CARLOS CASTILLO CASTILLO y Otros.
Expediente 910/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 910/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- CARLOS CASTILLO CASTILLO y Otros.
- Jesús Chain Oceguera
Actuaciones
- Principal
I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintitrés. II. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Con esta fecha hágase la anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Se ordena generación de versión pública de auto. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública del auto de diecinueve de agosto pasado, para que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
I. Registro en libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 910/2023-V. II. Parte quejosa. ************, quien se ostenta defensor particular y promoviendo en favor del directo quejoso *****************, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. III. Se desecha demanda de amparo. Atento al contenido del escrito de cuenta, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que "el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano...". En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese contexto, se estima que con relación al escrito de cuenta, se surte de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos numerales 5, fracción I y 6 del mismo cuerpo normativo, pues el presunto acto combatido no genera en la esfera de derechos de la aquí promovente agravio personal y directo. En efecto, los dispositivos de mérito estatuyen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.)" De acuerdo con las disposiciones legales transcritas el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En el caso en estudio, Carlos Castillo Castillo, suscribe la demanda de amparo, ostentándose defensor particular y promoviéndola en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, en favor de Jesús Chain Oceguera, contra actos del director y comité técnico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, que hizo consistir en: - Actos de tortura física y psicológica, inminente peligro de perdida de la vida, tormentos, tratos crueles e inhumanos por la privación de alimentos y medicamentos. No obstante esto, no se encuentra dentro de las hipótesis que prevén los artículos 6 y 15 de la ley de la materia, puesto que el primero de dichos dispositivos legales establece la posibilidad de que la demanda de amparo la promueva alguna persona extraña, en los casos en que la ley expresamente lo permita, o bien, por conducto del defensor cuando el acto derive de un procedimiento penal, mientras que el diverso numeral 15 del señalado ordenamiento legal establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Federal y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, caso en el que podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Empero, en el presente caso no se configuran ninguno de los supuestos que señalan tales numerales, ya que de la lectura integral al escrito de demanda se obtiene que los actos reclamados por el promovente del amparo no encuadran en ninguno de los supuestos prohibidos en el artículo 22 constitucional, consistentes en pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales, ni tampoco, se advierte imposibilidad de que el directo agraviado suscriba por sí mismo la demanda de amparo. Lo anterior es así, aun a pesar de que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, en un estado de desventaja y vulnerabilidad, puesto que de sus manifestaciones no se desprende que se halle incomunicado o con alguna imposibilidad física o mental para suscribir la demanda de amparo por sí mismo, tales como estado de inconciencia, o algún padecimiento físico que le impida firmar o estampar su huella digital o nombre; por el contrario, de los antecedentes se desprende que el referido promovente (Carlos Castillo Castillo), se entrevistó en el área de locutorios del centro penitenciario federal previamente aludido, con el directo quejoso Jesús Chain Oceguera, quien le solicitó que le promoviera un amparo, tal y como se aprecia a continuación: ".Que el día dieicinueve de agosto de dos mil veintitrés, el suscrito me entreviste en el área de locutorios del centro penitenciario federal previamente aludido, con el señor Chain Oceguera, solicitándome, que le promoviera un amparo, ya que estaba sometido a tortura física y psicológica por parte de las autoridades de la institución penitenciaria, ya que a raíz de haber promovido diverso juicio de amparo lleva tres días sin que le proporcionaran alimento." Aunado a que es un hecho notorio para esta juzgadora que los reclusos del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, promueven directamente todo tipo de demandas de amparo, incluidas las de falta de atención médica. Sin que en el caso sea necesario requerir a ************, para efecto de que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor, puesto que ello únicamente se ordena en caso de duda, esto es, a fin de saber si efectivamente fue voluntad del peticionario del amparo que una interpósita persona presentara demanda de amparo en su nombre y representación, lo que no se actualiza en el presente asunto, o cuando se está en el supuesto de incomunicación o desaparición forzada o cualquiera de los actos prohibidos en el artículo 22 de la constitución. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con sus diversos numerales 61, fracción XXIII, 6 y 15, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por improcedente la demanda de amparo de que se trata. El criterio anterior fue confirmado por el Tribunal Colegiado en materia Penal del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad capital, al resolver el recurso de queja número 195/2016, derivado del diverso juicio de amparo 1030/2016-V, del índice de éste juzgado, al declarar infundada la queja hecha valer por el defensor particular de un interno del centro carcelario de Ocampo, respecto de actos reclamados y legitimación similares al caso que nos ocupa. IV. Vista al Ministerio Público. Asimismo, toda vez que el promovente afirma que el quejoso es objeto de actos de tortura, con la obligación que impone a este Juzgado Federal el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (que establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato), así como la plena observancia de los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, específicamente el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), así como los numerales 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se ordena dar vista con copia certificada de la demanda de amparo y del presente auto a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este tribunal para que, a su vez, dé vista a las autoridades investigadoras correspondientes en el ámbito de su competencia sobre un posible hecho de tortura o maltrato en agravio del solicitante del amparo; debiendo remitir constancia de esa circunstancia a este órgano de control constitucional, para el único efecto de verificar el cumplimiento de la obligación constitucional y convencional antes aludida. V. Domicilio, autorizados, acceso a expediente electrónico y realización de notificaciones electrónicas. Si bien es cierto la parte promovente de la demanda refirió que señala domicilio electrónico para oír y recibir notificaciones, también lo es que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo; en consecuencia, se tiene como domicilio del directo quejoso para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario que proporciona (*****), se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, como el promovente del amparo solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las determinaciones que se dicten en el presente asunto y que ameriten notificación personal al usuario (****), cuyo nombre de usuario se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para las notificaciones y consulta electrónica en el presente expediente, en el término anteriormente apuntados. Ahora, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, toda vez que cuentan con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios.
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