Carlos Augusto García Ruiz

Expediente 432/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
432/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
26/06/2017

Partes del expediente

  • Carlos Augusto García Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    VIII) Toluca, México; veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta evidencia que las partes no recurrieron dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de seis de junio de dos mil diecisiete (fojas 116 a 125), mediante la cual se resolvió sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso Carlos Augusto García Ruiz, por propio derecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la precisión siguiente: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues, mediante sentencia de seis de junio de dos mil diecisiete (fojas 116 a 125), se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I), en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia, y; 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo General), al haberse concedido la suspensión de los actos reclamados. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). Por otra parte, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo décimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos vigésimo y vigésimo primero del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia. Por otra parte, remítase al Agente del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres de Toluca, Estado de México, las constancias que anexo a su informe justificado, para los efectos legales conducentes; es decir, copias certificadas de la carpeta de investigación TOL/SVG/VIT/107/046985/17/03, que se encuentran anexadas al expediente (fojas 29 a 43 y 60 a 108) Por tanto, requiérase a la mencionada autoridad para que en el plazo de tres días legalmente computado, remita el acuse de recibo correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretaria Paola Lizzette Acosta Campos, que autoriza y da fe. Doy fe

  2. Principal

    VIII) Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 73 a 76, 124, 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Carlos Augusto García Ruiz, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron precisados en el resultando segundo, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Paola Lizzette Acosta Campos, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VIII) Toluca, México; dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en proveído de nueve de mayo del año en curso (fojas 109 y 110), se tuvieron por exhibidas las constancias consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación TOL/SVG/VIT/107/046985/17/03, requeridas por este órgano constitucional al Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Toluca, Estado de México. En razón de que es obligación de este Juzgado de Distrito, poner a la vista las constancias que se requieran para resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo señalado en la parte final del artículo 117 del citado ordenamiento, a efecto de que las partes manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. En consecuencia, a fin de no violar las reglas fundamentales que rigen en el juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del seis de junio de dos mil diecisiete, para su verificativo. Sirve de apoyo, la tesis XXVII.3o.7 K (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1451, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Décima Época, con registro número 2006279, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Paola Lizzette Acosta Campos, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VIII) Toluca, Estado de México; veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Toluca, Estado de México, presentado en este órgano de control constitucional el veintisiete del mes y año en curso, registrado en el libro de correspondencia con el número de orden 009009, mediante el cual, pretende dar cumplimiento al requerimiento ordenado en auto de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, y manifiesta que la diligencia del día cinco de abril del presente año, quedo sin materia toda vez que el imputado no compareció, por lo que se encuentra imposibilitada material y jurídica de enviar las mencionadas copias ya que la diligencia no se llevó a cabo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, respecto a las manifestaciones realizadas por la autoridad oficiante en relación a que el día cinco de abril del año en curso, quedó sin materia la diligencia porque el imputado, aquí quejoso no compareció; sin embrago, no exhibe constancias que lo sustenten. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 tercer párrafo de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a la precitada autoridad responsable, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación de este proveído, remita copia certificada y legible de las constancias que se advierta lo manifestado en el oficio de cuenta. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento ocho, del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, febrero de mil novecientos noventa y siete, con número de registro 199454, que establece: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Medida que se toma en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 75 y 117 de la ley de la materia, para un mejor análisis de la cuestión debatida en el presente juicio, este órgano jurisdiccional estima necesario tener a la vista las documentales de referencia. Es aplicable la tesis XIX.1°.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 701, del Tomo IV, septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 201495, que establece: "PRUEBAS EN EL AMPARO. ARTICULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA. LA OBLIGACIÓN DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE SE CUMPLE CABALMENTE SOLICITÁNDOLAS POR CONDUCTO DE LAS RESPONSABLES O DEL QUEJOSO PUES LA LEY DE AMPARO NO IMPONE EN ESTE ASPECTO LIMITACIÓN ALGUNA A LOS JUECES DE DISTRITO. Una recta interpretación del artículo 149, párrafos segundo y tercero, en relación con el 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, permite establecer que cuando el acto impugnado ante la potestad federal no es en sí mismo violatorio de garantías y la responsable al rendir su informe lo hace sin remitir las copias certificadas correspondientes, el Juez de Distrito tiene el deber de recabar oficiosamente todas aquellas pruebas que estime necesarias para la solución del asunto siempre y cuando hubieren sido rendidas ante la responsable y no obren en autos y para cumplir con tal deber la ley no le impone limitación o restricción alguna, por lo que puede obtenerlas bien sea por conducto de las responsables o del quejoso; máxime si se considera que en casos como el presente corresponde a este último demostrar la ilegalidad del acto y que de acuerdo con el artículo 152 de la Ley en consulta, puede solicitar a las responsables la expedición de las copias certificadas correspondientes por lo que fue correcto y ajustado a derecho el requerimiento que en tal sentido se le hizo." Haciendo de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en auto de fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretario encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por licencia otorgada al titular en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/0506/2017 de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistida de la Secretaria Paola Lizzette Acosta Campos que autoriza y da fe. Doy fe.

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