Carlos Castañeda Celis

Expediente 1419/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1419/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Castañeda Celis

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Quejoso desiste demanda. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el ocurso signado por el quejoso Carlos Castañeda Celis, a través del cual desiste de la presente demanda de amparo, por así convenir a sus intereses. 1.2. Requerimiento. Para tener certeza jurídica respecto del desistimiento, y a fin de proveer lo que en derecho corresponda, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se constituya debidamente identificado ante este órgano jurisdiccional (Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia), a fin de que ratifique el contenido y firma del escrito de cuenta; bajo apercibimiento que de ser omiso, o no manifestar la imposibilidad que para ello tenga, se tendrá por no presentado el ocurso de que se trata y se continuará con el procedimiento relativo. Se hace del conocimiento al promovente que dicha ratificación también la podrá realizar a través de escrito con firma electrónica, el cual al contener la evidencia criptográfica respectiva, hace innecesaria la ratificación ante la presencia judicial, pues dicho elemento satisface el requisito previsto en la Ley de Amparo, al arrojar certeza de la voluntad del promovente para desistir de la demanda de amparo. Se cita como apoyo de lo anterior, la tesis de Jurisprudencia de rubro y texto: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Carlos Castañeda Celis, por propio derecho, contra actos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1419/2023. 2. Suspensión. Por separado, tramítese el incidente de suspensión. 3. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. 4. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá: 4.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1181, salvo que por la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos y otros documentos análogos. 4.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que contienen el acto reclamado. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a ******************** en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 5. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 6. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto reclamado se considera que no le revista tal carácter a persona alguna. 7. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa en su demanda y autorizando para tales efectos a las personas que nombra, quienes no gozarán de las amplias facultades que otorga el numeral 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado. 7.1 Correo electrónico. De igual forma se tiene a la parte quejosa proporcionado correo electrónico a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto, sin que haya lugar a realizar notificaciones a través de ese medio; toda vez, que la Ley de Amparo no lo prevé. Por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Apertura del incidente de suspensión. Como está ordenado en auto de esta misma fecha dictado en el expediente principal, y con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, con copia simple del libelo constitucional, tramítese por separado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1419/2023, promovido por Carlos Castañeda Celis, por propio derecho, contra actos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad. 2. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la ley de la materia, pídase informe previo a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente proveído, enviándoles al efecto copia simple del libelo constitucional. 3. Audiencia incidental. Hágase saber a las partes, que en este asunto se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la audiencia incidental. 4. Precisión de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados el aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de Carlos Castañeda Celisa, abiertas en las instituciones financieras denominadas: Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, número de cuenta 1114714858, y número de tarjeta 4915-6630-7470-7093. Banco Santander México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, número de cuenta 60592234669, y número de tarjeta 5579-0701-1345-4188; y, Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con número de tarjeta 5515-0710-2205-1039. 5. Pretensión de la suspensión. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que ".se levante el aseguramiento de las cuentas bancarias .". 5.1. Procedencia de la suspensión. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: I) Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; II) Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; III) Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan a la quejosa para que los efectos de la suspensión continúen; y, IV) Las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: I. La petición de parte; II. La existencia del acto reclamado. III. La naturaleza del acto reclamado. IV. La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión definitiva y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y. V. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. El primer requisito se encuentra colmado, en virtud de que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, y por ende, existe la petición de parte agraviada. De igual manera, el segundo de los extremos se actualiza en el particular, dado que al tratarse de la suspensión provisional la existencia del acto reclamado se tiene por acreditada con las manifestaciones de la quejosa. Luego, en relación a que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, de igual forma, se satisface, dado que los actos de los que se duele la parte quejosa pueden ser suspendidos al tratarse de actos positivos que crean un estado jurídico con efectos permanentes susceptibles de ejecutarse. Sin embargo, respecto al cuarto de los requisitos (la afectación a su interés jurídico, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional), no se encuentra colmado. En efecto, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por la agraviada, supone la demostración de su interés, aunque sea en forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente grado de certeza que el quejoso es titular del derecho que estima lesionado con el acto de autoridad. En el caso, a juicio de este juzgador, la parte accionante de esta instancia constitucional, omitió probar, aún de manera indiciaria, la titularidad del derecho que a su concepto se vulnera, dado que, no exhibió documentales que acredite la titularidad de las cuentas bancarias que defiende, ya que el promovente únicamente exhibió copia simple de tarjetas bancarias de las instituciones "Santander", "Banorte" y "Banco del Bienestar", Sin embargo, dicha documental resulta insuficiente para inferir que es titular de algún derecho legítimo, puesto que no se advierte siquiera el nombre del titular de dichas tarjetas, de ahí que, al no exhibir ningún contrato de las cuentas que refiere, celebrado entre el quejoso y las instituciones de crédito correspondientes, ni estados de cuenta relativos a las mismas, es que no se satisface la exigencia que establece el artículo 131 de la Ley de Amparo. De ahí que ante la ausencia de mayores elementos de convicción, su interés suspensional no queda demostrado hasta este momento y por lo tanto, se impone negar la medida cautelar solicitada. Tiene aplicación la tesis de texto y rubro siguientes: "ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO DICHA MEDIDA PRECAUTORIA, SE ACREDITA CON LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE CELEBRADOS ENTRE EL QUEJOSO Y LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE. Tratándose del aseguramiento de cuentas bancarias, la exhibición en el juicio de amparo de un cheque con un número de cuenta a nombre del quejoso, resulta insuficiente para demostrar -plena y fehacientemente- la titularidad de una cuenta bancaria y, por ende, el interés jurídico para reclamar mediante el juicio constitucional la mencionada medida cautelar. Lo anterior es así, porque el contrato de cuenta corriente de cheques firmado entre el peticionario de garantías y la institución de crédito correspondiente, es el documento idóneo para acreditar el referido interés jurídico, pues demuestra que la cuenta se encuentra vigente." Así como la diversa tesis de texto y rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA EL EMBARGO PRECAUTORIO TRABADO POR LA AUTORIDAD HACENDARIA EN UNA CUENTA DE CHEQUES. CASO EN EL QUE LAS COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA, DE LOS ESTADOS DE CUENTA Y DE LAS IMPRESIONES ELECTRÓNICAS EN LAS QUE APARECE LA LEYENDA "CUENTA BLOQUEADA" RELACIONADAS CON OTROS ELEMENTOS, ACREDITAN EL INTERÉS JURÍDICO DE LA QUEJOSA PARA OBTENER DICHA MEDIDA. El interés jurídico de la quejosa para solicitar la suspensión definitiva respecto de un embargo trabado por la autoridad hacendaria en una cuenta de cheques de la que dice ser titular, no se acredita con las documentales consistentes en copias simples del contrato de apertura relativo a esa cuenta, copia certificada de los estados de ésta y copia certificada de las impresiones electrónicas en las que aparece la leyenda "cuenta bloqueada"; dado que de esas constancias no se advierte la orden de embargo reclamada, los motivos de la inmovilización ni la autoridad a la que se atribuye dicho acto. Sin embargo, si la responsable, al rendir su informe previo, acepta la existencia del acto reclamado afirmando que giró instrucciones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que instruyera a las instituciones bancarias del país para que inmovilizaran las cuentas que estuvieran a nombre de la quejosa, en especial aquella de cuyo embargo se duele ésta y, además, admite la existencia del aseguramiento precautorio de esa cuenta, es posible establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada de los indicios que derivan de tales constancias, que se demuestra el interés jurídico de la promovente del amparo para solicitar la suspensión del acto reclamado." 6. Pruebas. En términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexó a su escrito de demanda, las que se tienen por admitidas y desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de recibirlas en la audiencia incidental. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico, para las autoridades responsables). Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

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