Carlos Carrillo Madera

Expediente 1060/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1060/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Carlos Carrillo Madera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el tercero interesado ÁLVARO MEZA VIDAL, quien en atención a la vista que se le dio por auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, refiere que no tiene nada que manifestar en cuanto al procedimiento del cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, manifestando además que está realizando un amparo internacional en materia de derechos humanos. Asimismo, en cuanto a su solicitud de que se haga saber a la autoridad judicial responsable que proceda suspender el proceso de ejecución hasta en tanto se resuelva el recurso internacional de referencia, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, toda vez que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegido de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, al resolver el recurso de revisión interpuesto en autos, y el supuesto por el que pretende se suspenda el cumplimiento al fallo protector, no lo contempla la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito que signa el quejoso FRANCISCO JAVIER MAYO FLORES, mediante el cual viene subsanando la prevención impuesta por auto de diez de octubre de dos mil veinte, en relación a la ampliación de demanda presentada por su parte. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." La interpretación literal del anterior dispositivo obliga al juez constitucional al análisis oficioso de la improcedencia del juicio de amparo. Por su parte, el artículo 113 del ordenamiento en cita dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El anterior precepto, vinculado con el 62 transcrito con anterioridad, permite colegir que, una vez presentada una demanda de amparo, el juzgador la analizará y, por ser una cuestión de orden público, verificará -de oficio- si se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; caso en el cual la desechará de plano. Normativo que resulta aplicable a la ampliación de demanda de amparo, en tanto que ésta constituye una especie de aquel género. Ahora bien, el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 Constitucionales relacionado con la ampliación del amparo, dispone: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda.". Conforme al citado numeral, la ampliación de demanda se puede presentar por tres circunstancias específicas: que el quejoso tenga conocimiento de nuevos actos, autoridades o advierta más violaciones a sus derechos fundamentales, diferentes a las planteadas inicialmente. Y bajo esas hipótesis, el numeral 111 de referencia prevé los momentos procesales para la presentación de la ampliación de demanda, que se fundamentan básicamente en el contexto del conocimiento de tales situaciones por parte del quejoso. Así, se puede dar una variada gama de situaciones de hecho que obligarán al juzgador a verificar si ese conocimiento tuvo lugar en uno u otro momento, tales como: 1.- Si se pretenden ampliar conceptos de violación por el acto reclamado primigenio, la ampliación debe presentarse dentro del propio plazo original para impugnar dicho acto. 2.- Si se pretende ampliar el amparo por actos nuevos, autoridades responsables distintas y violaciones nuevas por virtud de aquellos -vinculados necesariamente con el acto original-, el conocimiento puede partir de dos hipótesis: a) Si el conocimiento del acto o autoridad fue por virtud de la vista otorgada con el informe o informes justificados rendidos durante la tramitación del amparo, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos establecidos por el artículo 171 de la Ley de Amparo. b) Si el conocimiento fue por virtud de que el acto fue notificado a la parte quejosa, conforme a la ley aplicable para su notificación, o porque afirmó su conocimiento o se ostentó sabedora del mismo -hipótesis del artículo 182 de la Ley de Amparo-, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos del artículo 17 del ordenamiento de la materia, contados a partir del siguiente a aquél en que tuvo ese conocimiento. Sin embargo, debe recordarse que esa ampliación se encuentra restringida a que en el juicio constitucional no se hubiese celebrado la audiencia constitucional. Como se ve, las hipótesis acabadas de reseñar, permiten advertir como clara improcedencia de la ampliación de una demanda de amparo, la extemporaneidad en su presentación; no obstante, al margen de esa causa de improcedencia, los actos nuevos que pudieran pretender impugnarse por esa vía, igualmente se encuentran sujetos a las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, salvo las hipótesis de excepción que la ley y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen. Sobre las premisas anteriores, este juzgador estima que del escrito de aclaración de la ampliación de demanda de amparo, se advierte de manera patente e indudable que la indicada ampliación resulta ser NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 111, fracción II, contrario sensu, del propio ordenamiento, como enseguida se explica: El ordinal 61, fracción XIV, señalado, dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." Por su parte los diversos numerales 17 y 18 del ordenamiento en cita establecen: "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como ya se vio, la ampliación de demanda, conforme el numeral 111, fracción II, de la Ley de Amparo, deberá presentarse dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 del propio ordenamiento, los que deberán computarse, en la hipótesis -ya explicada- de que el nuevo acto haya sido del conocimiento del quejoso vía alguna de las hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo y no por virtud de la vista otorgada por el juez de amparo con los informes justificados de la autoridades responsable, a partir del día siguiente a aquél en que fue notificado, tuvo conocimiento o se ostentó sabedor de él. En este tenor, del análisis integral del escrito aclaratorio de ampliación de demanda de garantías, se desprende que la parte quejosa señala como nuevo acto reclamado a la autoridad responsable Dirección General de Tránsito y Transporte, el oficio DGTT/DG/2255/09/2019, de once de septiembre de dos mil diecinueve. Acto respecto del cual el quejoso, bajo protesta de decir verdad, en su escrito aclaratorio refiere lo siguiente: "III. Tuve conocimiento del oficio que constituye el acto reclamado el día dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve. El cual fue el día en que la autoridad responsable me notifico su respuesta. No omito señalar que cuando se me notificó el oficio DGTT/DG/2255/09/2019 en este H. Tribunal se substanciaba el presente juicio de amparo." Aunado a ello, se observa también que el oficio DGTT/DG/2255/09/2019 -acto que ahora se reclama y por el que se pretende ampliar la demanda de amparo-, fue notificado al quejoso por conducto de su autorizada "Cristina Uribe", persona quien recibió el comunicado de mérito, precisamente el dieciocho de septiembre del año próximo pasado, según se advierte en la parte inferior derecha del referido oficio. Consecuentemente, es clara la improcedencia de la ampliación de demanda que pretende el quejoso, tomando en consideración que no la presentó dentro del plazo genérico de quince días establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, mismo al que remite el diverso 111, fracción II, del propio ordenamiento legal, en el supuesto de la especie, esto es, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado que, como refirió el propio quejoso, tuvo conocimiento el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Por tanto, el plazo de quince días a que hace referencia el dispositivo 17 de la Ley de Amparo, para ampliar su demanda inició a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, a partir del diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve y feneció el nueve de octubre del propio año. En ese sentido, si la ampliación se presentó hasta el siete de octubre del año que transcurre, según aparece del sello de la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, es indefectible que tal ampliación resulta extemporánea, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 111, fracción II, contrario sensu. No resulta obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que mediante ejecutoria el veinticinco de junio de dos mil veinte, en los autos del amparo en revisión 876/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, haya ordenado la reposición del procedimiento, a fin de que se le diera vista a la parte quejosa con el informe rendido por la autoridad responsable y por ende, con el oficio ahora reclamado -por no haber mediado el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo-, pues lo cierto es que el quejoso aquí tuvo conocimiento del oficio DGTT/DG/2255/09/2019, del que ahora se duele, desde el dieciocho de septiembre del año próximo pasado, por lo que con independencia de ese aspecto procesal, lo cierto es que el justiciable ya lo conocía según se constató de la leyenda asentada en dicho comunicado. Amén de que la citada ejecutoria no vinculó a este juzgado a admitir necesariamente la ampliación del amparo, y ello tiene razón por el hecho de que tal ampliación podría darse o no, al ser optativo para el impetrante su promoción, la cual, evidentemente, estaría sujeta a las reglas de procedencia previstas por los artículos 61 y 111 de la Ley de Amparo. De ahí que la ejecutoria de mérito no puede ser justificativo para admitir una ampliación que, como ya se vio, se planteó de manera extemporánea; máxime que, como quedó explicado, el aquí quejoso no tuvo conocimiento del oficio por el que ahora pretende ampliar su demanda, por virtud de la vista que se le dio en proveído de veinte de septiembre del año en curso con el informe y documento remitido por la autoridad responsable en acatamiento a la indicada ejecutoria de la alzada, sino desde el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, por virtud de que en esa fecha le fue notificado por parte de la responsable. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada en el cuerpo de este proveído, procede DESECHAR DE PLANO la ampliación de demanda de amparo promovida por el quejoso FRANCISCO JAVIER MAYO FLORES por su manifiesta e indudable improcedencia. Apoya lo expuesto, en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163231, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 2870, del tenor siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE DESECHARLA ÚNICAMENTE CUANDO LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INVOCADA POR EL JUEZ DE DISTRITO SEA MANIFIESTA E INDUDABLE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los supuestos generales para la interposición de la ampliación de la demanda de amparo indirecto -cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en éste se fundamente o motive el acto reclamado o cuando aquél tenga conocimiento por cualquier medio de actos de autoridad vinculados con los reclamados-, limitando su procedencia a que sea presentada dentro de los plazos contemplados en los artículos 21, 22 y 218 de la ley de la materia, a partir del conocimiento de tales actos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. En esos términos, si la ampliación de la demanda encuadra en cualquiera de las indicadas hipótesis, al igual que el escrito inicial, únicamente procede desecharla cuando la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba que pudiera ofrecerse en el transcurso del procedimiento pueda desvirtuarse." También sirve de apoyo, por analogía y en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187626, Novena Época, Tomo XV, Marzo de 2002, página 1288, del tenor siguiente: que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO VERSE SOBRE HECHOS CONOCIDOS DESDE SU PRESENTACIÓN INICIAL, AUN CUANDO SE ENCUENTRE DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL. La posibilidad de ampliar la demanda de amparo está condicionada a la aparición de nuevos hechos que hayan sido desconocidos por el quejoso al momento de presentar su libelo inicial y se encuentren directamente relacionados con el ejercicio de la acción constitucional. De ahí que por más que la solicitud se presente dentro del término legal, si la ampliación no obedece al conocimiento de hechos contenidos en el informe con justificación, en la ampliación del mismo o cualquier otra circunstancia, sino a hechos conocidos desde la presentación inicial de la demanda, es improcedente la solicitud formulada; de lo contrario, se propiciaría una serie interminable de ampliaciones de demanda, so pretexto de encontrarse dentro del término legal para su promoción, lo que redundaría en detrimento del principio de expeditez en la impartición de justicia contenida en el artículo 17 constitucional." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de representante del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con sede en esta ciudad de Tepic, y en atención a lo que solicita, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de esta última, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, proporcione a dicha autoridad, copia de su Registro Federal de Contribuyentes, carta de certificación de cuentas, o en su defecto, la clabe interbancaria de la institución bancaria a la que pertenece, copia de su credencial de elector y de su comprobante de domicilio; en la inteligencia que dichos documentos deben estar a su nombre, a fin de que la referida autoridad se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; ello es así, toda vez que la observancia de las sentencias de amparo son de orden público y, por tanto, deberán cumplirse inmediatamente por las autoridades, pero como en este caso, ese cumplimiento depende en parte, del quejoso, entonces, ante esa vinculación, también debe sujetarse al procedimiento que señala la Ley de la Materia para ese efecto; apercibido que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se procederá en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase saber a la autoridad responsable, que una vez que la citada parte quejosa comparezca ante la presencia de la autoridad oficiante a cumplir con lo que le solicita, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá remitir las constancias debidamente certificadas, ordenadas y legibles que acrediten el cumplimiento que se sirva dar a la ejecutoria de amparo pronunciada en autos, lo cual deberá efectuar dentro del plazo de tres días hábiles; apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé numeral 258 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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