Carlos Caceres Galicia
Expediente 709/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Caceres Galicia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que el juez responsable remitió un legajo de constancias en justificación de sus actos; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; una vez que transcurran más de seis meses, en que se haya ordenado su archivo. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 709/2020; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (Sentencia engrosada hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.)
- Principal
(AVISO)EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EL 07 DE JUNIO DE 2021, EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL 31 DE MAYO DE 2021, QUE EN SÍNTESIS DICE:VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 709/2020, promovido por., contra actos del Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Cuadragésimo Sexto Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El veintiséis de octubre de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 6, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, por lo que ordenó remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y por turno fue enviado al Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; quien, por una cuestión de conocimiento previo, ordenó remitirla a este órgano jurisdiccional. El siete de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió informe justificado al actuario y se tuvo por rendido el del juez responsable; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Se fijan los actos reclamados, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama el auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dictado por el Juez Cuadragésimo Sexto de esta Ciudad, en el juicio especial hipotecario 8/2012, donde ordenó el lanzamiento del inmueble litigioso. TERCERO. Existencia. El Juez responsable aceptó el acto reclamado; certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por su parte, el acto reclamado al actuario adscrito al Juzgado Cuadragésimo Sexto Civil de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto, en virtud de que no rindió su informe justificado en el término legal concedido para tal efecto, no obstante que se encuentra notificado del proveído por el que se le requirió. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado: I. El tres de septiembre de dos mil doce, se dictó sentencia definitiva condenatoria en el juicio especial hipotecario promovido por . contra ... II. Inconforme la parte demandada interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Segunda Sala Civil de la Ciudad de México, y resolvió el veintitrés de abril de dos mil trece, donde se modificó1 el monto y los condenados, dentro de los que se encuentra el accionante de amparo. III. En audiencia de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se sacó a remate en primera almoneda el inmueble materia del juicio, no obstante, al no existir postores, se señaló fecha para la segunda almoneda. IV. En dieciocho de abril de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la segunda almoneda y se pusieron a la vista los autos para dictar la resolución correspondiente. V. El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se aprobó el remate del inmueble litigioso y se adjudicó libre de todo gravamen a la parte actora Fábrica de Harinas Elizondo, sociedad anónima de capital variable; determinación que se declaró firme el uno de agosto de dos mil diecisiete. VI. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, se requirió a la demandada para que de forma voluntaria entregara el bien adjudicado, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procedería a su lanzamiento. Esta actuación constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se violaron los derechos consagrados en los artículos 1, 6, 14, 16 y 17 Constitucionales, en razón de que: a) No fue notificado del auto donde se le requirió para que se efectuara el pago dentro de cinco días antes de que se procediera al remate del inmueble, es decir, se le privó del derecho de ser requerido de pago en el domicilio del quejoso, puesto que así lo establece la fracción V del artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. b) Tampoco se notificó de forma personal el auto que previno al accionante de amparo para que señalara perito valuador de su parte, supuesto que también encuadra en el precepto legal citado. Lo que ocasionó que no tuviera conocimiento y que el a quo nombrara a un experto, el cual fue controlado por su contraparte negociando el valor del inmueble y el pago de honorarios correspondiente. Lo cual igualmente constituye una de las violaciones de mayor trascendencia en el procedimiento de ejecución, puesto que se impidió que participara en el avalúo, para que se asignara un valor justo y comercial al inmueble. c) Antes de mandar sacar a remate el bien, el juez debió de ordenar de oficio la práctica de un avalúo para obtener un valor actual, además para que tuviera la descripción del mismo para que estuviera a disposición de los postores. d) Entre la fecha de los avalúos y donde se celebró el remate, pasaron más de seis meses, dentro de los cuales se incrementó el valor, es decir, no se actualizó la opinión de expertos, no obstante que con el paso del tiempo vario su precio. e) El perito designado por la actora debió de aceptar y protestar el cargo, lo cual no aconteció, además de que no se constituyó físicamente en el inmueble, por lo que no lo examinó, ni tomó medidas, no se introdujo en el interior, por lo que no contó con los elementos necesarios para emitir su dictamen, pues solamente se limitó a copiar el peritaje emitido por el experto designado en rebeldía del demandado. Aunado a que ese perito tampoco se constituyó físicamente en el bien adjudicado, por lo que tampoco entró en él, ni describe los terminados ni las instalaciones, lo cual es una obligación, en razón de que se deben asentar las medidas del terreno, superficie construida, estudio de construcción, acabados, herrería, carpintería, instalaciones especiales, precios que prevalecen en la zona, si tiene alfombras, cocina integral, cisterna, bomba de agua y otros acabados, para determinar de manera equitativa y justa el valor comercial; de igual forma omitieron realizar un estudio de mercado comparativo. Además de que el peritaje debe ser emitido por arquitectos o ingenieros civiles, puesto que éstos conocen de la construcción, cimentación, acabados y todo lo relacionado con su ámbito, y al momento de aceptar el cargo deben acreditar tener título y cédula profesional en la materia, para el ejercicio de su profesión. f) No fue debidamente valorado el peritaje, ya que debe haber claridad en sus conclusiones, además de que si el perito no parece seguro de sus conceptos el dictamen no puede tener eficacia probatoria, pues a pesar de sustentar sus desenlaces, en razonamientos e investigación externa, al no haber podido ingresar al inmueble, la cual es una casa que puede tener características especiales al resto de los bienes de la zona, se considera que el peritaje contraría las normas generales de la experiencia y las reglas elementales de la lógica. Habida cuenta de que con lo establecido en el artículo 569 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad el avalúo se practicará de acuerdo con las reglas establecidas para la prueba pericial y que el precepto 347 de ese ordenamiento prevé, para que cada parte nombre a su experto al tercer día, a no ser que se pusieran de acuerdo para nombrar solo uno, y que el tercero en discordia será señalado por el a quo que conoce del asunto, de lo que se colige que por lo menos deben ser dos peritos que emitan su dictamen, lo cual no aconteció. g) En los edictos publicados para convocar postores en primera y segunda almoneda, se omitió insertar la distribución del inmueble, como lo es la superficie del terreno, lo construido, su distribución, el número de recamaras, si tiene comedor, cocina, garaje, etcétera, para que llamaran la atención de los postores. Los motivos de inconformidad expresados son inoperantes, como se verá a continuación. El calificativo dado lo merece lo alegado respecto de la forma de notificación del requerimiento de pago y para que nombrara perito; de que se debía de señalar un experto tercero en discordia para que de oficio emitiera una opinión; la actualización del dictamen; cuestiones inherentes al cargo del perito de la parte actora; lo relativo al avalúo exhibido, la forma en que se llevó, lo que, a su parecer, le faltó, deficiencias y el que no ingresara el experto al inmueble, así como el valor probatorio que se le dio a éste; y, el contenido de la publicación de los edictos para convocar postores; porque de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, interpretado en sentido contrario, en relación con el ordinal 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo establece que para que en el juicio de amparo indirecto proceda el estudio de las violaciones procesales durante la fase del remate, es necesario que el inconforme impugne la violación en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario o medio de defensa establecido en la ley y dentro del término que la misma señale. Requisito que incumplió la quejosa, ya que no recurrió la interlocutoria que aprobó el remate y adjudicó el inmueble litigioso a favor de la actora, mediante el recurso de apelación que prevé el último párrafo del artículo 580 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; determinación que incluso se declaró firme en auto de uno de agosto de dos mil diecisiete. Luego, si el juez rector del procedimiento debe revisar escrupulosamente el expediente antes de dar inicio al remate y decidir de plano cualquier cuestión que se suscite durante la subasta, para dictar la sentencia que lo apruebe o no, es inconcuso que es en el medio de impugnación que se haga valer en contra de ésta, donde el inconforme debía exponer todo lo que ahora alega en el amparo, sin embargo, al no hacerlo previamente, no puede pretender que se analice en forma aislada en esta vía. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis de la Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XIII, Mayo de 2001, consultable en la página 1218, de rubro y texto siguientes: "REMATE. EL AUTO QUE LO APRUEBE INCLUYE LA REVISIÓN OFICIOSA DE LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Debido a que las actuaciones efectuadas en el procedimiento de ejecución se revisan de oficio al momento en que el Juez dicta el auto que aprueba el remate, las deficiencias habidas en aquél, entre ellas, la notificación incorrecta del acuerdo por el que se tuvieron por presentados los avalúos, es susceptible de impugnarse en vía de agravio al apelar del acuerdo aprobatorio del remate, puesto que si el Juez natural no advirtió oficiosamente las anomalías en su trámite, es a través de dicho recurso de alzada el medio que tiene el promovente para combatir tal irregularidad, por lo que es inexacto que al no promoverse el correspondiente incidente de nulidad precluya el derecho para que se haga valer en la apelación aludida". Lo anterior hace evidente que ante dicho incumplimiento resulten inoperantes las alegaciones relativas a los efectos que tuvieron esas actuaciones que ahora se combaten en esta vía. Pues, se reitera, no es procedente que en el presente juicio de amparo pretenda reclamar actuaciones que consintió, ello en razón de que todas las violaciones acontecidas en el procedimiento de remate debieron reclamarse por la parte quejosa al interponer el recurso ordinario (contra la interlocutoria que resolvió sobre la aprobación del remate y la adjudicación) y al no hacerlo es improcedente que por medio de esta vía pretenda que se analicen. Apoya lo anterior el criterio jurisprudencial sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, página 425, del texto siguiente: "VIOLACION AL PROCEDIMIENTO EN AMPARO CIVIL, IMPROCEDENTE SU RECLAMACION, SI NO SE IMPUGNO EN SU OPORTUNIDAD. Del artículo 161, fracciones I y II de la Ley de Amparo, se desprende que en los juicios de garantías de carácter civil en que se reclamen violaciones a las leyes del procedimiento, entre otros requisitos, el quejoso deberá preparar el amparo, es decir, que la violación la debe impugnar en el curso del mismo procedimiento, mediante el recurso o medio de defensa ordinario; y si la ley no concede recurso ordinario o concediéndolo fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Por consiguiente, si se reclama una violación al procedimiento que no fue recurrida en el momento procesal oportuno, debe desecharse por inoperante, porque independientemente de que se haya cometido o no, el tribunal no puede examinarla, en la medida que no se surten los requisitos previos para su planteamiento en el juicio de amparo". No obsta a lo anterior lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, el cual prevé que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Y que en la especie la quejosa reclame el proveído que le ordenó entregar el bien adjudicado, apercibida de lanzamiento, pues lo cierto es que ello no tiene los alcances de que se analicen las infracciones al procedimiento que alega la impetrante del amparo, pues éstas son anteriores a la resolución que aprobó el remate, cuya firmeza implica la de las actuaciones del procedimiento correspondiente. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la jurisprudencia I.6o.C. J/8 de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 55, Julio de 1992, página 35, registro 218863, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES. SU PREPARACIÓN, ES REQUISITO SINE QUA NON PARA QUE PUEDAN SER ANALIZADAS, EN EL AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Federal, cuando se trata de violaciones al procedimiento que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo, es condición sine qua non, para que sean analizadas en el amparo directo, que se interponga el recurso ordinario correspondiente, ya sea la revocación o la apelación, si se cometió en primera instancia, y si no ha sido resarcida mediante el recurso ordinario, es necesario que tal violación sea reiterada ante el tribunal de alzada en el escrito de expresión de agravios que sean formulados contra la sentencia de primer grado; insistencia que resulta necesaria por así estatuírlo nuestra Ley Fundamental." Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver la revisión 263/2019, en sesión de diez de octubre de dos mil diecinueve, con motivo del recurso interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 388/2019, del índice de este Juzgado de Distrito, donde, en lo conducente, precisó: "De ahí que los conceptos de violación donde la quejosa planteó diversas infracciones al procedimiento de remate, resultaron inoperantes, como correctamente lo determinó el resolutor de amparo, ya que de ninguna forma es procedente analizar violaciones al procedimiento de remate, cuando quedó intocada la resolución que lo aprobó, lo cual implicó que las actuaciones del mismo quedaron convalidadas." En las narradas condiciones, al no demostrarse la inconstitucionalidad del acto reclamado atribuido al a quo resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa extensiva al actuario responsable, pues no se reclaman sus actos por vicios propios, conforme la jurisprudencia de registro 210140, de la octava época, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios."4 Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ., contra actos del Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Cuadragésimo Sexto Civil de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..."
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