Carlos Arvizu Lopez
Expediente 380/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Carlos Arvizu Lopez
Actuaciones
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintiuno de junio actual, que en lo conducente dice: ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos a virtud que de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81 inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho auto ha causado estado. Se precisa que en la presente ejecutoria el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del agente del ministerio público de la federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de las autoridades responsables, pues éste no les causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento fuera de audiencia si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a las responsables, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, el mismo será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. DOCUMENTALES AL DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA. Por último, dado que la parte quejosa adjuntó documental a su escrito inicial de demanda, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos seguirán la suerte del expediente principal al que obra agregada.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso por este conducto se le notifica: RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio signado el responsable de la Unidad Jurídica de la dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya. En atención a su contenido, se ordena agregar para los fines legales conducentes, por los motivos que a continuación se expondrán. PRUEBAS. Se tienen como pruebas de su parte la documental que anexa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. DELEGADOS. Se tienen como delegados de su parte a los profesionistas que para dicho efecto indica, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PROCESAL. Asimismo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones como autoridad responsable, ello de conformidad con el artículo 28 de la Ley de la Materia. Ahora bien, por medio del oficio que se acuerda el representante del director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, hace del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional que el ocho de agosto de dos mil diecisiete, emitió la resolución correspondiente a la solicitud de prórroga del título de concesión número 08GUA100144/12AMGE06, presentada por el quejoso ***, la cual fue inscrita en el Registro Público de Derechos de Agua, el seis de marzo de dos mil dieciocho, en atención a la solicitud formulada el nueve de marzo de dos mil dieciocho, cuya omisión en dar respuesta constituyó el acto reclamado, adjuntando diversas documentales para acreditar su dicho. De autos, se advierte que mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnado el mismo día a este Juzgado Federal, a quien correspondió conocer por razón de turno, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato, mismo que se admitió a trámite el ocho de mayo último, por los actos que a continuación se indican: IV. ACTOS RECLAMADOS. Bajo protesta de decir verdad y de ser ciertos los hechos y abstenciones que reclamo de la autoridad responsable, como ACTO RECLAMADO QUE A LA FECHA NO HA EMITIDO LA RESOLUCIÓN AL TRÁMITE DE PRÓRROGA DE CONCESIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO GUA-L-0518-09-03-17. Acto que consideró violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos los artículos 8.°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a lo anterior, se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades responsables director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, quien al rendirlo, negó la existencia de los actos que le reclamaron, bajo el argumento de que ya había dado respuesta a la solicitud formulada por el quejoso ***, en fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete, adjuntando diversas documentales para acreditar su dicho. Documentales que merecen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Ahora bien, una vez analizada la demanda, así como las documentales de referencia, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, así como la de sobreseimiento contenida en el 63, fracción IV ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; y, Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Lo anterior es así, toda vez que con la emisión de la Hoja Registral del Título de Concesión número 08GUA100144/12AMGE06, pronunciada por la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, dentro del expediente GUA-L-0518-09-03-17 de su índice, quedó satisfecha la petición del aquí quejoso ***, de fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete, relativa a la prórroga del título de concesión número 08GUA100144/12AMGE06, (actualmente 4GUA100144/12AMGR94). Por lo que es claro que cesaron los efectos de los actos reclamados, pues se reitera, se dio contestación a la solicitud de prórroga formulada por el quejoso. De ahí que sea válido concluir que han desaparecido las transgresiones que por esta vía se impugnan, por lo cual procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Igualmente, es aplicable la tesis del entonces tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96 Sexta Parte, página 163, que reza: PETICIÓN, AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE. SOBRESEIMIENTO. Si lo que pretendió la quejosa era que la responsable le resolviera una petición respetando el artículo 8o. constitucional, y esta última lo hizo antes de fallar el juicio de amparo, entonces resulta correcta la sentencia que lo sobreseyó, por haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que importe que la petición se haya acordado meses después de formulada la demanda de garantías. De igual forma, resulta ilustrativa la tesis II.1o.C.T.217K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, página 313, de rubro y texto siguiente: INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo. Al haberse actualizado la causa de sobreseimiento analizada, resulta innecesario abordar el estudio de las invocadas en su informe justificado por parte del responsable de la unidad jurídica de la dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, puesto que con independencia de que asista o no razón a la nombrada responsable, el sentido de la presente resolución no variaría. Sobre esto último, tiene aplicación la jurisprudencia 54/98, cuyos datos de localización son: Novena Época, Registro: 195744, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, materia común, página 414, que dispone: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Además, no causa ningún agravio a la parte quejosa, ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notaria, manifiesta, e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos del acto reclamado, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia y tesis aislada, esta última aplicada a contrario sensu, números 2a./J. 10/2003 y VIII.2o.25 P, de la Novena Época, sustentadas respectivamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado Del Octavo Circuito, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XVII, Marzo de 2003 y X, Noviembre de 1999, Páginas 386 y 1025, cuyo contenido reza lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO DECRETADO ANTES DE QUE SE CELEBRE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SIN CONSIDERAR ADEMÁS QUE UNA DE LAS RESPONSABLES ORDENADORAS NEGÓ EL ACTO RECLAMADO, DEJA SIN DEFENSA AL RECURRENTE.- Si del examen de las constancias que integran el expediente que se analiza, se advierte que una de las autoridades ordenadoras responsables negó la existencia del acto reclamado, mientras que la otra admitió la existencia de la orden de aprehensión y al mismo tiempo notificó al a quo el cambio de situación jurídica con motivo del dictado del auto de formal prisión, concluyendo el Juez de Amparo en sobreseer en el juicio respecto de ambas autoridades, antes de que tuviera verificativo la audiencia constitucional señalada, tal proceder se traduce en violación a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de garantías, que específicamente se contienen en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo, en perjuicio del quejoso, al dejarlo en estado de indefensión, por dos razones: primero, porque al sobreseer respecto de ambas autoridades, siendo que una de ellas negó el acto reclamado, con ello no se deja oportunidad al quejoso de probar los hechos que afirma; y segundo, porque sobreseer antes de que se celebre la audiencia constitucional, sin estar en presencia de un desistimiento expreso del quejoso, su muerte o bien la cesación de efectos del acto reclamado, casos excepcionales en los que sí procede el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, igual se le deja sin defensa; por tanto, lo procedente en este caso es revocar el auto recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez Federal señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y con plenitud de jurisdicción, tomando en cuenta lo que las autoridades responsables manifestaron en su informe justificado y, en su caso, las pruebas que las partes en el juicio aporten, resuelva lo que en derecho corresponda. A virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual se había fijado para las nueve horas con dos minutos del once de junio de dos mil dieciocho (foja 17). Máxime, que atendiendo al artículo 17 constitucional, no tendría objeto la prolongación de la misma, al haberse restituido a la quejosa en la garantía violada, y si en cambio, se retardaría el presente juicio, en perjuicio de la parte promovente. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE el presente juicio de amparo número 380/2018-II.1, del índice de este Juzgado Federal, promovido por ***, por los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, por las razones relatadas en el contenido de la presente determinación.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, para que rinda su informe justificado, lo cual es necesario para la debida integración del juicio de amparo en que se actúa. DIFERIMIENTO. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con dos minutos del once de junio de dos mil dieciocho, para que la misma tenga verificativo.
- Principal
DEMANDA. Vista la demanda promovida por ****, por propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, Guanajuato, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno y asígnesele el número 380/2018-II.1, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. ADMISIÓN. Como lo disponen los artículos 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda promovida por Carlos Arvizu López, en contra de los actos reclamados al director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; sin embargo, deberá de tomar en consideración el artículo 25, 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establece: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Aunado a lo anterior, la autoridad responsable dirección local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, a través de su titular en su informe de ley deberá advertir en el caso específico el estatus del trámite cuya demora injustificada reclama la parte quejosa, precisando ante qué Subdirección o Área a su mando se encuentra, incluso indicando sobre que funcionario recae tal encargo. Esto último, con el objeto de dictar una sentencia de amparo adecuada a la hipótesis en específico y en caso de que sea concedida la protección constitucional solicitada, se vincule a quien de manera inmediata, bien por encomienda directa o subordinación, pudiera tener injerencia en el cumplimiento de la misma. AUDIENCIA. Se señalan las nueve horas con seis minutos del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Ello a virtud de que las labores del Juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia, a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en el artículo 75 de la Ley de la Materia, se requiere a la autoridad responsable, para que en caso de ser cierto el acto que se le atribuye, en el mismo lapso de tiempo concedido en el párrafo que antecede, remita a este Juzgado Federal, copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias que se tomaron en consideración para la emisión del acto reclamado; o bien, manifieste el impedimento legal que tiene para ello, apercibida que de no hacer manifestación alguna o no rendir su informe justificado, se le impondrá una multa, en términos del artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece. De igual manera se requiere a la autoridad responsable, para que conforme a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este Órgano de Control Constitucional, si durante el trámite del Juicio de origen se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal, bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se le impondrá una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II, de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, a fin de que proporcione el nombre y domicilio del tercero interesado. Ello en razón de que el presente asunto se trata de un derecho de petición, es decir, un derecho constitucional violado al quejoso directamente sin que haya contraparte respecto del acto reclamado. Lo anterior, para favorecer la pronta impartición de justicia. DOCUMENTAL. Téngase a la parte quejosa exhibiendo como pruebas de su parte la documental que acompaña a su escrito de demanda, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas con posterioridad, en términos del artículo 119 de la Ley de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior la tesis: I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1830 del libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el número de registro: 2008986, Materia común que establece: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado el promovente, ni estar en alguno de los supuestos de apertura oficiosa del incidente respectivo, en términos de lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley de Amparo. Dése al agente del ministerio público de la federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponda. Dado que resulta un hecho notorio para este Órgano de Control Constitucional, que generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este Juzgado Federal, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes, obstaculizando el manejo físico y estudio de los mismos, y dado que el artículo 28 de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado por los medios correspondientes, o bien a través del funcionario adscrito designado para ello, quien recabará recibo de los mismos, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Luego, a fin de evitar el exceso que se menciona, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y/o terceras interesadas, que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este Tribunal Federal, salvo aquéllos casos en los que de manera expresa les sea solicitado acuse de recibo. Se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, el ubicado en *** de Celaya. Asimismo, se tiene como autorizado de su parte al licenciado **, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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