Carlos Carrillo Morgan

Expediente 1715/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1715/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Carrillo Morgan

Actuaciones

  1. Principal

    .-Toluca, Estado de México; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE ESCRITO. ............... agréguese a los autos el escrito signado por la tercero interesada ********************, mediante el cual, se apersona a juicio de amparo y realiza manifestaciones a manera de alegatos, se tiene por apersonada al sumario en que se actúa a la citada parte procesal y ténganse por hechas las exposiciones vertidas en vía de alegatos; dese cuenta con ellos en la audiencia constitucional. SE RESERVA. Ahora bien, sobre la manifestación de que sea llamado el menor de iniciales ******************** por medio de su legítimo representante y se realice la prueba pericial en materia de grafoscopía; este órgano de control jurisdiccional se reserva a acordar lo que a derecho corresponda, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado y remita las constancias del acto reclamado............por lo que respecta a su manifestación de dar vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción, se hace de su conocimiento, que de acuerdo al artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dicha institución es parte formal en el juicio de amparo en que se actúa, como representante de la sociedad y su función es la de vigilar que se cumpla exactamente la ley en el procedimiento, mas no la de agente investigador y prosecusor de delitos, por lo que está en condiciones de realizar cualquier hecho que considere delito ante la autoridad investigadora correspondiente, razón por la cual, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime oportuna.......... Notifíquese.

  2. Incidental

    VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo número ********************; promovido por ********************l: y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de ********************, con sede en Toluca, turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, ********************, a través de su apoderada legal ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: ".AUTORIDADES RESPONSABLES: (I) El C. Titular de la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU); (II) El C. Titular de la OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SEDATU EN EL ESTADO DE MÉXICO. (III) Los C. COMISIONADOS POR LA SEDATU que ejecutaron los actos reclamados que en el apartado correspondiente se describen; y (IV) El C. Maximino De la Rosa Pérez, quien se ostentó como funcionario adscrito a la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO, Oficina de Representación en el Estado de ********************. IV. ACTOS RECLAMADOS De las autoridades responsables se reclaman los siguientes actos de autoridad, a saber: (I) El ilegal ingreso y allanamiento a los predios identificados como ********************, fracción I, y ********************, ubicados en el municipio de ********************, Estado de ******************** (conjuntamente los "RANCHOS"), que son propiedad de esta QUEJOSA, según se precisará más adelante. (II) La negativa de los C. COMISIONADOS POR LA SEDATU de identificarse plenamente como autoridades administrativas, al momento de pretender ingresar a los RANCHOS para ejecutar trabajos técnicos sobre los mismos, y su entrada por la fuerza y bajo amenazas a los predios en cuestión. (III) La omisión de notificar a mi representada sobre la existencia de cualquier procedimiento administrativo y la omisión de llamar a mi representada a dicho procedimiento, en virtud del cual las Autoridades Responsables pretendan fundar y motivar el ingreso a los RANCHOS para realizar cualquier trabajos técnicos, visitas o inspecciones, así como la INMINENTE EJECUCIÓN en perjuicio de mi representada de dichos actos administrativos, incluyendo todos sus efectos y consecuencias, entre ellos la DESPOSESIÓN y afectación a sus derechos de propiedad sobre los RANCHOS y construcciones ubicadas al interior." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional radicó la demanda con el número de expediente ********************, se admitió; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. Por escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de ********************, con sede en Toluca, remitido al día siguiente a este Juzgado de Distrito, ********************, a través de su apoderada legal ********************, amplió la demanda respecto de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: ".AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen la calidad de autoridades responsables las siguientes: (I) El PRESIDENTE CONSTITUCIONAL de los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con domicilio conocido en la Ciudad de ********************; (II) El CONGRESO DE LA UNIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores, con domicilio conocido en la Ciudad de ********************. (III) Del TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, por conducto de su Magistrada Presidente; (IV) El Titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO (en adelante, la SEDATU); (V) El Titular de la Dirección General de Propiedad Rural de la SEDATU; (VI) El Titular de la Dirección Adjunta Técnica Operativa de la SEDATU; (VII) El titular de la Dirección General Adjunta Técnica Operativa de la SEDATU; (VIII) El titular de la Oficina de Representación de la SEDATU en el Estado de ********************; (IX) La C. Issel Hernández Martínez, SUBDELEGADA JURÍDICA de la Oficina de Representación de la SEDATU en el Estado de ********************; (X) El Isaías García Robledo, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO de la SEDATU; Y (XI) El C. Maximino de la Rosa Pérez, AUXILIAR JURÍDICO adscrito a la SEDATU, Oficina de Representación en el Estado de ********************. IV. Actos Reclamados Del Congreso de la Unión, del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de las autoridades responsables de la SEDATU se reclaman los siguientes actos: La aprobación, promulgación y aplicación del artículo transitorio tercero del decreto mediante el cual se promulgó la Ley Agraria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992, en relación con los artículos 210, 215, 219, 275, 332, 418 fracciones I y II, 419 y 449 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, con motivo de su primer acto de aplicación, como lo es el informe justificado mediante el cual personal de la SEDATU señala que instauró el Procedimiento de Nulidad de Acuerdos Presidenciales y Cancelación de los certificados de inafectabilidad Agrícola Números ******************** y ******************** (en adelante el "procedimiento de cancelación") y que mi representada no está legitimada ni tiene derecho alguno a participar en el mismo. Del TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, a través de su Presidenta, se reclaman los siguientes actos: 1. La omisión de emplazar a mi representada dentro del juicio agrario en que se está resolviendo lo relativo a la solicitud de dotación de tierras promovida por el poblado ********************, registrado bajo el expediente ******************** sobre los predios ******************** y ******************** (en adelante, el "JUICIO AGRARIO DE DOTACIÓN") a pesar de que mi representada es titular de derechos de propiedad y posesión sobre dichos predios, mismos que siguen amparados con los CERTIFICADOS DE INAFECTABILIDAD, por lo que actualmente siguen siendo inafectables y en esa medida, la adquisición realizada por mi representada sí es válida para efectos agrarios y debió llamársele a dicho juicio agrario de dotación, para que defendiera sus derechos válidamente adquiridos y, de ser el caso, pueda exigir la indemnización que pudiere corresponderle. 2. La INMINENTE dotación al poblado ******************** con todo o parte de los predios "********************" y "********************" en caso de decretarse la cancelación de los CERTIFICADOS DE INAFECTABILIDAD AGRÍCOLA a partir de las constancias que obran en el expediente que de forma mañosa y tendenciosa ha venido integrando la SEDATU a espaldas de los propietarios actuales de dichos predios, así como el inminente despojo y privación de las propiedades, posesiones y derechos de mi representada, sin que se le haya respetado su garantía de audiencia y sin que medie indemnización alguna, a través del allanamiento y constantes intentos de invasión de los predios que actualmente posee mi representada por supuestos integrantes del poblado de ********************, instigados por las autoridades agrarias, cuando dichas personas no tienen derecho alguno para que se les doten tales tierras y lo han estado haciendo en forma clandestina y claramente ilegal. 3. Como consecuencia del trámite DEL JUICIO AGRARIO DE DOTACIÓN, el PRIMER ACTO de aplicación en perjuicio de esta QUEJOSA de los artículos cuya inconstitucionalidad se RECLAMA. 4. Todos los efectos y consecuencias de los actos enunciados, entre ellos la inminente dotación de tierras al poblado de ********************, tomadas ilegalmente de los predios ******************** y ********************, y consecuente DESPOSESIÓN y afectación a los derechos de propiedad de mi representada sobre los RANCHOS "********************" y una fracción del rancho "********************" y construcciones ubicadas al interior de las que mi representada es propietaria. De las autoridades de la SEDATU, a través de todos y cada uno de los funcionarios que fueron precisados, se reclaman los siguientes actos: 1. La omisión y negativa para mandar notificar a mi representada al procedimiento de cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola mencionados arriba, como propietaria registral del predio ******************** y de una fracción del ********************, a pesar de que dichos predios siguen amparados con certificados de inafectabilidad, por lo que actualmente siguen siendo inafectables y en esa medida, las transmisiones realizadas con posterioridad a la solicitud de dotación sí fueron, son y seguirán siendo válidas para efectos agrarios, por lo que los actuales propietarios de los predios que amparan debieron llamarse al procedimiento de cancelación para que defiendan sus derechos adquiridos, entre ellos mi representada en su carácter de LEGÍTIMA propietaria y poseedora de los RANCHOS. 2. El oficio ******************** dictado por la SEDATU el 28 de junio de 2016, mediante el cual se ordenó la instauración del PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN, sin señalar expresamente la obligación a cargo del personal adscrito a dicha Secretaría para investigar la situación registral de los predios objeto del procedimiento y notificar a todos aquellos que hubieran adquirido algún derecho sobre los predios "********************" y el "********************" (en adelante "Acuerdo de Instauración"). 3. La privación del derecho a la propiedad privada adquirido, por mi representada los predios multicitados, que son desconocidos de manera sustantiva y de pleno derecho por las autoridades responsables, negándole el acceso a las garantías que tutelan su derecho a la propiedad incluyendo aquellas que le corresponden como causahabiente de los CERTIFICADOS DE INAFECTABILIDAD AGRÍCOLA. 4. La INMINENTE CANCELACIÓN de los certificados de inafectabilidad agrícola que amparan los predios "********************" y "********************", a partir de las constancias que obran en el expediente que en forma mañosa y tendenciosa ha venido integrando la SEDATU a espaldas de los propietarios actuales de dichos predios, así como el inminente despojo y privación de las propiedades, posesiones y derechos de mi representada, mediante la invasión de los predios que actualmente posee por supuestos integrantes del poblado ********************, instigados por las autoridades agrarias, cuando dichas personas no tienen derecho alguno para que se les doten tales tierras ni para invadir predios sobre los que no tienen título alguno. 5. La supuesta inspección ocular practicada el 28 de febrero del 2023 por el C. Maximino de la Rosa Pérez, como Comisionado por la SEDATU, supuestamente dentro de los predios amparados bajo los CERTIFICADOS DE INAFECTABILIDAD, incluyendo los RANCHOS y el acta de inspección ocular levantada con motivo de la misma, (adelante, la "INSPECCIÓN OCULAR"), en la cual se hicieron constar hechos falsos y simulados, pretendiendo reconocer como posesionarios a personas que por la fuerza y de manera violenta se metieron a fracciones del ******************** de manera ex-profesa y planeada para aparentar una situación que no corresponde a la realidad durante la visita relámpago que realizó el señor De la Rosa, cuando jamás han tenido las posesiones que de manera irresponsable y totalmente ilegal afirman tienen el C, Maximino de la Rosa, cuando el mismo bien sabe que en realidad se basaron en el allanamiento que los propios solicitantes de dotación hicieron respecto del predio "********************", pretendiendo justificar que tienen una posesión que no tienen, con la colusión y apoyo del señor De la Rosa. 6. Como consecuencia de la instauración y substanciación del PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN, el PRIMER ACTO de aplicación, en perjuicio de esta QUEJOSA, de los ARTÍCULOS cuya inconstitucionalidad se RECLAMA. 7. Todos los efectos y consecuencias de los actos enunciados, entre ellos la inminente cancelación de los CERTIFICADOS DE INAFECTABILIDAD AGRÍCOLA y la DESPOSESIÓN y afectación a sus derechos de propiedad y posesión del rancho "******************** y una fracción del rancho "********************" construcciones y demás bienes distintos a la tierra ubicados al interior de los que mi representada es propietaria." CUARTO. En auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa, para que en el plazo de cinco días, precisara los actos reclamados, señalara qué fracción de los artículos que señaló impugnaba, aclarara los efectos y consecuencia de los actos enunciados, entre ellos, la inminente dotación de tierras. Mediante diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, la parte quejosa desahogó la prevención en los siguientes términos: ".Del Congreso de la Unión, se reclaman los siguientes actos: La aprobación del artículo tercero transitorio del decreto mediante el cual se promulgó la Ley Agraria. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992 (el "Artículo tercero transitorio), por virtud de su primer acto de aplicación en contra de mi representada, el cual resulta inconstitucional por la omisión legislativa de incluir dentro de la redacción de dicho Artículo Tercero Transitorio una previsión que exceptuara la aplicación de los artículos de la derogada Ley Federal de la Reforma Agraria cuya inconstitucionalidad se reclama, al no ser compatibles ni tener sustento en el marco constitucional vigente a partir de la reforma que el texto del artículo 27 de nuestra Constitución Federal sufrió, por la cual se derogaron las fracciones X a XV del mismo, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de enero de 1992 (la "Reforma del Artículo 27 Constitucional"), derogándose con ellos las excepciones y limitaciones constitucionales que, frente a los procedimientos de dotación de tierras, existía el derecho de propiedad, legalidad y garantía de audiencia de los propietarios de predios sujetos a régimen de propiedad privada. Del Ejecutivo Federal, se reclaman los siguientes actos: 1.- La promulgación del Artículo Tercero Transitorio en el Diario Oficial de la Federación, realizada el 26 de febrero de 1992, por virtud de su primer acto de aplicación en contra de mi representada, el cual deviene inconstitucional al no contener una previsión que exceptuara la aplicación de los artículos de la ley derogada Ley Federal de la Reforma Agraria cuya inconstitucionalidad se reclama, al no ser compatible ni tener sustento en el marco constitucional vigente a partir de la Reforma del Artículo 27 Constitucional. (i) De la SEDATU, a través de los titulares de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, de la Dirección General de Propiedad Rural de la SEDATU; de la Dirección Adjunta Técnica Operativa de la SEDATU; de la Dirección Adjunta Técnica Operativa de la SEDATU, de la Dirección General Adjunta Técnica Operativa de la SEDATU, de su Oficina de Representación en el Estado de ********************, así como de la C. Issel Hernández Martínez, SUBDELAGADA JURÍDICA de su Oficina de Representación en el Estado de ********************, del C. Isaías García Robledo, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, y C. Maximino De la Rosa Pérez, AUXILIAR JURÍDICO adscrito a su Oficina de Representación en el Estado de ********************, se reclaman los siguientes actos. 1. La indebida e inconstitucional aplicación de los artículos 210, 215, 219, 275, 332, 418 fracciones I y II 419 y 449 de la Ley Federal de la Reforma Agraria (los "Artículos Reclamados"), en relación y con base en el Artículo Tercero Transitorio, con motivo de su primer acto de aplicación en perjuicio de mi representada a través del informe justificado mediante el cual personal de la SEDATU señala que instauró el Procedimiento de Nulidad de Acuerdos Presidenciales y Cancelación de los Certificados de Inafectabilidad Agrícola números ******************** y ********************, y con los cuales dicha autoridad pretende fundamentar que mi representada no está legitimada ni tiene derecho alguno a participar en el mismo, desconociendo de pleno derecho la propiedad de mi representada sobre los ranchos. Lo anterior resulta así pues, los Artículos Reclamados no tienen sustento ni son compatibles con el marco constitucional vigente, a partir de la Reforma del Artículo 27 Constitucional, por haberse derogado las fracciones X a XIV de dicho artículo que sustentaban constitucionalmente las limitaciones al derecho de propiedad, a la no confiscación de bienes, legalidad y garantía de audiencia, contenidas en los Artículos Reclamados que, frente a los procedimientos de dotación de tierras. A efecto de evitar repeticiones innecesarias, se solicita a ese H. Juzgador que tenga por reproducidos como si a la letra se insertasen, los demás actos que se reclamaron a todas las Autoridades Responsables, mismos que fueron expuestos en el apartado conducente de la ampliación de la demanda de amparo. Al respecto, se precisa que, las fracciones e incisos de los artículos señalados como reclamados que causan perjuicio a mi representada son la fracción I del artículo 210 y las fracciones I y II del artículo 418. No siendo óbice mencionar que, por lo que respecta al resto de los artículos señalados como reclamados, esto es el Artículo Tercero Transitorio, 215, 219, 275, 332 y 449 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, los mismos se reclaman en su totalidad como inconstitucionales. En relación con el acto reclamado por mi representada al TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO identificado con el numeral 4, se señala que a este Juzgado que mi representada se refiere a que, de continuarse el trámite y dictarse una resolución que dentro del juicio agrario ******************** que involucra y tiene por objeto los predios ******************** y ********************, que dote de tierras al poblado ******************** sin que se haya emplazado y respetado la garantía de audiencia de mi representada, tendría como efecto y consecuencia la inminente DESPOSESIÓN y afectación a los derechos de propiedad de mi representada sobre los predios identificados como ******************** Fracción I, y ********************, ubicados en el municipio de ********************, Estado de ******************** y construcciones ubicadas al interior, los cuales fueron válidamente adquiridos y legal y constitucionalmente tutelados por el contenido vigente del artículo 27 de nuestra Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Máxime que el allanamiento y constantes intentos de invasión de los predios que actualmente posee mi representada por supuestos integrantes del poblado de ********************, instigados por las autoridades agrarias, cuando dichas personas no tienen derecho alguno para que se les doten tales tierras y lo han estado haciendo en forma clandestina y claramente ilegal. Lo anterior, sin perjuicio de la reserva de derechos de mi representada para ampliar su demanda de amparo, una vez que haya conocido el contenido exacto y completo de los actos reclamados al TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO." El dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, previo desahogo de la prevención, se admitió la ampliación de la demanda, se requirieron los informes justificados y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, sin la comparecencia de las partes, tal como se asentó en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de ********************, con residencia en Toluca, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto atribuido a una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en términos de la jurisprudencia número 40/2000, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", y del criterio sustentado en la tesis número P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU .FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", ambos emitidos por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe precisarse que los actos reclamados por la parte quejosa, son: 1.- Transgresión a su derecho de audiencia, por no habérsele llamado al procedimiento administrativo de cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola ********************18 que ampara el predio denominado Rancho "********************" y ******************** que ampara el diverso inmueble denominado "********************", ubicados en el Municipio de ********************, Estado de ********************. 2.- La inconstitucionalidad del artículo tercero transitorio del decreto mediante el cual se promulgó la Ley Agraria, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, en el Diario Oficial de la Federación, así como de los diversos artículos 210 fracción, 215, 219, 275, 332, fracciones I y II del artículo 418 y 449 de la Ley Federal de la Reforma Agraria. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Comisionados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, negaron la existencia de los actos que le son reclamados, porque refirieron que los comisionados para la inspección del predio respetivo, no se encuentran adscritos a la Unidad Administrativa que Conforma esa Secretaría, en las Oficinas Centrales de la Ciudad de ********************, sino que corresponden a la Oficina de Representación en el Estado de ********************, sin que la que parte quejosa haya desvirtuado esa negativa. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las aludidas autoridades responsables, procede sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, visible en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsable niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los actos. Cabe señalar que en auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, se dejaron de tener como autoridades responsables a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial; la Dirección General de Propiedad Rural; a la Dirección Adjunta Técnica Operativa e Isaías García Robledo, Director General Adjunto, todos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU); por lo que se suspendió comunicación con las mismas. Asimismo, cabe señalar, que en el mismo acuerdo, se tuvo con ese carácter a la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario y a la Dirección General de Ordenamiento y Propiedad Rural, ambas de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU). Son ciertos los actos reclamados a 1).- Maximino De la Rosa Pérez, Auxiliar Jurídico en la Oficina de Representación en el Estado de ********************, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Auxiliar Jurídico de la Subdelegación Jurídica de la Oficina de Representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de ********************, 2).- Alfonso Nava De los Reyes, Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda en el Estado de ******************** y Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 3).- Issel Hernández Martínez, Subdelegada Jurídica de la Oficina de Representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 4).- Directora General de Ordenamiento y Propiedad Rural, 5) Directora de Asuntos Jurídicos en representación del Tribunal Superior Agrario, 6) Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 7).- Cámara de diputados, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, por lo que así se les tiene para todos los efectos legales conducentes. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917812, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias relativas al juicio ********************, que remitieron las aludidas autoridades responsables en apoyo a sus informes justificados, a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no rindió su informe justificado; sin embargo, deben tenerse por ciertos los actos que se le reclaman, atendiendo al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°, y además con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 191452, de título, subtítulo y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". En este sentido, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5º, fracción I, y 6º, todos de la citada ley de la materia, y el diverso artículo 107, fracción I, de nuestra Carta Magna; dispositivos que establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley [.]." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.].". De la interpretación de esos preceptos, se evidencia que el interés en el juicio constitucional, es jurídico o legítimo, individual o colectivo, cuando se trate de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; mientras que tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o laborales, se conserva y se clarifica en el orden constitucional el concepto de interés jurídico, ya que para controvertir tales actos es necesario no sólo la existencia de un derecho subjetivo, sino además que la resolución afecte de forma personal al quejoso y que los efectos del acto que se controvierta se encuentren dirigidos en forma directa hacia su persona, sobre todo cuando se invoca la figura de la persona extraña a juicio para ejercer la acción constitucional en la vía indirecta. De ese modo, el interés jurídico a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, es la prerrogativa que asiste a un particular para reclamar algún acto proveniente de autoridades, que estime violatorio de sus garantías o derechos fundamentales; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad que ocasiona un perjuicio a los derechos o intereses de su titular. En la inteligencia que tales afectaciones, deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, pues se debe acreditar en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Tal consideración encuentra respaldo en la jurisprudencia I.1o.T. J/38K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 31, Núm. 52, Abril de 1992, registro 219511, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época; cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas". Así como en la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, registro 224803, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que refiere lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Ahora bien, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra diversos derechos del individuo, tal es el caso, del de audiencia o de debido proceso, pues dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Según lo dispuesto en el aludido artículo, el juicio de amparo procede para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad o posesión que resulte afectado sin respetar los derechos fundamentales de audiencia y defensa que en él se consagran; sin embargo, como se dijo, esa afectación debe ser comprobada de forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan solo por presunciones. En ese sentido, el quejoso tiene la carga procesal de demostrar de manera irrebatible, que los actos que reclama afectan su interés jurídico, pues, es un presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, lo cual no reveló. En efecto de las constancias que remitió el Tribunal Superior Agrario, a las que se les otorga valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que: 1.- El doce de diciembre de mil novecientos treinta y cinco, vecinos del poblado de ********************, ********************, Estado de ********************, solicitaron al Gobernador de la citada entidad federativa, la dotación de tierras que culminó con resolución presidencial de veintiocho de agosto de mil novecientos cuarenta y seis, en la que se negó la solicitud por falta de terrenos afectables. 2.- El cinco de septiembre de dos mil novecientos cincuenta y nueve, el mismo grupo de campesinos, solicitó por segunda ocasión, la dotación de tierras, señalando como susceptibles de afectación al Rancho de ********************, ******************** y todos los inmuebles que se ubican dentro del predio legal de afectación. 3.- El doce de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, la Comisión Agraria Mixta, formó el expediente respectivo. 4.- El veintiséis de junio de dos mil novecientos setenta y seis, el Cuerpo Consultivo Agrario, solicitó a la Dirección de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera que previa investigación, se iniciara el procedimiento de cancelación del certificado de inafectabilidad agrícola número ********************, que ampara "********************". 5.- El veinticinco de julio de mil novecientos setenta y ocho, la Dirección de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agropecuaria, instauró el procedimiento para dejar sin efectos los certificados de inafectabilidad agrícola ******************** y ********************, relativos a los predios denominados como "********************" y del "********************". 6.- Seguido ese procedimiento por sus etapas procesales, el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa, el Secretario de la Reforma Agraria, dictó resolución, en la que dejó sin efectos parcialmente el acuerdo presidencial de dieciocho de marzo de mil novecientos cincuenta y tres, que declaró inafectable el predio denominado el "********************", con una superficie de ******************** hectáreas (seiscientas setenta y un hectáreas) propiedad de la sucesión a bienes de ******************** y en consecuencia, canceló parcialmente el certificado de inafectabilidad agrícola ********************, en una superficie de 161-98-43 (ciento sesenta y un hectáreas, noventa y ocho áreas, cuarenta y tres centiáreas), así como la nulidad del diverso acuerdo presidencial de veintisiete de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, que declaró inafectable el predio denominado "********************", con una superficie de 73-30-00 (setenta y tres hectáreas, treinta áreas,) propiedad de ********************, ********************, ******************** y ******************** y ********************, ******************** y ******************** y en consecuencia, canceló el certificado de inafectabilidad agrícola ********************. 7.- ********************, promovió juicio de nulidad, en el que impugnó la aludida resolución de veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa, dictada por el Secretario de la Reforma Agraria y del dictamen aprobado en sesión plenaria el veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, por el Cuerpo Consultivo Agrario, del que conoció el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, con residencia en Toluca, el que lo radicó con el número ********************, el que el ocho de septiembre de dos mil once, resolvió: ".PRIMERO. La parte actora ********************, no acreditó los elementos constitutivos de su pretensión en términos de lo resuelto en el Considerando Cuarto de esta sentencia. Los demandados, Secretaría de la Reforma Agraria, Subsecretario de Asuntos Agrarios hoy Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural y el Director General Operativo, así como los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, de ********************, Municipio de ********************, Estado de ********************, acreditaron sus excepciones, en términos de lo resuelto en el cuarto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. En consecuencia no ha lugar a decretar la nulidad de la resolución de fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa, emitida por el Secretario de la Reforma Agraria; así como tampoco ha lugar a decretar la nulidad del dictamen aprobado en sesión plenaria de veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y nueve emitido por Cuerpo Consultivo Agrario, en términos de lo resuelto en el considerando cuarto de este fallo. TERCERO. Se absuelve a la Secretaría de la Reforma Agraria, Subsecretario de Asuntos Agrarios hoy Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural y el Director General Técnico Operativo, así como los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, de ********************, Municipio de ********************, Estado de ********************, de las prestaciones demandadas, de conformidad a lo señalado en el considerando cuarto de esta sentencia." 8.- Contra esa resolución el actor interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tribunal Superior Agrario, el que lo radicó con el número ******************** y el veinticinco de junio de dos mil trece, resolvió: ".La nulidad que se declara es para el efecto de que con apoyo en lo dispuesto por los artículos 10, fracción XX, 418, fracción II y 419 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes Secretaría de la Reforma Agraria, reponga el procedimiento tendiente a dejar sin efectos los acuerdos presidenciales que declararon inafectables a los predios "********************" y "********************" y cancelar los correspondientes certificados de inafectabilidad y proceda a notificar a los propietarios de los referidos predios que quedan sujetos al procedimiento, para que dentro de los treinta días que sigan a la notificación rindan sus pruebas y expongan lo que a su derecho corresponda, se realicen las investigaciones necesarias, atendiendo a los señalamientos y observaciones hechos en esta resolución. PRIMERO.- Es procedente el recurso de revisión interpuesto por ********************, en contra de la sentencia emitida el ocho de septiembre de dos mil once, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, en el juicio agrario número ********************, promovido por el recurrente antes mencionado, relativo a la acción de nulidad de resolución emitida por autoridad agraria. SEGUNDO.- Por las razones expuestas en las consideraciones sexta y séptima de esta resolución, se revoca la sentencia recurrida. TERCERO.- Se declara la nulidad de la resolución emitida por la Secretaría de la Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa, que dejó sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales que declararon inafectables los predios "********************" y "********************" y canceló los correspondientes certificados de inafectabilidad, para los efectos de que reponga el procedimiento y una vez integrado debidamente el expediente, previo estudio de todas las constancias de autos, en ejercicio pleno de sus atribuciones, determinará lo que en derecho proceda, en resolución debidamente fundada y motivada." Ahora bien, debe recordarse que la parte quejosa, alude transgresión a su derecho de audiencia, porque no fue llamado al procedimiento administrativo de cancelación de los aludidos certificados de inafectabilidad ******************** y ********************, que amparan los predios denominados Rancho "********************" y "********************", ubicados en el Municipio de ********************, Estado de ********************; sin embargo, no acreditó la identidad del predio que defiende, es decir, que sea una fracción de los terreros objeto del citado procedimiento administrativo y por ende, la afectación a su interés jurídico. Ello es así, porque en el juicio natural, se advierte que se reclamó: "PRESTACIONES: DEL SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA A).- Se demanda la nulidad de la resolución que dictó ILEGALMENTE en fecha 27 de septiembre de 1990, con la que se dejaría parcialmente sin efectos jurídicos el Acuerdo Presidencial de fecha 18 de marzo de 1953, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre del mismo año, que cancelaria parcialmente el certificado de Inafectabilidad Agrícola número ********************, sobre una superficie de 161-98-43 has. (Ciento sesenta y una hectáreas, noventa y ocho áreas, cuarenta y tres centiáreas) expedido a nombre de la sucesión a bienes de ********************, que ampara la inafectabilidad del predio denominado "********************" con una superficie de ******************** has. (seiscientas setenta y una hectáreas) de monte; y que además dejaría sin efectos jurídicos el acuerdo presidencial de fecha 27 de julio de 1949, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cinco de noviembre del mismo año, con lo que cancelaría el Certificado de Inafectabilidad Agrícola número ********************, expedido en favor de los C.C. ********************, ********************, ******************** y ******************** y ********************, ******************** y ******************** que ampara la inafectabilidad del predio denominado el ******************** con una superficie de 73-30-00 hectáreas de agostadero en terrenos árido." En la demanda de amparo, el quejoso refiere violación a su derecho de audiencia, porque no fue emplazado al procedimiento administrativo de cancelación de los referidos certificados de inafectabilidad agrícola ******************** y ********************, relativos a los predios "********************" y "********************", a pesar de que es titular de derechos de propiedad sobre dichos inmuebles, en los que existen constantes intentos de invasión con motivo de dicho procedimiento. Para acreditar su derecho de propiedad, la parte quejosa exhibió: 1.- Documental Pública, consistente en la escritura pública ******************** de catorce de mayo de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público 244 de la Ciudad de ********************. 2.- Documental Pública, consistente en la escritura pública ******************** de catorce de octubre de dos mil veinte, pasada ante la fe del Notario Público 244 de la Ciudad de ********************. 3.- Documental privada, consistente en impresiones fotográficas. 4.- Oficios 108, 108 y 112 de dos mil veintitrés, dictados por la Fiscalía Regional de ********************, Estado de ********************, que derivan de la denuncia que interpuso. 5.- Entrevista de seis de enero de dos mil veintitrés, realizada por la agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de ********************, Estado de ********************. 6.- Escritura pública ********************, de quince de marzo de dos mil veintitrés, en pasada ante la fe del Notario Público Número 82 del Estado de ********************. 7.- La presuncional legal y humana. Documentos a los que se les otorga valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De la copia certificada del instrumento notarial número cuarenta y un mil cuatrocientos veintinueve (********************), del protocolo del Notario Público Número Doscientos Cuarenta y Cuatro de la Ciudad de ********************, los bienes inmuebles que defiende la parte quejosa consisten en: ".El inmueble identificado como terreno rústico denominado "********************" ubicado en la ********************, perteneciente al municipio y Distrito Judicial de ********************, Estado de ********************, con la superficie y linderos que en el título que en dicho título (sic) quedaron relacionadas. AL NORTE.- en ocho líneas 34 metros (treinta y cuatro metros), 80.00 metros (ochenta metros), 57.50 metros (cincuenta y siete metros cincuenta centímetros), 58.00 metros (cincuenta y ocho metros), 185.00 metros (ciento ochenta y cinco metros), 45.00 metros (cuarenta y cinco metros), 70.00 metros (setenta metros y 180.00 metros (cuentos ochenta metros), respetivamente y linda con ********************. AL SUR.- En dos líneas de 265.00 (doscientos sesenta y cinco metros), 90.00 metros (noventa metros), linda con ********************. AL ESTE.- En cuatro líneas 535.00 metros (quinientos treinta y cinco metros), 405.00 metros (cuatrocientos cinco metros), 140.00 metros (cientos cuarenta metros) y 75.00 metros (setenta y cinco metros), con el doctor ********************. AL OESTE.- En catorce líneas 175.00 (ciento setenta y cinco metros), 160.00 metros (ciento sesenta metros), 170.00 metros (ciento setenta metros), 150.00 (ciento cincuenta metros), 100.00 metros (cien metros), 68.00 (sesenta y ocho metros), 65.00 metros (sesenta y cinco metros), 45 metros (cuarenta y cinco metros), 210.00 metros (doscientos diez metros), 40.00 (cuarenta metros), 67.00 (sesenta y siete metros), 42.00 (cuarenta y dos metros), 47.00 (cuarenta y siete metros), y 80.00 (ochenta metros), linda con el rancho "********************". SUPERFICIE: 52-97-16.50 HECTÁREAS (CIENCUENTA Y DOS HECTÁREAS NOVENTA Y SIETE ÁREAS Y DIECISÉIS PUNTO CINCUENTA CENTIÁREAS. IDENTIFICADO EN LO SUCESIVO "EL PEDREGAL", CON LA SUPERFICIE, MEDIDAS Y LINDEROS QUE EN EL TÍTULO QUE SE RELACIONA SE DESCRIBIERON COMO SIGUE: AL NORTE.- EN DOS LÍNEAS QUE SUMAN 722.00 METROS (SETECIENTOS VEINTIDÓS METROS), LINDA CON EL RANCHO SANTA ELENA. AL SUR.- TRES LÍNEAS QUE SUMAN 768.00 METROS (SETECIENTOS SESENTA Y OCHO METROS), LINDA CON UNA PARTE DEL PEDREGAL. AL ORIENTE.- CATORCE LÍNEAS QUE SUMAN 1406.65 METROS (MIL CUATROCIENTOS SEIS METROS, SESENTA Y CINCO CENTÍMETROS), LINDA CON RANCHO "EL CAPULÍN". SUPERFICIE: 74-44-69.5 HECTÁREAS (SETENTA Y CUATRO HECTÁREAS Y CUATRO ÁREAS Y SESENTA NUEVE PUNTO CINCO CENTÍÁREAS)." Sin embargo, del análisis de los bienes inmuebles que defiende la quejosa, no se advierte que guarden relación con los certificado de inafectabilidad agrícola ******************** y ********************, de los que se advierte de manera genérica que tienen una superficie, respectivamente, de ******************** hectáreas y 73-30-00 hectáreas. De tal suerte, que si bien es cierto que ese instrumento notarial es suficiente para demostrar la titularidad de los predios que defiende la quejosa; también lo es que no acreditó que sean parte de aquellos que amparan los aludidos certificados de inafectabilidad agrícola, ya que no existe prueba eficaz para evidenciar ese hecho, dado que no se desahogó la prueba pericial en topografía, que es el medio idóneo para acreditar la identidad de un terreno materia de conflicto, ya que los peritos pueden precisar la identidad de los predios, con base en los títulos de propiedad exhibidos por las partes y emitir su opinión técnica determinando si uno de éstos está comprendido dentro del otro, pues de lo contrario el juzgador se encuentra imposibilitado para hacer declaración alguna al respecto, pues para descubrir la verdad no se puede llegar con meras suposiciones sino con la opinión técnica de dictámenes periciales. De tal suerte, que las aludidas pruebas documentales que ofreció, son insuficientes para evidenciar que existe identidad entre los inmuebles que pretende defender la parte quejosa y aquellos objeto del procedimiento de cancelación de los certificados de inafectabilidad. Al respecto resulta aplicable, por similitud de razón y por participar del criterio que la informa, la Tesis Aislada II. 1o. C. T. 204 C, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, diciembre de 1994, página 387, Octava Época, Materia Civil, registro digital 209749, de rubro y texto siguientes: "IDENTIDAD DE INMUEBLES. LA PERICIAL ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA LA. La prueba idónea para acreditar el elemento identidad de un bien inmueble, en un juicio reivindicatorio, es la pericial, en materia de Ingeniería Topográfica, a fin de que se determine si el predio controvertido se encuentra dentro de la superficie manifestada por la contraparte y así poder precisar cuál es esa área." Así como la diversa Jurisprudencia VI.2o. J/340 emitida por el propio Tribunal Colegiado que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 84, Diciembre de 1994, Octava Época, página 53, registro 209637, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESION DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable". Además, cabe señalar que cuando se promueve el juicio de amparo con el carácter de tercero extraño a juicio en estricto sentido, se tiene como finalidad interferir en un juicio preexistente, del cual no se es parte, para hacer valer intereses propios y distintos a los del actor y demandado, teniendo como único objetivo retirar el derecho afectado con el acto de autoridad; de tal manera, que para acreditar el interés jurídico, debe probarse el justo título que ampare el derecho respectivo y que ese derecho esté afectado con el acto de autoridad. El primer requisito -justo título que ampare el derecho respectivo, en el caso, de propiedad-, se encuentra acreditado con la copia certificada de la citada escritura pública ********************; sin embargo, el segundo requisito -afectación del derecho que ampara el justo título-, no está corroborado, ya que para el caso de que existiera identidad de los predios que reclama con los que son objeto del procedimiento administrativo de cancelación de los certificados de inafectabilidad y; en el supuesto de que en éste, se determine procedente dicha cancelación, no conlleva la afectación a su derecho de propiedad y/o posesión de las fracciones de terreno que defiende, pues tales cancelaciones no produce la privación de alguno de esos derechos, sino sólo en el caso de que la resolución de esa cancelación sirva para emitir una resolución de reparto de tierras con fines de dotación a ejidos o de sus posibles ampliaciones. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 72, Tercera Parte, página 31, Materia Administrativa, registro digital 238451, del siguiente tenor: "AGRARIO. CERTIFICADO DE INAFECTABILIDAD AGRÍCOLA. CANCELACIÓN DICTAMINADA POR EL CUERPO CONSULTIVO AGRARIO. NO ES DEFINITIVA. DEBE SOMETERSE A RESOLUCION DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Cuando sólo existe sobre la cancelación de un certificado de inafectabilidad que se reclama en amparo, el dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario, emitido en ejercicio de sus atribuciones de mera consulta, tal dictamen carece por sí mismo de fuerza obligatoria y no es ejecutable por el referido órgano, ya que debe someterse a la consideración del presidente de la República a efecto de que emita la resolución correspondiente. Por tanto, no siendo dicho dictamen un acto definitivo, resulta improcedente el juicio de garantías que se promueve en su contra." Aunado a lo anterior, cabe señalar que de las constancias que remitieron las autoridades responsables, se advierte que el procedimiento del expediente de nulidad de los referidos certificados de inafectabilidad que la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano, se encuentra en etapa de notificación de los interesados y, por tanto, no existe una resolución definitiva dictada que pueda afectar los de manera real y actual los derechos del quejoso en términos del artículo 5 fracción I de la Ley de Amparo, por lo que conlleva a éste que pueda apersonarse voluntariamente a dicho procedimiento acreditando su interés y así deducir los derechos que legalmente le corresponden, ya que al tener conocimiento de la existencia del procedimiento de donde emana el acto que reclama antes de que se dicte resolución en éste, la ahora quejosa puede comparecer para hacer valer lo que a su derecho corresponda. Por lo tanto, se concluye que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico tutelado por la ley, que la legitime para promover el juicio de amparo. En ese sentido, se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, al resolver el recurso de revisión ********************, interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto ********************, cuyo acto reclamado deriva del mismo procedimiento de cancelación. Por lo anterior, no es factible analizar la constitucionalidad de los artículos tercero transitorio del decreto mediante el cual se promulgó la Ley Agraria, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, en el Diario Oficial de la Federación, así como de los diversos artículos 210 fracción, 215, 219, 275, 332, fracciones I y II del artículo 418 y 449 de la Ley Federal de la Reforma Agraria y como primer acto de aplicación, el referido procedimiento de cancelación de los certificados de inafectabilidad de cita, pues la parte quejosa no acreditó su interés jurídico, lo que hace improcedente el juicio de amparo; por ende, la improcedencia del juicio constitucional, en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley tildada de anticonstitucional. Ello es así, porque cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, no se puede desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, pues entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro; de ahí que, al ser improcedente el amparo indirecto contra el acto de aplicación tal improcedencia necesariamente comprende a la ley aplicada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." En estas condiciones, como la parte quejosa no acreditó contar con un interés jurídico tutelado por la ley que la legitime para promover el juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación en el artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo y; por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos de ejecución que reclama la parte quejosa, en virtud de que dichas actuaciones no se controvirtieron por vicios propios. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 41, del Volumen 90, Tercera Parte, correspondiente a la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por cuanto hace a las manifestaciones que en vía de alegatos se hicieron valer, no es dable que sean tomadas en cuenta, ni que se esgrima alguna determinación en lo particular, dado que no forman parte de la litis constitucional, toda vez que la controversia se conforma con lo expresado en la demanda, con el acto reclamado y el informe justificado, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, Octava Época, con número de registro 205449, intitulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 1º, 6°, 61, 62, 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, al no advertirse motivo legal para suplir la queja, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo, tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE TESTIMONIO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual adjunta testimonio de trece de octubre del año en curso, dictado en el amparo en revisión 284/2023, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por propio derecho, contra el acto, autoridades y para los efectos expuestos en el considerando Sexto de la sentencia recurrida; por los motivos señalados en el último considerando de esta resolución. TERCERO. Hágase la exhortación a las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto origen, a que se refiere el último párrafo de la foja diecinueve de este fallo." ACUSE Y ANOTACIONES. Por tanto, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para fines estadísticos. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. Ahora bien, en virtud de lo resuelto por la Superioridad, se requiere a la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que en el plazo de tres días, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, cuyos efectos son los siguientes: "1. De manera inmediata realicen las gestiones administrativas necesarias para que en el término de tres días, compruebe a este Juzgado Federal, que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión por jubilación, le correspondan a ********************, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número ********************, aceptado el uno de febrero de dos mil veintitrés, en los términos establecidos en el mismo; debiendo remitir las constancias que así lo acrediten." APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. Finalmente, en cumplimiento a la determinación de la superioridad, se exhorta a la autoridad responsable a cumplir con lo siguiente: "Finalmente, se tiene presente en este órgano jurisdiccional la existencia de diversos juicios de amparo en revisión, en los que se reclama la omisión de las autoridades responsables de pronunciarse sobre las solicitudes de pago de pensión; por lo que nuevamente se exhorta al a autoridad a evitar el pronunciamiento de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, sobre una violación sistemática de derechos humanos en este tipo de asuntos y en consecuencia, se ordene una reparación integral en la materia." Notifíquese; y, personalmente a las partes.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil veintitrés. SE AGREGA OFICIO. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual, el representante legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, comunica las gestiones que se encuentra realizando, para dar cumplimiento a lo requerido el seis de noviembre del año en curso, y solicita se le conceda una prórroga de tres días hábiles posteriores al treinta de noviembre actual, para remitir los soportes documentales idóneos para acreditar la forma y términos utilizados para realizar el pago de la pensión emitida en el dictamen CP/79386/2022, a favor de la quejosa Sara Carbajal Del Toral, ya que menciona que la Jefa de Departamento de Pensiones de dicho Instituto, informó que el ajuste de pensión estará a disposición de la quejosa en la segunda quincena de noviembre. PRÓRROGA. En atención a lo anterior, se le concede una prórroga de tres días posteriores al treinta de noviembre del año en curso, computados legalmente, para que dé cumplimiento a lo anterior. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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