CARLOS BARBOSA ESCALANTE y Otros.

Expediente 64/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
64/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • CARLOS BARBOSA ESCALANTE y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Se declara que el auto dictado ha causado estado. En tales condiciones, al encontrarse totalmente concluido el presente asunto, se ordena su archivo definitivo y se hace constar que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, debido a que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; y, se considera que no es de relevancia documental.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en concreto de la demanda de amparo, se advierte que Carlos Barbosa Escalante y Erika Cecilia González Martínez, solicitaron, en representación de su menor hijo identificado con las siglas N.B.G.R., el amparo y protección de la Justicia Federal contra la negativa de las autoridades de aplicar la vacuna Pfizer-BioNtech a su menor hijo que cuenta con la edad de catorce años. De igual manera, se advierte que en dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable Coordinadora Regional de Programas para el Desarrollo en la Región Laguna, con sede en esta ciudad, a través del cual informó que en quince de febrero de dos mil veintidós, se procedió a la vacunación de la segunda dosis del menor quejoso de iniciales N.B.G.R., completando el esquema de vacunación contra el SARS CoV2, y para justificar su dicho adjuntó folio de vacunación debidamente certificado. Luego, como se advierte de párrafos que anteceden, la autoridad responsable anexó a su oficio agregado en acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, el comprobante de aplicación de la segunda dosis de vacunación aplicada al menor N.B.G.R. Documental cuyo valor probatorio es pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, al ser expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En ese sentido, el suscrito juzgador considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El segmento normativo inserto prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado. Sobre el particular, es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en diversos criterios jurisprudenciales respecto de esa causa de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene por el arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso, en tanto que no se oponen a lo señalado por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página 38, de rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se obtiene que los efectos de un acto controvertido cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al juicio de amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, sin revocar o dejar insubsistente el acto. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, ya que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del quejoso, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio biinstancial, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho conculcado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por lo tanto, acorde con la teleología que se desprende del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Y, en ese sentido, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Como ya fue precisado, los promoventes del amparo reclaman la negativa de las autoridades de aplicar la vacuna Pfizer-BioNtech a su menor hijo que cuenta con la edad de catorce años. Por su parte, de las constancias allegadas por la Coordinadora Regional de Programas para el Desarrollo en la Región Laguna, con sede en esta ciudad, se desprende que los días veinte de enero y quince de febrero del año en curso, el menor identificado con las siglas N.B.G.R. recibió la primera y la segunda dosis de dicha vacuna, respectivamente, con lo cual cumplió a cabalidad con el esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Bajo ese contexto fáctico y legal, si el agraviado directo recibió la vacuna cuya negativa de suministrársele se impugnó en el presente juicio; entonces, es evidente que los efectos de los actos reclamados han desaparecido. Lo que cobra relevancia si se toma en cuenta que el presente juicio tenía por objeto, precisamente, que las autoridades responsables dictaran las medidas necesarias para ese fin. Desde esa perspectiva, si en el caso se destruyeron los efectos de manera inmediata, absoluta e incondicional, es decir, que se eliminó de manera total, completa, definitiva y permanente el resultado que producían los actos combatidos, lo que propició que se restablecieran las cosas al estado en el que se encontraban antes de la promoción del juicio de amparo y en esa medida se repuso al justiciable en el derecho fundamental violado. En consecuencia, es evidente que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer el presente juicio fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, ibídem. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, página 356, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en al página trescientos ochenta y seis, del Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y uno, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Criterios aplicables en tanto que no se oponen a la presente ley, por lo que continúa su vigencia conforme al artículo sexto transitorio de la ley de la materia. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del once de marzo de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y VÍA OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  3. Principal

    Se agrega el dictamen pericial en materia contable, rendido por ********************, dentro del incidente innominado ordenado en autos. Se requiere a la perito comparezca ante este Juzgado de Distrito, a fin de ratificar su dictamen pericial. Notifíquese por medio de lista acorde a lo dispuesto por los artículos 29 de la Ley de Amparo y 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y personalmente a la perito ********************.

  4. Principal

    Se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo.

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