Carlos Badillo Rangel
Expediente 222/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Badillo Rangel
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de revisión en contra del auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente, es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, esto, con posterioridad al DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Decimoprimer Distrito, con residencia en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento que se le practicara mediante auto de dos de abril de la presente anualidad, remite copia certificada de la sentencia de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del expediente 514/2018-IV, de su índice; al respecto, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como pruebas de su parte las documentales anexas a dicho informe, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el acto reclamado por el impetrante de amparo consiste en la omisión de dictar resolución dentro del expediente 514/2018-IV, mismo que se atribuye al Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Decimoprimer Distrito, con residencia en esta ciudad. Por otra parte, la autoridad oficiante ofreció como prueba de su parte, copia certificada de la sentencia de trece de marzo de dos mil diecinueve así como de la razón de publicación y notificación por lista de acuerdos de dicha resolución, a las doce horas con cincuenta minutos de esa misma fecha. A las anteriores documentales, se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2°, de la propia ley. Así, es de destacarse que en la demanda de amparo la impetrante de amparo se dolió de la omisión de dictar resolución dentro del expediente 514/2018-IV, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Decimoprimer Distrito, con residencia en esta ciudad; sin embargo, de las constancias aportadas se advierte que a la fecha en que se actúa ya se dictó sentencia dentro del expediente natural, la cual le fue notificada el trece de marzo del año en curso, a las doce horas con cincuenta minutos de ese mismo día; esto es, después de que fue presentada la demanda de amparo, por ende, se pone de manifiesto la inexistencia de la omisión que se reclama, y resulta innecesaria la prosecución del juicio en que se actúa, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo anteriormente expuesto se concluye que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En efecto, si el acto que se reclamaba por esta vía era la omisión de dictar sentencia dentro del expediente 514/2018-IV, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Decimoprimer Distrito, con residencia en esta ciudad, y obra en autos constancia de que la autoridad responsable el trece de marzo de dos mil diecinueve, dictó la misma, la cual fue notificada a las partes a las doce horas con cincuenta minutos de esa misma data, mediante lista de acuerdos, es decir, después de la presentación de la demanda de amparo, dado que la misma fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado a las once horas con veintiocho minutos del trece de marzo de dos mil diecinueve, por tanto, se colige que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, destruyéndose en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante de amparo, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Ante tal panorama, dado que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; dejándose sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Decimoprimer Distrito, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes; sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, y toda vez que las copias relativas al juicio ordinario civil 514/2018/IV, que remitió el juez responsable en apoyo a su informe justificado, carecen de la correspondiente certificación; al respecto, devuélvansele las mismas a efecto de que en el término de tres días, contado a partir de que sea legalmente notificada del presente acuerdo, las remita subsanando la omisión antes precisada, a fin de que este Juzgado de Distrito se encuentre en condiciones de imponerse del contenido de las mismas. Lo anterior, con el apercibimiento que de no realizarlo en el tiempo y forma señalados, se le impondrá una multa consistente en cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero, de conformidad con lo que establece el artículo 238 en relación con los numerales 237, fracción I, y 259, todos de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Badillo Rangel, contra actos del Juzgado Décimo de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 222/2019-IIB. SE ADMITE la demanda de amparo en sus términos, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de amparo. NO HA LUGAR A TRAMITARSE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN al no encontrase el requisito previsto por el artículo 128 fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de no haber solicitado la parte quejosa la suspensión del acto reclamado, no ha lugar a formar el incidente de suspensión. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a la autoridad señalada como responsable, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se le aplique, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero. SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, para que al rendir su informe justificado: a) Comunique sí ha ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se le aplicará en sentencia una sanción consistente en, una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero. b) Remita copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se le aplicará en sentencia una sanción consistente una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero. II. A LA PARTE QUEJOSA: a) Que para el caso de que la autoridad señalada como responsable sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de la autoridad respectiva, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. RESPECTO AL TERCERO INTERESADO a que se refiere el inciso b), de la fracción III, del artículo 5, de la Ley de Amparo, se reserva acordar lo conducente hasta que obre en autos el informe justificado requerido a la autoridad responsable y las constancias que en su caso acompañe al mismo, de las cuales, en el supuesto de ser cierto el acto reclamado, se podrá deducir a quiénes les surge tal carácter. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Edgar Utrera López y Lucero Saraí Delgado Ruiz, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan respectivamente con los registros número 131402 y 153379; por otra parte, ténganse únicamente como autorizados en términos restringidos a Jouliana Patricio Rodríguez y Magdalena Ruiz Melchor, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional e incidental, se realicen en el presente asunto a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional e incidental no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Además, la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional e incidental, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de Internet. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional e incidental, la notificación de dichos autos a las autoridades responsables se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario adscrito, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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