Carlos Augusto Lopez Lozada

Expediente 791/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
791/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
09/02/2021

Partes del expediente

  • Carlos Augusto Lopez Lozada
  • Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 791/2020-VI, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que, dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, por tanto, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Se instruye al Actuario adscrito practique la notificación del presente auto, en cuanto se reanuden las actividades. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 791/2020-VI y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de demanda CARLOS AUGUSTO LÓPEZ LOZADA, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable DELEGADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con sede en Cuernavaca, Morelos y otras autoridades, de quienes reclama orden de aprehensión y/o presentación girada en su contra, así como su cumplimiento. II.- CERTEZA DEL ACTO. Los trece Jueces de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, Encargado de Despacho de la Comandancia del Grupo de Aprehensiones e Investigaciones de la Policía de Investigación Criminal del Estado Zona Metropolitana (en su denominación correcta de la señalada por la parte quejosa) y Fiscal Regional Metropolitano negaron los actos reclamados. Sin embargo, el Fiscal General del Estado de Morelos y la Encargada de la Comandancia del Grupo de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal del Estado Zona Metropolitana, aceptaron el acto reclamado; no obstante ello, toda vez que en su respectivo informe adujeron que recibieron una resolución de veinte de julio de dos mil diecisiete por la Jueza de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado, Nanccy Aguilar Tovar, a fin de cumplimentar una orden en contra del quejoso; sin embargo de las documentales que remitió la referida Jueza respecto de la carpeta administrativa JC/55/2017, se advierte que efectivamente el veinte de julio de dos mil diecisiete, emitió orden de aprehensión en contra del quejoso; empero, fue cumplimentada el veintidós de julio de dos mil diecisiete; por lo que a la fecha de presentación de la demanda la orden de aprehensión ya no existía, por ello se refuta lo referido por dichas autoridades y se tiene por inexistente el acto que se les reclama. Por otra parte, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto atribuido al Delegado de la Fiscalía General de la República con sede en Cuernavaca, Morelos, pues no obstante de encontrarse debidamente notificada -el quince de octubre de dos mil veinte- del oficio por el cual se le requirió su informe previo, fue omisa en rendirlo. III.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 791/2020-VI, se desprende que la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, Nanccy Aguilar Tovar, aportó como medio probatorio copia certificada de la carpeta administrativa JC/55/2017. Documentales que se encuentran cotejadas con sus originales que obran en el juicio principal, por lo que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º, a excepción de las presentadas en copia simple, documentales que por sí solas carecen de valor probatorio. IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Las autoridades responsables trece Jueces de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; Fiscal Regional Metropolitano, Encargado de Despacho de la Comandancia del Grupo de Presentaciones e Investigación de la Policía de Investigación Criminal del Estado Zona Metropolitana, Fiscal General del Estado de Morelos y la Encargada de la Comandancia del Grupo de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal del Estado Zona Metropolitana negaron el acto reclamado, por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa con medio probatorio alguno por la parte quejosa, se niega la suspensión definitiva. Lo anterior tiene apoyo en la tesis aislada visible en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos noventa y ocho, página 356, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." V.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Tomando en consideración que de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se tuvo por cierto el acto atribuido al Delegado de la Fiscalía General de la República con sede en Cuernavaca, Morelos (en su denominación correcta), en atención a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando la solicite el agraviado; cuando con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, por lo que se provee: Atendiendo a que en la especie concurren los citados requisitos, pues la suspensión ha sido solicitada por la parte quejosa, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y sí, en cambio, los daños y perjuicios que se ocasionarían a la parte quejosa con la ejecución de la orden privativa de libertad, que reclama de la autoridad administrativa sería de difícil reparación, se concede la medida cautelar solicitada en los siguientes términos: Es de precisarse el contenido del artículo 162 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso." Señalado lo anterior, se concede a CARLOS AUGUSTO LÓPEZ LOZADA, la suspensión definitiva de la orden privativa de libertad que reclama de las autoridades señaladas como responsables (orden de aprehensión y/o presentación girada en su contra), a efecto de que no sea privado de la libertad, salvo que el delito por el cual se libró la orden reclamada amerite prisión preventiva oficiosa, sea de los considerados como graves por la legislación penal aplicable, o haya sido encontrado en flagrancia. Ahora bien, si la orden combatida ya se ejecutó, la concesión de la medida suspensiva es para el siguiente efecto: Si la detención de la parte quejosa efectuada por autoridad administrativa distinta del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, el efecto de la suspensión será: Sin demora deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Público, según sea el caso. Si la detención de la quejosa no guarda relación con la comisión de un delito, el efecto de la suspensión será para que sea puesto en libertad de inmediato. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del impetrante y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concederá para los siguientes efectos: Para que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la quejosa, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Asimismo, a juicio del suscrito Juzgador se establecen las siguientes medidas: PRIMER MEDIDA: El quejoso deberá exhibir una garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), lo anterior en cualquiera de las formas que establece la ley y a entera satisfacción de este Juzgado, en un plazo no mayor a cinco días, contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la presente determinación, garantía cuyo otorgamiento deberá comunicarse oportunamente a las responsables. En caso de que opten por póliza de fianza, la Institución correspondiente deberá expedir la póliza ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos y a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, párrafo primero, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y 142 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación; asimismo, tendrá que expresarse que su vigencia es por tiempo indeterminado, en términos de lo que establece el párrafo segundo del artículo 120 de esa ley; igualmente, tendrá que asentarse que la Afianzadora se sujeta, para el caso de que se haga efectiva, al trámite que prevé el numeral 95 invocado y su Reglamento. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 879 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, cuando la garantía se constituya a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, el depositante deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita que inserte la leyenda siguiente: "el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". Adicionalmente, en los términos del artículo 32 del citado Acuerdo General, en el mismo instrumento de depósito, también deberá insertarse la leyenda que se trascribe enseguida: "El depositante otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos." La garantía se fija para evitar que la parte quejosa se sustraiga de la acción de la justicia, a efecto de salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal, como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad. SEGUNDA MEDIDA: se impone a CARLOS AUGUSTO LÓPEZ LOZADA, la obligación de presentarse ante la autoridad ministerial correspondiente cuantas veces sea exigida; para el caso de que sea citado a declarar como testigo, inculpado o víctima, en determinada carpeta de investigación que al respecto exista ante la autoridad responsable; esto es así, porque en todo caso la sociedad está interesada en el esclarecimiento de los hechos materia de la indagatoria correspondiente; de igual forma, las veces que este Juzgado de Distrito le exija presentarse. Se apercibe al impetrante que esta suspensión se revocará cuando incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas. Si el delito por el que se libró la orden privativa de libertad combatida, conforme a la ley amerita prisión preventiva oficiosa, la suspensión sólo tendrá por efecto el que una vez que sea detenido CARLOS AUGUSTO LÓPEZ LOZADA, quede a disposición de este juzgado por cuanto a la libertad personal se refiere, en el lugar en que se le recluya y a disposición de la autoridad que corresponda para la continuación del proceso instruido en su contra. La autoridad responsable no tendrá la obligación de acatar la presente medida cautelar si se sorprende al quejoso en flagrante delito, en cuyo caso podrá ser aprehendida porque así lo autoriza el artículo 16 constitucional. Por otra parte, debe precisarse de forma categórica, que la concesión de esta medida suspensional únicamente se limita a paralizar los efectos de los actos reclamados consistentes en la orden privativa de la libertad librada en contra del quejoso y su ejecución, que se hubiese librado exclusivamente por la autoridad responsable administrativa mencionada o que solo ésta pretenda ejecutar; además, atendiendo a la técnica jurídica que rige el juicio de amparo indirecto, la existencia de los actos debe analizarse a la luz de la fecha de presentación de la demanda de amparo, incluso aun cuando se reclamen órdenes de aprehensión, presentación o comparecencia, como lo ha sostenido en jurisprudencia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 57/95. Por tal motivo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado por el quejoso, sólo comprenderá aquéllos que se hayan emitido hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, hasta el día quince de octubre de dos mil veinte. Se fija lo anterior, a fin de dar certeza y seguridad jurídica a las partes que intervienen en el presente juicio de garantías, al tomar en consideración que el efecto de la suspensión es mantener las cosas en el estado que guardan al presentarse la demanda, para el efecto de preservar la materia del amparo y de facilitar, o de evitar que se dificulte, el retorno de las cosas al estado que tenían antes de la violación, en caso de que se otorgue el amparo; ya que de extender los efectos a actos futuros de realización incierta, se provocaría un estado de incertidumbre jurídica, y respecto de los cuales no procede esta medida suspensiva; máxime que el gobernado tiene la facultad de promover posteriormente una nueva demanda de amparo, en el caso, de que el mandato de captura reclamado se hubiese librado con posterioridad a la presentación de la demanda. Asimismo, la suspensión surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el presente acuerdo, aun cuando sea recurrido, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo. Los efectos de esta suspensión deben prevalecer hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por CARLOS AUGUSTO LÓPEZ LOZADA, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto cuarto de la presente resolución interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por CARLOS AUGUSTO LÓPEZ LOZADA, respecto del acto reclamado y la autoridad responsable precisada y, por las razones expuestas en el punto quinto de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, tres de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, Nanccy Aguilar Tovar, mediante el cual aclara su informe previo y remite copia certificada de las constancias en que lo apoya, en atención al requerimiento formulado por auto de veintidós de octubre de dos mil veinte; información que será tomada en consideración al momento de resolver la audiencia incidental. Sin soslayar que la autoridad responsable hace referencia al expediente 764/2020-VII, siendo el correcto 791/2020-VI. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Para conocimiento de las partes y a fin de que manifiesten lo que a sus intereses convenga, con fundamento en los artículos 138, fracción III y 140, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio a través del cual la autoridad responsable, rinde su informe previo; con ello dese cuenta en la audiencia incidental. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

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