Carlos Augusto Alfonsin Pym
Expediente 325/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 325/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2018
Partes del expediente
- Carlos Augusto Alfonsin Pym
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. REGISTRO Vista; la demanda promovida por *********, por propio derecho, contra actos de la Secretaria Hacienda y de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, con residencia en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 325/2018-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Carlos Augusto Alfonsín Pym, no la suscribió mediante la firma electrónica, por lo que la falta de firma en que incurre el promovente, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el artículo 107, fracción I, Constitucional, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En ese mismo sentido, el artículo 6°, de la ley de la materia, el cual dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y, sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal, apoderado o de su defensor. Por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, lo que constituye un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, pues un escrito sin firma, debe ser considerado como un simple papel que no contiene expresión de voluntad alguna. Sirven de orientación al respecto los criterios sustentados por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal. Y el segundo, que a la letra dice: DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA. NO SE CONVALIDA. La falta de firma de la demanda equivale a la ausencia total de manifestación de la voluntad, por lo cual, se trata de un acto inexistente, y el hecho de que, la recurrente haya exhibido la fianza para que surtiera efectos la suspensión de ninguna manera convalida la falta de firma dado que los actos inexistentes no son susceptibles de convalidación. El artículo 4o., de la ley de la materia preceptúa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, a través de su representante legal o de su defensor, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante. Ahora bien, es necesario precisar que el artículo 3, párrafos segundo, cuarto, quinto y último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por su parte, es menester destacar que los artículos 64 y 65, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, precisan que para que los usuarios puedan acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas cuenten con firma electrónica, reconocida por el Poder Judicial Federal a través de la Unidad de Control de Certificación de Firmas, que se registren en el Sistema, y vincular dicho registro con su firma electrónica. Además, en los referidos preceptos se establece como excepción de la obligación de contar con dicho registro, para el caso de que se promuevan demandas en las que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que en tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Asimismo, del precepto 72 del Acuerdo de referencia, se advierte que fuera de los casos de excepción precisados en el párrafo que antecede, al escrito de demanda debe agregarse la firma electrónica vigente. En ese sentido, el artículo 76, párrafo segundo, del citado Acuerdo, señala que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Del análisis armónico de dichos numerales se tiene que, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, por tanto resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Por consiguiente, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En el caso concreto, se advierte que el escrito de demanda no cumple con lo establecido en los citados preceptos legales, pues no contiene Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, del ocurso de cuenta no se advierte evidencia criptográfica alguna que denote la firma electrónica que deben contener las promociones que se presenten de forma electrónica, la cual, como se señaló, tiene los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Aunado a lo anterior, en el escrito de demanda no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En ese sentido, no obstante que la demanda presentada por el quejoso, fue recibida mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de este órgano de control constitucional, debe decirse que, la misma carece de firma electrónica (FIREL), la cual según lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Por lo que dado que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, tal y como lo disponen los artículos 107, fracción I, Constitucional y 6° de la Ley de Amparo, y que la firma en un escrito de demanda es un requisito fundamental para darle validez a la petición que en el mismo se hace, al carecer de ésta es un simple documento en el que no se incorpora la voluntad de la promovente. Así las cosas, vista la certificación secretarial realizada respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos esgrimidos, se advierte que no se puede dar valor probatorio alguno a la demanda de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica); por ende, carece de validez para tener por demostrada la manifestación de voluntad del promovente para acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo, por las razones que infiere a lo anterior, la Jurisprudencia, de texto y rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE GESTIÓN JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS DENOMINADO "TRIBUNAL ELECTRÓNICO". CARECE DE VALIDEZ ANTE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA TENER POR DEMOSTRADA LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DEL PROMOVENTE PARA ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo se rige, entre otros, por el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, consagrado por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, además, se reitera en el numeral 6o. de la Ley de Amparo, lo que implica que los medios de impugnación previstos por ésta sólo pueden ser promovidos por la parte a quien agravie o perjudique el acto reclamado, pero no oficiosamente, por lo que la forma idónea de manifestar esa voluntad de acudir a la vía constitucional es la firma autógrafa que obre en la demanda inicial; sin embargo, conforme al precepto 3o. de la ley de la materia, los escritos pueden presentarse impresa o electrónicamente, como es a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), o bien, de un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad para el Control de Certificación de Firmas, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto por la legislación aplicable. Asimismo, de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal y 20 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2014 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal se advierte que para la presentación de demandas de amparo directo a través de las tecnologías de la información implementadas en los Tribunales del orden común es necesario que se celebre el convenio de coordinación ahí descrito, en el cual deberá señalarse: a) La posibilidad de que el Poder Judicial de la Federación proporcione al Tribunal respectivo, los programas informáticos que, en su caso, desarrolle para recibir demandas de amparo directo; b) El mecanismo electrónico a través del cual los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo remitirán al Consejo de la Judicatura Federal las demandas de amparo directo, así como los términos en los que se dará la intercomunicación entre los Tribunales Colegiados de Circuito y el Tribunal responsable que hubiere emitido la sentencia impugnada, para que los servidores públicos autorizados de aquéllos puedan consultar el expediente electrónico relativo al juicio respectivo; c) Los términos en los que se apoyará con recursos financieros y humanos al Poder Judicial o al tribunal respectivo para el establecimiento del sistema electrónico que permita la integración del expediente electrónico de los juicios de su conocimiento; d) El reconocimiento de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo de la FIREL como principal mecanismo de ingreso y consulta a los expedientes electrónicos en los que obren los juicios de su conocimiento; e) Los términos en que a los servidores públicos adscritos a los Tribunales judiciales, administrativos y del trabajo se les dotará de la FIREL; y, f) Los términos en los que el Poder Judicial de la Federación apoyará a los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo en el otorgamiento de la FIREL a las partes dentro de los juicios de su conocimiento. En esa tesitura, si la Unidad para el Control de Certificación de Firmas del Poder Judicial de la Federación no ha celebrado un convenio de colaboración con el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas un convenio de coordinación en los términos y con las condiciones antes descritos es inconcuso que las demandas de amparo directo presentadas por la vía electrónica a través del Sistema Electrónico de Gestión Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas denominado "Tribunal Electrónico" carecen de validez ante el Poder Judicial de la Federación para tener por demostrada la manifestación de voluntad del promovente para acudir al juicio constitucional. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 3, 6 y 113 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, por notoria improcedencia se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Augusto Alfonsín Pym, contra actos de la Secretaria Hacienda y de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, con residencia en esta ciudad. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, con apoyo en el artículo 108, fracción I, se tiene como domicilio para oír notificaciones el que señala en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Visto; el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del estado Libre y Soberano, Presidente del Pleno del Estado y Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado, y Representante Legal del Honorable Congreso del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual en atención al diverso 4402/2018 de veinte de marzo de dos mil dieciocho, remite CD que dice contener el audio y video de la Sesión Ordinaria del diecinueve de Octubre de dos mil diecisiete; asimismo, hace del conocimiento que dicho video se encuentra publicado en la videoteca en línea del Honorable Congreso del Estado, y al efecto proporciona el enlace para su localización. Ahora bien, revisado que fue el contenido del CD que dice contener el audio y video de la Sesión Ordinaria del diecinueve de Octubre de dos mil diecisiete, remitido por la autoridad oficiante, se advierte que el mismo no puede reproducirse, debido al tipo de archivo con que fue gravado (FLV); no obstante a lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y tomando en cuenta que el citado archivo puede ser consultado en la videoteca en línea del Congreso del Estado, como lo refiere la oficiante, téngase por desahogada el requerimiento efectuado en auto de veinte de marzo del año en curso; sin que lo anterior, contravenga el auto de doce de febrero de dos mil dieciocho, en que se desechó la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte quejosa, para el efecto de que el personal actuante de este Juzgado de Distrito ingresara a la página oficial de internet del Congreso del Estado y diera fe de los puntos sobre los que versaría la inspección; pues la consulta que se hará será como prueba documental, no así para desahogar la inspección judicial antes mencionada.
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