Carlos Augusto Mercado Sánchez

Expediente 1127/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1127/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Carlos Augusto Mercado Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En la Ciudad de México, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de seis de septiembre de dos mil veintiuno, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del séptimo transitorio del mencionado Acuerdo, se determina que este expediente es susceptible de depuración en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto en el que la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la justicia federal. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en comento, por lo que deberá conservarse, únicamente las resoluciones que concedieron la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo. En ese sentido, glósese copia certificada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a seis de septiembre de dos mil veintiuno. Por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, en atención a la vista concedida en auto de veinticinco de agosto del año en curso, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo dictada en autos por los motivos que expone; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, para los efectos legales conducentes. En consecuencia, procede resolver el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente, con las constancias aportadas por la autoridad responsable y con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el escrito que se atiende. En primer término, cabe precisar que mediante sentencia dictada por este Juzgado Federal el veinte de abril de dos mil veintiuno, misma que causó ejecutoria mediante proveído de veintitrés de julio del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "En ese tenor, al haber resultado fundado el concepto de violación analizado, debe concederse la protección constitucional solicitada para el efecto de que los Magistrados Integrantes de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del plazo de diez días contados a partir de que sean legalmente notificados del auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, dejen sin efectos el auto de dos de octubre de dos mil veinte, en la parte relativa a la imposición de la multa equivalente a trescientas veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México, actualmente trescientas unidades de medida y actualización, al hoy quejoso, en su carácter de Titular de la Subjefatura de Afiliación y Vigencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debiendo remitir a este juzgado las constancias con que así lo acrediten, con lo cual quedará cumplida la presente sentencia. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución al derivar de un acto viciado." En este contexto, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veinticinco de agosto del año en curso, registrado con el número de promoción 13624, la Secretaria de Acuerdos y la Magistrada Presidente de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitieron copia certificada del acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente del juicio 12474/17-17-10-8, mediante el cual dicha Sala dejó insubsistente el auto de dos de octubre de dos mil veinte, en la parte relativa a la imposición de una multa equivalente a trescientas veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México que le fue impuesta al aquí quejoso, y ordenó girar oficio a la Administradora Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "4" del Servicio de Administración Tributaria, para informarle tal circunstancia, a efecto de que suspenda el cobro de la misma. En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima colmados los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad haya incurrido en exceso o defecto, en razón de que acreditó haber dado puntual cumplimiento al fallo protector, puesto que dejó insubsistente el auto de dos de octubre de dos mil veinte, en la parte relativa a la imposición de la multa equivalente a trescientas veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al aquí quejoso, en su carácter de Titular de la Subjefatura de Afiliación y Vigencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que se concluye que el solicitante del amparo, ha sido restituido en el pleno goce de sus derechos violados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 16/99, de rubro siguiente: INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. (No. de Registro: 194481, publicada en la página ciento veintidós (122), Tomo IX, Marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Sin que pase desapercibido para este juzgador las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa en el sentido de que la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio no se encuentra cumplida, toda vez que aduce no han cesado los efectos del acto reclamado pues la Sala responsable no exhibe el acuse de recibió del oficio por el cual hizo del conocimiento de la Administradora Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "4" del Servicio de Administración Tributaria, que dicha multa quedó insubsistente; no obstante lo anterior, tal como se precisó, la Sala responsable, mediante el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, ordenó hacer del conocimiento de la citada autoridad que la multa impuesta al aquí quejoso había quedado sin efectos, máxime que las autoridades del Servicio de Administración Tributaria forman parte del presente juicio de amparo, al haber sido señaladas como responsables, por lo que tienen conocimiento de la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito en la que se concedió el amparo y protección de la justicia, en la cual se precisó que dicha concesión se hacía extensiva a los actos de ejecución por derivar de un acto viciado. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para notificar personalmente el presente proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Carlos Augusto Mercado Sánchez en el domicilio ubicado en avenida Jesús García número ciento cuarenta (140) planta baja, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, es esta Ciudad. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos y la Magistrada Presidente de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual, remite copia certificada del proveído de dieciséis de agosto del año en curso, dictado en los autos del juicio de nulidad 12474/17-17-10-8, de su índice, mediante el cual aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta registrado con número 13624 y anexo, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese personalmente a la parte quejosa Carlos Augusto Mercado Sánchez, en el domicilio ubicado en Avenida Jesús García número ciento cuarenta (140), planta baja, colonia Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veinte de abril de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE Y AMPARA, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Por otra parte, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil tres prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de veinte de abril de dos mil veintiuno, se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "En ese tenor, al haber resultado fundado el concepto de violación analizado, debe concederse la protección constitucional solicitada para el efecto de que los Magistrados Integrantes de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del plazo de diez días contados a partir de que sean legalmente notificados del auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, dejen sin efectos el auto de dos de octubre de dos mil veinte, en la parte relativa a la imposición de la multa equivalente a trescientas veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México, actualmente trescientas unidades de medida y actualización, al hoy quejoso, en su carácter de Titular de la Subjefatura de Afiliación y Vigencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debiendo remitir a este juzgado las constancias con que así lo acrediten, con lo cual quedará cumplida la presente sentencia. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución al derivar de un acto viciado." En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en el párrafo precedente. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Apercibida la autoridad requerida, que en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a la persona física que ocupen los cargos señalados, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la autoridad requerida en este proveído, que aun cuando deje su encargo, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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