Carlos César Berrut Bustos
Expediente 629/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Carlos César Berrut Bustos
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintiséis de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Desde otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en sus artículos 15 a 20, el juicio de amparo carece de relevancia documental, por tanto, éste es susceptible de destrucción, una vez que cuente con tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Finalmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, segundo párrafo, del aludido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se deja a disposición de la parte quejosa el documento que exhibió en este asunto, haciéndole saber que quien comparezca a recogerlo tendrá que exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para su debida constancia legal, previo su cotejo, previniendo a la parte quejosa que de no acudir a recogerlo dentro de un término de noventa días transcurridos a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente, en caso de que así proceda su valoración. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese un escrito de apoderado legal del Instituto México en Acapulco, Asociación Civil, por el que desahoga la prevención que se le hizo en proveído de veinte de junio del año en curso. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa, señala como autoridad responsable y actos reclamados los que enseguida se especificarán: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: H. SEGUNDA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ACAPULCO, GUERRERO. IV.- ACTO RECLAMADO: El acuerdo del dieciocho de mayo del dos mil veintitrés, dictado por la H. SEGUNDA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ACAPULCO, GUERRERO, en el juicio entablado por GONZALO PRETELINI ESPINO BARROS en contra del INSTITUTO MÉXICO EN ACAPULCO, ASOCIACIÓN CIVIL y otros, expediente número 63/2019." Al respecto, debe señalarse que se actualiza causa notoria, manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal antes mencionado es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sesenta y ocho, agosto de mil novecientos noventa y tres, página setenta y siete, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de garantías debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso concreto, se estima opera lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.". Para corroborar lo que precede, en principio, se precisa que, acorde a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la ley de la materia, aplicable también a este tipo de determinaciones judiciales, del análisis integral del escrito inicial de demanda, se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: "El acuerdo del dieciocho de mayo del dos mil veintitrés, dictado por la H. SEGUNDA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ACAPULCO, GUERRERO, en el juicio entablado por GONZALO PRETELINI ESPINO BARROS en contra del INSTITUTO MÉXICO EN ACAPULCO, ASOCIACIÓN CIVIL y otros, expediente número 63/2019." Asimismo, se advierte que la quejosa bajo protesta de decir verdad, manifestó en sus antecedentes del acto reclamado, que el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se dictó laudo en el cual se declaró procedente la acción; asimismo, que por escrito de treinta de marzo del año en curso, el actor solicitó la ejecución del laudo, lo cual se acordó favorablemente el once de abril de esta anualidad, condicionando a la parte demandada no (sic) exhibiera una subsistencia a razón de $89,492.40 (ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos 40/100 moneda nacional), y que en contra de esto el promovente hoy quejoso interpuso recurso de revisión al cual recayó el acuerdo de veinte de abril siguiente, el cual se ordenó notificar personalmente a las partes, sin que así se hiciera a la promovente hasta el once de mayo de este año, motivo por el cual interpuso incidente de nulidad el cual sin más trámite se declaró improcedente el dieciocho de mayo de este año, mismo que constituye el acto reclamado. Luego, se advierte que en el asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la ley de la materia, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu. En efecto, del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende una regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, consistente en que éste es procedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; pero si se trata de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por última resolución aquélla que: 1) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; o, 2) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, 3) Las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y 4) En los procedimientos de remate, será aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados Casos en los cuales, podrán reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de esa última resolución. Dicha regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador a fin de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de garantías se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que constituya la verdad legal, respecto de la cual la sociedad está interesada en su ejecución, sin que múltiples amparos obstaculicen su realización, por constituir la sentencia o laudo definitivo una verdad legal que debe ejecutarse; por ese motivo, el legislador ha limitado la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dicte la última resolución que ponga fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. En el caso concreto, la resolución combatida fue emitida dentro del procedimiento de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen, pues ésta declaró improcedente el incidente de nulidad promovido por la aquí quejosa Instituto México en Acapulco, Asociación Civil. En esta tesitura, resulta claro que el acto reclamado fue dictado en ejecución de sentencia, empero en el mismo no se aprobó o reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado; tampoco se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento al laudo; ni se ordenó el archivo definitivo del expediente; ya que en esencia declaró improcedente el incidente de nulidad que promovió la aquí quejosa. De lo que emerge que en la resolución combatida en el presente juicio de amparo, la Junta laboral señalada como responsable no determinó en forma alguna la aprobación o reconocimiento de cumplimiento total de lo condenado en el laudo dictado en el juicio laboral. Aunado a que en la resolución reclamada no se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento al laudo, ni se ordenó el archivo definitivo del expediente. Por tanto, es incuestionable que el juicio de amparo resulta improcedente, al no reclamarse la última resolución dictada en ejecución del laudo, por lo que en todo caso, las presuntas violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado del fallo, podrá impugnarlas la peticionaria al reclamar la última resolución dictada en ese procedimiento de ejecución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; misma resolución que, se insiste, para estimar que es la "última", deberá ser aquélla en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado; o, aquélla que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, aquélla que ordene el archivo definitivo del expediente; o aquélla que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, esto último, tratándose de procedimientos de remate. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.6o.T. J/89, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1482, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Laboral, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto.". Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 28/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Civil, Página 60, Novena Época, registro 164639, que dice (énfasis añadido): "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." En este sentido, se afirma que se actualiza la aludida causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado que nos ocupa no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, por lo que no es posible que se reclame de manera inmediata en la vía indirecta del amparo; por consiguiente, procede desechar de plano la demanda, promovida por Instituto México en Acapulco, Asociación Civil, por conducto de su apoderado legal. Conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para el quejoso a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el que la acción constitucional se inste dentro de los plazos previstos por la legislación aplicable, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende la causa de improcedencia analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, página 1587, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." También es aplicable a lo considerado, el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito plasmó en la tesis número 15 K (10a.), editada en la página 2274 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Carlos César Berrut Bustos, quien se ostenta con el carácter de apoderado legal del Instituto México en Acapulco, Asociación Civil, contra actos de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, de esta ciudad. Consideraciones previas. Ahora bien, respecto a la solicitud de la promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, uno de los cuales es el que marca el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo transcrito se advierte que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la promovente cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; 2.- Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. 3.-No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Prevención. Con apoyo en lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, aclare la demanda de amparo, en los puntos que se precisarán -con las copias necesarias del escrito para correr traslado a las partes, en caso de presentarlo físicamente- y entendiendo de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en el artículo 261 del ordenamiento legal invocado . Acredite con documento fehaciente la personalidad que ostenta, dado que aduce tener el carácter de apoderado legal de la persona moral ********************, Asociación Civil, sin acreditar tal calidad, toda vez que el documento que exhibe es copia simple, por lo que no se le otorga valor probatorio, en virtud de que puede ser confeccionada de manera unilateral dados los avances de la tecnología, ya que se trata de simples reproducciones fotográficas de instrumentos que el interesado coloca en una máquina diseñada para ese fin; por ende, de acuerdo a la naturaleza de la misma reproducción y lo avanzado de la ciencia, cabe la posibilidad de que esa multiplicidad de datos no proceda de un documento realmente existente, máxime que no se corrobora con diverso elemento de prueba que demuestre la verdad de su contenido. Cobra aplicación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento veintisiete, tomo once, abril de dos mil, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, de título "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO"; y el Juez de Distrito debe proveer respecto de la personalidad al admitir la demanda, en términos de la jurisprudencia P./J. 43/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y ocho, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.". También sirve de apoyo a lo determinado, en su parte conducente, el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 23/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página siete, del tomo vigésimo noveno, abril de dos mil nueve, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo título y texto son: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento al requerimiento inserto, en el lapso concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del artículo 114 de Ley de Amparo. Hágase la prevención y el apercibimiento ordenados por conducto del actuario de este Juzgado. Se habilitan horas y días inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el precitado arábigo constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Autorizados de la parte quejosa. Se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************; respecto de las demás personas que señala, únicamente se les autoriza para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos, conforme al precepto 24 de la invocada ley, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos Jurisdiccionales. En relación al correo electrónico y los teléfonos que se proporcionan, no ha lugar a realizar notificaciones a través de esos medios electrónicos, toda vez que esa opción se estableció como transitorio en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 cuya vigencia ya feneció y el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en vigor no contempla esa posibilidad, sino sólo para cuestiones no procesales. Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona los usuarios: "********************", se autoriza la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con los nombres de usuarios que proporciona. Por su parte, respecto a que las notificaciones que se ordenen en el asunto se realicen de manera electrónica, atendiendo a las razones jurídicas expuestas en la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO."; se autoriza que por dicho medio se le realicen únicamente las notificaciones personales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior, el criterio I.1o.A.23. K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, materia común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Expedición de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que llegasen a solicitar durante la tramitación del presente juicio, sin que sea necesario que la soliciten por escrito ni que sea necesario emitir acuerdo posterior; la que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante la secretaria encargado del asunto. Transparencia y datos personales. También, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia. Criterios invocados. Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.
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