Carlos Carlos Anguiano
Expediente 956/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 956/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/08/2021
Partes del expediente
- Carlos Carlos Anguiano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis de agosto de dos mil veintiuno, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. El presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra el acto que reclama del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado de manera electrónica, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rindiendo su informe previo, respecto de la ampliación de demanda admitida en auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Delegados. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, se le tiene nombrando como delegados a las persona que refiere. Remite constancia. Resguardo. Asimismo, en apoyo a su informe de ley, téngasele remitiendo diversas constancias relativas a los actos reclamados. Ahora, toda vez que del contenido de las constancias anexas al comunicado de cuenta, se aprecian datos de personas ajenas al presente incidente de suspensión, se estima inconducente dar vista con las mismas; de ahí que deban guardarse en sobre cerrado por separado, ponderándose en el momento procesal oportuno, permitir el acceso a las partes con su contenido, únicamente en aquello que resulte necesario para la defensa de sus intereses o resulte necesaria para resolver la medida cautelar solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno, de registro 2009916, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, libro 22, septiembre de 2015, tomo I, visible en la página 28, que dice: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecido constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículo 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a la partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." Requerimiento cumplimiento a suspensión provisional de la ampliación de catorce de mayo del año en curso. Además, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, se le tiene informando que se encuentra en el caso de excepción para dar cumplimiento a la medida cautelar concedida en acuerdo de catorce de mayo de la presente anualidad. De inicio, conviene destacar que, en el aludido auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, para los efectos siguientes: "[.] se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que sea levantada la orden de suspensión, bloqueo o congelamiento de los fideicomisos 23,533 y 23,895, (cuya constitución consta en las escrituras públicas 36,363 y 36,364) al tratarse de un acto atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, siempre y cuando en dichos fideicomisos figure el aquí quejoso como fideicomisario o beneficiario de los mismos y correspondan a los indicados en el escrito de ampliación y que se constituyeron en las escrituras públicas 36,363 y 36,364; situación que prevalecerá hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados en la ampliación de demanda. Además, se concede la suspensión provisional, para el efecto de que dicha Unidad de Inteligencia Financiera, ordene a la institución fiduciaria en la cual están inscritos los fideicomisos que el quejoso alude ser el titular, lleve a cabo el desbloqueo decretado en el presente incidente. Es preciso enfatizar que, en caso de que los actos reclamados obedezcan a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si los mismos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. Además, la suspensión provisional tampoco surtirá efectos si el bloqueo se emitió en cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano [.]". De lo expuesto se tiene, en lo que interesa, que los efectos de la suspensión provisional se pueden sintetizar en que, la autoridad responsable tiene la obligación de desbloquear los fideicomisos 23,533 y 23,895, materia de la ampliación de registro 6493, promovida en este cuaderno incidental, siempre y cuando dicho bloqueo no se haya emitido en cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones hayan sido reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Ahora, las autoridades responsables han sido omisas en aportar medio de prueba alguno que, en su caso, acredite que el bloqueo de los fideicomisos cuya titularidad defiende el promovente, tenga como sustento o antecedente la solicitud de alguna autoridad extranjera para que se procediera a realizar dicho bloqueo y, así, encontrarse en el supuesto de excepción a que alude la jurisprudencia P./J. 2a./J.87/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias que se remiten como anexo al oficio de cuenta, así como de las diversas que obran en autos, la Unidad de Inteligencia Financiera, no acredita contar con una orden expresa por parte de la Agencia "DEA" (por sus siglas en inglés) del Gobierno de los Estados Unidos de América de realizar el bloqueo de los referidos fideicomisos a la parte quejosa. De acuerdo a lo anterior, si la transcrita jurisprudencia P./J. 2a./J.87/2019, establece que en relación a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dicha autoridad habrá de contar con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de mérito, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral, tendrá la carga procesal de exhibir en el informe previo la documentación fehaciente de que está en el supuesto de excepción a que alude dicha jurisprudencia. Lo que no sucede en el caso, porque de las actuaciones que integran el presente incidente de suspensión se advierte que no existe documento en el que diversa autoridad extranjera le haya solicitado asistencia a esa autoridad fiscalizadora, en relación a medidas implementadas para combatir y prevenir la comisión o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Máxime que, se aprecia claramente que el documento con el que la autoridad responsable busca sustentar la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de los fideicomisos de la parte aquí quejosa, se constriñe únicamente a un escrito expedido por el Director Regional Adjunto, suplente de la "DEA", de la Embajada de los Estados Unidos, dirigido al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el que le solicita información en apoyo a una investigación sobre lavado de activos vinculada con un cártel y vinculadas con los sujetos ahí indicados (entre los que se encuentra la parte quejosa). Sin embargo, de dichas documentales no se desprende una solicitud expresa de aseguramiento emitido por un ente internacional al que se refiere la citada tesis de jurisprudencia. De ahí que, en el presente caso, es evidente que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue omiso en cumplir con los extremos que señala la jurisprudencia 2a./J.87/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de evidenciar que se encuentra en el supuesto de excepción y que, por tanto, no está obligada a desbloquear los fideicomisos cuya titularidad defiende la parte quejosa. Por tanto, requiérase de manera electrónica, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente, al en que reciba la comunicación respectiva, dé cumplimiento a la suspensión provisional decretada en auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en los términos ahí precisados y, además, dicte las medidas necesarias a fin de que Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, también de cumplimiento a la misma. Apercibimiento. Apercíbasele que no hacerlo, o de no manifestar su imposibilidad para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, 238 y 259, de la ley de la materia, y en atención a los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. Diferimiento Por otra parte, visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que aún no obra constancia que acredite que la autoridad responsable Dirección General Adjunta de Atención a autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, haya sido notificada del proveído de catorce de mayo del año en curso, en que se le requirió por su informe previo respecto de la ampliación de demanda de registro 6493, ni lo ha rendido. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia incidental programada para el día de hoy, y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración.
- Principal
Vista la certificación que antecede, solicítese, de la manera más atenta, al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, para que de no tener inconveniente alguno, informe el trato dado al recurso de queja interpuesto por el aquí quejoso, para lo cual se le remite copia de la boleta de turno respectiva.
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