció a defender sus derechos (foja 140 vuelta). 6. Esa notificación se realizó de manera personal a la parte condenada el veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la que se advierte que se entendió directamente con el multicitado demandado incidentista y se asentó que se le corrió traslado con las copias de cuenta -escrito de planilla de liquidación y acuerdo que le recayó-, así como que tenía tres días para manifestara lo que a su derecho conviniera; aunado a que obra firma (foja 148). Actuación que es combatida vía concepto de violación. 8. Así, el tres de junio de dos mil veintidós, la jueza responsable emitió resolución en el incidente de liquidación de intereses; determinación que fue notificada de forma electrónica a la parte condenada el catorce de julio de esta anualidad (fojas 168 a 171). Actuación que constituye el acto reclamado. Una vez que han quedado precisados los antecedentes de la resolución reclamada, se procede al análisis del segundo concepto de violación, en el que la parte quejosa indica que se vulnera su garantía de audiencia y de defensa al haber omitido la parte actora incidentista precisar el domicilio en donde se debería notificar la incidencia planteada, la cual se asemeja o equipara al emplazamiento a juicio, por lo cual aplica el numeral 1068 bis del Código de Comercio; de ahí que, considera que la admisión del incidente de liquidación se debió practicar de forma personal a la parte demandada incidental. Agrega el promovente de amparo que se incumple con las formalidades exigidas por la legislación mercantil y la jurisprudencia 1a./J. 21/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2019792, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, página 1155, de contenido siguiente: "NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN JUICIOS MERCANTILES ORDINARIOS O EJECUTIVOS. DEBE ORDENARSE DE MANERA PERSONAL A LA CONTRAPARTE DE QUIEN LO PROMOVIÓ. El Código de Comercio no establece expresamente la forma en que debe notificarse el auto que admite el incidente de liquidación de intereses; no obstante, para despejar esa cuestión no es necesario acudir a la supletoriedad de la ley, pues dada la importancia de la referida notificación, ésta se asemeja o equipara al emplazamiento al juicio, atento a los caracteres relevantes que tiene el incidente de liquidación de sentencia (entre ellos, el de intereses), ya que sin desconocer la vinculación que existe entre el incidente y el juicio principal al constituir el primero una litis accesoria o derivada de los derechos sustanciales reconocidos en la sentencia con la imposición de condenas ilíquidas, y que por ello, dicho incidente sea una extensión del juicio; lo cierto es que, también se erige como un auténtico procedimiento contencioso, autónomo del juicio principal en cuanto tiene una litis propia en materia de cuantificación de las condenas, y una tramitación independiente, con una estructura procesal equiparable a la de un juicio en la que cobran aplicación todas las formalidades esenciales de un procedimiento, y en esa medida, la notificación de la liquidación a la contraparte del promovente resulta crucial para que aquélla ejerza su derecho de defensa; de ahí la necesidad de la notificación personal referida, que válidamente puede fundarse en el artículo 1,068 Bis del Código de Comercio, atento al principio general de derecho que consagra que donde existe la misma razón debe regir la misma disposición. Por tanto, la notificación del auto que admite el incidente de liquidación de intereses, dentro de la ejecución de un juicio mercantil ordinario o ejecutivo, debe practicarse de manera personal a la contraparte de quien lo promovió, pues es necesario asegurar que la propuesta de liquidación sea entregada, a fin de que pueda estar en aptitud de expresar cualquier inconformidad sobre su contenido." El concepto de violación expuesto, deviene infundado. En efecto, el Código de Comercio -aplicable al caso- en su artículo 1068 prevé lo siguiente. "Artículo 1068.- Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán a más tardar el día siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que ordenen su práctica. Si se tratare de notificaciones personales, estas deberán realizarse dentro de los tres días siguientes a aquel en que el notificador reciba el expediente. Sin perjuicio de lo anterior, por causa justificada, el juez, bajo su responsabilidad, podrá ampliar los plazos previstos en este párrafo. Párrafo reformado DOF 10-01-2014 Se impondrá de plano a los infractores de este artículo una multa que no exceda del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el lugar en que se desahogue el procedimiento. A tal efecto, el juez deberá hacer del conocimiento del Consejo de la Judicatura que corresponda la infracción, a efecto de que este substancie el procedimiento disciplinario respectivo. Párrafo adicionado DOF 10-01-2014 Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán: I. Personales o por cédula; II. Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicial en aquellos lugares en donde se edite el mismo, expresando los nombres y apellidos completos de los interesados; III. Por los estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto en los locales de los tribunales, en los que se fijarán las listas de los asuntos que se manden notificar expresando los nombres y apellidos completos de los interesados; IV. Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al efecto se precisen por el tribunal; V. Por correo certificado, y Fracción reformada DOF 26-04-2006 VI. Por telégrafo certificado. Del precepto transcrito, en lo que interesa, se advierte las diferentes formas en que pueden hacer del conocimiento de las partes las determinaciones judiciales en la materia mercantil, entre las que se encuentra la notificación personal o por cédula, la cual reviste mayor certeza de que el servidor público encomendado para la realización de la diligencia la entiende directamente con la persona buscada o con uno de sus autorizados, por lo que a partir de ese momento adquieren el conocimiento de la referida determinación. Asimismo, del criterio jurisprudencial invocado se observa que el más Alto Tribunal del país analizó que es relevante la notificación en el Código de Comercio, pues no se establece expresamente la forma en que se debe notificar el auto que admite el incidente de liquidación de intereses, y señaló que dada la importancia de la referida notificación, se asemeja o equipara al emplazamiento al juicio, atento a las características relevantes que tiene dicha incidencia que conlleva los intereses, ya que aun considerando la vinculación existente entre el incidente y el juicio principal al constituir el primero una litis accesoria o derivada de los derechos sustanciales reconocidos en la sentencia con la imposición de condenas ilíquidas, el incidente en cuestión es una extensión del juicio. Igualmente consideró que, al tratarse de un procedimiento contencioso, autónomo del juicio principal, ya que su materia es la cuantificación de la condena, y una tramitación independiente, con estructura procesal equiparable a la de un juicio. Por lo cual, la notificación de la liquidación a la contraparte del promovente resulta crucial para que aquélla ejerza su derecho de defensa; de ahí la necesidad de la notificación personal referida, que válidamente puede fundarse en el artículo 1068 bis del Código de Comercio, atento al principio general de derecho que establece que "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición". Así, la notificación del auto que admite el incidente de liquidación de intereses, dentro de la ejecución de un juicio mercantil ordinario o ejecutivo, debe realizarse de manera personal a la contraparte de quien lo promovió, pues es necesario asegurar que la propuesta de liquidación sea entregada, a fin de que esté en aptitud de expresar lo que a su derecho convenga. Conforme a lo anterior y a los hechos narrados con anterioridad, no asiste razón a la parte quejosa, pues contrario a lo que afirma la notificación realizada a la parte demandada en el incidente de origen, respecto del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, cumple con las formalidades legales establecidas, pues el aquí quejoso (demandado incidental) en el momento en que compareció ante el fedatario judicial, en las instalaciones que ocupa el juzgado responsable, se precisó que se le notificó el citado auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el que se admitió a trámite el incidente de liquidación de intereses, así como con el escrito que ahí se proveyó y se especificó que dentro del término de tres días podía manifestar lo que a su derecho conviniese, por lo cual se le corrió traslado con tales documentos. Ante lo cual firmó de recibido. Sin que pase inadvertido que, en el referido acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se ordenó que la notificación se efectuara en el domicilio procesal de la parte demandada, ya que finalmente se realizó de forma personal y directa con el propio quejoso. De ahí que aun considerando que estuviera incorrecta la forma en que se ordenó dicha notificación, lo cierto es que se convalida tal actuación al haberse realizado directamente con el propio demandado incidental, ya que la interpretación precisada en la jurisprudencia 1a./J. 21/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva que la parte demandada tenga elementos para defender sus intereses y no quede en estado de indefensión, lo que de forma alguna puede suceder al haber notificado a la parte demandada personalmente con su comparecencia en el órgano jurisdiccional. De tal suerte, no ocasiona agravio alguno, aun cuando dicho afectado alegue que no se llevó a cabo en su domicilio, dado que la finalidad principal de dicha notificación es que tenga oportunidad de expresar debidamente lo que a su derecho convenga respecto de la liquidación planteada por la parte contraria, lo que finalmente aconteció al haber sido notificado personalmente, pues en ese caso no se afectó su garantía de audiencia ni su capacidad de defensa. Así, la notificación combatida no contraviene la jurisprudencia transcrita en este considerando, pues tal criterio refiere que la notificación del auto que admite el incidente de liquidación de intereses, dentro de la ejecución de un juicio mercantil ordinario o ejecutivo, debe practicarse de manera personal a la contraparte de quien lo promovió, a efecto de asegurar que la propuesta de liquidación sea entregada y pueda expresar cualquier inconformidad sobre su contenido; notificación personal que se reitera, sí se realizó a la parte condenada, de manera personal; de ahí que resulte legal el acto reclamado. Por lo que al estar enterado el directo quejoso y demandado incidental del auto de inicio del incidente, estuvo sabedor de ello y, por tanto, pudo y compareció a hacer valer los derechos que estimó pertinentes, como se advierte de los antecedentes narrados con anterioridad; de ahí lo infundado de los argumentos de este primer punto. También es infundado el punto identificado con el número II romano, precisado al inicio de este considerando, relativo a que a decir de la parte quejosa, la responsable vulnera su derecho humano convencional previsto en el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues en la resolución interlocutoria reclamada se le condena al pago de intereses ordinarios y moratorios de manera simultánea -concepto de violación primero en una parte-. Ello derivado de que, la condena simultánea por los intereses ordinarios y moratorios, se da cuando se condena al pago de la suma del porcentaje de interés ordinario más el diverso que se obtuvo como interés moratorio, es decir, en el caso, se actualizaría tal figura si se hubiere condenado al pago del cuatro por ciento que se obtuvo de sumar el dos por ciento de la condena de pago de interés ordinario más el dos por ciento de la condena relativa al pago de intereses moratorios. Sin embargo, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, la autoridad responsable no efectuó pronunciamiento alguno en ese sentido, ya que como se advierte de la interlocutoria reclamada hizo un pronunciamiento específico por cada concepto, puesto que en el considerando tercero señaló que los intereses ordinarios se debían pagar a la parte actora en el incidente de origen a razón de dos por ciento mensual, a partir del doce de junio de dos mil quince -día siguiente en que se firmó el documento base de la acción-, por lo cual obtuvo el dos por ciento de la suerte principal (doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos), que ascendió a la cantidad de cinco mil sesenta y ocho pesos con ochenta centavos, moneda nacional. Cantidad que obtuvo como monto al que asciende el interés mensual. Asimismo, la cantidad mensual la dividió entre treinta días, por ser el promedio de días que tiene un mes, y consiguió como resultado la cantidad de ciento sesenta y ocho pesos con noventa y seis centavos, como interés diario. Con los resultados anteriores efectuó la sumatoria correspondiente respecto de ochenta meses con veinticuatro días, periodo comprendido del doce de junio de dos mil quince -día siguiente en que se firmó el documento base de la acción, como se estableció en la sentencia definitiva emitida en el juicio principal- al nueve de marzo de dos mil veintidós -fecha en que presentó el actor incidentista el escrito de la planilla de liquidación de intereses- para la cuantificación de dicho concepto. Lo que dio un total de cuatrocientos nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos, con cuatro centavos, moneda nacional. Igualmente, aconteció respecto de la condena de los intereses moratorios, que analizó en el considerando cuarto de la interlocutoria reclamada en el cual puntualizó que tales intereses se debían sufragar a la parte actora incidental, a razón de dos por ciento mensual, a partir del diez de septiembre de dos mil quince -día siguiente a la fecha del tercer abono no realizado al adeudo-, de manera que obtuvo el dos por ciento de la suerte principal (doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos), que ascendió a la cantidad de cinco mil sesenta y ocho pesos con ochenta centavos, moneda nacional. Cantidad que obtuvo como monto al que asciende el interés mensual. También, dividió entre treinta días la cantidad mensual, derivado de que es el promedio de días que tiene un mes, y obtuvo como resultado la cantidad de ciento sesenta y ocho pesos con noventa y seis centavos, como interés diario. Con la resulta anterior realizó la operación aritmética de adición correspondiente de setenta y siete meses con veintiséis días, periodo comprendido del diez de septiembre de dos mil quince -día siguiente a la fecha del tercer abono no realizado al adeudo, como se estableció en la sentencia definitiva emitida en el juicio principal- al nueve de marzo de dos mil veintidós -fecha en que presentó el actor incidentista el escrito de la planilla de liquidación de intereses- para la cuantificación de dicho concepto. Lo que dio un total de trescientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa pesos con cincuenta y seis centavos, moneda nacional. Por lo anterior, no puede considerarse que el pago del concepto de intereses ordinarios y moratorios, cuantificados de manera individualizada, conforme al porcentaje y periodo correspondiente pueda considerarse que se trata de una tasa simultánea que genera la figura jurídica de la usura. Sin que pueda estimarse que es indebido el cobro de los intereses ordinarios y moratorios, ya que dichos intereses tienen origen y naturaleza jurídica distinta, pues los ordinarios son el precio pagado por el uso del dinero, es decir, la obtención de una ganancia por el simple hecho de que una persona dio a otra una suma que ésta necesitaba para satisfacer sus propias necesidades, por lo que, al momento de regresar el dinero es cuando cesa la obligación del deudor de cubrir los intereses. Mientras que los intereses moratorios, consisten en la sanción por la entrega tardía del dinero (es decir, una indemnización por mora), por lo que ambos tipos de intereses pueden coexistir y devengarse simultáneamente. Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 29/2000, con registro digital 190896, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Noviembre de 2000, página 236, cuyo sumario es el que sigue: "INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE. El artículo 362 del Código de Comercio señala que los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés que para ese caso se encuentre pactado en el documento y que a falta de estipulación, el interés será del seis por ciento anual; por su parte, los artículos 152, fracción II y 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito refieren, el primero, a la acción que se ejerce por incumplimiento de pago del documento base y determina que los intereses moratorios se fincan al tipo legal establecido para ello, a partir del día de su vencimiento y, el segundo, a las opciones para la determinación del interés moratorio del documento cuando no se encuentre expresamente estipulado en el mismo o cuando éste se encuentra preestablecido. Esto es, los referidos numerales en ningún momento disponen que los intereses ordinarios y moratorios no pueden coexistir y aunque en ellos se indica a partir de cuándo habrá de generarse el interés moratorio, no se señala que con ese motivo deban dejar de generarse los intereses normales. En estas condiciones y tomando en consideración que los intereses ordinarios y moratorios tienen orígenes y naturaleza jurídica distintos, puesto que mientras los primeros derivan del simple préstamo e implican la obtención de una cantidad como ganancia por el solo hecho de que alguien otorgó a otro una cantidad en dinero que éste necesitaba para satisfacer sus propias necesidades; los segundos provienen del incumplimiento en la entrega de la suma prestada y consisten en la sanción que se impone por la entrega tardía del dinero de acuerdo con lo pactado en el contrato, debe concluirse que ambos intereses pueden coexistir y devengarse simultáneamente, desde el momento en que no es devuelta la suma prestada en el término señalado y por ello, recorren juntos un lapso hasta que sea devuelto el dinero materia del préstamo." En este sentido, queda evidenciado que no asiste razón a la parte quejosa, puesto que tanto por el interés ordinario, como por el moratorio, la autoridad responsable efectuó un análisis pormenorizado y por separado, lo que conlleva a que el argumento de la parte quejosa sea infundado. Máxime que, la parte quejosa no cuestiona de forma alguna la forma en que se efectuó el cálculo o la cuantificación de los intereses ordinarios y moratorios, por lo cual se podría considerar que a la vez deviene inoperante el concepto de violación. En diverso tenor, son inoperantes los diversos conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, relativos a que la autoridad responsable permite su actualice la figura jurídica de la usura en su contra, pues debió efectuar un estudio oficioso, a fin de que no se le cobre el dos por ciento de los intereses moratorios y ordinarios respecto de la suerte principal a que fue condenado en sentencia definitiva. Ello, en razón de que como se aprecia de la narratoria de hechos acontecidos en el juicio ejecutivo mercantil de origen, el juez de lo civil responsable al dictar sentencia efectuó un estudio oficioso, en cuanto hace a la prestación del pago de intereses moratorios, para que no se considerara la condena por el ocho por ciento solicitado, respecto de la que concluyó que correspondía únicamente la condena a razón del dos por ciento mensual por dicho concepto. De manera que, el juez responsable acorde a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, protegió el derecho de la parte quejosa al momento de emitir la referida sentencia definitiva. Aunado a que la parte quejosa estuvo en oportunidad de combatir en su momento el pronunciamiento relativo a los intereses al estar en posibilidad de impugnar la sentencia emitida, sin que lo haya efectuado, a pesar de haber comparecido a juicio. Determinación que causó ejecutoria en sus términos, debido a que las partes no se inconformaron contra lo ahí resuelto. Por lo cual se actualiza la figura jurídica de la cosa juzgada, que consiste en la inmutabilidad de lo resuelto por haber quedado firme y lo que a su vez proporciona certeza a las partes de que al no haberse impugnado ya no puede variar. Así, los argumentos expresados por la parte quejosa, referentes a lo incorrecto de que se le haya condenado al pago del dos por ciento tanto de intereses ordinarios como por los moratorios, son extemporáneos, ante la actualización de la cosa juzgada precisada. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 28/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2014920, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 657, con el contenido siguiente: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal." La inoperancia destacada radica en que al haber sido dilucidado el tema por jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no puede ser cuestionado. Tiene aplicación al caso, por igualdad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 14/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 198920, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Abril de 1997, página 21, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado." En atención a las consideraciones y fundamentos expresados en este fallo, las tesis y jurisprudencias citadas por la parte quejosa no tienen el alcance que pretende. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento específico respecto de los alegatos de la parte quejosa, pues no forman parte de la litis en el sumario constitucional, en términos de la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página catorce, tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 205449, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Cabe puntualizar que algunos de los criterios invocados, a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de dicha ley en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se oponen a ésta. En consecuencia, al resultar infundados en una parte e inoperantes en lo demás los conceptos de violación expresados, y no advertir queja deficiente que suplir, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 122 y 124 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a CARLOS CHÁVEZ GAETA, en el juicio de amparo número 1037/2022, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando, ambos del presente fallo. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa y personalmente a la parte tercero interesada.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos encargada por ministerio de ley del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de noviembre del actual, remite copia certificada de la notificación realizada al tercero interesado ********************, como endosatario en procuración de ********************, Sociedad Civil de Responsabilidad limitada; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintidós. Del estado de los autos se advierte, en diligencia de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, emplazó al tercero interesado Juan Francisco Santiago Hernández, para que a si a sus intereses convenía compareciera al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, para ejercitar sus derechos o promover amparo adhesivo, con motivo del amparo directo interpuesto por el aquí quejoso CARLOS CHÁVEZ GAETA, contra la resolución de tres de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente civil 484/2018 del índice de ese juzgado, y toda vez que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo ordenando remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, tocando conocer a este Órgano Jurisdiccional, quien la tuvo por recibida el ocho de septiembre de dos mil veintidós, registrándola con el número 1037/2022, y la admitió el veintiséis siguiente. Por tanto, por conducto de la autoridad responsable hágase lo anterior del conocimiento del tercero interesado Juan Francisco Santiago Hernández, en el domicilio que tenga señalado en los autos del expediente civil 484/2018 de su índice, debiendo requerirlo para que en el acto de la notificación o bien dentro del término de tres días siguientes a éste, señale domicilio en la Ciudad de Oaxaca para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo las notificaciones subsecuentes aun las de carácter personal que surjan en este juicio se le realizarán mediante la lista que publica la Administración Regional y que debido a la contingencia sanitaria se encuentra en el acceso del edificio del Poder Judicial de la Federación, así como en el Portal de Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto designa domicilio para ese efecto. Se requiere al juez responsable para que dentro del término de tres días siguientes a su notificación, remita las constancias de la notificación encomendada, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil ochocientos once pesos 00/100, moneda nacional ($4,811.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la citada Unidad de Medida ($96.22) por cincuenta (50), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes
- Carlos Arturo Ibañez Juárez290/2017
- Carlos Arturo Ibañez Juárez1156/2021
- Carlos Avalos Ramirez444/2015
- Carlos Barcenas López80/2018
- Carlos Bracamontes Navarro152/2022
- Carlos Chávez Gaeta535/2018
- Carlos Chávez Vásquez o Carlos Alfredo Chávez Vásquez993/2016
- Carlos Cortés Castellanos232/2016
- Carlos Cortés Pacheco834/2021
- Carlos Cruz Cruz1604/2016
- Carlos Cruz Cruz941/2019
- Carlos Cruz Morales943/2016