Carlos Cesar Guzman Jimenez
Expediente 733/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/01/2021
Partes del expediente
- Carlos Cesar Guzman Jimenez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, destaca que, de conformidad con los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se decretó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por lo que en ese período no corrieron términos. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, concretamente en su artículo 2º, se determinó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos, lo que implicó su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Así como que, mediante Circular CAP/3/2020, signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020), lo que implicó que no correrían términos en el período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Por tal motivo, en el presente asunto se suspendieron los plazos y términos durante el lapso anotado, en virtud que no se ubicaba en una de las hipótesis de urgencia, trámite en línea o priorización, a que se refieren los artículos 1ro, 12, 23 y 24, fracción II, del Acuerdo General 13/2020, modificado por el diverso 15/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reanudándose en la presente fecha; en atención a lo anterior, se provee: Visto el estado de autos, y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento al primer párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d) del artículo 21, del citado Acuerdo General1, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En atención a lo anterior, es evidente que, el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos lo dispuesto en los artículos 21, tercer párrafo, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, el presente expediente deberá destruirse en el Juzgado y posteriormente remitirse el acta y listados correspondientes a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 del acuerdo en comento. Finalmente, se conmina al oficial administrativo para que remita físicamente al archivo el presente juicio de amparo, más tardar en el término de cinco días hábiles.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, con residencia en Pichucalco, Chiapas; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 733/2020. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 22, 23, 24 y 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizadas, así como garantizar su gestión electrónica eficiente; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos. En ese sentido, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivos, que permanentemente verifique la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico, asegurándose que concuerden en su totalidad. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone corno taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo y anexos, se advierte que el promovente del amparo se duele esencialmente de lo siguiente: El acuerdo de veinticinco de noviembre del dos mil veinte, emitido en el juicio de alimentos 204/2020, dictado por la Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, con residencia en Pichucalco, Chiapas, mediante el cual tuvo por contestada la demanda por el hoy quejoso y reservó emitir acuerdo de calificación y desahogo de pruebas, asimismo, a decir del impetrante, omitió ajustar la medida provisional de alimentos a la realidad de la situación económica del quejoso de conformidad con los medios de prueba que otorgó. Así, se desprende que con relación acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". La causa de improcedencia que prevé la citada porción normativa se actualiza cuando en contra del acto reclamado procede un recurso por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados; toda vez que tratándose de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo, salvo que se trate de algún caso de excepción que el propio artículo señala. Así, contra el acto que aquí se estudia, procede el recurso de apelación en términos de los artículos 663, 664, 666, 669, 991 y 992 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, del tenor siguiente: "ARTÍCULO 663.- EL RECURSO DE APELACION TIENE POR OBJETO QUE EL SUPERIOR CONFIRME, REVOQUE O MODIFIQUE LA RESOLUCION DEL INFERIOR. ARTÍCULO 664.- PUEDEN APELAR: EL LITIGANTE SI CREYERE HABER RECIBIDO ALGUN AGRAVIO, LOS TERCEROS QUE HAYAN SALIDO AL JUICIO Y LOS DEMAS INTERESADOS A QUIENES PERJUDIQUE LA RESOLUCION JUDICIAL. NO PUEDE APELAR EL QUE OBTUVO TODO LO QUE PIDIO; PERO EL VENCEDOR QUE NO OBTUVO LA RESTITUCION DE FRUTOS, LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS O EL PAGO DE COSTAS, PODRA APELAR TAMBIEN." (.) "ARTÍCULO. 666. LA APELACIÓN DEBE INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL JUEZ QUE PRONUNCIO LA RESOLUCIÓN EN LA FORMA Y TÉRMINOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES, SALVO CUANDO SE TRATE DE APELACIONES EXTRAORDINARIAS. LOS AUTOS E INTERLOCUTORIAS SERÁN APELABLES CUANDO LO FUERE LA SENTENCIA DEFINITIVA." (.) "ARTÍCULO 669.- EL RECURSO DE APELACION PROCEDE EN UN SOLO EFECTO O EN AMBOS. TRATANDOSE DE APELACIONES CONTRA CUALQUIER CLASE DE RESOLUCIONES, EXCEPTO LA RELATIVA A LA SENTENCIA DEFINITIVA, SE TRAMITARAN EN UN SOLO CUADERNO DE CONSTANCIAS, EN DONDE SE AGREGARAN LOS TESTIMONIOS RELATIVOS, Y AL QUE SE ANEXARAN COPIAS DE TODAS LAS RESOLUCIONES A DICHAS APELACIONES, INCLUSIVE LA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE QUE SE TRATE. EN EL CASO DE QUE SE TRATE DE SENTENCIA DEFINITIVA, SE DEJARA EN EL JUZGADO PARA EJECUTARLA, COPIA CERTIFICADA DE ELLA Y DE LAS DEMAS CONSTANCIAS QUE EL JUEZ ESTIME NECESARIAS, REMITIENDOSE DESDE LUEGO LOS AUTOS ORIGINALES AL TRIBUNAL SUPERIOR. LA APELACION ADMITIDA EN AMBOS EFECTOS SUSPENDE DESDE LUEGO LA EJECUCION DE LA SENTENCIA, HASTA QUE CAUSE EJECUTORIA. CUANDO SE INTERPONGA CONTRA AUTO O INTERLOCUTORIA QUE POR SU CONTENIDO IMPIDA LA CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO Y LA APELACION SE ADMITA EN AMBOS EFECTOS, SE SUSPENDERA LA TRAMITACION DEL JUICIO. DE NO SER ASI, SOLO SE SUSPENDERA EN EL PUNTO QUE SEA OBJETO DEL AUTO O LA INTERLOCUTORIA APELADA Y SE CONTINUARA EL PROCEDIMIENTO EN TODO LO DEMAS." CAPITULO UNICO. (.) "DE LAS CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR, DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO." (.) "ARTÍCULO 991. LA APELACIÓN DEBERÁ INTERPONERSE EN LA FORMA Y TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 666. CUANDO LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO SE HAYA REGIDO POR LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL CÓDIGO, IGUALMENTE SE REGIRÁ POR ESTAS DISPOSICIONES, POR LO QUE TOCA A LOS RECURSOS; PERO EN TODO CASO, SI LA PARTE RECURRENTE CARECIERE DE ABOGADO, LA PROPIA SALA SOLICITARA LA INTERVENCIÓN DE UN DEFENSOR DE OFICIO, QUIEN GOZARA DE UN PLAZO DE TRES DÍAS MAS PARA ENTERARSE DEL ASUNTO Y A EFECTO DE QUE HAGA VALER LOS AGRAVIOS O CUALQUIER DERECHO A NOMBRE DEL (SIC) LA PARTE QUE ASESORE. ARTÍCULO. 992. LA SENTENCIA EN QUE SE NIEGUEN LOS ALIMENTOS ES APELABLE EN AMBOS EFECTOS, LA QUE LOS OTORGA, SOLO PROCEDE EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. INTERPUESTO EL RECURSO, SE REMITIRÁ EL ORIGINAL DEL EXPEDIENTE, DEJANDO COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN PARA SU EJECUCIÓN, LA QUE SE EJECUTARA SIN FIANZA". Del contenido de dichos artículos se desprende que el código procesal civil de esta entidad federativa, contempla como medio de impugnación en contra de las sentencias en que se nieguen u otorguen los alimentos el recurso de apelación, con la salvedad que en el primer caso la apelación se admite en ambos efectos y, en el segundo, solo procede en el efecto devolutivo y éste tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la decisión adoptada por el juzgador, mismo que, por imperativo de ley, debe substanciarse ante el Tribunal de Alzada. En consecuencia, se estima que los autos que se emitan dentro del juicio de alimentos de origen son apelables, ya que conforme al segundo párrafo del artículo 666 del código procesal citado, los autos son apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva, como acontece en el caso a estudio, tal como lo dispone el artículo 992 de la ley adjetiva civil local. Por lo que se determina que la parte quejosa omitió agotar el principio de definitividad antes de acudir al presente juicio de amparo, al no haber interpuesto el recurso ordinario por virtud del cual el acto reclamado pudo haber sido modificado, revocado o nulificado, lo cual resulta un requisito indispensable para estar en posibilidad de ejercer la acción constitucional. Así las cosas, si en contra del auto reclamado no se interpuso el recurso de apelación previamente al juicio de amparo, hace que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Robustece lo indicado la tesis I.5o.C.87 C (10a.) emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a pagina 2536, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, Materia civil, Décima Época, que dice: "RECURSO DE APELACIÓN. ES UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN APTO, IDÓNEO Y EFICAZ PARA COMBATIR LA ADMISIÓN DE PRUEBAS EN ASUNTOS DEL ORDEN FAMILIAR. En los juicios de materia familiar, cuando se trata de probanzas cuya admisión puede afectar materialmente derechos sustantivos de alguna de las partes, y se considere que los actos reclamados tengan una ejecución de imposible reparación; debe agotarse previamente el recurso de apelación, pues aun cuando del artículo 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierta que dicho recurso procede en efecto devolutivo de tramitación conjunta y se generara la posibilidad de que pudiera liberarse al eventual quejoso de interponerlo porque su tramitación no se agota una vez que se hace valer, ya que se posterga su final decisión hasta que se dicta la sentencia definitiva; esa disposición es inaplicable en materia familiar, pues los artículos 950 y 951 del referido ordenamiento determinan que las apelaciones que procedan en las controversias de esa índole serán admitidas en el efecto devolutivo de tramitación inmediata; ya que, su trámite y final decisión no se sujetan a la emisión de la sentencia definitiva y a que ésta sea impugnada, sino que deben resolverse antes de su dictado; sin embargo, dado que tal acto puede generar efectos de imposible reparación, debe ponderarse si dicho recurso, no obstante su inmediata tramitación, es idóneo o eficaz para impedir que el respectivo medio de prueba se desahogue, hasta en tanto se resuelva en la alzada sobre la legalidad de su admisión. Ante ello, si bien esa posibilidad de suspender el acto reclamado, conforme a la legislación que lo rige, es una excepción a tal principio que sólo opera tratándose de actos de autoridades administrativas, no cuando se trata de entes jurisdiccionales, lo cierto es que el propio ordenamiento adjetivo proporciona la solución, pues su artículo 696, imponiendo una carga procesal mínima al eventual quejoso, le da la posibilidad de que se suspenda tal desahogo, al establecer que cuando la ejecución del auto impugnado pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y el recurso proceda en efecto devolutivo de tramitación inmediata, se admitirá en ambos efectos si así lo solicita el apelante al interponerlo y expone los motivos de su apreciación; lo cual, de resultar procedente, así lo decretará el Juez, señalando el importe de la garantía para que surta efectos la suspensión solicitada. Por lo tanto, el recurso de apelación sí es un recurso idóneo, apto y eficaz que debe ser agotado antes de acudir al amparo indirecto en tales supuestos. Se afirma lo anterior, pues conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solamente procederá, entre otros casos, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, pero una vez que se hayan agotado los recursos que en su caso procedan. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro IUS 2017117, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Atento a lo referido, no es aplicable el criterio que cita la parte quejosa contenido en la jurisprudencia 1a./J. 85/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 85, registro IUS 166028, del siguiente rubro y texto: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA Y FIJA SU MONTO CONSTITUYE UN ACTO CUYA EJECUCIÓN ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Acorde con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son actos de ejecución irreparable aquellos cuyas consecuencias afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que el afectado obtenga en el juicio una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. Asimismo, se ha determinado que no sólo por la afectación de derechos sustantivos puede considerarse un acto como de imposible reparación, ya que también pueden darse este tipo de actos tratándose de derechos procesales o adjetivos. En efecto, el Tribunal en Pleno ha sostenido que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, pues aunque éstas son impugnables ordinariamente en amparo directo cuando se reclama la sentencia definitiva, también pueden combatirse excepcionalmente en amparo indirecto cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, lo cual habrá de determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal de que se trate, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Así, el grado extraordinario de afectación que pueda tener una violación de este tipo obliga a considerar que debe sujetarse de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar al dictado de la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En congruencia con lo anterior, se concluye que la resolución que decreta una pensión alimenticia provisional y fija su monto constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación, en tanto que la afectación que sufre el obligado a pagarla incide directa e inmediatamente en su derecho fundamental de disponer de los frutos de su trabajo o de sus bienes, y tal afectación o sus efectos no se destruyen por el solo hecho de obtener una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, pues las cantidades que haya pagado por ese concepto se destinarán a cubrir las necesidades alimentarias de los acreedores, lo que significa que serán consumidas y no se le podrán reintegrar aun cuando obtuviera una sentencia absolutoria o se fijara como pensión alimenticia definitiva una cantidad menor; de ahí que se trata de un acto que debe ser materia de un inmediato análisis constitucional." Esto se dice ya que si bien el criterio mencionado por el quejoso sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la resolución que decreta una pensión alimenticia provisional y fija su monto constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación, en tanto que la afectación que sufre el obligado a pagarla incide directa e inmediatamente en su derecho fundamental de disponer de los frutos de su trabajo o de sus bienes, y tal afectación o sus efectos no se destruyen por el solo hecho de obtener una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, pues las cantidades que haya pagado por ese concepto se destinarán a cubrir las necesidades alimentarias de los acreedores, lo que significa que serán consumidas y no se le podrán reintegrar aun cuando obtuviera una sentencia absolutoria o se fijara como pensión alimenticia definitiva una cantidad menor, de ahí que acorde a dicho criterio, se trataba de un acto que debía ser materia de un inmediato análisis constitucional. Lo cierto es que esa postura fue superada por la diversa jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley. Al respecto viene a colación apuntar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, precisa que los actos de imposible reparación son los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, superando la diversa jurisprudencia P./J. 4/2001 en la que determinó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. La aludida contradicción de tesis originó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese contexto, se estima que en el particular aunque el quejoso indica una afectación a sus derechos sustantivos, pues dice que el acto reclamado le impide demostrar ante la autoridad responsable que la pensión alimenticia fijada en su contra es desproporcional y lo deja en estado de insolvencia, para con ello poder obtener su ajuste acorde a la realidad de la situación económica del impetrante de conformidad con los medios de prueba que otorgó. Sin embargo, tales consideraciones el quejoso las debe plantear en el recurso de apelación que está obligado a agotar antes de acudir al juicio de amparo para dar cumplimiento al principio de definitividad, tal como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, mismo recurso a través del cual incluso puede obtener la suspensión del acto reclamado, de conformidad con el artículo 671 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. De igual manera, no tiene aplicación al caso la tesis IV.1o.C.12 C (10a.) que cita el quejoso, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 62, Enero de 2019 Tomo IV, página 2564, registro 2019022, del siguiente rubro y texto: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN CAUTELAR QUE LA FIJA, SIN OTORGAR DERECHO DE AUDIENCIA, SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO. El segundo párrafo del artículo 75 de Ley de Amparo prevé una excepción a la regla general prevista en su primer párrafo, pues permite que en el amparo indirecto el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. En este contexto, la excepción mencionada se actualiza cuando se reclama la determinación cautelar que, sin otorgarle garantía de audiencia, fija una pensión alimenticia provisional, ya que la ley que rige este acto no establece la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, por lo que, en esa hipótesis, es posible ofrecer las tendientes a demostrar la ilegalidad de dicha determinación; cuestión que no desnaturaliza la providencia precautoria que dio origen al procedimiento constitucional, pues atender la excepción a la regla señalada no tendría como consecuencia que el quejoso fuera llamado al trámite provisional, previo a la emisión de la resolución correspondiente, sino únicamente que, mediante el juicio de amparo indirecto, se verifique la legalidad de la resolución respectiva, con base en más pruebas que las aportadas originalmente. Además, se toma en cuenta que el Juez responsable ya resolvió sobre la medida cautelar solicitada con base en la normativa aplicable, es decir, sin que se le haya otorgado el derecho de previa audiencia, por lo que aquélla no pierde su característica sumaria." Ello, toda vez que dicho criterio se refiere al caso en el que la parte quejosa reclama la determinación cautelar que, sin otorgarle garantía de audiencia, fija una pensión alimenticia provisional, lo que no sucede en la especie, ya que el aquí quejoso se duele del acuerdo de veinticinco de noviembre del dos mil veinte, emitido en el juicio de alimentos 204/2020, dictado por la Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, con residencia en Pichucalco, Chiapas, mediante el cual tuvo por contestada la demanda por el hoy impetrante y reservó emitir acuerdo de calificación y desahogo de pruebas, asimismo, a decir del quejoso, omitió ajustar la medida provisional de alimentos a la realidad de su situación económica de conformidad con los medios de prueba que otorgó. Aunado a que esa tesis aislada no es de aplicación obligatoria para este juzgado en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. No es óbice la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, página 990, registro 2004677, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Lo anterior, tomando en cuenta que en dicho criterio se contempla la actualización de una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse; ya que el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. Empero, en el caso concreto, el recurso de apelación es adecuado y eficaz, pues como se puntualizó, tiene la capacidad de reparar el acto, en tanto que puede modificar o revocar la determinación reclamada y, además, como se dijo, puede suspenderse su ejecución, de conformidad con el numeral 671 del código adjetivo civil para la entidad; aunado a que en la especie, no se encuentran involucrados intereses de un menor, toda vez que el quejoso promueve la demanda por derecho propio en su carácter de parte demandada en el juicio de alimentos de origen. Por lo que, al no haberse promovido el medio legal que concede la ley ordinaria aplicable contra el auto reclamado y que no se actualiza ninguna excepción al principio correspondiente que el propio artículo señala; es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, de admitir a trámite la demanda, lejos de beneficiar a la parte quejosa, le perjudicaría porque puede ser que en este momento todavía esté en aptitud de interponer el recurso de apelación para controvertir el acto reclamado; en cambio, si se tramita todo el juicio de amparo culminará con un sobreseimiento y entonces ya no estará en aptitud de controvertir el acto mediante el medio de defensa ordinario. En consecuencia, al actualizarse las hipótesis de improcedencia invocadas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con el trámite del presente sumario, si ya desde este momento se conoce el resultado; pues de estimar lo contrario, únicamente se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en detrimento de la parte quejosa. REGLAS DE ACTUACIÓN Por otra parte, vista la cuenta que antecede, con apoyo en los lineamientos contenidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. 1.1. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.1.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general, el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial por las tardes. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. En términos del artículo 2, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivo, a verificar permanentemente la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico. 1.1.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.1.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar datos de contacto como un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, con el único propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.1.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común, del bloque vespertino al que pertenece este Juzgado (con atención de las 15:00 a las 19:00 horas), la promoción u oficio de forma física, la cual estará ubicada en el acceso del edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 1.1.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la administración regional las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 1.1.6. Contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se pone a disposición el correo electrónico del juzgado (e-mail): 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, para lo cual el interesado debe enviar un correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Número de expediente e información requerida. c) En caso de que la información que se pida no sea genérica, tendrá que enviarse una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente en horario hábil si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En el número telefónico del juzgado sólo podrá atenderse información genérica, durante el horario presencial de este juzgado (de lunes a viernes de las 12:30 a las 18:30 horas, según el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, con relación al período de vigencia). 1.1.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, no se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar por escrito o en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.2. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de incumplimiento. CONSTANCIAS RELATIVAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO QUE NO SE GLOSAN FÍSICAMENTE En otro aspecto, toda vez que, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitió en primer término, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, una digitalización preliminar de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo y, con posterioridad, envió el documento original respectivo. En tal virtud, ya que la digitalización preliminar de mérito corresponde a la demanda que se recibió en documento original, se considera innecesario que se imprima e incorpore al expediente físico, a fin de evitar duplicidad de constancias, por lo que se ordena glosar físicamente únicamente las constancias de la demanda original remitidas por la citada oficina de correspondencia común. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Abraham López Gómez y en términos restringidos de referido numeral a las diversas personas que refiere, por así haberlo solicitado. Ello, sin perjuicio de que, en caso de requerirse comunicación urgente con el promovente, pueda contactársele en el correo electrónico y número telefónico que cita en la demanda, con el único propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con la parte interesada para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicársele resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes, en términos del punto 1.1.3, aludido en párrafos precedentes. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.
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