Carlos Cárdenas Ibarra

Expediente 266/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
266/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
18/09/2015

Partes del expediente

  • Carlos Cárdenas Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de septiembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito firmado por J. Jesús Cacique Almaraz, en su carácter de autorizado del quejoso Carlos Cárdenas Ibarra, mediante el cual solicita el documento que anexó al presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, hágase la devolución de la constancia que indica, debiendo dejar copia certificada del mismo, previa razón que por su recibo se deje asentada en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, trece de julio de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil quince. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho acuerdo que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de junio de dos mil quince. Se tienen por recibidos los informes justificados rendidos por el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa y Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. En atención a lo anterior, los mismos se hacen del conocimiento de las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Asimismo, remite copia certificada de la resolución de dieciséis de junio de dos mil quince, relativa al incidente de nulidad de actuaciones, pronunciada en el juicio ordinario civil 266/2011. Ahora bien, en el caso el quejoso Carlos Cárdenas Ibarra, reclamó la omisión por parte de la autoridad responsable de emitir resolución en el incidente de nulidad de actuaciones, en el juicio ordinario civil 266/2011; y el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, el dieciséis de junio de dos mil quince, emitió resolución en el incidente de nulidad de actuaciones, relativo al juicio de que se trata; por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándole de esta manera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE). Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En otro aspecto, y considerando que en el presente juicio no existe oposición expresa por la quejosa en cuanto a la publicación del presente proveído, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley antes mencionada vigente en la época de inicio de la demanda, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; sin supresión de datos personales a que alude el artículo 3 fracción II, de la ley en mención; asimismo, que en su caso se atenderá lo que específicamente señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambos de la ley especial de la materia. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diez de junio de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito firmado por Jesús Cacique Almaraz, en su carácter de autorizado del quejoso CARLOS CÁRDENAS IBARRA, mediante el cual solicita se requiera a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, a efecto de que remita copias certificadas de todo lo actuado en el juicio ordinario civil 266/2011, a fin de ofrecerlas como pruebas en el presente juicio de amparo. En consecuencia, toda vez que el ocursante acredita que solicitó en debida forma a la mencionada autoridad, copias certificadas de las referidas constancias, según se advierte del escrito que anexó en el que obra el sello de recibido de dicha autoridad, prevéngase a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las referidas constancias. Apercibida que de no cumplir con lo anterior o no informar el motivo que le impida hacerlo, se hará acreedora a una multa de cincuenta a mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, acorde con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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