Carlos Balderas Lobatón

Expediente 975/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
975/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
25/08/2021

Partes del expediente

  • Carlos Balderas Lobatón
  • Felipe Sánchez Lima

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Ahora, en atención a la Jurisprudencia 2a./J. 5/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. DEBERES DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ANTE LA OBLIGACIÓN DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL EN LOS JUICIOS RELACIONADOS CUANDO EXISTAN SENTENCIAS PROTECTORAS QUE ORDENEN SU RECÍPROCA OBSERVANCIA"; se hace la precisión que vistas las actuaciones que integran el amparo directo 937/2019, asunto que se encuentra relacionado con el expediente en que se actúa, se advierte que en esta fecha se ordenó su archivo, en razón de que transcurrió el término a que se refiere el citado precepto 202 de la ley de la materia, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado en contra de la determinación que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a dos de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en sesión de once de junio de dos mil veinte, este Órgano Colegiado dictó sentencia en el amparo directo 975/2019, en la que concedió a Carlos Balderas Lobatón la protección constitucional, para el efecto de que la Sala responsable: ".1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emita una nueva en la que: a) Tenga en cuenta lo resuelto en el juicio de amparo directo relacionado 975/2019 (sic). b) Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, absuelva al demandado Carlos Balderas Lobatón de la acción principal de cumplimiento de convenio intentada en su contra" (foja 73). Cabe mencionar que el presente juicio de amparo está relacionado con el diverso juicio de amparo directo 937/2019, promovido por Moisés Meneses Denicia y Claudia Meneses Denicia, en el cual, en sesión de la misma fecha, también se les concedió la protección constitucional solicitada. I. Mediante auto de Presidencia dictado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno (fojas 137 a 140), se determinó que la ejecutoria de amparo no había quedado cumplida en su totalidad, por las siguientes razones: "Ello es así, ya que si bien se advierte que se dejó insubsistente el acto reclamado y en la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil veinte, con la que se pretende cumplir el fallo protector, se absuelve al demandado Carlos Balderas Lobatón de la acción principal de cumplimiento de convenio intentada en su contra, lo cierto es que no puede examinarse en forma individual el acatamiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sino que también deben verificarse los lineamientos protectores de la ejecutoria del juicio de amparo relacionado, porque este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a vigilar la observancia común de ambos fallos y a no hacerlo en forma independiente. Lo anterior, teniendo en cuenta que los deberes impuestos a la responsable quedaron ligados en una mancomunidad de directrices por la íntima relación que guardan y por la instrucción expresa que en tal sentido dispuso este Tribunal Colegiado cuando determinó en cada ejecutoria, como efecto del fallo protector, que debía tenerse en cuenta lo resuelto en el juicio de amparo directo relacionado; lo cual obliga a asegurarse del cumplimiento recíproco, para dar celeridad a la conclusión del litigio y evitar decisiones contradictorias durante el procedimiento de ejecución. En esos términos lo ordena la Segunda Sala del Alto Tribunal de país en la jurisprudencia 2a./J. 5/2016 (10a.) que se invoca como sustento, registro digital 2010883, Décima Época, Materia Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, enero de 2016, Tomo II, que dice: "(.). Luego, como en auto de esta misma fecha dictado en el juicio de amparo directo relacionado 937/2019, se tuvo por no acatado el fallo protector, es evidente que tampoco podría entonces considerarse cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Apoya también esta decisión la tesis aislada 2a. III/2017 (10a.), registro digital 2013593, sostenida por la misma Segunda Sala, Décima Época, Materias Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de 2017, Tomo I, página 600, que dice: "(.). Consecuentemente, con fundamento en los artículos 77, 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que en el término de tres días, provea lo necesario a efecto de acatar en sus términos la ejecutoria de amparo. Ello implica que ahora deberá dejar insubsistente la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte, con la que pretendió cumplir el fallo protector y emitir una nueva en la que observe puntualmente lo dispuesto en la ejecutoria de amparo. Por lo mismo, nuevamente se requirió a la responsable para que dentro del término de tres días proveyera lo necesario para acatar en sus términos la sentencia de amparo, y se le precisó que debería dejar insubsistente la nueva sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte, con el que pretendió acatar la ejecutoria, como se advierte de la misma trascripción. II. La autoridad responsable nuevamente informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en ese juicio de amparo directo, con lo que se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 167 y 168), sin que hayan hecho manifestación alguna (fojas 173 y 174). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. III. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la Sala responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de cinco de octubre de dos mil veinte, dejó insubsistente la sentencia reclamada de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (foja 81); asimismo, por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la diversa sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte con la que inicialmente pretendió acatar el fallo protector (lo anterior se aprecia a fojas 196 y 197 del directo relacionado 937/2019). Luego en veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictó una nueva sentencia (fojas 150 a 165), en la que siguiendo los lineamientos del fallo protector, tuvo en cuenta lo resuelto en el juicio de amparo directo relacionado 937/2019, pues al respecto: 1. Reiteró las consideraciones que no fueron materia de concesión de amparo, esto es: a) La absolución a los demandados principales Moisés Meneses Denicia, Claudia Meneses Denicia y Carlos Balderas Lobatón, del pago de la cantidad de $177,461.00 (ciento setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), al estimar que en el sumario no quedaron acreditados las erogaciones por concepto de honorarios, gastos médicos, así como la renta de un vehículo (fojas 165 vuelta y 165) b) La absolución de la prestación reclamada en el inciso c) de la demanda principal, consistente en el pago de daños y perjuicios, debido a que los actores principales no precisaron en qué consistieron los mismos (foja 165). c) La acreditación del primero y segundo de los elementos de la acción de cumplimiento de convenio, esto es: la existencia del convenio y que su obligación sea exigible (fojas 156 y 157) d) La desvaloración de las pruebas documentales ofrecidas por los demandados principales, a saber, las notas de remisión y recibos de pago exhibidos (foja 158 vuelta). 2. Consideró que el dictamen pericial a cargo del perito Víctor Cuatecontzi Cahuantzi no produce convicción para sustentar la existencia de daños en el vehículo afecto, como secuelas del hecho de tránsito que motivó la celebración del convenio de dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, ni sobre el monto de los mismos, en principio por el examen que el perito realizó a la citada unidad vehicular no ocurrió en una fecha cercana a aquél evento, sino que tuvo lugar cuando ya habían transcurrido más de un año y ocho meses. Y que al no existir una proximidad entre la fecha del accidente y aquélla en que pericialmente se advirtió la presencia de afectaciones, resultaba dogmático que se atribuyera al impacto vehicular referido, las deficiencias en el funcionamiento de partes esenciales para la marcha o rodamiento, como lo es la trasmisión y la dirección (fojas 159 vuelta a 162). Aunado a que también resultaba dogmática la cuantificación de los daños, pues el perito sólo se concretó a sugerir la cantidad de $129,560.40 en la que se comprende el costo por la adquisición de distintos aditamentos y su instalación, pero sin indicar cuáles son las fuentes comerciales a las que habría recurrido para sustentar dicha suma (fojas 161 vuelta y 162). 3. En consecuencia, la Sala responsable confirmó la resolución impugnada de once de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, dentro del expediente 342/2017, mediante la cual se absolvió a los demandados de la acción principal intentada (foja 165). IV. Finalmente, siguiendo también los lineamientos de la ejecutoria de amparo, absolvió al demandado Carlos Balderas Lobatón de la acción principal de cumplimiento de convenio intentada en su contra, ello al considerar que éste no tiene obligación alguna derivada de algún convenio ni tiene la titularidad del vehículo que ocasionó los daños (fojas 162 vuelta y 163 vuelta). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a dos de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en sesión de once de junio de dos mil veinte, este Órgano Colegiado dictó sentencia en el amparo directo 975/2019, en la que concedió a Carlos Balderas Lobatón la protección constitucional, para el efecto de que la Sala responsable: ".1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emita una nueva en la que: a) Tenga en cuenta lo resuelto en el juicio de amparo directo relacionado 975/2019 (sic). b) Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, absuelva al demandado Carlos Balderas Lobatón de la acción principal de cumplimiento de convenio intentada en su contra" (foja 73). Cabe mencionar que el presente juicio de amparo está relacionado con el diverso juicio de amparo directo 937/2019, promovido por Moisés Meneses Denicia y Claudia Meneses Denicia, en el cual, en sesión de la misma fecha, también se les concedió la protección constitucional solicitada. I. Mediante auto de Presidencia dictado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno (fojas 137 a 140), se determinó que la ejecutoria de amparo no había quedado cumplida en su totalidad, por las siguientes razones: "Ello es así, ya que si bien se advierte que se dejó insubsistente el acto reclamado y en la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil veinte, con la que se pretende cumplir el fallo protector, se absuelve al demandado Carlos Balderas Lobatón de la acción principal de cumplimiento de convenio intentada en su contra, lo cierto es que no puede examinarse en forma individual el acatamiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sino que también deben verificarse los lineamientos protectores de la ejecutoria del juicio de amparo relacionado, porque este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a vigilar la observancia común de ambos fallos y a no hacerlo en forma independiente. Lo anterior, teniendo en cuenta que los deberes impuestos a la responsable quedaron ligados en una mancomunidad de directrices por la íntima relación que guardan y por la instrucción expresa que en tal sentido dispuso este Tribunal Colegiado cuando determinó en cada ejecutoria, como efecto del fallo protector, que debía tenerse en cuenta lo resuelto en el juicio de amparo directo relacionado; lo cual obliga a asegurarse del cumplimiento recíproco, para dar celeridad a la conclusión del litigio y evitar decisiones contradictorias durante el procedimiento de ejecución. En esos términos lo ordena la Segunda Sala del Alto Tribunal de país en la jurisprudencia 2a./J. 5/2016 (10a.) que se invoca como sustento, registro digital 2010883, Décima Época, Materia Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, enero de 2016, Tomo II, que dice: "(.). Luego, como en auto de esta misma fecha dictado en el juicio de amparo directo relacionado 937/2019, se tuvo por no acatado el fallo protector, es evidente que tampoco podría entonces considerarse cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Apoya también esta decisión la tesis aislada 2a. III/2017 (10a.), registro digital 2013593, sostenida por la misma Segunda Sala, Décima Época, Materias Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de 2017, Tomo I, página 600, que dice: "(.). Consecuentemente, con fundamento en los artículos 77, 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que en el término de tres días, provea lo necesario a efecto de acatar en sus términos la ejecutoria de amparo. Ello implica que ahora deberá dejar insubsistente la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte, con la que pretendió cumplir el fallo protector y emitir una nueva en la que observe puntualmente lo dispuesto en la ejecutoria de amparo. Por lo mismo, nuevamente se requirió a la responsable para que dentro del término de tres días proveyera lo necesario para acatar en sus términos la sentencia de amparo, y se le precisó que debería dejar insubsistente la nueva sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte, con el que pretendió acatar la ejecutoria, como se advierte de la misma trascripción. II. La autoridad responsable nuevamente informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en ese juicio de amparo directo, con lo que se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 167 y 168), sin que hayan hecho manifestación alguna (fojas 173 y 174). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. III. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la Sala responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de cinco de octubre de dos mil veinte, dejó insubsistente la sentencia reclamada de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (foja 81); asimismo, por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la diversa sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte con la que inicialmente pretendió acatar el fallo protector (lo anterior se aprecia a fojas 196 y 197 del directo relacionado 937/2019). Luego en veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictó una nueva sentencia (fojas 150 a 165), en la que siguiendo los lineamientos del fallo protector, tuvo en cuenta lo resuelto en el juicio de amparo directo relacionado 937/2019, pues al respecto: 1. Reiteró las consideraciones que no fueron materia de concesión de amparo, esto es: a) La absolución a los demandados principales Moisés Meneses Denicia, Claudia Meneses Denicia y Carlos Balderas Lobatón, del pago de la cantidad de $177,461.00 (ciento setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), al estimar que en el sumario no quedaron acreditados las erogaciones por concepto de honorarios, gastos médicos, así como la renta de un vehículo (fojas 165 vuelta y 165) b) La absolución de la prestación reclamada en el inciso c) de la demanda principal, consistente en el pago de daños y perjuicios, debido a que los actores principales no precisaron en qué consistieron los mismos (foja 165). c) La acreditación del primero y segundo de los elementos de la acción de cumplimiento de convenio, esto es: la existencia del convenio y que su obligación sea exigible (fojas 156 y 157) d) La desvaloración de las pruebas documentales ofrecidas por los demandados principales, a saber, las notas de remisión y recibos de pago exhibidos (foja 158 vuelta). 2. Consideró que el dictamen pericial a cargo del perito Víctor Cuatecontzi Cahuantzi no produce convicción para sustentar la existencia de daños en el vehículo afecto, como secuelas del hecho de tránsito que motivó la celebración del convenio de dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, ni sobre el monto de los mismos, en principio por el examen que el perito realizó a la citada unidad vehicular no ocurrió en una fecha cercana a aquél evento, sino que tuvo lugar cuando ya habían transcurrido más de un año y ocho meses. Y que al no existir una proximidad entre la fecha del accidente y aquélla en que pericialmente se advirtió la presencia de afectaciones, resultaba dogmático que se atribuyera al impacto vehicular referido, las deficiencias en el funcionamiento de partes esenciales para la marcha o rodamiento, como lo es la trasmisión y la dirección (fojas 159 vuelta a 162). Aunado a que también resultaba dogmática la cuantificación de los daños, pues el perito sólo se concretó a sugerir la cantidad de $129,560.40 en la que se comprende el costo por la adquisición de distintos aditamentos y su instalación, pero sin indicar cuáles son las fuentes comerciales a las que habría recurrido para sustentar dicha suma (fojas 161 vuelta y 162). 3. En consecuencia, la Sala responsable confirmó la resolución impugnada de once de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, dentro del expediente 342/2017, mediante la cual se absolvió a los demandados de la acción principal intentada (foja 165). IV. Finalmente, siguiendo también los lineamientos de la ejecutoria de amparo, absolvió al demandado Carlos Balderas Lobatón de la acción principal de cumplimiento de convenio intentada en su contra, ello al considerar que éste no tiene obligación alguna derivada de algún convenio ni tiene la titularidad del vehículo que ocasionó los daños (fojas 162 vuelta y 163 vuelta). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a dos de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en sesión de once de junio de dos mil veinte, este Órgano Colegiado dictó sentencia en el amparo directo 975/2019, en la que concedió a Carlos Balderas Lobatón la protección constitucional, para el efecto de que la Sala responsable: ".1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emita una nueva en la que: a) Tenga en cuenta lo resuelto en el juicio de amparo directo relacionado 975/2019 (sic). b) Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, absuelva al demandado Carlos Balderas Lobatón de la acción principal de cumplimiento de convenio intentada en su contra" (foja 73). Cabe mencionar que el presente juicio de amparo está relacionado con el diverso juicio de amparo directo 937/2019, promovido por Moisés Meneses Denicia y Claudia Meneses Denicia, en el cual, en sesión de la misma fecha, también se les concedió la protección constitucional solicitada. I. Mediante auto de Presidencia dictado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno (fojas 137 a 140), se determinó que la ejecutoria de amparo no había quedado cumplida en su totalidad, por las siguientes razones: "Ello es así, ya que si bien se advierte que se dejó insubsistente el acto reclamado y en la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil veinte, con la que se pretende cumplir el fallo protector, se absuelve al demandado Carlos Balderas Lobatón de la acción principal de cumplimiento de convenio intentada en su contra, lo cierto es que no puede examinarse en forma individual el acatamiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sino que también deben verificarse los lineamientos protectores de la ejecutoria del juicio de amparo relacionado, porque este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a vigilar la observancia común de ambos fallos y a no hacerlo en forma independiente. Lo anterior, teniendo en cuenta que los deberes impuestos a la responsable quedaron ligados en una mancomunidad de directrices por la íntima relación que guardan y por la instrucción expresa que en tal sentido dispuso este Tribunal Colegiado cuando determinó en cada ejecutoria, como efecto del fallo protector, que debía tenerse en cuenta lo resuelto en el juicio de amparo directo relacionado; lo cual obliga a asegurarse del cumplimiento recíproco, para dar celeridad a la conclusión del litigio y evitar decisiones contradictorias durante el procedimiento de ejecución. En esos términos lo ordena la Segunda Sala del Alto Tribunal de país en la jurisprudencia 2a./J. 5/2016 (10a.) que se invoca como sustento, registro digital 2010883, Décima Época, Materia Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, enero de 2016, Tomo II, que dice: "(.). Luego, como en auto de esta misma fecha dictado en el juicio de amparo directo relacionado 937/2019, se tuvo por no acatado el fallo protector, es evidente que tampoco podría entonces considerarse cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Apoya también esta decisión la tesis aislada 2a. III/2017 (10a.), registro digital 2013593, sostenida por la misma Segunda Sala, Décima Época, Materias Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de 2017, Tomo I, página 600, que dice: "(.). Consecuentemente, con fundamento en los artículos 77, 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que en el término de tres días, provea lo necesario a efecto de acatar en sus términos la ejecutoria de amparo. Ello implica que ahora deberá dejar insubsistente la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte, con la que pretendió cumplir el fallo protector y emitir una nueva en la que observe puntualmente lo dispuesto en la ejecutoria de amparo. Por lo mismo, nuevamente se requirió a la responsable para que dentro del término de tres días proveyera lo necesario para acatar en sus términos la sentencia de amparo, y se le precisó que debería dejar insubsistente la nueva sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte, con el que pretendió acatar la ejecutoria, como se advierte de la misma trascripción. II. La autoridad responsable nuevamente informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en ese juicio de amparo directo, con lo que se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 167 y 168), sin que hayan hecho manifestación alguna (fojas 173 y 174). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. III. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la Sala responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de cinco de octubre de dos mil veinte, dejó insubsistente la sentencia reclamada de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (foja 81); asimismo, por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la diversa sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte con la que inicialmente pretendió acatar el fallo protector (lo anterior se aprecia a fojas 196 y 197 del directo relacionado 937/2019). Luego en veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictó una nueva sentencia (fojas 150 a 165), en la que siguiendo los lineamientos del fallo protector, tuvo en cuenta lo resuelto en el juicio de amparo directo relacionado 937/2019, pues al respecto: 1. Reiteró las consideraciones que no fueron materia de concesión de amparo, esto es: a) La absolución a los demandados principales Moisés Meneses Denicia, Claudia Meneses Denicia y Carlos Balderas Lobatón, del pago de la cantidad de $177,461.00 (ciento setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), al estimar que en el sumario no quedaron acreditados las erogaciones por concepto de honorarios, gastos médicos, así como la renta de un vehículo (fojas 165 vuelta y 165) b) La absolución de la prestación reclamada en el inciso c) de la demanda principal, consistente en el pago de daños y perjuicios, debido a que los actores principales no precisaron en qué consistieron los mismos (foja 165). c) La acreditación del primero y segundo de los elementos de la acción de cumplimiento de convenio, esto es: la existencia del convenio y que su obligación sea exigible (fojas 156 y 157) d) La desvaloración de las pruebas documentales ofrecidas por los demandados principales, a saber, las notas de remisión y recibos de pago exhibidos (foja 158 vuelta). 2. Consideró que el dictamen pericial a cargo del perito Víctor Cuatecontzi Cahuantzi no produce convicción para sustentar la existencia de daños en el vehículo afecto, como secuelas del hecho de tránsito que motivó la celebración del convenio de dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, ni sobre el monto de los mismos, en principio por el examen que el perito realizó a la citada unidad vehicular no ocurrió en una fecha cercana a aquél evento, sino que tuvo lugar cuando ya habían transcurrido más de un año y ocho meses. Y que al no existir una proximidad entre la fecha del accidente y aquélla en que pericialmente se advirtió la presencia de afectaciones, resultaba dogmático que se atribuyera al impacto vehicular referido, las deficiencias en el funcionamiento de partes esenciales para la marcha o rodamiento, como lo es la trasmisión y la dirección (fojas 159 vuelta a 162). Aunado a que también resultaba dogmática la cuantificación de los daños, pues el perito sólo se concretó a sugerir la cantidad de $129,560.40 en la que se comprende el costo por la adquisición de distintos aditamentos y su instalación, pero sin indicar cuáles son las fuentes comerciales a las que habría recurrido para sustentar dicha suma (fojas 161 vuelta y 162). 3. En consecuencia, la Sala responsable confirmó la resolución impugnada de once de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, dentro del expediente 342/2017, mediante la cual se absolvió a los demandados de la acción principal intentada (foja 165). IV. Finalmente, siguiendo también los lineamientos de la ejecutoria de amparo, absolvió al demandado Carlos Balderas Lobatón de la acción principal de cumplimiento de convenio intentada en su contra, ello al considerar que éste no tiene obligación alguna derivada de algún convenio ni tiene la titularidad del vehículo que ocasionó los daños (fojas 162 vuelta y 163 vuelta). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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