Carlos Campos Rojas

Expediente 361/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
361/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Carlos Campos Rojas
  • Daniel Gilberto Nieto Cornejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Norma Alicia Campos Rojas, tercero interesada en el presente asunto, mediante el cual solicita se le expida copia certificada de todo lo actuado en el juicio en que se actúa; al respecto se acuerda: En atención a lo solicitado, dígase a la parte promovente que se autoriza la expedición de las copias certificadas que refiere; empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se expedirán dichas copias. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa 7. VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos: Vista la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia engrosada el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Carlos Campos Rojas; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Juez Primero Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, la copia certificadas del expediente 81/2016, del incidente de impugnación de documento, del cuaderno de amparo LXXXIII/2018, del incidente de oposición por imposible entrega del bien inmueble y cuadernillo de lanzamiento, el que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.

  3. Incidental

    Mesa 7. VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos: toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos: la constancia de cuenta suscrita por el actuario de la adscripción en la que expresa su imposibilidad para notificar personalmente al quejoso Carlos Campos Rojas, la sentencia de veintiocho de octubre del año en curso, dictada en el presente asunto, ya que en la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, el citado impretante únicamente señaló como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el despacho jurídico ubicado en la calle Hortensia de esta ciudad, empero, no proporcionó el número del inmueble ni el nombre de la colonia a la que pertenece dicha calle. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, notifíquese al quejoso de mérito, por lista de acuerdos de este juzgado la citada sentencia, así como los subsecuentes proveídos, aun los de carácter personal. Notifíquese y cúmplase. SENTENCIA. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 361/2020-7, promovido por Carlos Campos Rojas contra actos de la Juez Primero Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, y otras autoridades, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Carlos Campos Rojas solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra el acto y autoridades que a continuación se detalla: A C T O R E C L A M A D O "(.) LA INDEBIDA ORDEN DE LANZAMIENTO O DESALOJO, O DESPOSESIÓN RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CHIAPAS DEL FRACCIONAMIENTO GUADALUPE NÚMERO 89 DEL FRACCIONAMIENTO GUADALUPE DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, CON UNA SUPERFICIE DE DOSCIENTOS METROS CUADRADOS, LOCALIZADO DENTRO DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE 10.00 METROS CON CALLE CHIAPAS; AL SUR: DIEZ METROS CON LOTE NÚMERO CIEN; AL ESTE: 20.00 METROS CON LOTE NUMERO NOVENTA; AL ESTE: 20.00 METROS CON LOTE OCHENTA Y OCHO. A PESAR DE QUE NO EXISTE IDENTIDAD DE PREDIO, YA QUE EL INMUEBLE QUE POSEO ES DISTINTO AL QUE LE PERTENECE A LA PARTE DEMANDANTE EN EL JUICIO PRINCIPAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO" (sic) A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S 1.- Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia, del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco. 2.- Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia, del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco. 3.- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se registró la demanda con el expediente 361/2020- 7 y se previno a la parte quejosa para que aclarara si era parte demandada dentro del expediente 81/2016, relativo al juicio ordinario civil de entrega de bien inmueble. Posteriormente, previó desahogo de la prevención realizada, el veintisiete de febrero de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran sus informes justificados; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO A TERCERO INTERESADO. El cuatro de marzo de dos mil veinte, por lista fijada en estrados del juzgado, se tuvo por hecha la notificación a la tercero interesada Norma Alicia Campos Rojas. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo (.)" En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados." Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal (.)" QUINTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)" 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: ? La sentencia interlocutoria de quince de enero de dos mil veinte, en la que la autoridad responsable resuelve el recurso de reconsideración propuesto por la parte actora y, en consecuencia, desecha el incidente de oposición por imposible entrega del bien inmueble, controvertido en el juicio ordinario civil de desocupación y entrega de bien inmueble, derivado del expediente 81/2016, del índice del Juzgado Primero Civil de Centro, Tabasco. ? La orden de lanzamiento y ejecución del inmueble ubicado en la calle Chiapas, del fraccionamiento denominado Guadalupe, sitio en la Ciudad Deportiva de esta ciudad, también conocido como calle Chiapas, número 89, fraccionamiento Guadalupe de la colonia Atasta de Serra. jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. ?TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia, del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco y actuaria adscrita, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado y remitieron copia certificada de referentes al acto reclamado, consistentes en el expediente 81/2016 y su cuadernillo de lanzamiento, el cuaderno de amparo LXXXIII/2018 e incidente de oposición por imposible entrega. Por lo tanto, el acto reclamado es existente, por haberlo reconocido las autoridades responsables y encontrarse corroborado con las documentales precitadas. Sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Por otra parte, la autoridad responsable Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, debe tenerse por cierto, toda vez que de las constancias remitidas consistentes en el expediente 81/2016 y su cuadernillo de lanzamiento, el cuaderno de amparo LXXXIII/2018, se advierte su existencia, toda vez que en oficio 731, signado por la Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, solicitó al Gobernador del Estado de Tabasco, que por su conducto, se ordenara al Secretario de Seguridad Pública, que proporcionara los elementos necesarios para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Volumen 91-96, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 623 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. SEXTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para resolver el presente es menester señalar los siguientes antecedentes: 3 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 1.- El doce de febrero de dos mil dieciséis, Norma Alicia Campos Rojas promovió juicio ordinario civil de acción personal de desocupación y entrega de bien inmueble y prestaciones accesorias contra Carlos Campos Rojas, a quien reclamó la desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en la calle Chiapas, del fraccionamiento denominado Guadalupe, sitio en la Ciudad Deportiva de esta ciudad, también conocido como calle Chiapas, número 89, fraccionamiento Guadalupe de la colonia Atasta de Serra; así como el pago de los daño causados al inmueble hasta su total desocupación y el pago de los servicios de energía eléctrica y agua potable, además de el pago de perjuicios que equivalen a la renta mensual por el periodo en que ocupo el inmueble y pago de gastos y costas incluyendo honorarios profesionales a razón del 30% (treinta por ciento). 2.- Luego, el quince de febrero de dos mil dieciséis, el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, radicó la demanda registrándola bajo el expediente 81/2016, de su índice; y seguida la secuela procesal, el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete dictó sentencia definitiva del juicio ordinario civil de acción personal de desocupación y entrega de bien inmueble y prestaciones accesorias contra Carlos Campos Rojas y de la reconvención en vía ordinaria civil de nulidad de escritura, promovida por Carlos Campos Rojas, en contra de Norma Alicia Campos Rojas, en el sentido de: "RESUELVE PRIMERO. Es competente este juzgado para conocer del presente asunto y es correcta la vía ordinaria civil. SEGUNDO. La parte demandada reconvencionista CARLOS CAMPOS ROJAS, no probó su acción reconvencional de nulidad de escritura pública numero 653 (SESCIENTOS CINCUENTA Y TRES) de fecha diecinueve de abril de dos mil diez, pasada ante la fe del Notario Público Número Catorce de esta ciudad, que contiene el acto de donación pura formalizada por una parte como donante CARMEN a ROJAS SALVATIERRA y/o CARMEN ROJAS CAMPOS con el consentimiento de su esposo HUMBERTO NICOLÁS CAMPOS CASTILLO a favor de NORMA ALICIA CAMPOS ROJAS, promovida en contra de NORMA ALICIA CAMPOS ROJAS, NOTARIO PÚBLICO NUMERO CATORCE DE ESTA CIUDAD y DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO REGISTRAL DE ESTADO DE TABASCO hoy DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE TABASCO quienes comparecieron a juicio. TERCERO. Se absuelve a NORMA ALICIA CAMPOS ROJAS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CATORCE DE ESTA CIUDAD Y DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO REGISTRAL DE ESTADO DE TABASCO hoy DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE TABASCO, de las prestaciones reclamadas por el demandado reconvencionista CARLOS CAMPOS ROJAS. CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 acción I del Código Procesal Civil vigente en el Estado, no ha lugar a condenar al pago de gastos y costas debiendo cada parte reportar las que hubiese erogado. QUINTO. La parte actora NORMA ALICIA CAMPOS ROJAS, no probó los elementos constitutivos de la acción personal desocupación y entrega de inmueble que ejercitó en contra de CARLOS CAMPOS ROJAS, quien compareció a juicio. SEXTO. Se absuelve a CARLOS CAMPOS ROJAS, de las prestaciones reclamadas por NORMA ALICIA CAMPOS ROJAS. SEPTIMO. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y en su oportunidad, devuélvase a las partes los documentos que sean de su propiedad, previa constancia y firma que por su recibo otorguen, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. NOTIFIQUESE PERSONALEMTE Y CÚMPLASE. [.]" 3.- Inconformes con la determinación la parte actora y demandada, el diez de octubre de dos mil diecisiete, interpusieron recurso de revocación en efecto devolutivo; recursos de los que conoció la Primera Sala Civil del Tribunal de Justicia en el estado de Tabasco, mismos que registro bajo el Toca Civil 963/2017-1, y que una vez substanciados, resolvió el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en el sentido de: "RESUELVE: PRIMERO. Esta Sala resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Resultaron inoperantes unos, insuficientes otros e infundados los agravios vertidos por el licenciado José Luis Solís Figueroa, abogado patrono de la licenciada Norma Alicia Campos Rojas, e infundados los hechos valer por el licenciado Manuel Alberto Solís Castillo, abogado patrono del demandado reconvencionista Carlos Campos Rojas. TERCERO. Se confirma la sentencia definitiva emitida el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del primer Distrito Judicial, Centro, Tabasco, en el expediente número 81/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil de Acción Personal de Desocupación y Entrega de Bien inmueble, promovido por la licenciada Norma Alicia Campos Rojas, en contra de Carlos Campos Rojas, y la acción reconvencional de Nulidad de Escritura opuesta por Carlos Campos Rojas en contra de Norma Alicia Campos Rojas. CUARTO. Conforme a lo señalado en la parte in fine de resolución, y con apoyo en los numerales 91, 92, 95 y 98 y demás relativos del Código Procesal Civil en vigor en el Estado de Tabasco, cada parte deberá sufragar los gastos y costas generados con motivo de tramitación del presente recurso de apelación. QUINTO. Notifíquese personalmente esta resolución y hecho que sea, con copia autorizada de la misma, remítase el expediente original al juzgado de su procedencia y en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido. [.]" 4.- Inconforme con la anterior determinación, las partes presentaron juicio de amparo directo, del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, registrado con el expediente 526/2018, el cual resolvió en sentencia de cuatro de abril de dos mil diecinueve, en cuyo punto único resolutivo se concedió a la quejosa el amparo y protección de la justicia de la unión en los términos siguientes: "UNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Norma Alicia Campos Rojas, contra la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, que dictó la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado en el Toca 963/2017-I, así como los actos de ejecución que atribuyó a la Jueza Primera Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco; para el efecto de que la sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en otra que emita, siguiendo los lineamientos de esta????? ejecutoria, reitere lo que no es materia de toca concesión; prescinda de considerar insuficiente, en una parte, el segundo agravio que planteó la ahora quejoso en la apelación y, por otra, proceda a su análisis integro, tomando en cuenta sus términos en relación con la sentencia de primera instancia y, con libertad de jurisdicción resuelva, lo que en derecho proceda." 5.- En acatamiento a la anterior resolución, el trece de mayo de dos mil diecinueve la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Tabasco, resolvió lo siguiente en el Toca Civil 963/2017-1: PRIMERO. Esta Sala resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Resultaron infundados los agravios hechos valer por el licenciado Manuel Alberto Solís Castillo, abogado patrono del demandado reconvencionista Carlos Campos Rojas, e inoperante uno y fundado otro de los agravios vertidos por el licenciado José Luis Solís Figueroa, abogado patrono de la licenciada Norma Alicia Campos Rojas. TERCERO. Se modifican los puntos quinto y sexto resolutivos de la sentencia definitiva emitida el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, por la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del primer Distrito Judicial, Centro, Tabasco, en el expediente número 81/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil de Acción Personal de Desocupación y Entrega de Bien Inmueble, promovido por la licenciada Norma Alicia Campos Rojas, en contra de Carlos Campos Rojas, y la acción reconvencional de Nulidad de Escritura opuesta por Carlos Campos Rojas en contra de Norma Alicia Campos Rojas, para quedar en los términos siguientes: "QUINTO. La actora Norma Alicia Campos López, probó su acción de Desocupación y Entrega de Bien Inmueble y el demandado Carlos Campos Rojas, no justificó sus excepciones y defensas. "SEXTO. En consecuencia, se condena a Carlos Campos Rojas, a la desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en la calle Chiapas del Fraccionamiento Guadalupe situado en la ciudad Deportiva de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, también conocido como Calle Chiapas número 89 del Fraccionamiento Guadalupe de la Colonia Atasta de Serra, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, con una superficie de doscientos metros cuadrados, localizado dentro de las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 10.00 metros con calle Chiapas; Al Sur: diez metros con lote número cien; Al Este: 20.00 metros con lote número noventa; AI Oeste: 20.00 metros con lote ochenta y ocho; para lo cual se le concede un término de cinco días hábiles contados a partir de que cause ejecutoria esta resolución, apercibido que de no hacerlo, se procederá a petición de parte, y conforme a derecho corresponda. Asimismo, se condena al demandado Carlos Campos Rojas, al pago de la cantidad que resulte por concepto de pago de perjuicios equivalente a una renta mensual por el período comprendido del veintiuno de abril de dos mil quince, fecha en que se consolidó la propiedad de la actora sobre el bien inmueble reclamado en este juicio, prestación reclamada en el inciso E) del capítulo de prestaciones de la demanda y se le absuelve del pago de las prestaciones reclamadas en los incisos B), C) y D) del capítulo de prestaciones de su demanda. De conformidad con el artículo 92 del código de procedimientos civiles en vigor, cada parte deberá sufragar los gastos y costas erogados con motivo de este juicio en primera instancia." CUARTO. Queda intocados lo demás puntos resolutivos de la sentencia recurrida. QUINTO. Conforme a lo señalado en la parte in fine de esta resolución, y con apoyo en los numerales 92 y 95 del Código Procesal Civil en vigor en el Estado de Tabasco, cada parte deberá sufragar los gastos y costas generados con motivo??? de la tramitación del presente recurso de apelación. 6.- Luego, el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, la referida Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Tabasco aclaró su resolución en siguiente sentido: Primero. Esta Primera Sala Civil es competente para conocer de la presente aclaración de sentencia. Segundo. Por las razones expuestas en esta aclaración resultó fundada la aclaración solicitada por el recurrente. Tercero. Se tiene por hecha la aclaración del segundo párrafo del punto tercero resolutivo de la resolución emitida el trece de mayo de dos mil diecinueve, respecto al nombre de la actora reconvenida Norma Alicia Campos Rojas. Consecuentemente, se aclara el párrafo segundo del punto tercero resolutivo de la sentencia de trece de mayo del presente año, el cual corresponde a la modificación del punto quinto resolutivo de la sentencia definitiva impugnada, para quedar como sigue: ".TERCERO. Se modifican los puntos quinto y sexto resolutivos de la sentencia definitiva emitida el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, por la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del primer Distrito Judicial, Centro, Tabasco, en el expediente número 81/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil de Acción Personal de Desocupación y Entrega de Bien Inmueble, promovido por la licenciada Norma Alicia Campos Rojas, en contra de Carlos Campos Rojas, y la acción reconvencional de Nulidad de Escritura opuesta por Carlos Campos Rojas en contra de Norma Alicia Campos Rojas, para quedar en los términos siguientes: "QUINTO. La actora Norma Alicia Campos Rojas, probó su acción de Desocupación y Entrega de Bien Inmueble y el demandado Carlos Campos Rojas, no justificó sus excepciones y defensas..." Quedando intocados los demás puntos resolutivos. En el entendido que los puntos suspensivos arriba y debajo del párrafo que se modifica, se refieren a los diversos párrafos del mismo punto tercero resolutivo de la resolución de trece de mayo de dos mil diecinueve, que quedan intocados Cuarto. Atento a lo anterior, se ordena agregar la presente aclaración de sentencia al toca 963/2017-I para los efectos legales procedentes; debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Quinto. Notifíquese a las partes; envíese copia certificada de esta resolución a la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Centro, Tabasco, para su conocimiento y, en oportunidad, archívese la presente causa como asunto concluido. Cúmplase. 6.- Inconforme con la sentencia resuelta el trece de mayo de dos mil diecinueve, por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Tabasco, en el Toca Civil 963/2017- 1, la parte demandada promovió juicio de amparo, el cual se registró con el expediente D.A. 526/2019, del índice de Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, y se resolvió en sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el sentido de negar el amparo. 7.- Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, el Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, Tabasco, dio trámite al incidente de oposición por imposible entrega del bien inmueble y suspende la ejecución de sentencia; por su parte, la actora presentó recurso de reconsideración contra el referido incidente, mismo que se resolvió en sentencia interlocutoria de quince de enero de dos mil veinte, en el sentido de desechar el incidente planteado por la parte demandada -aquí parte quejosa-. 8.- Posteriormente, en auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco requirió al demandado y/o tercero ocupantes, para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos el proveído, desocuparan y entregaran de manera voluntaria el bien inmueble, apercibido que de no hacerlo se procedería a su lanzamiento. 9.- Luego, mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veinte, la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, hizo efectivo el apercibimiento decretado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, consistente en el lanzamiento del aquí quejoso, facultando a la actuaria para que en caso de existir resistencia hiciera uso de la fuerza pública. 10.- Y, mediante proveído de once de febrero de dos mil veinte, se instruyó a la actuaria a realizar la diligencia de lanzamiento y dar posesión, física, legal y material del inmueble materia de la Litis a la actora en el juicio de origen. SÉPTIMO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias4. En principio, la parte quejosa señala que la autoridad responsable viola en su perjuicio la garantía de audiencia consagrada los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque desechó el incidente de imposibilidad de entrega del bien inmueble por falta de identidad, sin darle oportunidad de manifestar lo que en su derecho conviniera, por lo que considera que es una ilegalidad que se le pretenda despojar sin haber analizado que existe una imposibilidad física para su entrega. Asimismo, la parte quejosa señala que la autoridad responsable lo deja en estado de indefensión al revocar su propia determinación mediante la cual había admitido el incidente de oposición de la entrega del bien inmueble; además, manifiesta que dicha resolución no se encuentra debidamente fundada y motivada. 4 Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Son infundados los conceptos de violación señalados por la parte quejosa. En primer término, la sentencia interlocutoria de quince de enero de dos mil veinte, que aduce la parte quejosa que no fue resuelta de manera fundada y motivada y que con ello se viola su garantía de audiencia por considerar que no fue oído ni vencido en juicio, está debidamente fundada y motivada por las siguientes consideraciones. Se estima pertinente señalar que los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica se reconocen en los artículos 14, párrafo segundo y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a la letra señalan: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De los artículos transcritos, se desprende que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente, que funde y motive su determinación y una vez que se cumplieron las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica. Así, del artículo 16 constitucional, se advierte que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que debe citarse el precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, y por lo segundo, que debe expresarse las razones, motivos o circunstancias especiales que se hayan tenido en cuenta para la emisión de un acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 175, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En lo conducente también aplica la jurisprudencia 1ª./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia Común, registro número 176546, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Ahora bien, contrario a lo sostenido en el motivo de disenso que expone la parte quejosa, en la resolución interlocutoria, se encuentra fundamentada en los artículos 348 y 404 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado de Tabasco. De igual forma, la resolución se encuentra motivada porque la autoridad responsable explicó que era procedente el recurso de reconsideración que promovió la parte actora en el juicio de origen, referente a la apertura del incidente de oposición por imposible entrega del bien inmueble, porque el artículo 404 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado de Tabasco5, únicamente contempla la oposición por parte de terceros que aleguen derechos de dominio o de preferencia sobre bienes embargados, o que resulten afectados por la ejecución y estaba reservada para terceros, por lo que el demandado Carlos Campos Rojas, no tenía dicha calidad. 5 ARTÍCULO 404.- Oposición de terceros a la ejecución. La oposición de terceros que aleguen derechos de dominio o de preferencia sobre los bienes embargados, o que resulten afectados por la ejecución, se substanciarán en la forma prevista para las tercerías.?????????? En suma, la autoridad responsable señaló que la alegación planteada por el incidentista, referente a que no había quedado clara la identidad del bien descrito en la escritura pública 653 y el inmueble que él ocupa, ya fue abordada, estudiada y resuelta en segunda instancia, por lo que no podían ser de nueva cuenta materia de estudio a través de un incidente de oposición. Por lo anterior, la autoridad responsable resolvió que de conformidad con el artículo 348 del citado ordenamiento adjetivo, eran fundados los agravios formulados por la parte actora y, por lo tanto, reconsideraba el punto primero y segundo del auto veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, para quedar como sigue: "PRIMERO. Se tiene por presentado al ciudadano Carlos Campos Rojas, con su escrito de cuenta, mediante el cual viene a promover incidente de oposición por imposible entrega de bien inmueble; en consecuencia, con fundamento en los artículos 3° fracción IV y 404 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el estado, se desecha el incidente toda vez que por disposición expresa de la ley esta reservado para los terceros, calidad de la que no goza CARLOS CAMPOS ROJAS, ya que él fue parte de la litis en su carácter de demandado oído y vencido en juicio. SEGUNDO. Por otro lado, téngase al licenciado JOSÉ LUIS SOLÍS FIGUEROA, bogado patrono de la parte actora NORMA ALICIA CAMPOS ROJAS, con su ocurso que se provee y en cuanto a lo que solicita, provéase lo conducente por separado, debiendo glosar del expediente principal su ocurso" En ese orden de ideas, se comprueba que contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada, además con ella no se violó su garantía de audiencia, pues la autoridad responsable señaló que los argumentos que pretendía abordar en el incidente, respecto a la imposibilidad de entrega por que no ha quedado clara la identidad del inmueble, ya habían sido materia de estudio en la sentencia de trece de mayo de dos mil diecinueve y su aclaración de veintiocho siguiente, dictada en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, en el amparo directo 525/2018. Por otra parte, la parte quejosa manifiesta que se viola en su perjuicio la garantía de legalidad, ya que se decretó la diligencia de lanzamiento sin que se hayan respetado las formalidades procesales, pues no ha sido vencido en juicio. El citado concepto de violación resulta infundado por lo que a continuación se expone. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por????????? una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." Del transcrito precepto constitucional se desprende que el derecho de otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio o procedimiento que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para la adecuada defensa de los derechos del particular. Por su parte, la jurisprudencia P./J. 49/95, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que las formalidades esenciales del procedimiento son aquéllas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de autoridad y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos6: a) Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. b) Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; 6 Jurisprudencia publicada en el Apéndice al año 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, SCJN, Tomo I, Materia Constitucional, página 260, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". c) Oportunidad de alegar; y d) Dictado de sentencia que dirima las cuestiones debatidas. Así, el derecho fundamental de audiencia consistente en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio o procedimiento que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para la adecuada defensa de los derechos del particular. En ese orden de ideas, es infundado el argumento de la parte quejosa, en virtud de que, su inconformidad deviene del juicio civil 81/2016, relativo a la acción personal de desocupación y entrega de bien inmueble, en el que fue parte demandada, mismo que como se narró en los antecedentes, se encuentra ya en etapa de ejecución; en el referido juicio, la parte quejosa fue notificada al procedimiento, tuvo la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar y seguida la secuela procesal, se dictó sentencia, en la que se le condenó a la entrega del bien inmueble, por lo que se le dio oportunidad de entregarlo previamente a llevar a cabo el lanzamiento. En ese sentido, contrario a lo que manifiesta, no se violaron en su perjuicio la garantía de legalidad y se respetaron las formalidades procesales, en cada una de sus etapas. Al respecto, la parte quejosa señala las jurisprudencias de rubro "AUDIENCIA. COMO SE??????? INTERGRA ESTA GARANTIA", "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO", "AUDIENCIA, ALCANCE DE LA GARANTIA DE"; asimismo, señalo las siguientes tesis de rubro "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETEN EN LOS PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE DERECHOS, LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS DEBEN SER NO SÓLO FORMAL SINO MATERIAL", "AUDIENCIA, GARANTIA DE. COMPRENDE NO SOLO EL ACTO DE EMPLAZAMIENTO", "GARANTIA DE DEBIDO PROCESO LEGAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. DEFINICIÓN" y "GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR". Las citadas tesis y jurisprudencias, citadas la parte quejosa, se desvirtúan porque, como se analizó con anterioridad, no se violó la garantía de audiencia ni existieron violaciones procesales en el juicio, y entonces, ante lo infundado de sus argumentos, las mismas no son aplicables. Por otra parte, la parte quejosa señala que se le pretende despojar de un inmueble diferente al que se encuentra amparado por escritura pública de la ejecutante, pues no se trata de la misma propiedad; asimismo, la parte quejosa señala que se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 del Código Civil vigente en el Estado de Tabasco, que indica son nulos todos los actos contrarios a la ley, lo que implica que no puede tener eficacia jurídica, por no estar debidamente identificada la propiedad. Al respecto, la parte quejosa manifiesta que de la escritura pública de donación de diecinueve de noviembre de dos mil diez, se aprecia que el inmueble objeto de la donación es un predio urbano y construcción ubicado en la calle Chiapas, del fraccionamiento Guadalupe, en la Ciudad Judicial deportiva, sin que se señale que es el ubicado en el número 89 y que se encuentre en la Colonia Atasta, por lo que no se le puede exigir su entrega. Aunado a eso, señala que el punto sexto de la sentencia de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, dentro del toca civil estableció la entrega de un inmueble ubicado en la colonia Atasta de Serra, que es un inmueble geográficamente distinto al que tiene en su poder y, que al igual que la escritura que acompaño la parte actora, en ninguna parte precisa que ese inmueble esta ubicado en la colonia referida; y, que de las constancias de autos no se observa que la actuaria haya dado fe en su razón actuarial, en el sentido de que se encontraba en la colonia Atasta. Son infundados los conceptos de violación señalados por la parte quejosa, debido a las siguientes consideraciones. Ahora bien, la sentencia de trece de mayo de dos mil diecinueve, obliga a la aquí quejosa a entregar el inmueble ubicado en: ????????? "SEXTO. En consecuencia, se condena a Carlos Campos Rojas, a la desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en la calle Chiapas del Fraccionamiento Guadalupe situado en la ciudad Deportiva de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, también conocido como Calle Chiapas número 89 del Fraccionamiento Guadalupe de la Colonia Atasta de Serra, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, con una superficie de doscientos metros cuadrados, localizado dentro de las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 10.00 metros con calle Chiapas; Al Sur: diez metros con lote número cien; Al Este: 20.00 metros con lote número noventa; AI Oeste: 20.00 metros con lote ochenta y ocho; para lo cual se le concede un término de cinco días hábiles contados a partir de que cause ejecutoria esta resolución, apercibido que de no hacerlo, se procederá a petición de parte, y conforme a derecho corresponda. Al respecto, la parte quejosa en el presente juicio señala que el inmueble del que lo prenden desalojar es el inmueble ubicado en "la calle Chiapas número 89 del fraccionamiento Guadalupe de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, con una superficie de doscientos metros cuadrados, localizado dentro de las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 10.00 metros con calle Chiapas; Al Sur: diez metros con lote número cien; Al Este: 20.00 metros con lote número noventa; AI Oeste: 20.00 metros con lote ochenta y ocho". La parte quejosa señala que se le pretende despojar de un inmueble diferente al que se encuentra amparado por escritura pública de la ejecutante, pues no se trata de la misma propiedad, porque trata el inmueble objeto de la donación es un predio urbano y construcción ubicado en la calle Chiapas, del fraccionamiento Guadalupe, en la Ciudad Judicial deportiva, sin que se señale que es el ubicado en el número 89 y que se encuentre en la Colonia Atasta; sin embargo, contrario a lo que sostiene, la ubicación geográfica corresponde a la que se le esta ejecutando con motivo del lanzamiento decretado en el juicio ordinario civil de origen 81/2016, y en el que sí se señala que el número de la casa en es el que se encuentra ubicado en el 89. Además, la parte quejosa no anexó ningún medio de prueba que permita a este juzgador corroborar su dicho, como podría ser una prueba pericial en agrimensura; pues conforme a las coordenadas geográficas expuestas, únicamente se puede concluir que se trata del mismo inmueble. Lo anterior, conforme a lo expuesto en la jurisprudencia VI.1o.C./J/13, de texto y rubro: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado." Sin que pase inadvertido para el suscrito, que la parte quejosa una fijación fotográfica, la cual no es un medio idóneo para acreditar que, en efecto, el inmueble que el posee es geográficamente distinto al inmueble que se le ordenó entregar.??????????? Además, exhibió la copia simple del acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve; sin embargo, dicha documental resulta insuficiente, ya que al haber sido exhibida en copia fotostática simple, sólo genera un indicio, por no encontrarse robustecidas con algún medio de prueba; por tanto, se les niega eficacia probatoria, ya que existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que por el efecto de su fotocopiado permita reflejar la existencia irreal del documento que se pretende hacer aparecer. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 193, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 132, Tomo VI, Materia Común, con número de Registro 394149, Octava Época, Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Luego, la parte quejosa señala que, en la donación, el donante transferir al donatario su patrimonio, y que no impide que la responsable haya analizado esa circunstancia porque la supuesta donación es nula de pleno derecho. Asimismo, expresa que el artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles señala que las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades o requisitos establecidos por la ley. También, la parte quejosa señala que existe incongruencia y discrepancia en la escritura que acompañó la actora, con el plano en el que pretende acreditar la propiedad, porque pretende acreditar que la donación de ese inmueble se realizó el diecinueve de abril de dos mil diez, sin embargo, exhibe plano original con fecha de mayo de dos mil nueve, lo que jurídicamente no es posible, porque como seria posible que se ostentara como propietaria un año antes de que naciera a la vida jurídica. Son inoperantes los conceptos de violación señalados por la parte quejosa, debido a las siguientes consideraciones. Lo anterior es así, pues dichos argumentos debió realizarlos antes de que la sentencia de trece de mayo de dos mil diecinueve, dictada en cumplimiento del amparo indirecto 526/2016, relacionado con el 527/2018, causara ejecutoria y adquiriera la característica de cosa juzgada. Ahora bien, no pasa inadvertido para este juzgador que la parte quejosa impugnó dicha sentencia, al promover amparo indirecto, mismo que registró bajo el expediente 526/2019 y resolvió el Tribunal Colegiado en materia Civil del Décimo Circuito, en el estado de Tabasco, en el sentido de negar el amparo a la aquí parte quejosa; y en ese supuesto, debió impugnar dichas aseveraciones en el citado juicio de amparo, esto es, cuando la sentencia definitiva no había adquirido firmeza jurídica. Para defender su postura, la parte quejosa cito la tesis y jurisprudencia de rubros "ESCRITURA PÚBLICA. PUEDE CONVERTIRSE SU EFICACIA, AUNQUE NO SE NIGUE SU AUTENTICIDAD." y "NULIDAD ABSOLUTA. PUEDE EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA TODO AQUEL QUE CUENTE CON INTERÉS JURÍDICO Y DE ELLA SE PUEDA PREVALER TODO INTERESADO UNA VEZ DECRETADA POR AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 2226 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL". En otro orden de ideas, la parte quejosa también señaló que al encontrarse involucrado el derecho humano de acceso a la justicia, para determinar el momento en que debe surtir efectos las notificaciones personales, se justifica la aplicación del principio hermenéutico del principio pro personae. Asimismo, la parte quejosa citó la tesis aislada 1a. XXVI/2012, de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL" y la tesis aislada 2a. LXXXVIII/2018, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de rubro "DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS. SUS DIFERENCIAS". Este argumento, también es infundado por lo siguiente. Lo anterior, es así porque no determina cual es la notificación personal que le causa perjuicio, pues como ya se analizó, el presente asunto proviene de un juicio ordinario de desocupación, en el cual ya existe sentencia firme, y es de su conocimiento que desde auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se le otorgaron cinco días para que desocupara e hiciera entrega del bien inmueble, apercibido de que de no hacerlo se procedería al lanzamiento; acuerdo que le fue notificado el siete de noviembre de dos mil diecinueve, y cuya imagen se inserta a continuación: Ahora bien, la Primera Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J.104/2013, determinó que el principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados debas ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la pretensión más amplia que aduzca, cuando tales interpretaciones no encuentre sustento en las reglas de derecho aplicables, pues es conforme a estas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. La citada jurisprudencia se transcribe para mayor referencia: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Por lo explicado en los anteriores párrafos, se desvirtúan las tesis citadas por la parte quejosa, porque no se contradicen con lo resuelto en por este juzgador. En tal virtud, al resultar infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto al acto reclamado. Negativa que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios, de conformidad con la jurisprudencia II.3o.J/12, de rubro "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS". OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintisiete de febrero de febrero de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Carlos Campos Rojas, en contra del acto reclamado a las autoridades señaladas en el resultado PRIMERO, por los motivos expuestos en el considerando SÉPTIMO de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente

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