Carlos Aviña Zamora
Expediente 1147/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1147/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Aviña Zamora
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1147/2023-VII. Puebla, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada por *, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Admisión. La demanda cumple los requisitos legales establecidos, razón por la cual se admite a trámite, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 8, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Precisión de autoridades responsables. El quejoso señaló como autoridades ejecutoras a las siguientes: Encargado de la Agencia Estatal de Investigación, Unidad de Apoyo Policial de Tehuacán, Puebla, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Encargado de la Agencia Estatal de Investigación adscrita a la Fiscalía Regional sede Ajalpan, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Encargado de la Agencia Estatal de Investigación adscrita a la Fiscalía Regional sede Tehuacán, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Encargado de la Agencia Estatal de Investigación, Unidad de Apoyo Policial de Ajalpan, Puebla. Encargado de la Agencia Estatal de Investigación adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia con sede en Tehuacán, Puebla, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Sin embargo, es un hecho notorio para la suscrita que, de conformidad con el artículo 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la ejecución material de las órdenes de aprehensión y demás mandamientos judiciales, se encuentra asignada a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, a cargo del Titular de dicha agencia. Por tanto, a fin de maximizar el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la constitución, y en atención a la naturaleza del acto reclamado, se determina que en el presente juicio (y en el incidente de suspensión que se forme con motivo del mismo), sólo se solicitarán informes al Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, quien deberá rendirlo en representación de todas las autoridades ejecutoras señaladas por el quejoso en su demanda. Se hace la precisión que, a pesar de ese ajuste procesal, subsiste el carácter de autoridades responsables de aquéllas que fueron señaladas por el impetrante de amparo. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. No obstante, en términos del numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se descarta la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. Notificación a la fiscal adscrita. Se ordena notificar en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar una impresión de este proveído y de la demanda de amparo. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación1 . En este, deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados. También deberán remitir a este juzgado (según el caso) copia certificada o auténtica, completa, legible y ordenada de las constancias y actuaciones con las cuales justifiquen el acto combatido, lo cual implica enviar videograbaciones de todas las audiencias desahogadas en la causa penal. En efecto, el juez responsable deberá remitir los registros digitales (videograbaciones) relativos a las audiencias de la causa penal y de aquélla donde se haya emitido el acto reclamado (de ser el caso), en el entendido de que deberán ser visibles y audibles con claridad y nitidez, así como tener la certificación correspondiente. De igual forma, con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de le Ley de Amparo, deberá acompañar el índice cronológico del desarrollo de la audiencia. Se hace la aclaración que el índice cronológico deberá detallar horas, minutos y segundos exactos de cada una de las intervenciones que se hayan llevado a cabo y especificar de forma puntual el sentido genérico en el que se hizo cada una. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe justificado deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión 1 En términos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional, a saber: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Solicitud de antecedentes. Se solicita a las autoridades responsables informen si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de amparo, y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Requerimiento de antecedentes e informe sobre terceros interesados. Se solicita a las autoridades responsables informes en un plazo de cinco días lo siguiente: 1. Si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo; y 2. Proporcionen el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas), para ello deberán remitir las constancias de donde se desprenda tal información. Audiencia constitucional De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General antes citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general-, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la ley de la materia; y acompañar las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición para las autoridades de una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales, el señalado en la demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla) y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alberto Sosa Flores, por ser el único profesionista con registro de su cedula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, a las diversas personas mencionadas, únicamente se les autoriza en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Asimismo, se tienen como medios de contacto, el correo electrónico y número telefónico proporcionados en la demanda, los cuales podrán ser utilizados de forma excepcional para localizarlo; sin embargo, las notificaciones que legalmente le correspondan, siempre le serán utilizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si las demás parte omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese.
- Incidental
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1147/2023-VII. Puebla, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del incidente de suspensión. Como se ordenó en esta fecha en el expediente principal, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1147/2023-VII, promovido por ***, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla y otras autoridades. Solicitud de informe previo. En términos de los artículos 128, 130, 136, 138, 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables presenten su informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, y rendirse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo. Por tanto, envíese a las autoridades responsables una impresión de la demanda de amparo, adjunta al oficio que contiene esta determinación. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a dichas autoridades que en caso de no rendir su informe previo y cumplir con todo lo solicitado en este proveído, en el plazo señalado, les será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe previo deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional a saber: Requerimiento a las autoridades responsables. De resultar cierto el acto reclamado, en términos del artículo 168, fracción I, de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables informen: La naturaleza, modalidades y características del delito o delitos imputados a la parte quejosa, y si fueren de carácter patrimonial, deberá informar el monto del daño causado y si éste ya fue establecido por decisión judicial firme y si fue cubierto o garantizado a la parte agraviada. Si el delito imputado es de aquellos considerados de prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional. Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia incidental. Materia del incidente. La demanda de amparo fue admitida por: la orden de aprehensión y su ejecución. Análisis de la medida suspensional. Con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138, 139, 162, 163, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y las responsables se abstengan de privar de la libertad a la parte quejosa con motivo de la referida orden dictada en su contra. La parte quejosa queda a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal, hasta que las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Sin embargo, lo anterior debe sujetarse respecto a esa orden combatida a los siguientes términos: Si se estuviere en el supuesto de la fracción I del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, esto es, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 de la constitución federal, la suspensión provisional sólo producirá el efecto de que una vez detenida la parte quejosa, quedará a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal en el lugar donde sea aprehendida o recluida o internada, y a disposición del juez de la causa para continuar el procedimiento que se le instruya. Por consiguiente, en este supuesto la parte quejosa continuará a disposición del juez de la causa para el trámite del procedimiento que le instruya, con la única salvedad de que la autoridad judicial deberá comunicar al director del centro penitenciario donde se interne a aquél, que deberá mantenerla recluido en un área de prisión preventiva, distinta de la asignada a los sentenciados. De estarse en el supuesto de la fracción II del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, es decir, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión provisional tendrá el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y la parte quejosa no sea detenida, por lo que quedará a disposición de este juzgado en cuanto a la libertad personal, hasta que las autoridades responsables sea notificadas de la suspensión definitiva. Se hace la precisión que, la determinación adoptada en ningún momento impide la detención del quejoso si se efectuara en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, en caso de que sea advertida cometiendo un ilícito. Medidas de aseguramiento. Como medidas de aseguramiento y para evitar la evasión de la acción de la justicia por la parte quejosa, en caso de negársele la protección, en términos del artículo 162 de la Ley de Amparo, deberá presentar escrito en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, en donde acredite con documental idónea y eficaz su domicilio particular, ocupación e ingreso o salario percibido. Lo anterior deberá acreditarse por escrito ante este juzgado con las constancias idóneas para ello y dentro del mismo plazo, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así quedará sin efectos la suspensión y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Garantía. La suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa en el término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, no exhibe una garantía por la cantidad de diez mil pesos moneda nacional ($10,000.00) en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Por lo que deberá acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta, para garantizar su presentación ante la autoridad correspondiente que lo reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente de conformidad con el invocado artículo 162 de la Ley de Amparo; cantidad que se fija de manera discrecional, pues se prescinde de la información para decretarla. Por ello, se estima que la garantía es discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y, a la vez, garantizar que la parte quejosa no pretenda evadir la acción de la justicia, la cual deberá aportar a satisfacción de este juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley; además, se considera asequible de momento para la parte quejosa. Sólo resta decir que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, estableció que la garantía deberá estimarse en forma discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que la parte quejosa no pretenda evadir la acción de la justicia; como se desprende de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 24/2017, del citado tribunal. Además, también estimó que el número de autoridades, la designación de algún profesionista en derecho para intervenir a nombre de la parte quejosa, el número de autorizados y el domicilio procesal, no son factores que sirvan para demostrar la capacidad económica de un quejoso, pues independientemente del número de autoridades se puede carecer de recursos monetarios, así como el que haya señalado defensor particular y autorizados tampoco es determinante para tal efecto, toda vez que no se puede conocer si estos reciben una remuneración y cuál es el monto, como tampoco el que se señale un domicilio procesal indica la capacidad económica del recurrente. Por otra parte, en caso de elegir exhibir un billete de depósito; en el contenido de éste, en lo relativo al "Nombre del depositante" deberá señalarse el nombre de la parte quejosa, en lo concerniente al "concepto" se deberá indicar la leyenda: "Para garantizar la suspensión provisional otorgada a la parte quejosa, dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1147/2023-VII" y deberá emitirse por el importe o cantidad anteriormente precisada; asimismo, en lo alusivo a "autoridad" deberá incluirse la denominación de este jugado, a saber: "Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla". Bajo apercibimiento de que en caso de no exhibir dicha garantía en los términos y plazos señalados, quedará sin efectos la suspensión y las autoridades responsables podrán ejecutar la orden reclamada. Presentación ante la autoridad emisora. Por otro lado, en caso de resultar cierto el acto reclamado, con apoyo en el artículo 162 de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que acuda física y personalmente dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del informe previo de la autoridad que acepte el acto, ante tal autoridad judicial emisora (que aceptó el acto reclamado), a rendir declaración en la causa penal instruida en su contra e intervenir en las diligencias de investigación por algún hecho; o bien, de ser el caso de una orden privativa de la libertad librada en el sistema penal acusatorio, para que le sea fijado día y hora para que se celebre audiencia inicial a la que deberán comparecer desde su comienzo hasta que finalice dicha audiencia incluida la resolución de su situación jurídica. Todo lo cual también la parte quejosa lo deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de tres días hábiles, en el que deberá demostrar con el medio de prueba idóneo su comparecencia personal ante dicha autoridad; porque de no hacerlo quedará sin efectos la suspensión y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Por ello, debe reiterarse, se requiere a la parte quejosa que en el referido lapso de tres días hábiles, deberá demostrar con el medio de prueba idóneo, su comparecencia física y personal ante dicha autoridad judicial, así como en donde demuestre que (en su momento) compareció a todo el desarrollo la audiencia inicial en la data que le sea fijada para tal efecto; se apercibe que de no hacerlo así, quedará sin efectos la suspensión y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Se hace notar que la obligación de comparecer ante la autoridad responsable, será exigible sólo en el caso de que sea cierta la orden reclamada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis jurisprudencial 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSOS DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". Además, se requiere a dicha parte quejosa, con apoyo en el artículo 162 de la referida ley de la materia, que deberá presentarse ante la autoridad emisora de la orden reclamada (en caso de que ésta sea cierta) cuantas veces le sea así solicitado, porque de no hacerlo quedará sin efectos la suspensión y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Solicitud de copias. Por último, respecto a la solicitud de copias certificadas de la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena descargar copia digitalizada de esas constancias del expediente electrónico -con su respectiva evidencia criptográfica-; pues, de conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dichas determinaciones judiciales no se integran al incidente de suspensión para su fotocopiado. Lo anterior, previa razón e identificación oficial que por su entrega y recibo se asiente en autos, por lo que el interesado deberá proporcionar un dispositivo de almacenamiento externo tipo USB. Es importante destacar que, dichas constancias pueden ser descargadas desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante un usuario que, en su caso, podría proporcionar la parte quejosa para la consulta del expediente electrónico. Notifíquese.
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