Carlos Benjamín Narváez Campuzano

Expediente 747/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
747/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2016

Partes del expediente

  • Carlos Benjamín Narváez Campuzano

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito de cuenta suscrito por xxx, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue formulado en auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis y por ende, se procede a proveer su demanda de amparo en los siguientes términos. Del escrito de demanda, se advierte señala como autoridades responsables a las siguientes: Presidente Municipal Constitucional del Municipio de San Juan del Río, Querétaro Secretaría de Finanzas, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Querétaro; De las cuales reclama lo siguientes actos que a continuación se describen: 1.- Acto administrativo de siete de septiembre de dos mil dieciséis, por el cual se le imponen sanciones económicas por concepto de refrendo, actualizaciones, recargos, requerimiento, embargo y multa, así como su ejecución. 2.- Orden de clausura y ejecución de la misma. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: 1.- Acto administrativo de siete de septiembre de dos mil dieciséis, por el cual se le imponen sanciones económicas por concepto de refrendo, actualizaciones, recargos, requerimiento, embargo y multa, así como su ejecución. Lo anterior por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado - sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un medio de defensa establecido en la norma secundaria, en el caso, los preceptos 109 y 113 del Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, que establecen lo siguiente: Artículo 109. Los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas del Estado y municipios, así como de sus órganos descentralizados y fideicomisos, que pongan fin a un procedimiento o instancia, podrán interponer el recurso de revisión, siendo optativo agotarlo o acudir a la vía jurisdiccional contencioso administrativa. Artículo 113. La ejecución del acto reclamado se suspenderá, siempre que concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite expresamente el recurrente; II. Que el recurso sea admisible y se haya interpuesto en tiempo; III. Que no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Que se garantice el interés fiscal, conforme al Código Fiscal del Estado de Querétaro. La autoridad administrativa deberá acordar, en su caso, el otorgamiento de la suspensión del acto o la denegación de la petición, dentro de los cinco días siguientes a la interposición del recurso. La falta de acuerdo se entenderá por otorgada la suspensión. Asimismo, la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, dispone en su numeral 42, lo siguiente: Artículo 42. Sólo podrán iniciar un juicio o intervenir en él, las personas que tengan un interés jurídico o legítimo en que fundar su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos diferenciado del conjunto general de la sociedad. De los enunciados normativo trascritos, se advierte que los actos reclamados, son recurribles o procede contra ellos el juicio contencioso administrativo local, a través de los medios de impugnación ordinarios establecidos en los artículos de las legislaciones precitadas. Ahora bien, la jurisprudencia xxemitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotado, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos lo siguiente: Sea efectivo; Idóneo; y Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la posibilidad real de interponer un recurso sencillo.Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, los medios de defensa -recurso de revisión o juicio contencioso administrativo- reúnen dichos requisitos, pues este es efectivo, en razón que están previstos en las normas referidas, en sus numerales transcritos; es sencillo su trámite, pues basta un escrito de la parte afectada, en el que se haga valer el acto impugnado. Es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene en su caso como fin revocar o anular la los actos impugnados, ya que se tramita, con un escrito de expresión de agravios, ante el superior de la autoridad que emitió el acto o tratándose del juicio contencioso administrativo, ante el juez de lo contencioso administrativo del distrito que corresponda, dentro de veinte días siguientes al de la notificación del acto reclamado si se trata del recurso de revisión o dentro de los quince días posteriores a la notificación del acto, si se trata del juicio contencioso administrativo. Asimismo, el acto reclamado no encuadra dentro de alguna de las excepciones que prevé la fracción en estudio del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues las normativas precitadas en sus partes aplicables, conceden la suspensión de los actos reclamados, tal como ha quedado transcrito respecto de la primera norma y, por cuanto a la segunda, dicha suspensión se encuentra contenida en los artículos 45 al 49. Dichos numerales establecen que la suspensión se concede de oficio y a petición de parte, incluso con efectos restitutorios; exigiendo únicamente que se garantice el interés fiscal si éste existiera, situación que es concordante con los artículos 125 y 135 de la Ley de Amparo. Asimismo, dichos numerales establecen que no se concederá la suspensión cuando causen perjuicio evidente al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, numeral que es de idéntico contenido al artículo 129 de la Ley de Amparo. Por tanto, al ser dichos medios de defensa ordinarios, idóneos, efectivos y resolverse en un plazo razonable, es evidente que la quejosa, previo a venir al juicio de amparo, tiene la obligación de agotar cualquiera de los medios ordinarios referidos, pues tiene a su disposición cualquiera de ellos, en forma optativa. Asimismo, el segundo de los ordenamientos precitados, en su artículo 42, establece que el juicio contencioso administrativo local, se puede iniciar aduciendo interés legítimo, como ocurre en el caso; por lo que la persona moral quejosa, tiene expedita su legitimación para instar cualquiera de los medios ordinarios referidos. En este orden de ideas, resulta obligatorio para el aquí quejoso, agotar el medio ordinario de defensa, previo a acudir al juicio de amparo. Por otra parte, se estima que se actualiza diversa causal de improcedencia por lo que refiere al diverso acto reclamado por la quejosa, consistente en: 2.- Orden de clausura y ejecución de la misma. Lo anterior, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del arábigo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La fracción XXIII del numeral 61 de la ley de la materia, establece la improcedencia del juicio de garantías, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Por su parte, el diverso ordinal 107, fracción I, señala que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; de donde se sigue, que el promovente del amparo debe recaer en una persona determinada, concretarse en la misma y no ser abstracto y genérico, sino ser de realización pasada, presente o inminente, en otras palabras, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético o probable, como lo pretende la parte promovente, pues estos actos no engendran agravio, al ser impredecible su realización. Lo anterior es así, toda vez que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea inminente, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de las autoridades, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se ha de dictar. Ahora bien, en el presente caso, el acto reclamado que hace valer en esta vía constitucional, no es de aquellos considerados como inminentes para el efecto de la procedencia del presente juicio de amparo, toda vez que no existe certeza de que los entes responsables pudieren emitir la orden de clausura en contra de la parte agraviada. Lo anterior es así, en virtud de que el acto que hoy se reclama (orden de clausura y su ejecución), deriva de una sanción impuesta por concepto de multas y recargos al no haberse pagado el refrendo correspondiente de un local comercial, acto regulado por la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, que en la parte conducente, señala: Título Cuarto De las infracciones y sanciones administrativas Capítulo Único Artículo 95. Las sanciones administrativas por infracción a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas consistirán en: Amonestación con apercibimiento; Multa, en los términos de la ley de la materia que corresponda; Multa adicional por cada día que persista la infracción; Arresto hasta por 36 horas; Clausura temporal o permanente, parcial o total; Revocación del acto, concesión, licencia, permiso o autorización; y Las demás que establezcan las leyes. La sanción administrativa de arresto sólo podrá imponerse si: De manera previa se impuso multa y ésta no haya podido ser pagada en el acto por el infractor; y Si se le permitió al infractor realizar al menos tres llamadas telefónicas necesarias para que alguien lo asistiera económica o jurídicamente. Artículo 96. La violación a las disposiciones de la presente Ley, será causa de responsabilidad administrativa y se aplicarán las sanciones correspondientes previstas en este ordenamiento legal y, en su caso, en la ley de la materia. Artículo 97. Sin perjuicio de lo establecido en las leyes administrativas, en caso de reincidencia, se duplicará la multa impuesta al infractor. Artículo 98. Para la imposición de una sanción, la autoridad administrativa notificará previamente al gobernado del inicio del procedimiento, para que éste, dentro de los quince días siguientes exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes. Artículo 99. La autoridad administrativa fundará y motivará de manera suficiente, precisa y clara la sanción impuesta, considerando: Los daños que se hubiesen producido o pudieran producirse; En su caso, las pruebas aportadas y los alegatos exhibidos; La gravedad de la infracción, atendiendo al hecho de si la conducta que la originó fue dolosa o culposa; Los antecedentes administrativos del infractor; y La capacidad económica del infractor. Artículo 100. Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se procederá, dentro de los quince días siguientes, a dictar por escrito la resolución que proceda, la cual será notificada en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo. De lo anterior y de conformidad con los artículos transcritos, existe un procedimiento de ejecución previo a la imposición de la sanción correspondiente, lo cual acontecerá una vez notificado el gobernado del inicio del mismo, donde tendrá un plazo de quince días para que exponga lo que a su interés convenga y, en su caso, podrá aportar las pruebas que estime pertinentes; y hecho lo anterior, la autoridad administrativa dentro de los quince días siguientes dictará la resolución que proceda debidamente fundada y motivada, la cual, no necesariamente traerá como consecuencia la clausura, pues el gobernado, ahora recurrente puede desvirtuar los razonamientos de las responsables, incluso hacerse acreedor a diversa sanción administrativa o en su caso realizar los pagos correspondientes con lo cual quedaría sin efectos la posible clausura. Además la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito aclaratorio, que a la fecha ignora si existe orden de clausura, donde también precisó que a la fecha no existe ejecución alguna; en ese sentido, es que dichos actos son de realización incierta. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página doscientos dos, materia común, tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: ACTOS FUTUROS INMINENTES, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Por actos futuros inminentes debe entenderse, los que comprenden no sólo aquellos actos que tendrán que dictarse forzosamente como consecuencia legal futura e ineludible de los actos ya actualizados, sino todos aquéllos que puedan estimarse como consecuencia lógica del ya existente, si esos actos pudieran venir a entorpecer la restitución de las cosas al estado que antes guardaban o a causar perjuicios de difícil reparación. Además, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable a página ciento noventa y siete, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ACTO INMINENTE. CARACTERÍSTICA. Para que un acto de autoridad revista el carácter de inminente, es menester que el mismo derive de manera directa y necesaria de otro preexistente, de tal manera que con facilidad pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas, pues de otra manera ese acto no sería inminente sino futuro e incierto, contra el que no procede otorgar la suspensión. Así también, la diversa tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página ciento treinta y ocho, materia común, tomo XV-I, febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías. En tal situación, se desecha la demanda presentada porx xxxx. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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