Carlos Bernardino Ibáñez Candelaria
Expediente 572/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2023
Partes del expediente
- Carlos Bernardino Ibáñez Candelaria
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veinte de abril del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA IV EXHORTO. Visto el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, por el que devuelve diligenciado el exhorto 74/2023-IV (orden 74/2023) del orden estadístico de este Juzgado, el cual fue remitido para notificar al quejoso ********* el auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, mismo que según se advierte de las constancias remitidas, fue notificado a dicho quejoso en cuatro de mayo del año en curso; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones respectivas. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de abril de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por **************, contra actos de la Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 572/2023-IV. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es menester indicar que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señaló como acto reclamado el "Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas este Juzgado Federal considera, en relación con el acto el "Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". La causa de improcedencia en análisis contempla tres distintas hipótesis: (I) la parte quejosa no demuestra su interés jurídico, es decir, pudiendo tenerlo, no lo prueba [falta de acreditamiento]; (II) la parte quejosa carece de interés jurídico o legítimo para impugnar el acto reclamado [ausencia de interés]; y, (III) teniendo legitimación procesal, el acto reclamado no le produce una afectación. En la doctrina se ha advertido la distinción referida como lo aduce Carranco Zúñiga quien señala: "[.] es distinto carecer de interés jurídico (sea porque no se demuestre en el juicio teniéndolo el quejoso, o bien, que bajo ninguna circunstancia tenga esa cualidad), a que disponiendo de este interés el acto no le produzca afectación alguna". Bajo este orden de ideas, este órgano de control de la constitucionalidad estima que únicamente la primera hipótesis es la que impide el desechamiento de la demanda de amparo, por referirse a una cuestión probatoria susceptible de acreditarse hasta la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, las otras dos hipótesis pueden actualizarse de manera manifiesta e indudable, por relacionarse con cuestiones «de derecho» que pueden advertirse desde el inicio del juicio sin requerir de prueba alguna para demostrar su actualización, tal y como acontece en el caso. Acorde a lo precedente, debe precisarse que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se actualice la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando en contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y, por tanto, consiste en la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Por su parte, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Ambas clases de interés (jurídico y legítimo), presentan diferencias substanciales a fin de establecer los entes que se encuentran legitimados para instar la acción de amparo; ya que en el interés jurídico es necesario un derecho subjetivo con su correspondiente potestad de exigencia, consagrado en la norma objetiva; mientras que en el interés legítimo, sólo basta la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, por afectarse la esfera jurídica ya sea directa o derivada de la situación del sujeto respecto del orden jurídico, sin la necesidad de que la norma establezca a favor del individuo alguna facultad expresa y directa de exigir. De ese modo, para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen en el mismo deben ser derivados de un acto concreto de autoridad o de la observancia de una ley que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole una afectación a un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo), y es este el perjuicio a que se refiere la Ley de Amparo, para que pueda prosperar la acción constitucional y para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de estimar actualizado el perjuicio que le ha sido ocasionado al gobernado y puedan proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos. En la especie, se debe recordar que la parte quejosa combate en esencia el acto consistente en el "Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral". Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo segundo, resulta un hecho notorio el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 261/2023, por estar publicado en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual el ministro instructor Javier Laynez Potisek, decretó la suspensión del "Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", para el efecto de que no se aplique artículo alguno del Decreto impugnado; por lo que a la fecha en que se actúa resulta evidente que al encontrarse suspendido el decreto reclamado, no genera afectación alguna al quejoso. De ese modo, se puede afirmar que el "Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", resulta insuficiente para estimar que le causa alguna afectación a su esfera jurídica, a la fecha en que se actúa, pues tal como se precisó en líneas que anteceden, los efectos del citado acuerdo se encuentran suspendidos con motivo de la sustanciación del diverso medio de control constitucional, controversia constitucional 261/2023, por lo que no existe el perjuicio aducido por el promovente. En consecuencia, este Juzgado de Distrito concluye que el acto reclamado no afecta de modo alguno la esfera jurídica de la parte promovente a la fecha de la presentación de la demanda que se provee y, por ende, carece de interés jurídico para impugnarlo. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, de rubro y contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable.". Sin que en la especie resulte aplicable la jurisprudencia 1a./J. 28/2005, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO, NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO ÉSTA SE PROMUEVE POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO", pues su contenido se basa en que el acreditamiento del interés jurídico es una cuestión de prueba y, por ende, la falta de acreditamiento no puede ser motivo de desechamiento; no obstante, en el caso concreto se actualiza la tercera hipótesis de la causa de improcedencia en análisis, consistente en que teniendo legitimación procesal, el acto reclamado no produce una afectación al impetrante de amparo. Por tanto, en términos del artículo 113, así como de conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Carlos Bernardino Ibañez Candelaria, por propio derecho, en contra de los actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, determinación que se toma en cumplimiento al derecho fundamental de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial I.13o.A. J/6, aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de mil cuatro, página 1631, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte quejosa. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." De igual forma, es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo I, febrero de dos mil catorce, página 487, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Sin perjuicio de lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa que el plazo para impugnar la norma en comento, se encuentra suspendido con motivo de la medida cautelar concedida en la multicitada controversia constitucional, mismo plazo que será reanudado en caso de una eventual resolución estimatoria y acontezca su publicación en el Diario Oficial de la Federación. DOMICILIO. Toda vez que el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado de Distrito. No obstante lo anterior, toda vez que en el presente caso se trata de un acuerdo por el que este juzgado está desechando la demanda de amparo, por única ocasión notifíquese personalmente a la quejosa en el lugar que señaló, por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, con el objeto de que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, incluso en días y horas inhábiles que establece el artículo 21 de la ley de la materia, notifique a Carlos Bernardino Ibáñez Candelaria en Lago Michigan, número 56, Colonia Agua Azul, Código Postal 57500, Nezahualcóyotl, Estado de México. Asimismo, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y se solicita se emitan las constancias respectivas vía interconexión. Asimismo, por lo que hace al correo electrónico que proporciona, el mismo no puede tenerse como sitio para oír y recibir notificaciones, sin embargo, de ser necesario y a criterio de este juzgador, se le podrán comunicar al mismo aspectos de naturaleza urgente, así como a través de lista electrónica que se publica en el portal del Consejo de la Judicatura Federal. COPIAS. En relación con la solicitud de copias, se autoriza su expedición, en un tanto, debiendo dejar en autos constancia de su entrega a satisfacción de este órgano jurisdiccional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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